JoomlaLock.com All4Share.net

ULa organización TECHO, presente en 19 países de América Latina, tiene como objetivo superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares, a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios. En Uruguay según su último informe regional, en Uruguay hay 60.191 viviendas en esta situación. Más de un tercio de ellas (33%) no tiene acceso al agua potable.

Un recorrido por los 19 departamentos, entrevistas a referentes vecinales y formularios de entorno urbanístico diseñados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el censo de 2011 y replicados por Techo Uruguay, permitieron que esta organización armara un informe con la lupa puesta en un epicentro de vulnerabilidad social. El estudio arrojó que existen 656 asentamientos informales en todo el país, con 60.191 viviendas.

Montevideo, Canelones y Artigas lideran este ranking: el 61% de los asentamientos se ubica en la capital, el 15% está en el departamento vecino, y el 6% en la jurisdicción más al norte del país. Flores es el único departamento que no tiene asentamientos.

A su vez, el informe de Techo arroja otros datos preocupantes: el 86% de los referentes consultados aseguró que en su asentamiento no hay acceso regular al saneamiento. Y el 33% carece de agua potable.

 

En América Latina

El número de viviendas de estas características trepa a 7.500 en América Latina. La información se logró recabar gracias a trabajos realizados por 12 de los 17 países del continente miembros de la organización Techo.

Uruguay se alineó a los esfuerzos: capacitó a 70 voluntarios para que salieran por todo el territorio nacional entre marzo de 2018 y enero de 2019 y relevaran datos. Las conclusiones fueron a parar a la investigación titulada “Derechos Humanos y Asentamientos Informales”, que se presenta hoy en el Centro de Formación de la Cooperación Española.

Para desarrollar este informe se partió de la definición de asentamiento informal que maneja el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).

Son agrupamientos de 10 viviendas o más ubicadas en terrenos públicos o privados construidos sin autorización del dueño, en condiciones irregulares, y sin respetar la norma urbanística. Tienen, además, severas dificultades para acceder a servicios sociales básicos e infraestructura.

Techo se trazó como meta la georreferencia: los voluntarios caminaron cuadra por cuadra para identificar la ubicación exacta de cada asentamiento informal. Se pretendía dar cuenta de las características en que se vive, las carencias y derechos vulnerados.

 

Visibilizar

Otro objetivo era visibilizar la producción social del hábitat, es decir, acciones comunitarias organizadas por los pobladores con miras a mejorar la situación crítica.

Por ejemplo, los vecinos de Gruta de Lourdes construyeron medio kilómetro de caminería interna para mejorar la conectividad y acceso al asentamiento los días de lluvia.

“En Uruguay hay mucho hecho a base de mano y músculo de los vecinos, grupos barriales, comisiones y cooperativas”, según Belén González, directora ejecutiva de Techo Uruguay.

Se usó como antecedente para esta investigación el registro de cartografía del PMB en 2011, y actualizado en 2018. Los instrumentos usados en la recolección de datos fueron: los formularios de entorno urbanístico diseñados por el INE con alguna modificación puntual, y las entrevistas en profundidad a los referentes del asentamiento, o a sus pobladores más antiguos.

Las variables a relevar fueron: alumbrado público, estado de las veredas y calles, presencia de basurales y arbolado, y paradas de ómnibus.

 

Concentración

El 61% de los asentamientos de Uruguay se concentra en Montevideo y totalizan 346. La periferia es la zona más afectada: el Municipio A acumula 111, le sigue el D con 88, y el F tiene 77. Los Municipios B y CH no presentan viviendas de estas características.

Los referentes de 140 asentamientos (22%) reconocieron que hubo incendios en el último año. “El fuego puede representar perderlo todo”, señala González. En 57 viviendas declararon haber sufrido riesgo de desalojo en los últimos 12 meses. Otro 41% fue víctima de las inundaciones.

Uno de cada tres asentamientos cuenta con organización comunitaria interna. Esto significa que hay una estructura, capital social y humano que trabaja para avanzar en procesos de mejora barrial.

En Maldonado, Paysandú, Salto y Rivera la mitad de los asentamientos tienen plataformas de acción para garantizar sus derechos. “Se ejerce la ciudadanía activa y responsable frente a la marginalización. Hay comunidades organizadas para producir su hábitat”, señala Laura Posadas, directora territorial de Techo al diario El País.

 

Situación y cifras

 El 45% de los asentamientos del país son pequeños: tienen menos de 40 viviendas. El 34% se consideran medianos (40 a 120 viviendas), el 12% grandes (120 a 200) y 9% clasifica como macro por contar con más de 200 viviendas. Hay 60 asentamientos macro: 41 en Montevideo, y 19 entre Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera.

El 86% de los referentes consultados aseguró que en su asentamiento no hay acceso regular al saneamiento. El 33% carece de agua potable, es decir, no existe conexión de OSE donde abrir la canilla y tener facturación. Otro 41% de los entrevistados negó tener acceso a la energía regular, y por ende falta de una conexión segura.

El 76% de los asentamientos cuenta con un CAIF en su interior o a menos de 1 km. Un 75% declara tener una escuela a esa misma distancia, y el porcentaje se eleva a 80% en materia de educación secundaria: solo el 3% tiene el centro de estudio dentro del asentamiento; el 42% lo encuentra a 1 km, y el 36% entre 1 y 3 km.

La razón principal que motiva a una persona a instalarse en un asentamiento es porque es la única chance de acceder a una tierra o vivienda después de haber hecho varios intentos. La opción más frecuente cuando los núcleos crecen es permanecer en el mismo terreno que la familia: en Montevideo sucede en el 79% de los casos.

El principal plan era generar un aporte útil para el análisis y posterior toma de decisiones a nivel país. Por eso, a partir de hoy estará disponible una plataforma SIG con información libre, abierta y pública que permita “monitorear la situación de los asentamientos y hacer las reflexiones pertinentes”, sostuvo Belén González.

 

Aspiraciones

Otra de las aspiraciones es contribuir en políticas integrales para la emergencia habitacional y urbana que aún se mantiene en Uruguay.

Muchas personas habitan en situaciones muy precarias sin la seguridad necesaria, y los voluntarios de Techo han sido testigos de estas dinámicas gracias al plus que les dio pisar el territorio y recorrer los asentamientos uno a uno. Los vecinos de La Vía, por ejemplo, les contaron que pasaron un 31 de diciembre a oscuras porque carecen de acceso a la energía regular con conexión segura.

El informe dio luces para que se apueste a la realización de pilotos de inversión pública para potenciar la autogestión entre los vecinos, y la autoconstrucción de su hábitat.Por último, se plantea hacer foco en los departamentos con densidad de vivienda crítica y alta: Canelones, Artigas, Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera.

Publicado en Noticias

“A fines de 2019 se superará la meta planteada en el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019, que tenía por objetivo la construcción de 6.000 soluciones habitacionales promovidas, y llegará a más de 9.000”, dijo el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto. En 10 meses de 2018, se recibieron 1.700 proyectos de vivienda promovida, el 10% de la cantidad presentada desde el inicio del programa, en 2012.

Para el período 2015-2020, el gobierno se comprometió a construir 6.000 viviendas, amparado en los beneficios de la ley 18795, de Acceso a la Vivienda de Interés Social, pero, al terminar el período, la cantidad de unidades finalizadas superará las 9.000, informó Schelotto a la Secretaría de Comunicación Social.

Remarcó que, en estos años, la cantidad de unidades habitacionales en la construcción siempre se ubicó entre 5.500 y 6.300, lo que significó un impulso relevante para la creación de puestos de trabajo en toda la cadena industrial de la construcción y adelantó que el próximo año este flujo de obras permanecerá.

Sobre las exoneraciones fiscales, el director nacional de Vivienda, dijo que, “en su globalidad, inciden entre un 20% y un 25% del total de los proyectos, lo cual es un incentivo importante que se debe derramar hacia la sociedad en su conjunto, tema que está a consideración permanente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”.

En tal sentido dijo que se exonera el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a las transmisiones patrimoniales (ITP) o, en el caso de las viviendas que se arriendan, el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF).

“Lo importante es que esta significativa producción de vivienda nueva esté alineada con el conjunto de la política de vivienda, lo que ha sido uno de los grandes debates de este tiempo, motivo por el cual el Ministerio de Vivienda ha hecho algunas correcciones normativas”, agregó.

Afirmó además que “estamos convencidos de que esas modificaciones contribuyen, justamente, a que una parte de esas viviendas ingrese al stock que ofrece el ministerio a quienes necesitan acceder a una”, afirmó.

Agregó que esta situación se verificará para un número importante de unidades en el correr del año próximo, cuando los nuevos proyectos que están en construcción a partir de los cambios que se introdujeron en el año 2017 empiecen a estar terminados y se pueda ofrecer un porcentaje de esas viviendas para la población objetivo del Ministerio de Vivienda.

El Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019 contempla una variedad de programas para la construcción de vivienda nueva, entre otras modalidades, mediante cooperativas, construcción de viviendas por empresas, autoconstrucción familiar asistida o préstamos para adquisiciones de viviendas, además de acciones sobre el stock, con refacciones y ampliaciones o garantías de alquiler.

Publicado en Noticias

Autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y los intendentes de Tacuarembó y Durazno analizaron acciones respecto de la posible instalación de la empresa UPM en la cuenca del río Negro. La ministra Eneida de León los informó acerca de los avances en saneamiento, desarrollo local, terrenos donde instalar viviendas transitorias o infraestructura de la propia empresa.

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, el subsecretario de la cartera, Jorge Rucks, y los directores de Medio Ambiente, Alejandro Nario, de Aguas, Daniel Greif, y de Ordenamiento Territorial, José Freitas, se trasladaron a la ciudad de Paso de los Toros para reunirse con los intendentes de Tacuarembó, Eber Da Rosa, y de Durazno, Carmelo Vidalín.

El encuentro fue motivado por la futura instalación de la empresa UPM en la zona y en cumplimiento de un decreto del Poder Ejecutivo que dispone la creación de una Comisión de la Cuenca del Río Negro que analice y aborde la situación de ese recurso hídrico.

 

Consulta pública

La titular de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente explicó la situación del tren (Ferrocarril Central) que está por iniciar una fase de consulta pública a través de una puesta de manifiesto y dos audiencias previstas para la primera mitad de diciembre en Montevideo y Florida.

Con respecto a la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM, adelantó que está a estudio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que le ha solicitado análisis adicionales relacionados con la calidad del agua, el tránsito y otros temas. Se prevé que la puesta de manifiesto y las audiencias se realicen entre febrero y marzo.

En referencia al ordenamiento territorial, Freitas anunció que se está cumpliendo con lo previsto en la fase dos del acuerdo con la empresa, que refiere a la distribución de las viviendas temporales y la identificación de los terrenos públicos para la infraestructura. Agregó que, en Paso de los Toros, la empresa OSE comunicó un avance del proyecto de redes de saneamiento y que en 30 días se realizará un informe respecto de los terrenos de viviendas temporales y las áreas de desarrollo urbano.

El saneamiento aún está pendiente en las localidades de Centenario y Carlos Reyles, dependerá de los avances en la coordinación entre el proyecto de redes de OSE y el mapa de riesgo de la Dinagua. La ministra De León indicó que la empresa UPM considera importante que haya desarrollo local en la zona y que aportará en las inversiones que se realicen en saneamiento.

Por su parte, Greif indicó que UTE le comunicó estudios y patrones de cota 60 y que la Dinagua avanza en los estudios sobre inundaciones en predios por cauces internos y por el río Negro. Agregó que se realizan talleres con representantes locales para la elaboración del mapa de riesgo mencionado.

Finalizado este encuentro, las autoridades se trasladaron al Parador Municipal de Paso de los Toros, donde participaron en la 10.mª sesión del Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río Uruguay y luego recibieron a ciudadanos interesados en la situación de la cuenca del río Negro para analizar la situación de la misma.

Publicado en Noticias

El Ministerio de Vivienda (MVOTMA) salió al cruce de los promotores privados de la construcción por los proyectos de vivienda promovida y justificó los topes de precio que impuso al decir que “tampoco es la revolución urbana”.

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) planteó que se ha frenado la presentación de nuevos proyectos para construir viviendas promovidas (reciben una exoneración de impuestos para favorecer la inversión) y que eso ocurre porque los números “son muy finitos” y el tope impuesto el año pasado para la comercialización de una de cada 10 viviendas, “troncha” los emprendimientos. En la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de Diputados, el MVOTMA salió al cruce de esas afirmaciones.

“Solamente en los tres años del actual período de gobierno se promovieron 6.330 viviendas. La meta del plan quinquenal era 6.000. Es decir que ya en el año 2017 superamos la meta prevista en el plan quinquenal y la vamos a superar con creces. Ya en el año 2018 tenemos ingresadas aproximadamente 900 viviendas hasta inicios de julio y nos queda otro semestre y todo el año próximo”, dijo el director Nacional de Vivienda, Salvador Schelotto.

“El sector privado sigue interesado en esto; no es cierto que se haya inviabilizado el negocio, sino que sigue siendo tan rentable como siempre y los operadores privados siempre van a reclamar mejores condiciones, lo cual está dentro de las reglas de juego”, agregó al quitar trascendencia al reclamo de la APPCU.

La ministra de Vivienda, Eneida de León dijo en la comisión que “ha habido mucho ruido” y se dice que “la posible baja en la inversión en las viviendas promovidas se debe a la reglamentación que nosotros hicimos”.

En ese sentido, De León justificó los topes en que “vimos que indudablemente los precios de las viviendas no solo no estaban llegando a los sectores medios y bajos, como decía la ley, sino a los medios. Es decir que todos estos proyectos llegaban a los deciles ocho y nueve (parte del 30% de la población de mayores ingresos)”.

“Lo que nosotros hicimos, sin tocar el negocio total de las viviendas promovidas y poniendo como ejemplo cualquier edificio que se haga, fue quitar el tope del 100% del interior y bajar el de Montevideo del 25% al 10%, porque el negocio total al promotor le quedó igual”, agregó.

 

Viviendas promovidas

En 2014 el Ministerio de Vivienda topeó el precio del 25% de las unidades construidas dentro del régimen, pero a un valor que estaba por encima del costo de construcción y dejaba al promotor vender a quien quiera. En 2017 el nuevo decreto al que refería la ministra, topeó el precio de arrendamientos a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar, si supera los valores fijados por el MVOTMA, la exoneración es del 40% y no del 100%, y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera. Los nuevos topes “están por debajo del costo de construcción y entonces el promotor pierde totalmente”, dijo Julio Villamide, asesor de APPCU, al diario El País.

“El Ministerio, en la reglamentación, toma ese 10% y en vez de venderlo a US$ 100.000 dice: Este es un negocio tuyo, lo vendes a US$ 100.000, US$ 120.000 o US$ 150.000, pero el límite es este y si se alquila, el límite es este. ¿Para qué? Para llegar a algunos deciles más abajo. Tampoco es la revolución urbana”, respondió De León.

“Nos quedamos con ese 10% solo durante seis meses. Si no hay interesados dentro de los deciles que nosotros queremos promocionar, se devuelve al inversor la totalidad. La construcción es una industria que tiene sus ciclos. Los inversores están pensando en terminar y vender algo”, añadió la ministra.

Según De León “venimos en una baja y se ve que estamos en un momento donde se perdieron puestos de trabajo en la construcción, que se perdió inversión y la solución, en estos casos, es la inversión pública porque los privados no lo van a hacer por más exoneraciones que haya”.

Del lado de los promotores privados la visión es otra. En la reunión que los directivos de APPCU mantuvieron con Mujica y Topolansky se comprometieron a invertir si se dejan sin efecto los decretos que topean el precio de las viviendas. De hecho, se ofrecen a impulsar proyectos para la construcción de más de 100.000 metros cuadrados, que implican la generación de unos 4.000 empleos directos en el sector. “Los números son bien finitos aunque al MVOTMA y a la Agencia Nacional de Vivienda les cueste advertirlo”, indicó en una carta el secretario ejecutivo de la APPCU, Aníbal Durán.

Según la ministra, la construcción de viviendas “bajó, pero no tanto porque sigue siendo un buen negocio mantener funcionando las empresas constructoras. Estamos alcanzando a los de menor poder adquisitivo, especialmente a aquellos que pueden pagar una cuota, y nosotros ayudamos”.

 

La mano de obra en sector

Según la Cámara de la Construcción (CCU), la cantidad de trabajadores directos de obra en esta industria ascendió a 43.755 en mayo, 400 trabajadores por encima del mes anterior pero casi 2.200 trabajadores por debajo de mayo de 2017. El director de Vivienda, Salvador Schelotto cuestionó que “se habla de una pérdida de 40.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción, medida en relación al pico histórico más alto de ocupación de la industria de la construcción en el país, que se dio en los años 2013 y 2014. Es irreal pensar que a través de la promoción de construcción de vivienda en estas condiciones, con beneficios fiscales, se pueda compensar esa pérdidas; se va a compensar con el conjunto y el despliegue de la inversión pública y privada, tanto en vivienda como en proyectos de infraestructura”.

Publicado en Noticias

De León explicó que las 48.770 soluciones previstas en el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019 son las que involucran en forma directa al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente e incluyen al Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Plan Juntos, que en este período quedaron bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) de esa cartera.

De las 48.770 soluciones habitacionales, 23.500 son nuevas, entre obras de cooperativas, construcción de viviendas, viviendas del Banco de Previsión Social (BPS), autoconstrucción asistida, viviendas en pequeñas localidades, préstamos y subsidios para adquisición de vivienda y relocalizaciones, según explicó la ministra de Vivienda Eneida de León. “Hemos trabajado en forma intensa en todo Uruguay y en este momento tenemos en proceso de realización más de 40.000 soluciones habitacionales, sobre una meta que establece el Plan Quinquenal de más de 47.000”, explicó la jerarca acerca de las nuevas soluciones habitacionales, las acciones sobre el stock, los contratos de garantía de alquiler y el Programa de Mejoramiento de Barrios.

De León explicó que las 48.770 soluciones previstas en el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019 son las que involucran en forma directa al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente e incluyen al Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Plan Juntos, que en este período quedaron bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) de esa cartera.

Las 48.770 soluciones previstas también comprenden las acciones sobre el stock, que son 15.700, entre préstamos y subsidios para refacción, mejora y ampliación, mejora habitacional de hogares de extrema vulnerabilidad a través del Plan Juntos, viviendas del BPS, y en pequeñas localidades, además de 6.000 contratos de garantía de alquiler y 3.570 soluciones habitacionales realizadas a través del Programa de Mejoramiento de Barrios.

“En el marco del Plan Quinquenal de Vivienda estamos comprometidos con lo que es un objetivo central del Ministerio, el acceso y permanencia a una vivienda digna y para ello avanzamos en diferentes aspectos tales como la construcción de vivienda nueva, la política de alquileres y la política de subsidios que asegure la posibilidad de que cada familia permanezca en su vivienda sin ser afectada por su situación económica. Para ello nuestro gobierno ha elevado un proyecto de ley al parlamento que ya tiene media sanción”, expresó de León.

Y agregó que se está abordando en profundidad el tema del acceso al suelo urbano para fines habitacionales, en tanto se trata de un elemento clave para el desarrollo de las políticas públicas con el objetivo de facilitar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno. “Esta iniciativa favorecerá a aquellas familias y grupos que están trabajando para construir sus viviendas, en primer lugar al cooperativismo de vivienda, que es uno de los orgullos de nuestro país”, sostuvo la jerarca.

 

ANV y BHU

Asimismo, está previsto totalizar 39.000 soluciones habitacionales más, mediante créditos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y acciones de la Agencia Nacional de Vivienda, a través de refacción y comercialización de viviendas libres, refacción y comercialización de esqueletos de edificios, préstamos para refacción, reestructura de deudas y regularización, escrituras de cancelación y viviendas en proyectos promovidos a través de la ley 18795.

De León precisó que se trabaja a buen ritmo y que este es el último impulso antes de llegar a la próxima rendición de cuentas. Precisó que el Sistema Público de Vivienda espera llegar en 2019 a lo pautado en el presupuesto, en el marco del Plan Quinquenal de Vivienda, que establece la implementación de un total de 88.000 soluciones habitacionales.

El Sistema Público de Vivienda está encabezado por el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección Nacional de Vivienda, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos y organismos como la Agencia Nacional de Vivienda, la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) y el Banco Hipotecario del Uruguay.

 

Entrega de apartamentos

En otro orden, Ministerio de Vivienda, junto al Banco de Previsión Social entregaron 28 apartamentos en la ciudad de Minas. “El trabajo conjunto del Ministerio de Vivienda, el Banco de Previsión Social y la ONAJPU permitió brindar soluciones habitacionales a 10.000 personas en el país con la construcción de viviendas, subsidios de alquiler y soluciones cupo-cama”, dijo la directora del BPS, Rosario Oiz. Ambos organismos entregaron 28 apartamentos a jubilados y pensionistas que viven en Minas, departamento de Lavalleja.

Oiz destacó que la entrega de llaves de los 28 apartamentos de un dormitorio, cuatro para personas con discapacidad, que integran el edificio Arequita, ubicado en la calle Olegaria Núñez esquina Juan Marmolejo, en Minas, son parte de las 140 soluciones habitacionales en ocho complejos que el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente han desarrollado en el departamento de Lavalleja.

La edificación cuenta con ascensor, portero eléctrico, salón de usos múltiples y áreas verdes. Las residencias fueron construidas por el Ministerio de Vivienda y se entregan en comodato a jubilados y pensionistas del BPS con residencia permanente en el país cuyos ingresos no superen las 12 unidades reajustables (UR), unos 12.252 pesos. Los aspirantes a acceder a una vivienda deben inscribirse al Programa de Soluciones Habitacionales del BPS, en las oficinas que el organismo tiene en todo el país.

Oiz señaló además que “todas las viviendas del Banco de Previsión Social están habitadas y en condiciones de ser habitadas” al referirse a los cuidados de calidad de construcción y de reacondicionamiento constante de las viviendas existentes en distintas partes del territorio nacional.

Por su parte, el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, dijo que la entrega de las 28 llaves de los nuevos apartamentos que serán estrenados por jubilados y pensionistas, lo que constituye un derecho que se hace efectivo tras el trabajo del Estado con las empresas constructoras en la edificación de soluciones habitacionales dignas en el marco de una política de construcción de ciudadanía.

Publicado en Noticias
Página 1 de 4
Top