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El último informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC), que revela  las expectativas de la industria  ,concluye que la percepción actual es más optimista para la economía que para el sector. En cambio, las expectativas son menos pesimistas para el sector que para la economía. Asimismo, los encuestados ven menos probable expandir su capacidad instalada y la adquisición de  maquinaria vuelve a ser más probable que la incorporación de personal.

El principal objetivo del estudio del CEEIC es monitorear las expectativas de las empresas del sector de  la  construcción  respecto  a  las  principales  variables  económicas,  su  capacidad  instalada, así como las expectativas de crecimiento de manera tal de poder obtener información sobre la coyuntura actual y evolución futura del sector y la economía.

Este último informe relevó la opinión de 81 empresas asociadas a Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU),  así como de 10 empresas asociadas a Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Del total de empresas  contactadas se obtuvo una  tasa de  respuesta muy baja,  de  apenas  22.2%, esto, señala el documento, “hace que los resultados de esta edición deban ser considerados con cautela.

Los resultados se presentan en tres secciones: Expectativas, Capacidad Instalada y Evolución de los costos. En el primer ítem (Expectativas), las empresas fueron consultadas respecto a  la percepción actual y sus expectativas futuras respecto a la economía y el sector de la construcción. La percepción actual es relevada mediante la percepción del estado actual de la variable de interés como Buena, Ni buena ni mala, Mala, mientras que  las expectativas son recogidas mediante la percepción de la evolución futura respecto al estado actual (Al alza, Igual, A la baja).

“La  percepción  reportada  para  la  economía  en  su  conjunto  es  mayormente  neutra  tanto  para  la economía actual (72%) como para las expectativas a futuro (61%). En  segundo lugar aparecen una cantidad importante de respuestas negativas, tanto para la situación actual como para el futuro. Considerando  las  respuestas  referentes  al  sector  de  la  construcción,  estas  muestran  una  peor evaluación de la situación actual si se la compara con la economía. Para el sector, el  porcentaje de respuestas neutras  se ubica en  56%  mientras que las respuestas pesimistas se ubican en 44%.  No obstante, al  comparar las expectativas  a futuro  del sector con las de la economía, las respuestas revelan  que para el sector las expectativas son algo menos pesimistas que para la economía en su conjunto”, señala el documento.

Comparando  estos  datos  con  los  del  informe  anterior de la CEEIC,  se  constata  un  deterioro  para  el  balance  actual de la economía y del sector. En cambio, en el caso de las expectativas, se observaron dos  movimientos opuestos:  el balance  para la economía general sigue empeorando mientras que  se observa una mejora en el balance sectorial. Por último, los indicadores de clima para la economía y el sector que consideran tanto la situación actual como las expectativas, que en junio se situaron en -22% y -28 %, empeoran en ambos casos.

El informe sotiene que “el mayor retroceso se observa para el indicador de clima de la economía, que presenta por  primera  vez  en  el  año  valores  inferiores  a  los  del  sector”, lo que significa que “las percepciones actuales y futuras sobre la construcción y la economía son  mayormente negativas, lo que permite interpretar este escenario como un clima de caída”.

 

Capacidad instalada

 Consultadas sobre el segundo punto (Capacidad Instalada) y su expectativa sobre el futuro, se les solicitó a las empresas que categoricen su situación actual y sus expectativas. Los datos recabados indican que el 67% de quienes respondieron se encuentran operando debajo  del 70%  de  su  capacidad  instalada.  Al  analizar  las  expectativas,  este valor se  ubica en el mismo porcentaje. Adicionalmente se consultó a las empresas respecto a la probabilidad de expansión  de la capacidad instalada en cuanto a maquinaria y personal. “El 67% de las empresas ve como muy poco probable o poco probable la expansión de maquinaria mientras que  72%  declara  lo  mismo  para  la  expansión  de  personal.  Por  lo  tanto,  se  observa  una  diferencia  respecto al informe anterior donde dichos datos fueron de 78% para la expansión de maquinaria y de 70% para la expansión de personal.  En segundo lugar, el porcentaje de respuestas que considera probable o muy probable la expansión de maquinaria es de 22% y 11% para la expansión de personal, mientras que en el anterior informe tales  porcentajes se ubicaron en 13%  para maquinaria y  expansión de personal.  Por lo tanto, la preferencia por la expansión de maquinaria sobre la expansión de personal vuelve a acentuarse en esta edición”, indica el relevamiento.

 

Evolución de los costos 

En cuanto a la evolución de los costos, un 61  % espera que la evolución sea a la par con el IPC y el restante  39%  espera  que  sus  costos  aumenten  por  encima  de  la  inflación. “Respecto  al  anterior  informe,  estos  valores  reflejan  un  aumento  del  porcentaje  de  respuestas  que  consideran  un aumento de costos por encima del IPC respecto a la edición anterior: (39% actualmente y 35% en el anterior.

También se consultó a los encuestados respecto de los principales factores de influencia sobre los costos. El 78% declaró a la mano de obra como el principal costo, un 11% a los insumos importados y el restante 11% se reparte en partes iguales para los insumos locales y subcontratos. En la encuesta anterior, el 83% de los encuestados declaró la mano de obra como principal factor de costo, y en la relevada en febrero, ese guarismo se ubicó en 93%, por lo que se observa una caída en el peso de la mano de obra en la estructura de costos de las empresas.

El planteo de la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Liga de la Construcción del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya busca clarificar el alcance de la norma, que prevé la enajenación de inmuebles vacíos y degradados, y cuyo objetivo es facilitar el acceso a las obras de construcción abandonadas y a aquellas estructuras que se encuentran sin uso.

Un informe de la revista Propiedades sostiene que según el proyecto, que ya cuenta con  media sanción del Senado, se podrá enajenar “los inmuebles ubicados en suelo urbano, cualquiera sea su destino, que se encuentren vacíos y degradados”.  Se considerará que el lugar está vacío cuando “se encuentre desocupado por un plazo no menor a 24 meses continuos”, período en el que no tenga conexión o consumo de agua potable o energía eléctrica.

 Si el inmueble está ocupado de manera irregular ese período será comprendido dentro de los dos años. El texto dice que la ocupación precaria se configura cuando hay una tenencia sin contrato, ya sea por “ignorancia” de la persona que ocupa o por “mera tolerancia del propietario”.

Por su parte, el artículo 11 del proyecto establece que después de que la intendencia departamental establezca que el inmueble se encuentra degradado (en situación de ruina, deteriorado, o que tenga una edificación paralizada), se deberá intimar judicialmente a los titulares de la propiedad para que “en un plazo de 20 días presenten, y luego ejecuten, un proyecto de rehabilitación”. Se establecerán, según el caso, las condiciones técnicas y los plazos para la ejecución de las obras.

 Si el inmueble pasa a remate, tendrá como precio base 75% de su valor de tasación fijado por la Dirección Nacional de Catastro, y podrá ser comprado por un privado o por el Estado. Si en el remate no hay postores, se podrá volver a rematar a la mitad de precio de la tasación, y si en ese segundo proceso tampoco hay interesados, se venderá a la mitad de precio, sin remate.

 

Preocupación

 Ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el asesor de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Castiglioni, sostuvo que se debe introducir modificaciones al texto, de acuerdo a las actas parlamentarias.  “Nos preocupa que las condiciones de vacío y degradado sean conjuntas”, sostuvo. “Se podría llegar a interpretar que son condiciones separadas y no conjuntas, que una u otra no serían suficientes para poder enmarcarlos en una próxima ley”, señaló.

 “Más allá de que se dé el proceso más garantista que tenemos a nivel judicial, que es el proceso ordinario, y de que a los propietarios se les dé la oportunidad de participar y tomar acciones en el asunto, resulta un poco extraño cómo se computarían los 24 meses. Es decir, hay una intimación, existe una diligencia preparatoria, preliminar, y a partir de ahí se cuentan veinticuatro meses para atrás, cuando lo lógico sería que se contara a partir del inicio del proceso para tomar acciones”, indicó Castiglioni.

En este contexto, agregó que “es verdad que se ha hablado que durante el desarrollo del proceso se pueda generar y eso aumenta el plazo y las garantías del propietario del inmueble, pero parecería lo más lógico empezar a computar los plazos hacia adelante. Por tanto, y a modo de síntesis, nuestra preocupación principal es cómo se interpreta, que es en suma y no una condición de vacío o degradado; que se debería ahondar en el concepto de obras abandonas y no dejarlo librado a la reglamentación del proyecto”.

En tanto, el vicepresidente de la Liga de la Construcción del Uruguay, Santiago Horjales, explicó ante los legisladores que “hay técnicas constructivas lo suficientemente desarrolladas en el Uruguay como para poner al día rápidamente en uso esos edificios degradados, sin necesidad de esperar mucho tiempo, si se utilizan las tecnologías que en este momento están en desarrollo en nuestro país, pero que en el mundo tienen más de cien años”.

 En tanto, desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya se elaboró un informe que se hizo público. El encargado de la redacción fue Alberto Puppo, el asesor legal de la gremial. Para el abogado, “el proyecto otorga una norma en blanco a los titulares de la acción (el Ministerio de Vivienda) sin ningún contralor de carácter legislativo departamental o nacional para privar al titular del inmueble de su derecho, sin la previa y justa compensación requerida por el artículo 32 de la Constitución”.

 Desde su perspectiva, a quienes se les confiere la potestad de decidir en qué momento y cuáles bienes serán objeto de la declaración de inmueble vacío y degradado que culminará con un remate judicial “se les otorga un poder enorme ya que la mayor parte del proceso se realizará sin noticia del propietario demandado y la compensación estará regulada por normas cambiantes del mercado que dependerán de la época en la que se lleve a cabo el remate judicial”.

Por otra parte, el informe de Puppo sostiene que en el articulado “no se contemplan situaciones cotidianas que rodean la situación del titular del inmueble”. Por ese sentido, estima que “no parece razonable” que al titular del inmueble se le exija comprometerse a realizar reparaciones en un plazo de 12 meses.

El reporte observa, por otra parte, que “no es realista” el procedimiento que se estipula para resolver una situación de ocupación precaria puesto que la desocupación en el sistema judicial “puede llevar y habitualmente conlleva un proceso civil de entre uno y tres años si se oponen defensas judiciales a la solicitud de desocupación”.

 Tras escuchar las observaciones realizadas, los legisladores analizarán la pertinencia de introducir modificaciones al texto, según supo revista Propiedades.

El prever y evitar los accidentes laborales es la preocupación máxima de toda obra en construcción y dada la importancia que dicho problema ha tomado en virtud de la nueva ley en vigencia, la firma PROAMAR ofrece una solución para minimizar ese riesgo: El sistema de redes de seguridad Segu-Red®.

Los accidentes laborales son un problema, que si bien han disminuído a través del tiempo, aún queda mucho por hacer al respecto. Una de las formas de prevención es obligar al operario del uso de elementos de seguridad, y el control permanente de que dicha utilización se realice, así como también que los elementos a usar posean certificaciones que los avalen.

Los accidentes por caídas desde altura en la construcción son los más frecuentes, llegando al 50% de la totalidad de los siniestros, teniendo consecuencias graves o fatales en la mayoría de los casos.

No hay nada infalible para evitar la caída de las personas que trabajen en altura, pero sí hay sistemas que pueden ser más eficientes que otros.

PROAMAR comercializa un sistema de redes de seguridad colectiva (denominado Segu-Red®) utilizado en obras de construcción de edificios, puentes, galpones o torres. El sistema, creado en España, es capaz de cubrir grandes superficies y da total libertad de movimiento de los trabajadores, contrariamente a los sistemas de seguridad individuales que permiten un desplazamiento restringido. Construcciones de gran porte han utilizado este sistema para el trabajo en altura de sus operarios.

 

Ventajas

Segu-Red® es una red de protección colectiva de fabricación española certificada por el Instituto AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), que involucra y brinda seguridad contra caídas a todos los operarios que se encuentren por encima de la misma, pero además también protege a los que puedan estar debajo (operarios, transeúntes, vehículos, etc.), contra la caída de cualquier elemento de la obra (herramientas, materiales, etc.).

Los otros sistemas como ser arneses o cinturones de seguridad son de uso individual y el grado de protección dependerá de la responsabilidad y conocimiento del operario en su correcta utilización. Otro sistema que se ve frecuentemente en obras, son las bandejas de varilla de hierro con tejido de alambre, pero su utilización no resiste análisis y resulta inexplicable que pueda ser autorizado.

 

Características

En cuanto al tamaño estándar de la red, es en módulos de 10 por 5 metros, con un entramado de 10 por 10 centímetros, y el hilo es polipropileno trenzado de 5 mm. Pueden ser instalados de forma horizontal o vertical, sus materiales son de alta tenacidad y las medidas utilizadas cumplen con la norma europea UNE-EN 263 1 que es la que exige la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

El sistema Segu-Red® se monta a través de soportes estructurales llamados horcas o pescantes, fabricadas con caños en espesores determinados por la norma española, de 8 metros de alto y vuelo de 2 metros, que cumplen la función de absorber la energía del peso amortiguando el golpe.

Cuando una persona o un objeto cae, (es frecuente con los chapones de madera que se usan para la confección de las losas), el sistema (red y pescante) absorberán el impacto ya que ambos están diseñados para ese efecto de amortiguación, lo cual hará disminuir las consecuencias del accidente. Luego de una situación de ese tipo será necesario siempre revisar todo el sistema en la zona de impacto.

Las redes de seguridad tienen además un código de trazabilidad, lo que nos permite saber la fecha de adquisición y los datos del cliente.

 

En caso de que las redes quieran reutilizarse en una segunda obra, deberán ser sometidas a control, para lo cuál se debe testear el hilo testigo que hay en cada módulo ante el LATU, y dicho resultado determinará si pueden seguir en uso. La vida útil de las redes es de un año y medio quizá dos. La del pescante, puede ser un poco más, dependerá de las condiciones de uso en cada obra.

 

www.proamar.com.uy

El director de Descentralización, Pedro Apezteguía, señaló que a setiembre pasado, las transferencias del gobierno nacional a intendencias y municipios departamentales alcanzaron los 3.000 millones de pesos, durante su participación en la reunión mensual de la Comisión Sectorial en Lavalleja, que aprobó obras de infraestructura urbana por 580 millones de pesos para 11 departamentos y 250 millones en la caminería rural de otros nueve.

La reunión de la Comisión Sectorial de Descentralización, desarrollada este jueves 27 en José Pedro Varela, departamento de Lavalleja, coincidió con los festejos de los 100 años de la localidad, que desarrolla una agenda cultural y de gestión ambiental promovida con fondos aprobados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Ese ámbito está integrado, además de por OPP y las intendencias, por los ministerios de Transporte, Vivienda, Industria y Economía. Los gobiernos departamentales presentan allí sus proyectos para que sean ejecutados con aportes del gobierno central que, en el caso del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), alcanzan el 85% y, en el caso del programa de caminería rural, el 70%, indicó Apezteguía.

 

Inversiones

Entre los proyectos aprobados en la última sesión, el director de Descentralización e Inversión Pública de OPP destacó la inversión de unos 100 millones de pesos para el tratamiento integral de barrios en la localidad de Vergara y el proyecto para la construcción de un centro de alojamiento para usuarios del hospital de Artigas por más de 13 millones de pesos.

La inversión aprobada en obras correspondientes al FDI totaliza unos 580 millones de pesos, mientras que la destinada a caminería rural es de unos 250 millones de pesos. El total de transferencias de la OPP a los gobiernos subnacionales entre enero y setiembre de este año fue de 3.000 millones de pesos, según información proporcionada por el organismo.

El jerarca explicó que los proyectos aprobados completan la etapa de obras por ejecutar en 2019.

“La descentralización, que no es otra cosa que hacer que los uruguayos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades y servicios, se concreta con obras que mejoran la calidad de vida”, enfatizó.

Por su parte, el director de OPP, Álvaro García, expresó que esto es posible gracias al acuerdo logrado al inicio de cada período entre los diferentes niveles de gobierno y luego ratificado por el Parlamento en el presupuesto nacional.

“Permite a los gobiernos departamentales tener la tranquilidad de contar con los fondos para cumplir con sus objetivos”, añadió el jerarca.

García concurrió a la localidad de José Pedro Varela para presentar en el plenario del Congreso de Intendentes el proyecto de ley modificativo de la ley de descentralización enviado por el Ejecutivo al Parlamento para su aprobación.

 

Inversión vial

Por su parte, luego de dos años de trabajo, que demandaron una inversión de 15,7 millones de dólares, el ministro  de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi inauguró las obras en las rutas Nº 11 y Nº 81. Las obras comprenden tramos reconstruidos, mejoras del pavimento y ensanche, nuevas rotondas y empalmes, además de dársenas para ómnibus e iluminación y refacciones al puente sobre el río Santa Lucía, finalizado en el gobierno anterior. La obra consistió en la construcción de una ruta de calzada simple en pavimento de hormigón. Además, se reconstruyeron las dársenas para detención de ómnibus y nuevos refugios, la señalización vertical y horizontal en todo el tramo, así como de la iluminación en los empalmes.

El titular del MTOP resaltó  que “la obra es de suma importancia, dado que ambas rutas forman parte de un corredor vial que une el oeste del país con el sur y el este, caracterizado por la alta circulación de transporte de carga pesada”.

BOMBA MEZCLADORA MP 25 MIXIT  alto funcionamiento y bajo precio.

La bomba mezcladora PUTZMEISTER modelo MP 25 MIXIT es reconocida desde hace muchos años en el mercado del mortero por sus múltiples posibilidades de uso y fácil desmontaje.

El modelo MP 25 MIXIT fue uno de los cinco modelos presentados en el OPEN HOUSE de BROMBERG en agosto pasado. Esta bomba trabaja con todos los morteros prefabricados bombeables, cemento cola, morteros ignífugos, decorativos, autonivelantes, morteros impermeabilizantes etc. para revoques en el interior y/o exteriores.

Como todas las bombas mezcladoras PUTZMEISTER, también la MP 25 MIXIT puede desmontarse sin grandes esfuerzos. Los módulos de la máquina pueden ser trasladados con toda facilidad de un piso a otro de la obra, o transportarse fácilmente en camionetas y hasta en la caja de un automóvil.

El manejo es muy sencillo. Encender la máquina, ajustar el agua, abrir la compuerta del material… y todo esto desde el mismo lado de la máquina. Con un rendimiento de transporte de 25l/ min. y una presión de 40 bar, la MP 25 MIXIT ofrece suficiente potencia para completar un día normal de trabajo en obra.

El poco desgaste comprobado en la bomba de poder también contribuye considerablemente con esto.

Gracias a la disposición de las aspas, se permite un vaciado de la tolva prácticamente por completo, garantizando de esta manera una mejor calidad de mortero y sin producirse levantamiento de polvo del material, al contrario de lo que sucede con muchos otros sistemas conocidos en el mercado.

Al mismo tiempo, la MP 25 MIXIT ofrece un equipamiento de serie compuesto de bomba de agua, camisa y eje sinfín tipo D6 Power, 10 m de manguera de material y de aire, así como proyector estándar con acoplamiento giratorio, etc. Ud. recibe entonces una bomba mezcladora eficaz y preparada para empezar a trabajar.

 

DATOS TECNICOS BOMBA PUTZMEISTER modelo MP 25 MIXIT.

Rendimiento: hasta 25 l/ min Presión 40 bar. Distancia de transporte*: 40 mts.  Altura de transporte*: 15 mts. Accionamiento motor eléctrico de la bomba:  5,5 kW, 400 V, 50 Hz. Accionamiento motor eléctrico agitador: 1,1 kW Bomba de agua 3,4 m3 / h, 0,78 kW. Compresor: 200 l/ min, 0, 55 kW.  Capacidad tolva: 115 lts. Peso: 240 kg  Dimensiones: (L x An x Al) 1.324 x 728 x 1.443 mm.

*Los datos son valores empíricos que dependen del material.

 

www.bromberg.com.uy

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