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Estudio propone analizar precariedad habitacional e incentivar construcción y refacción inmobiliaria

Un estudio llevado a cabo por la arquitecta Sharon Recalde propone generar conocimiento sobre la precariedad habitacional dispersa de Montevideo y estudiar medidas que permitan revertir la situación.  El estudio es la tesis de doctorado presentada ante la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo y recibió una mención en la última edición del Premio Nacional de Urbanismo.

Según el trabajo, “en este nuevo siglo se produce una polarización entre las condiciones de vida de los distintos estratos sociales, que tiene su reflejo en el territorio” y que se materializan en la “segmentación social, segregación residencial y exclusión urbana”.

De manera paralela “se manifiestan nuevas formas de habitar en el tejido formal de la ciudad, asociadas a nuevas formas de pobreza y vulnerabilidad”. Se trata de la precariedad habitacional dispersa y es “la menos visible, subdiagnosticada y atendida por las políticas públicas”, afirmó Recalde.

 

Precariedad habitacional

Se considera precariedad habitacional, entonces, a la manifestación física de pobreza o vulnerabilidad en el hábitat residencial. La precariedad dispersa es la precariedad física y social que caracteriza localizaciones puntuales dentro del tejido formal. En tanto, la precariedad habitacional concentrada hace referencia a la precariedad física y social que caracteriza porciones homogéneas de la ciudad, como parte de procesos de fragmentación urbana.

Existen ambos tipos de precariedad habitacional, pero en la tesis doctoral se recuerda un trabajo estadístico previo que daba cuenta que existen tres familias pobres en el tejido formal por cada una que vive en asentamientos irregulares en Montevideo. Ello, sostuvo Recalde, “evidencia la existencia de situaciones de vida críticas diseminadas por ese tejido formal que no necesariamente son conocidas y mitigadas por la acción estatal”.

Los barrios de las zonas centrales de Montevideo fueron identificados como poseedores de algunas situaciones de precariedad habitacional. Es más, en el trabajo se indica que existen “niveles críticos (altos) en las zonas centrales e intermedias o que presentan particularidades que implican la necesidad de profundizar el análisis en las zonas de interés”.

 

Cambio de paradigmas

Según Recalde, en los últimos años se observa un “real interés en innovar en la búsqueda de soluciones para las problemáticas habitacionales existentes, tanto a nivel legal como institucional, como en el diseño e implementación de los programas”. Cree que “existe un evidente viraje del paradigma del acceso a la vivienda al de permanencia en ella” y que la diversificación de los programas “ha permitido comenzar a atender el stock habitacional existente” en el que se evidencia la precariedad.

De todos modos, pese a la existencia de diagnósticos y la aplicación de planes desde el Estado, la especialista entiende que “aún existe desconocimiento de situaciones de precariedad, mayormente de la precariedad dispersa, tanto de su localización como de su caracterización”.

 

Formales y precarios

La tesis doctoral afirma que se desarrollaron programas estatales “de aplicación concentrada y dispersa” y que las medidas aplicadas sobre la precariedad dispersa “tienen menor inversión ya que se limitan a mejoras en la vivienda, han tenido menor evaluación, van en aumento (diversificación), aunque no están aún consolidadas”.

Asimismo, señaló que “su gestión no es simple, debe atenderse caso a caso“, y que los beneficiarios son los protagonistas ya que son los que deben procurar el programa habitacional más adecuado a sus necesidades y posibilidades”.

Recalde sostuvo en el trabajo que “los programas que atienden las situaciones de precariedad concentrada tendrán un mayor impacto a nivel urbano, por un lado por la propia concentración de los resultados y porque incluyen acceso a servicios de infraestructura y equipamientos sociales y culturales. También será mayor la cantidad de beneficiarios”.

Sobre los programas de aplicación dispersa, señaló  que “se limitan a intervenciones en las viviendas y su alcance es aún limitado”. Y explica: “Pueden atender situaciones que promuevan la conservación del stock construido, salpicando de mejoras el tejido formal en proceso de deterioro. Esos programas a pesar de no proponer el mejoramiento del espacio público, en algunos casos contribuyen a la imagen urbana a partir de las mejoras de los inmuebles”.

 

Conclusiones

Entre las conclusiones del trabajo se encuentra la necesidad de generar más información acerca de la precariedad habitacional dispersa. “La falta de información es el primer obstáculo a superar para revertir esa problemática. La investigación realizada propone una metodología para su reconocimiento, define zonas donde comenzar un análisis más profundo y genera un sistema de información geográfica que queda disponible para continuar con la manipulación de los datos e indicadores utilizados”, indicó Recalde.

Además, sostuvo que la visibilidad de los distintos tipos de precariedad habitacional es diferente, “siendo mayor el reconocimiento en el caso de los edificios ocupados, luego el caso de los terrenos formales con ocupación precaria y finalmente el de las pensiones”.

“Los edificios ocupados se encuentran en toda el área estudiada, los terrenos formales con ocupación precaria se localizan en la parte más periférica de esa zona y las pensiones en la zona más central”, explicó la profesional.

Desde su perspectiva, “es necesario coordinar y articular, hacer sinergia entre programas de distintos sectores (urbano, habitacional y social) y entre distintos organismos, potenciar la autogestión, autoproducción, autoconstrucción e intensificar el apoyo técnico; facilitar las acciones y aproximar los programas a los usuarios”. En línea con lo que trabaja el gobierno, Recalde  manifestó que en el caso de terrenos formales con ocupación precaria los principales aspectos a resolver son las condiciones de habitabilidad y las condiciones legales de las viviendas.

“Las intervenciones físicas a realizar incluyen el mejoramiento de las condiciones materiales y apoyo a la autoconstrucción. Las estrategias a desarrollar deben tender a potenciar las acciones a través, por ejemplo, de la cooperación entre familias y coordinación entre beneficiarios para hacer más eficiente la acción de las instituciones, valorando las intervenciones grupales sobre las individuales”, enfatizó la arquitecta.

Por otro lado, se plantea en la tesis doctoral que “hace falta facilitar la formalización de las viviendas lo que implica posibilitar la subdivisión de los terrenos originales, la regularización de las construcciones -impedida por el incumplimiento de las condiciones físicas-, permitiendo en ambos casos la incorporación a propiedad horizontal”.

En el caso de los edificios ocupados, plantea que antes de cualquier otra acción se deben resolver los problemas de tenencia, y sostiene que el caso de las pensiones y casas de inquilinato “debe ser reconocido como un problema a atender” ya que “apenas se conocen las condiciones de vida de los locales habilitados”, señala el estudio de la arquitecta Sharon Recalde.

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