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De León afirmó que se superará meta de 10.000 viviendas cooperativas planificadas para este período de gobierno

La titular de la cartera de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida de León, afirmó que  “el gobierno espera superar la meta de 10.000 viviendas cooperativas en el quinquenio”, al tiempo que detalló que hay 6.500 unidades en obras en 170 cooperativas, 60 % de las cuales están en el interior del país.

Además, informó que se adjudicaron 80 viviendas para pasivos en Montevideo y otras 30 en Fray Bentos para trabajadores, y que se entregaron viviendas a familias que fueron afectadas por inundaciones en Artigas, Salto y Paysandú.

“Hay 900 realojos en todo el país con más de 80 intervenciones por año del Plan de Mejoramiento de Barrios, que realiza infraestructura en los barrios más carenciados”, apuntó la ministra.

Destacó que para el 2018 habrá 40 proyectos para más de 1.000 viviendas nuevas, de las cuales 30 son para población en general y 10 para pasivos. En otro tramo de la conferencia, sostuvo que en el sector privado hay 6.500 viviendas promovidas terminadas, 4.500 en obra y 5.000 cuya construcción va a comenzar. Añadió que en la actualidad son 600 las obras por el sistema de autoconstrucción. También detalló que hay más de 10.000 contratos de alquiler garantizados por el ministerio.

En otro orden, de León indicó que la cartera bajo su responsabilidad trabaja para finalizar el proyecto de ley para inmuebles abandonados, que está basado en los anteriormente presentados y “busca instalar familias en la ciudad consolidada con servicios e infraestructura adecuada”. Al respecto explicó que “debe definirse la doble situación de abandono y que el bien afecte la calle y el barrio para que sea posible intervenir con una actuación judicial rápida”.

Por su parte, la Comisión Pro Erradicación de la Vivienda Rural (MEVIR) y el Instituto de Colonización (INC) acordaron construir viviendas e infraestructura por 160 millones de pesos, según se anunció desde Presidencia de la República (www.presidencia.gub.uy). En este sentido, la presidenta de Mevir, Cecilia Bianco, y su par del Instituto Nacional de Colonización (INC), Jacqueline Gómez, firmaron un convenio marco de cooperación por el que se invertirán 160.000 unidades reajustables (UR) para construir viviendas, salas de ordeñe y galpones, así como mejorar la caminería, electrificación y alambrados perimetrales.

Bianco y Gómez suscribieron ese acuerdo interinstitucional con la finalidad de un mejor aprovechamiento de los recursos y una complementariedad técnica, a los efectos de realizar más de 60 intervenciones focalizadas en la construcción de viviendas en colonias del Instituo Nacional de Colonización.

A través de este acuerdo, Mevir asume la obligación de proporcionar asistencia técnica al INC para los servicios profesionales de arquitectura, agrimensura, trabajo social y geología en la realización de programas y proyectos, ejecución, administración, contralor y dirección de las obras, además de aportar todos los equipos de infraestructura necesarios.

 

Convenio por dos años 

Bianco explicó que el convenio que desarrollará acciones durante dos años implicará un costo total de 160.000 UR (160 millones de pesos) y unas 80.000 UR por año, cifras que permitirán la concreción de un proyecto en el que trabajan ambas instituciones desde hace un año y medio.

También posibilitará la planificación de acciones para continuar el trabajo que ya se concreta en más de 20 colonias del INC, además de impulsar el óptimo manejo de recursos humanos y económicos.

Hasta el momento, Mevir totalizó más de 600 intervenciones junto al INC a lo largo de su historia en todo el país. “En lo que va del quinquenio, hemos hecho trabajos de modo coordinado por unas 130.000 unidades reajustables, lo cual nos permite decir que en el quinquenio esta entidad hará un esfuerzo en coordinación con Mevir, lo cual redundará en la realización de infraestructura productiva y de vivienda por casi 10 millones de dólares”, señaló la jerarca.

Gómez destacó que el INC ha definido como prioritario trabajar en el acceso a la tierra y en las condiciones de vida de los productores familiares y de los asalariados rurales para que puedan desarrollar sus proyectos, acción que calificó como aporte a la construcción del desarrollo rural de las personas que viven en esas zonas.

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