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Gobierno y constructores  privados vuelven a polemizar por topes en proyectos de vivienda promovida

El Ministerio de Vivienda (MVOTMA) salió al cruce de los promotores privados de la construcción por los proyectos de vivienda promovida y justificó los topes de precio que impuso al decir que “tampoco es la revolución urbana”.

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) planteó que se ha frenado la presentación de nuevos proyectos para construir viviendas promovidas (reciben una exoneración de impuestos para favorecer la inversión) y que eso ocurre porque los números “son muy finitos” y el tope impuesto el año pasado para la comercialización de una de cada 10 viviendas, “troncha” los emprendimientos. En la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de Diputados, el MVOTMA salió al cruce de esas afirmaciones.

“Solamente en los tres años del actual período de gobierno se promovieron 6.330 viviendas. La meta del plan quinquenal era 6.000. Es decir que ya en el año 2017 superamos la meta prevista en el plan quinquenal y la vamos a superar con creces. Ya en el año 2018 tenemos ingresadas aproximadamente 900 viviendas hasta inicios de julio y nos queda otro semestre y todo el año próximo”, dijo el director Nacional de Vivienda, Salvador Schelotto.

“El sector privado sigue interesado en esto; no es cierto que se haya inviabilizado el negocio, sino que sigue siendo tan rentable como siempre y los operadores privados siempre van a reclamar mejores condiciones, lo cual está dentro de las reglas de juego”, agregó al quitar trascendencia al reclamo de la APPCU.

La ministra de Vivienda, Eneida de León dijo en la comisión que “ha habido mucho ruido” y se dice que “la posible baja en la inversión en las viviendas promovidas se debe a la reglamentación que nosotros hicimos”.

En ese sentido, De León justificó los topes en que “vimos que indudablemente los precios de las viviendas no solo no estaban llegando a los sectores medios y bajos, como decía la ley, sino a los medios. Es decir que todos estos proyectos llegaban a los deciles ocho y nueve (parte del 30% de la población de mayores ingresos)”.

“Lo que nosotros hicimos, sin tocar el negocio total de las viviendas promovidas y poniendo como ejemplo cualquier edificio que se haga, fue quitar el tope del 100% del interior y bajar el de Montevideo del 25% al 10%, porque el negocio total al promotor le quedó igual”, agregó.

 

Viviendas promovidas

En 2014 el Ministerio de Vivienda topeó el precio del 25% de las unidades construidas dentro del régimen, pero a un valor que estaba por encima del costo de construcción y dejaba al promotor vender a quien quiera. En 2017 el nuevo decreto al que refería la ministra, topeó el precio de arrendamientos a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar, si supera los valores fijados por el MVOTMA, la exoneración es del 40% y no del 100%, y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera. Los nuevos topes “están por debajo del costo de construcción y entonces el promotor pierde totalmente”, dijo Julio Villamide, asesor de APPCU, al diario El País.

“El Ministerio, en la reglamentación, toma ese 10% y en vez de venderlo a US$ 100.000 dice: Este es un negocio tuyo, lo vendes a US$ 100.000, US$ 120.000 o US$ 150.000, pero el límite es este y si se alquila, el límite es este. ¿Para qué? Para llegar a algunos deciles más abajo. Tampoco es la revolución urbana”, respondió De León.

“Nos quedamos con ese 10% solo durante seis meses. Si no hay interesados dentro de los deciles que nosotros queremos promocionar, se devuelve al inversor la totalidad. La construcción es una industria que tiene sus ciclos. Los inversores están pensando en terminar y vender algo”, añadió la ministra.

Según De León “venimos en una baja y se ve que estamos en un momento donde se perdieron puestos de trabajo en la construcción, que se perdió inversión y la solución, en estos casos, es la inversión pública porque los privados no lo van a hacer por más exoneraciones que haya”.

Del lado de los promotores privados la visión es otra. En la reunión que los directivos de APPCU mantuvieron con Mujica y Topolansky se comprometieron a invertir si se dejan sin efecto los decretos que topean el precio de las viviendas. De hecho, se ofrecen a impulsar proyectos para la construcción de más de 100.000 metros cuadrados, que implican la generación de unos 4.000 empleos directos en el sector. “Los números son bien finitos aunque al MVOTMA y a la Agencia Nacional de Vivienda les cueste advertirlo”, indicó en una carta el secretario ejecutivo de la APPCU, Aníbal Durán.

Según la ministra, la construcción de viviendas “bajó, pero no tanto porque sigue siendo un buen negocio mantener funcionando las empresas constructoras. Estamos alcanzando a los de menor poder adquisitivo, especialmente a aquellos que pueden pagar una cuota, y nosotros ayudamos”.

 

La mano de obra en sector

Según la Cámara de la Construcción (CCU), la cantidad de trabajadores directos de obra en esta industria ascendió a 43.755 en mayo, 400 trabajadores por encima del mes anterior pero casi 2.200 trabajadores por debajo de mayo de 2017. El director de Vivienda, Salvador Schelotto cuestionó que “se habla de una pérdida de 40.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción, medida en relación al pico histórico más alto de ocupación de la industria de la construcción en el país, que se dio en los años 2013 y 2014. Es irreal pensar que a través de la promoción de construcción de vivienda en estas condiciones, con beneficios fiscales, se pueda compensar esa pérdidas; se va a compensar con el conjunto y el despliegue de la inversión pública y privada, tanto en vivienda como en proyectos de infraestructura”.

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