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Relaciones laborales equilibradas

Ante una instancia tan peculiar que  viviremos en poco tiempo, con una cantidad muy importante de acuerdos salariales que deberían cerrarse, es buena cosa insistir en aspectos básicos.

Y lo que expondré no es ni  de derecha ni de izquierda, es sentido común y primacía de la ley, en lo posible. Ya alguna vez nos hemos referido a este tema en del Constructor.

 

El ejercicio de las libertades y derechos fundamentales (libertad de trabajo, de empresa, de circulación, de propiedad, seguridad jurídica), debe estar garantizado y protegido por el gobierno. Cuando se ocupa un lugar de trabajo, eso no sucede. Recurrentemente dicho: es inconstitucional.

 

Los protagonistas principales de las relaciones laborales deberían ser los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones. Diálogo mediante, las organizaciones deberían llevar a cabo negociaciones colectivas bipartitas, libres y voluntarias. Incluso el artículo 2do de la ley de negociación colectiva se refiere a ello.

Pero eso no ocurre: en los Consejos de Salarios, se incorpora el gobierno, incluso estableciendo “pautas” o “lineamientos” desde el vamos. Como volvió a ocurrir. Los Convenios de la OIT, abogan por una negociación bipartita, libre y voluntaria.

El gobierno debe tener un rol subsidiario. Llevamos muchos años de negociación colectiva y sin duda los actores ya tienen la madurez y práctica suficientes, como para encarar las negociaciones sin la presencia gubernamental.

 

Sin perjuicio del imprescindible equilibrio que tiene que guardar el gobierno en todo este entramado (el gobierno de izquierda no debe volcarse a los trabajadores  per se), sería menester que con la antelación debida, aquél ponga sobre la mesa todas las propuestas que tenga en mente, modificaciones legales incluso, para que todos los actores puedan opinar y tener incidencia en una posible redacción. ¿Eso sucedió?

 

La buena fe debe imperar en todos los actores y el cumplimiento estricto de las normas. Se puede producir lo que se llama la anomia, donde las reglas existen pero son desoídas. Sucede.

Deberían haber sanciones trascendentes para quien incumpla la norma y el gobierno actuar con el equilibrio reclamado líneas arriba.

 

La huelga prevista en la Constitución desde 1934, mandata a la ley la reglamentación de su ejercicio y efectividad. Transcurridas varias décadas desde su reconocimiento, sólo se ha tenido en cuenta la obligación de preavisarla (y a veces no se cumple), con siete días. Hay que aprobar un marco regulatorio de la huelga, subsidiario del que puedan pactar las partes en la negociación colectiva. En dicho marco hay que especificar el concepto de huelga, reglas de procedimiento para su declaración y límites formales y materiales para su ejercicio.

 

Algo determinante: el gobierno debe asumir una postura de neutralidad e imparcialidad en su rol de mediador voluntario en los conflictos laborales. De ninguna manera debe mimetizarse con la postura de los trabajadores a priori, por el solo hecho de serlo. Cómo bien ha propuesto el abogado Nelson Larrañaga, versada y destacadísima figura en derecho laboral, habría que crear un órgano independiente del gobierno, integrado por idóneos en técnicas de negociación, que brinde servicios de conciliación, mediación y arbitraje voluntarios, como existe en países desarrollados.

 

Todo lo aquí propuesto (por lo menos eso entiendo yo)  no va en desmedro de nadie.

 

La consigna es recurrente: necesitamos magnanimidad y paz entre las partes en la mesa de discusión (que no es contradictorio con el  énfasis en la discusión). La paz brinda un tiempo para reflexionar, que es cuando la mayoría de las cosas buenas tienen su comienzo.

 

Aníbal Durán

Gerente Ejecutivo de APPCU

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