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La Asociación de Promotores Privados de la Construcción presentó propuesta al gobierno para reactivar obras en vivienda

En el marco de una reunión solicitada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU)a la vicepresidente de la República Lucía Topolansky y al expresidente José Mujica, representantes de la asociación plantearon nuevamente la necesidad de modificar la normativa que regula el régimen de viviendas promovidas para reactivar la inversión.

 

Planteo

En concreto, el planteo de la gremial empresarial fue que si se retorna a la ley original de 2011, (ley 18.7952) se comprometen a impulsar proyectos para la construcción de más de 100.000 metros cuadrados, que implican la generación de unos 4.000 empleos directos.

Como se recordará, en  2011, con el apoyo de todos los partidos políticos se aprobó una ley que otorgaba una serie de beneficios fiscales a los inversores privados buscando promover el acceso a la vivienda (a través de la compra o el alquiler) de los sectores de ingresos medios y medios bajos.

El mercado respondió y se reactivó la construcción en especial en zonas alejadas de la costa, donde solían concentrarse los proyectos inmobiliarios.

Como se recordará, en el 2014 el Ministerio de Vivienda (MVOTMA) impulsó una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas dentro del régimen, un cambio que si bien limitaba la rentabilidad imponía “un tope que estaba por encima del costo de construcción y dejaba al promotor vender a quien quiera”, según explicó al diario El País, el consultor y operador inmobiliario Julio Villamide.

La mayor complicación llegó después, a principios de 2017, cuando un nuevo decreto del MVOTMA topeó el precio de arrendamientos a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar, si supera los valores fijados por el Ministerio, la exoneración es del 40% y no del 100%,  y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.

Los nuevos topes “están por debajo del costo de construcción y entonces el promotor pierde totalmente”, sostuvo Villamide. Las modificaciones impactaron en el sector, pasando las viviendas promovidas “de 300 o 400 por mes antes a unas 80 por mes este año”, subrayó el consultor y asesor de Appcu.

Según se informa en la web de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), desde 2011 a la fecha se presentaron 703 proyectos para acceder a beneficios, de los cuales 608 fueron promovidos, lo que significó más de 16.600 viviendas construidas.

Las cifras en la web del MVOTMA muestran que mientras en todos los años previos (2012-2016) las unidades edificadas bajo el régimen superaron las 2.000, en 2017 fueron 1.571 y este año van 862.

 

En busca de apoyo

En este contexto se llegó a la referida reunión, donde los promotores buscaron el apoyo de los dos líderes político del MPP, sector  al que pertenecen la ministra de Vivienda, Eneida De León, y el presidente de la ANV, Francisco Beltrame. “La ministra y Beltrame se oponen porque dicen que los promotores ganan mucho, pero le mostramos a Mujica y Topolansky  que eso no es así. Vieron con buenos ojos nuestro planteo, lo que más le gustó es que el Estado no pone dinero, es todo de los privados”, dijo a El País el secretario ejecutivo de APPCU, Aníbal Durán.

Julio Villamide afirmó que  el Ministerio de Economía y Finanzas “siempre tuvo una postura muy clara a favor de promover inversiones y generar mayor cantidad de estímulos y quitar trabas para concretar proyectos que puedan sumar mano de obra”; pero el MVOTMA ha impulsado “una política mucho más ideologizada, que no ha priorizado la ocupación, ni la recuperación de la actividad ni de los niveles de inversión, sino otras cosas que no sé cuáles son”.

 

Imposición de topes 

El asesor inmobiliario agregó que conoce “varios casos (de inversores) que han vendido incluso los terrenos que tenían y otras empresas que se están reorientando hacia la costa” por la imposición de los topes. “Es que limitan la rentabilidad en un momento complicado por las turbulencias del tipo de cambio en Argentina y Uruguay, y hacen que el mercado esté bastante parado”, indicó.

Por su parte, la Cámara Inmobiliaria respalda la posición de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. “La inversión se ha frenado bastante, no existe prácticamente la vivienda promovida” porque los cambios legales “no fueron atractivos para los promotores y se fueron para otro lado, así de sencillo”, dijo su presidente Wilder Ananikian ante la consulta del diario.

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