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En una extensa entrevista realizada por la periodista Virginia Recagno, publicada en La Diaria, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Otegui, que dejará su cargo en octubre, se refirió a varios temas que hacen el sector.

En la nota se refirió, entre otros temas, a las relaciones laborales dentro del sector, a veces “duras” y “rígidas”. “Con los empleados, con los técnicos y entre los empresarios también. Alguien te contrata para que le produzcas un bien determinado y cuando eso está pronto, ya no te necesita más y no te quiere tener cerca porque en general en los procesos de construcción se dan discusiones, a veces fuertes”.

A modo de balance de su trayectoria al frente de la CCU recordó que una de las experiencias duras que le tocó vivir fue durante el boom de la construcción de 2012.

“El país tenía 5% de desempleo y nosotros 73.000 trabajadores, pero el sector era tierra de nadie. En todo sentido. Un momento difícil para el país, para la industria y para mí porque había 20.000 hombres de otros sectores trabajando sin código alguno. A ningún sector le fue bien, porque todos estábamos atrás de los trabajadores. Sólo los trabajadores se beneficiaron porque acordaron salarios por encima de lo que hubieran hecho en otro momento. La industria hoy, con 30.000 hombres menos trabajando, está mejor de lo que estaba en ese momento”.

 

Inversión

También se refirió a la inversión y un posible escenario a corto plazo. “Este año va a terminar igual. La industria va a seguir planchada y yo con eso igual me quedo conforme, porque, por más que quiera, si no hay inversión, no funciona. Nadie construye para comer o para sí mismo, construye para un tercero”, y agregó que, a su juicio, “se está descuidando la inversión”.

Si bien reconoció que de no primar  la modificación de las exoneraciones a la inversión de los últimos años la industria tendría 15.000 puestos de trabajo menos, consideró que  existe una división del pueblo uruguayo en ese tema.

“Nadie va a decir que está en contra de la inversión, sino de las exoneraciones, y eso es lo mismo que decir que se está en contra de la inversión, a fin de cuentas”, señaló y agregó que “el gobierno no tiene plata” y que “sólo le resta poner más impuestos”, pero afirma que “ahí la economía se asfixia en un año”.

En cuanto a la inversión externa, dijo: “¿Acaso se creen que alguien va a venir a poner plata para pagar impuestos acá? Eso no existe en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, que son los países con los que podemos compararnos. La pelea por la inversión es por el trabajo que genera y por el bien que queda. No es por el impuesto. Eso es de otra época”.

Para Otegui, al sector le aguardan tres años complicados. “El año que viene es electoral y el gobierno quiere hacer cosas; la oposición trata de que no se hagan, el otro –no importa de qué partido– es el primero del nuevo gobierno y está el armado de la Ley de Presupuesto. Además, si UPM comienza la planta, se vienen tres años complejos”.

 

UPM y el ferrocarril

Consultado por la periodista Virginia Recagno sobre la posible construcción de la segunda planta de UPM, señaló que implicará “un gran desafío”, especialmente por los requisitos exigidos por la empresa finlandesa antes de iniciar las obras.

“La construcción del ferrocarril, la ampliación del puerto de Montevideo, las vías de accesibilidad donde se va a instalar la planta y de 80 a 120 puentes que se van a tener que hacer de vuelta porque vienen los trenes. Todo eso está en el contrato firmado entre el gobierno y UPM”. Para Otegui, estos proyectos generarían entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo, una cifra que “mueve la aguja pero no es determinante”, si se toman en cuenta los 43.000 actuales.

No obstante, cree que el primer desafío es la puesta en marcha del ferrocarril tal como lo concibe la empresa finlandesa. “Si no se hace, UPM no va a hacer la planta. Es así”, enfatizó.

 

Una interrogante llamada PPP

Para el presidente de la CCU, los proyectos de Participación Público Privada, conocidas como PPP, son “una suerte de signo de interrogación”. “Son muy difíciles de llevar a cabo, no sólo en Uruguay, sino en el mundo entero. Acá, a dos o tres años de licitadas, las obras no empiezan porque tienen un problema financiero atrás. Cuando vos le decís a un privado ‘yo te voy a pagar por la disponibilidad y el uso, pero no te doy garantía’, el privado te mira y te hace pito catalán, salvo que encuentre mecanismos por los cuales quien invierte tenga alguna certeza de que va a cobrar. Nadie va a hacer nada si no hay una razonable responsabilidad en el pago de las cuentas. Uruguay en eso tiene una vieja tradición que ha sido difícil de armar: cumplir con los compromisos. Ahora, en todos los partidos –en algunos más y en otros menos– hay quien dice que no hay que pagar la deuda externa, y esas son de las cosas que complican a quien pone la plata”.

Las obras viales son otro de los problemas en materia de infraestructura, ya que se pasó de una red vial que “estaba subutilizada” a una que se agotó.

“La carga se multiplicó por cinco y la inversión a lo sumo por dos”, estimó. De las siete obras viales licitadas por PPP, a lo sumo se empezará una el año que viene, mientras que de las cuatro vinculadas a la educación es probable que se empiece una”.

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La séptima ronda de consejos de salarios comenzó el 2 de abril con 15 grupos que vencieron los primeros meses del año. El Ministerio de Trabajo ya coordinó con empresarios y sindicatos para que el grueso de los consejos que vencen en junio, unos 176 grupos, inicien su negociación entre abril y mayo, dado que es un año de mucha actividad. Del Constructor conversó con el director Nacional de Trabajo, Jorge Mesa, y el presidente del SUNCA, Daniel Diverio, sobre el posible escenario en el sector.

El lunes 2 de abril, Uruguay ingresó en la ronda de negociación colectiva pública y privada más grande de su historia.  En esa primera instancia se convocaron a los 15 consejos de salarios del sector privado que ya vencieron: industria láctea, tejido de punto, remise, bancos, procesadoras, tarjetas de crédito y fideicomisos, sectores rurales (el grupo madre, citricultura, arándanos, aves, suinos y apicultura), transporte urbano y suburbano de pasajeros y zonas francas.

En esta séptima ronda de negociación se convocó al sector público para escuchar las aspiraciones de los distintos sindicatos para comenzar a planificar la negociación de la Rendición de Cuentas que es la última de este período. De los 227 consejos de salarios que funcionarán en 2018, la mayor cantidad tienen vencimiento en el mes de junio. “Encontramos buena voluntad por parte de las cámaras empresariales y del PIT-CNT para iniciar la negociación antes del vencimiento de los respectivos convenios”, sostuvo el ministro Murro.

En diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia de la República, el ministro aseguró que la negociación se centrará en dos preocupaciones y ocupaciones del gobierno: el empleo y la mejora de los salarios. Esto incluirá además: formación profesional de trabajadores y empresarios, Sistema de Cuidados, prevención de conflictos, productividad, acceso a nuevos derechos (cultura, transporte, turismo social) y cláusulas de género.

Murro recordó que la evaluación de las seis rondas anteriores de negociación (2005 al 2017) fue muy positiva, con resultados generales buenos para el país, con 15 años de crecimiento de la economía. “En esos 15 años, hay 13 de nuestro gobierno y 13 de negociación colectiva. Creo que no es una casualidad sino una coincidencia fruto de las políticas llevadas adelante, donde se decidió que el desarrollo debía ser con negociación colectiva y en ese camino queremos seguir”, indicó Murro.

 

Cautela

El jerarca dijo que escuchó “reacciones razonables y cautas” tanto de empresarios como de trabajadores por lo que espera tener una buena instancia. “Tendremos mucho trabajo. Nos estamos preparando, fortaleciendo y capacitando al personal y ampliando salas de funcionamiento de los consejos de salarios para tener todo pronto de parte del ministerio, además de proporcionar indicadores para facilitar la negociación”, argumentó. 

Por otro lado, el titular del Ministerio de Trabajo reconoció que “los indicadores de empleo son una preocupación y ocupación del gobierno, compartida con las cámaras empresariales y el PIT-CNT”. Para el jerarca, esta definición implica compatibilizar el crecimiento del salario real con la necesidad de crear puestos de trabajo, tratar de que la masa salarial acompañe el crecimiento de la economía, con salarios diferenciales para trabajadores de menores ingresos y atención a las situaciones de las empresas.

Por otro lado, añadió Murro, las metas incluyen la protección de las mejoras salariales de los últimos 13 años y la promoción de otros aspectos laborales en los ámbitos de negociación colectiva en áreas como relaciones laborales, derechos y obligaciones y sostenibilidad de las empresas. El ministro subrayó que por primera vez fue efectuada una consulta previa a la ronda de negociación colectiva, por la cual seis cámaras empresariales y el PIT-CNT enviaron sus propuestas. En marzo se reunieron dos veces para profundizar el diálogo respecto a los documentos.

 

La propuesta del gobierno

La propuesta del Poder Ejecutivo presentada el pasado 13 de marzo se incluye aumentos semestrales del salario mínimo nacional que en enero de 2019 se ubicará en 15.000 pesos. Hasta la última ronda de negociación colectiva, los aumentos eran anuales.

Los lineamientos generales proponen acuerdos a 24 o 30 meses como mínimo, con ajustes semestrales o anuales en caso de que las partes así lo acuerden. Los aumentos propuestos para el primer año, según la calificación establecida para cada sector, son de 6,5% (sector en problemas), 7, 5% (sector medio) y 8,5% (sector dinámico). El segundo año serán de 6, 7 y 8 %, respectivamente, y para el último semestre o tercer año 5, 6 y 7 %.

Las pautas incluyen un correctivo a 18 meses de vigencia de los convenios y al término. Además, si en el primer año de la vigencia del convenio la inflación supera el 8,5%, podrá convocarse al Consejo de Salarios correspondiente, que podrá adelantar el correctivo. En caso de que la inflación medida en años móviles supere el 12%, al mes siguiente se aplicará un ajuste salarial por la diferencia entre la inflación acumulada y los ajustes salariales otorgados.

La propuesta del gobierno incorpora formación profesional y capacitación de trabajadores y empresarios, cláusulas de género en la totalidad de las negociaciones, protocolos de prevención de conflictos, seguridad y salud laboral, entre otros.

 

Las expectivas de la DINATRA 

Por su parte, el, director Nacional de Trabajo, Jorge Mesa, dijo a Del Constructor que esta ronda de negociaciones es “la más grande privada y pública en conjunto, el fenómeno comenzó en el 2005 cuando se reinstalaron los Consejos de Salarios y se inició la negociación a nivel de los públicos, con el conjunto de sectores, pero con estas característica de tantas mesas de negociaciones y de tanto volumen nunca habíamos tenido”.

Consultado sobre los lineamientos presentados por el gobierno para este Consejo de Salarios, el jerarca sostuvo que “(los lineamientos) expresan con bastante claridad la visión que el Poder Ejecutivo tiene sobre la actual circunstancia. Los lineamientos tienen tres objetivos básicos. Uno es que no se pierda el salario real, que los niveles de salario real logrados no se pierdan. Este es un elemento importante porque, obviamente,  que hace a la calidad de vida de los trabajadores, pero también a los elementos de consumo interno que en buena parte han movido la calidad económica del país en diferentes rubros. El segundo objetivo es que se parte por diferencias en sectores económicos y por nivel salarial, por lo que se atiende especialmente a los salarios más bajos con algún porcentaje un poco mayor que en el conjunto. Y, por último, que los sectores económicos, vuelvan a tener la oportunidad de que los actores clasifiquen. Esta vez con un agregado de que vamos a poner una información pública al servicio de que los actores ubiquen al sector en el contexto que está viviendo con algunos datos objetivos, que contribuyan a la discusión”, dijo Mesa.    

En lo que respecta al sector de la construcción, y consultado sobre lo esgrimido por el SUNCA en cuanto a la cláusula de prevención de conflictos, específicamente ante la posibilidad de la construcción de una segunda planta de UPM, el director Nacional de Trabajo, dijo a Del Constructor que esa cláusula ya existe. “El sector ya tiene en el convenio que está vigente un protocolo de prevención de conflicto que, por lo menos para el sector, es innovador, bastante completo, y tiene un escalonamiento importante de convocatoria a ámbitos, incluido el Consejo de Salario, para resolver situaciones de conflicto. De hecho, un porcentaje importante de los conflictos en la industria de la construcción  se tratan con anterioridad a que se desarrollen medidas sindicales”, afirmó Mesa a Del Constructor.

Otro de los puntos consultados es cómo podrá ser esta negociación teniendo en cuenta que en el sector se han perdido más de 20 mil puestos de trabajo en los últimos años. “Tengo la impresión que ya los actores dieron cuenta de esa situación de la industria. En la negociación anterior se habló de eso y ellos tuvieron en cuenta el contexto en el que se movían. El contenido de ese acuerdo demuestra que se era consciente de la situación de la industria. Creo en la madurez del sector por una larga historia de negociación colectiva para recoger estos elementos actuales, por lo que esperamos que los contenidos de esta nueva negociación van a dar cuenta de esta situación”.

 

La posición del Sunca

Por su parte, el presidente del Sunca, Daniel Diverio, calificó esta nueva negociación como “más general e integral”, debido a que es la ronda de Consejos de Salarios más grande de la historia del país. “Para nosotros, particularmente, es muy importante la defensa de los Consejos de Salarios como una de la herramientas fundamentales que hemos tenido los trabajadores para poder generar mejores condiciones  y por supuesto, también, de recuperación salarial. Es cierto que específicamente, en la construcción, cuando no había convocatoria a Consejos de Salarios en la década del 90 hasta el 2006, nosotros logramos mantener la negociación colectiva porque había una cultura en este sentido de las dos partes, tanto de las cámaras empresariales como de nuestro sindicato. Pero,  independientemente de eso, desde instalada la ley de negociación colectiva, ha sido otro el escenario donde, también, se puede plantear otros temas. Además, es un escenario donde legítimamente las partes van a defender sus intereses, pero a la vez ver en conjunto cómo podemos mejorar y avanzar en las distintas propuestas”, afirmó el sindicalista a Del Constructor.

Diverio también se refirió a la caída de puestos de trabajo en el sector que llegó a tener en 2013 más de 70.000 trabajadores cotizantes. En la actualidad, el sector tiene entre 40.000 y 45.000 trabajadores inscriptos en el Banco de Previsión Social. “Hay expectativa de que se mantenga este nivel de ocupación. Por lo menos es lo que se vislumbra, pero tenemos claro de que no estamos en la misma situación que en el 2013 y también tenemos claro que no estamos en el escenario del 2002 que apenas teníamos 15.000 trabajadores”.

Al respecto, y consultado sobre lo esgrimido por las cámaras empresariales sobre que no podrá ser sustantivo el aumento de la masa salarial, sostuvo que “nosotros haremos nuestro planteo siendo conscientes de que no estamos en aquel registro histórico de trabajadores en el sector, pero también sabemos que no estamos en una situación de crisis para la industria ni caótica. Hay que ver que cuando en el 2008 nosotros hablábamos de una reducción de la jornada, que no es un elemento menor, teníamos unos 40.000 trabajadores en la industria. Significa que con esa ocupación el sector tenía una musculatura importante. Cuando dicen que la industria hoy está en crisis es un planteo que no está acorde con la realidad, ni con la historia del sector. El promedio histórico es de 35.000 trabajadores y hoy estamos por encima de los 40.000 trabajadores”.

No obstante, Diverio dijo que Sunca está preocupado por la pérdida de casi 20.000 puestos de trabajo desde el 2013 a la fecha. “Hasta el 2013 hubo una fuerte inversión extranjera en el Uruguay, mucha de ella destinada a la construcción, fundamentalmente en el mercado inmobiliario, en parques eólicos y en la construcción de cientos de silos para guardar granos que fueron construidos por los trabajadores. A eso hay que sumarle una fuerte inversión pública y la obra de Montes del Plata que llegó a tener 7.000 trabajadores. Eso explica el crecimiento importante del sector. Ahora, nuestro objetivo es ver cómo generamos la posibilidad de que esos miles de compañeros que hoy están desocupados, muchos de ellos  provenían de otras industrias, por ejemplo, fábricas que cerraron, encontraron en la construcción una salida laboral. Nosotros también estamos discutiendo, y nos sumamos a lo que plantea el PIT-CNT, que se debe discutir profundamente  lo que es realmente la diversificación de la matriz productiva para generar puestos de trabajo que sean mucho más calificados. Para esto hay que hacer un esfuerzo más grande en inversión en nuevas tecnologías y capacitación, para encontrar un salida en lo laboral”, señalo el presidente del Sunca.      

Por último, Diverio se refirió a la posibilidad de la instalación de una segunda planta de UPM. “Bienvenida la inversión. Hay que generar puestos de trabajo, pero nosotros pusimos sobre la mesa de negociación tripartita dos o tres elementos que nos parecen claves. La primera es que cualquier inversión que aterrice en el Uruguay tiene que tener los controles ambientales necesarios. En segundo lugar, debe cumplir la normativa de seguridad e higiene y, por último, respetar los derechos conquistados por los trabajadores”.

 

La visión empresarial 

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Ignacio Otegui, consultado sobre la ronda de negociación que comenzará en julio, dijo  a Informativo Sarandí que “no están en condiciones de aumentar los salarios que ya son buenos”. Si bien aclaró que no se planteará una rebaja salarial “la industria no puede y el país no debe seguir aumentando los salarios”.

Consultado sobre el pedido de aumento salarial que, seguramente, el sindicato realizará en la próxima ronda de Consejos de Salarios, respondió a los colegas de Informativo Sarandí: “¿Sabe cuánto gana un obrero de la construcción? 60.000 pesos. Los sueldos son los que son. Cuando vienen las cosas favorables, uno los aumenta. Pero cuando las cosas están de punta… Yo no los quiero rebajar, pero no puedo subirlos más”.

Sostuvo además que la industria de la construcción perdió el 20% de la productividad en los últimos 15 años, y recordó: “llegamos a tener 73.000 trabajadores directamente en obra y hoy estamos en 41.200”. “Estamos en niveles de actividad parecidos a la década del 90”, afirmó.

 Otegui agregó que existen “tres motores” en la industria de la construcción. “Uno es la obra privada no vinculada a la vivienda, que en los últimos siete u ocho años, ha sido el principal motor. El segundo es la obra pública que tuvo una caída en sus niveles de actividad en los últimos dos años. El último motor es la obra privada vinculada a la vivienda. Esto es el 100% de la industria que en el 2017 representó el 9.2% del  PBI nacional. Somos el tercer sector de la economía uruguaya en invertir, más allá de que tenemos tres años seguidos de contracción, lo que generó la caída del PBI y del empleo. Esta situación no tiene muy preocupados porque el escenario que vemos para este año, en el mejor de los casos, es similar al del 2017. Estimamos que este año habrá un 45% de obra privada no vinculada a la vivienda, un 35% de obra pública y un 25% de obra privada vinculada a la vivienda, cuando hace seis años se había alcanzado el 31%”, señaló el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay.

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La investigación “Caracterización cíclica y tendencial del producto bruto de la industria de la construcción en Uruguay entre 1988 y 2017”, elaborado por las economistas Eugenia Rodríguez y Bibiana Lanzilotta, analiza la relación existente entre el producto bruto (PB) de la construcción y el Producto Interno Bruto (PIB) uruguayo en las últimas tres décadas.

La investigación hace hincapié en la importancia de la construcción en el país. Para ello marca que el PB de esta industria representó, en promedio, el 8% del PIB nacional en pesos constantes entre 1997 y 2016, y dio trabajo al 7,8% de todos los ocupados en el país en promedio entre 2011 y 2016, lo que significa unas 120.000 personas.

 

Salarios 

A su vez, y pese al bajón que  experimentó la construcción  en los últimos años, los salarios de los empleados del sector medidos por el Índice Medio de Salarios (IMS) crecieron 88,3% punta a punta en esos años y la ocupación aumentó 3,7%. Además “se trata de un sector clave en el proceso de formación de capital, explicando aproximadamente el 50% de la formación bruta de capital fijo, lo que permite el crecimiento sostenible a largo plazo”, destacan las autoras.  Dado todo esto, la investigación afirma que es “importante conocer el desempeño de la industria de la construcción, así como sus rasgos más salientes, para poder caracterizar su relación con el ciclo macroeconómico nacional y comprender la realidad actual”.

Asimismo, agregan que “la caracterización de la evolución del PB del sector, y conocer los principales rasgos de su comportamiento tendencial y cíclico facilitará la comprensión de cuáles son sus determinantes y qué se puede esperar del futuro”.

Las economistas hallan que el producto sectorial y el global presentan un comportamiento “similar”, fruto de que están “estrechamente vinculados”. Así, “en momentos de auge hay una mayor demanda para reparación y creación de nuevas viviendas, así como también hay mayor capacidad de inversión para expandir y construir nuevos establecimientos”, señala el estudio, mientras que “en momentos recesivos la actividad de la construcción se contrae significativamente”.

A pesar de la “evolución similar” constatada entre el PB de la construcción y el PIB, la del primero aparece más “volátil”. De esta manera, cuando se expande lo hace “por encima del nivel general”, mientras que cuando la actividad se contrae “cae por debajo del mismo”.

Los resultados del trabajo permiten concluir que el “PB de la construcción es procíclico respecto del PIB nacional y dependiendo del periodo que se considere, adelanta o sincroniza con éste”.

En la actualidad, y recordando que el trabajo se publicó a fines del 2017, se estaría atravesando por “la parte baja de un nuevo ciclo”, cuyo inicio se remontaría a 2015. La parte más baja de esta fase, en tanto, habría sido entre finales de 2016 y el arranque del año pasado (7% inferior a la tendencia de largo plazo en promedio, se detalla). Se añade, sin embargo, que según la información de los componentes proyectados “la fase a la baja de este ciclo habría sido menos profunda que las anteriores”.

 

Crecimiento

De hecho, con información del primer trimestre de 2017, “las estimaciones de los componentes del PB de la construcción muestran que la tendencia-ciclo se expandió en el orden del 1,9% interanual en el último dato, se está en la fase baja del ciclo, y los últimos datos marcan un punto de giro hacia el crecimiento”.

En esta línea, la última edición del Índice Líder de actividad de la Industria de la Construcción (ILIC), confeccionado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, difundió estimaciones que “permiten anticipar un posible cambio de tendencia sobre la primera mitad de 2018” para el sector.

Las economistas también pusieron la lupa en de qué manera la actividad de la construcción a nivel regional puede afectar a esa misma industria dentro de las fronteras de Uruguay. En concreto, se observó qué es lo que sucedía con Argentina. Para ello, se recurrió al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina. Desde 1996 “el componente cíclico del ISAC adelanta por lo menos tres trimestres los grandes movimientos de las tasas de variación de la actividad del sector nacional”, señala el estudio. Debido a esto, plantea el trabajo, se cuenta con “evidencia de que existen fuertes interconexiones entre el sector de la construcción y el sector inmobiliario de ambos países”.

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En diálogo con Del Constructor, el especialista Federico Susena de Guyer & Regules analizó la situación en materia de inversiones y las perspectivas del mercado inmobiliario uruguayo para 2018. Para el especialista, el 2017 fue, en materia de inversión inmobiliaria, “un año de repunte”, mientras que para este año se prevé continuar en esta senda “ya que hay grandes proyectos en ejecución y las perspectivas son buenas”, pese a existir algunos problemas macroeconómicos importantes. Señaló, además, que los beneficios tributarios para construcciones de gran porte fueron positivos para el repunte en el sector y produjo, en otros sectores de la economía, un “efecto derrame”.

 

¿Cómo ha sido el grado inversor inmobiliario durante el 2017 y que expectativas o proyecciones hay para este 2018?

Si tuviera que calificar en una palabra cómo fue el 2017 en materia de inversión inmobiliaria, diría que fue un año de repunte. Es que si lo comparamos con los dos años anteriores, el 2017 fue mejor.

Y en este 2018 es de prever que se va a continuar con esa tónica ya que hay grandes proyectos en ejecución y las perspectivas son buenas a pesar de existir algunos problemas macroeconómicos importantes (como el dólar débil) y los altos costos constructivos. Pero, lo cierto es que, habiendo una cierta estabilidad macroeconómica, la inflación que está moviéndose dentro del rango meta fijado por el Banco Central del Uruguay (aunque últimamente con algún desvío menor), las tasas internacionales de interés por el piso, la economía y los salarios reales creciendo y, por último, los bancos tratando de estimular mayor cantidad de créditos hipotecarios, todo hace pensar que, salvo que nos encontremos con un cisne negro, este 2018 será un buen año. Y es importante tener en cuenta que un buen año no implica volver a tener los niveles de actividad y empleo en el sector como se tuvo hace 5 años atrás sino simplemente eso, un buen año.

 

Impacto positivo

El Poder Ejecutivo anunció, para inversiones en vivienda superiores a 15 millones de dólares, una serie de beneficios fiscales. ¿Cómo ha impactado esto en el mercado? 

Los beneficios para construcciones establecidos por el Decreto Nº 329/016 que declaró promovidas al amparo de la Ley Nº 16.906, de 1998 las actividades de construcción para la venta o arrendamiento de inmuebles con destino a oficinas o vivienda, correspondientes a proyectos de gran dimensión económica (construcciones de más de UI 123 millones o aproximadamente US$ 15,5 millones), tuvieron un impacto muy grande, sobre todo en la zona de Punta del Este donde se ampararon grandes proyectos a esa normativa. El efecto buscado por la norma, y que fue la creación de empleo y la generación de externalidades positivos hacia otros sectores de la economía (el efecto derrame), creemos se va a  lograr y dichos beneficios constituyeron un factor muy importante para el repunte señalado anteriormente. Basta analizar la cantidad de proyectos y los metros cuadrados aprobados en función de dichas promociones fiscales para dimensionarlo. 

Y, más recientemente, el Poder Ejecutivo anunció que va por más y quiere extender los plazos de dicho decreto e introducir variantes que creemos serán positivas. La nueva medida consistiría en prorrogar por un año el plazo para presentar nuevos proyectos al amparo de este beneficio, es decir que, deberán ser presentados antes del 31 de diciembre de 2018 y tendrán 36 meses, como máximo, para su ejecución. Además, para los proyectos a desarrollarse en Montevideo, se reducirán el monto mínimo de inversión y el porcentaje de áreas comunes requeridos (a UI 90 millones y 15% respectivamente).

Creemos que esta medida va a impactar fuertemente y que varios proyectos, que de pronto estaban siendo analizados, se terminarán presentando y amparando a esta nueva normativa, en especial en Montevideo, donde se intenta “atrapar” más proyectos al reducir el umbral necesario para ampararse a los beneficios fiscales. Esta herramienta puede ser, además, la llave para poder aumentar, tras años de caída, el número de puestos de trabajo en el sector de la construcción.

 

Referente a la anterior pregunta, ¿esto beneficiaría solo a Maldonado, Colonia y Montevideo, o podría extenderse al resto del país?

Si bien la normativa no distingue entre territorios y, presumo, tampoco lo hará la modificación que está elaborando el Poder Ejecutivo, lo cierto es que estos grandes proyectos se han concentrado en Punta del Este y Montevideo, y entiendo que lo mismo seguirá ocurriendo durante este año. Ello no quita que no pueda haber algún proyecto de gran dimensión económica en otras zonas del país, aunque seguramente en un  número muy menor, particularmente en Colonia donde los argentinos tienen interesantes proyectos en fase de pre-desarrollo. 

 

Viviendas Promovidas

En Montevideo, uno de los objetivos de la Vivienda Promovida (antes denominada Vivienda de Interés Social) era descomprimir la zona costera, facilitar el acceso a un sector que no podía acceder a la vivienda e incentivar la inversión en zonas donde hacía décadas que no se invertía, como Cordón o La Aguada. En retrospectiva, desde la promulgación de la ley, ¿se han alcanzado los objetivos? ¿Cuánto queda aún por hacer? 

En mi opinión, con la ley de Vivienda de Interés Social (ahora Vivienda Promovida) se cumplió y de buena manera con algunos objetivos trazados, pero entiendo que con otros no tanto. Por ejemplo, la ley de Vivienda de Interés Social tenía como un fuerte componente de motivación, facilitar el acceso a la vivienda propia a sectores de ingresos medios o medios bajos.

En los hechos, ello no ha ocurrido, o por lo menos, no ha ocurrido en los niveles deseados. Pero eso no quiere decir que la “culpa” la tenga la ley de Vivienda de Interés Social, sino que es un fenómeno que se puede identificar mucho más en el fuerte aumento que ha tenido el valor del metro cuadrado edificado, y donde cada vez  más (comparando salario real versus precio del metro cuadrado construido) a los sectores de ingresos medios o medio bajos se les hace más difícil poder acceder a la vivienda propia. Hay estudios realizados que fueron publicados el año pasado, donde se establece que 8 de cada 10 uruguayos cree que la vivienda es cara y difícil de acceder a ella y más de la mitad creía que eso iba a seguir aumentando. Y, peor aún, en los sectores más jóvenes, donde el inquilinato pasó de niveles cercanos al 40%  a niveles del entorno del 50 a 52%  en la última década, en hogares donde el principal generador de ingresos tiene menos de 30 años. Ello ha llevado a algunos sectores políticos a plantear poner topes a los alquileres e incluso a los precios de los inmuebles. Y eso, con total franqueza, sería el suicidio para la actividad de la construcción, ya que provocaría una pérdida de confianza del inversor que redundaría en una brutal disminución de nuevos proyectos inmobiliarios.

Pero, volviendo a su pregunta, debemos tener presente que, además de las condiciones comerciales señaladas, hay un cambio cultural (y que trasciende a Uruguay) en cuanto a cómo las franjas etarias más jóvenes no tienen como prioridad lograr una vivienda propia, como sí ocurría hace 20 o 30 años. Los jóvenes (llamados millennials) buscan experiencias, quieren cambiar su hábitat si no están cómodos donde están, quieren ammenities y conectividad, servicios y entretenimiento. Y no están dispuestos a quedarse en un mismo inmueble muchos años si el mismo pierde algunas de las características señaladas. Ello, naturalmente, hace que estos productos terminen siendo adquiridos por ahorristas o inversores para alquilar y tener una renta que, si bien no es alta, es bastante segura, pero no habiendo sido ese el objetivo de la norma. En cuanto a si la norma logró descomprimir zonas y fortalecer otras, ahí sí creo que se vio un éxito en los resultados, ya que barrios que habían quedado en el olvido respecto a su arquitectura, hoy aparecen rejuvenecidos, como son el caso del Centro, Palermo, Cordón y Tres Cruces.  

 

¿Y cuál es la situación en el interior del país? 

Salvo por la pregunta sobre descomprimir la zona costera y el corrimiento hacia otras zonas, las demás conclusiones son aplicables también a la situación en el interior del país. Sin embargo, entiendo que todavía hay mucho potencial en las ciudades más importantes del interior para realizar inversión promovida. Pero para eso, sería importante desandar algunos cambios recientes que se introdujeron a la Ley de Vivienda de Interés Social y que ralentizaron la aprobación de nuevos proyectos.

 

¿Este tipo de inversiones en Viviendas Promovidas podrían balancear la falta de inversores en obras suntuosas? 

En su momento lo balancearon y en forma efectiva. La dramática caída que tuvo  Punta del Este y zonas aledañas a partir del año 2013 pudo ser amortiguada en gran parte por los efectos que la ley de Vivienda de Interés Social tuvo en otras zonas del país. De lo contrario, la pérdida de puestos de trabajo en el sector de la construcción hubiere sido aún mayor de lo que fue (y que no fue poco, estancados hoy en los aproximadamente 45.000, pero que supo llegar a picos de 70.000). Hoy, la situación es distinta. Estamos ante la presencia de más proyectos suntuosos y de menos proyectos de Vivienda de Interés Social (ahora Vivienda Promovida).

Desde las cámaras empresariales del sector se habla de que el costo salarial es uno de los factores fundamentales en el aumento del precio final al consumidor. A esto se le suma otro tema que está en discusión permanente entre trabajadores y empresarios y es la competitividad ¿qué piensa al respecto?

No es necesario ser economista para darse cuenta de lo que está pasando en este país. Basta viajar a cualquier país del primer mundo y darse cuenta que le cuesta lo mismo o incluso más barato comprarse una prenda de vestir o ir a comer a un restaurante de lo que le cuesta en Uruguay y, además, con ingresos per cápita muy superiores a los nuestros. Eso es un dato de la realidad, incontrastable, y yo diría tan evidente que no deja otra reflexión que reconocer que estamos caros.

Llevado al sector de la construcción, sí, estamos muy caros, pero la explicación no es solamente por los temas macroeconómicos del país sino que, a este sector, se le agregan, además, otros factores estructurales y complejos y de muy difícil solución, como ser los altos costos salariales (analizados además en función de la baja productividad de la mano de obra local), la rigidez laboral, la excesiva carga tributaria del sector por leyes sociales, la falta de inversión en tecnología para ser más eficientes en los métodos constructivos y la conflictividad sindical.

 

 

El factor Punta del Este 

Algunos inversores que ponían su capital en Punta del Este han comenzado a hacerlo en Paraguay, incentivados por menores cargas impositivas. A esto se le suma algunas medidas adoptadas por el gobierno de Macri para atraer inversiones. ¿Qué grado de afectación tiene en nuestro mercado? 

Entiendo que no mucha. Si bien es cierto que el triple 10 paraguayo (10% de IVA, 10% de impuesto a la renta empresarial y 10% de impuesto a la renta en personas físicas) atrajo mucha inversión uruguaya al Paraguay, la mayoría de dichas inversiones  fueron canalizadas al sector agrícola ganadero y ello no constituye una competencia para desarrollos inmobiliarios en Punta del Este o incluso Montevideo. De hecho hoy, parte de esa inversión se está retirando o está en proceso de retiro del Paraguay dado los magros resultados por efecto de la baja en los precios de los commodities.

En materia del sector inmobiliario, la rentabilidad en Paraguay es muy buena y para la construcción la gran ventaja la presentan los bajos costos constructivos y la flexibilidad laboral. Si bien hay proyectos de uruguayos de real estate en Paraguay, la gran corriente de inversión ha sido en materia de campos.

En cuanto a Argentina, claramente el gobierno de Macri (un gobierno orientado a los negocios y al crecimiento económico), está aprobando normativas, de tanto en tanto, para atraer inversiones y para repatriar capitales argentinos, pero lo situación macro de Argentina no está bien y, en cierta forma, muy jugada al financiamiento externo “barato” que hoy está gozando. Y si bien eso es así, los proyectos de gran dimensión económica, de los que hablábamos anteriormente, que se han aprobado en Punta del Este, muestran que el argentino quiere seguir apostando a Punta del Este.

Y este tipo de inversor es fiel y leal a Punta del Este, habiéndose ausentando solo temporalmente cuando los gobiernos kirchneristas le impusieron toda suerte de restricciones a la compra de dólares, remisión de fondos al exterior, etc, y cuando el gobierno uruguayo le concedió a su par argentino el acuerdo de intercambio de información (para algunos gran causante de la contracción que tuvo Punta del Este); pero para volver ahora en una nueva oleada que ya se está sintiendo y que, con las medidas que anunció el gobierno en extender los beneficios fiscales, probablemente continúen generándose nuevos proyectos en el correr de este año.

 

En este contexto, ¿cómo ve el mercado inmobiliario en Punta del Este?

Lo veo muy bien. Punta del Este tuvo años para el olvido en el último lustro, pero como dije anteriormente, hoy se están alineando los astros para que la inversión inmobiliaria vuelva y en forma sostenida. Además, Punta del Este tiene una característica particular y es que para los argentinos no es solamente una mera inversión inmobiliaria, sino que es una combinación de inversión inmobiliaria, más resguardo y conservación del capital, disfrute, cambio de ambiente y calidad de vida. Recordemos que han pasado por hiperinflaciones, mega devaluaciones, corralitos financieros y retenciones a la exportación de la producción cuasi confiscatorias. Y todo eso a solo pocas horas de distancia, lo cual lo hace preferente respecto a otras opciones como Miami.

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El informe señala que si bien el  balance actual de la industria continúa en terreno  negativo, el indicador del  clima  de  la  economía  se  encuentra  en  “clima  de  crecimiento”, mientras que el indicador de clima del sector se encuentra en “ clima de recuperación”. Asimismo, señala que el porcentaje de empresas que encuentran poco o muy poco probable la expansión de personal es el más elevado desde octubre de 2016.

El informe, elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC) en diciembre del año pasado, señala que el principal objetivo del documento es monitorear las expectativas de las empresas del sector  de  la  construcción  respecto  a  las  principales  variables  económicas,  su  capacidad instalada y expectativas de crecimiento de manera tal de poder obtener información sobre la coyuntura actual y evolución futura del sector y la economía en su conjunto. De esta manera, se relevó la opinión de 71 empresas asociadas a la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), así como de 10 empresas asociadas a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Del total de empresas contactadas se obtuvo una tasa de respuesta de 33,3%.

Los resultados de dicho documento se dividieron en tres secciones (“Expectativas”, “Capacidad “Instalada” y “Evolución de los costos”). En la primera sección, las empresas fueron consultadas respecto a la percepción actual y sus expectativas futuras sobre la economía en general y el sector de la construcción en particular. La percepción actual es relevada mediante la apreciación del estado actual de la variable de interés como (“Buena, “Ni buena ni mala” y “Mala”) mientras que las expectativas son recogidas mediante la percepción de la evolución futura respecto al estado actual (“Al alza”, “Igual”, “A la baja”).

En cuanto  a  la  percepción  actual  de  la  economía,  predominan  las  respuestas  neutras (85,2%) seguido por las respuestas asociadas a una percepción positiva (11,1%). En cambio, para el caso de la percepción específicamente del sector, existe un 96,3% de respuestas neutras o negativas. En  cuanto  a  las  expectativas  futuras,  predominan  las  visiones  neutras  tanto  para  la economía (70,4%) como para el sector (59,3%). En ambos casos, le siguen  las expectativas favorables sobre el futuro, siendo mayores para el sector.

Asimismo, el documento señala que, al  igual que en todas las ediciones anteriores del referido  informe, se observa un  balance actual negativo  para  el  sector  (-11,1%), aunque, a  diferencia  de  ediciones  anteriores,  se observa  un  balance  actual  positivo  para  la  economía  (7,4%),  lo  que  supone  una  mejora respecto a la última publicación de la Encuesta de Expectativas, elaborada por el CEEIC en noviembre del año pasado.

 

Capacidad instalada 

Para la segunda sección, las empresas fueron consultadas respecto a su capacidad instalada actual y su expectativa sobre el futuro. Para ello se solicitó que categoricen su situación actual y sus expectativas en uno de los 6 tramos previamente establecidos. Los resultados muestran que el 62,5% se encuentran operando debajo del 70% de su capacidad instalada. Al analizar las expectativas,  este valor se ubica en 54,6%. Además se les consultó a las empresas respecto a la probabilidad de expansión de la capacidad instalada en cuanto a maquinaria y personal, lo que arrojó que dos tercios de las empresas ven como muy poco probable o poco probable la expansión de  maquinaria,  mientras  que  esto  es  superior  para  el  caso  de  la  expansión  de  personal (70,3%).  Ello  permite  anticipar  que  los  empresarios  ven  más  probable  incorporar maquinaria  que  personal.

 

Evolución de los costos 

En cuanto a la evolución de los costos, el 59,3%  estima que estos evolucionan a la  par del IPC, mientras que  un tercio  espera que evolucionen por encima, manteniéndose estables respecto a la edición anterior. Consultadas las empresas respecto a los principales factores que influyen sobre  sus  costos, como subcontratos,  mano  de  obra,  insumos  importados,  insumos  locales, costos financieros, el  96,3% reportó como principal factor la mano de obra, seguido por los insumos locales (3,7%).  El resto de los factores no fueron señalados como relevantes en materia de costos.

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