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La Administración Nacional de Puertos (ANP) confirmó que la oferta presentada por la empresa finlandesa se ajusta al llamado internacional que realizó y, a la vez, la compañía sigue camino a la construcción de su planta en el departamento de Durazno, sobre lo que deberá adoptar una decisión antes del 15 de febrero de 2020. En el caso de una marcha atrás, la ANP se quedará con los US$ 4 millones de garantía que UPM había depositado en el Banco Santander, según informó el diario El País.

El 9 de enero pasado, en el segundo piso de la ANP, se abrieron los sobres para la concesión de un espacio de “acopio” y “explotación” de celulosa en el puerto de Montevideo. O, mejor dicho, se abrió el único sobre correspondiente al único interesado que se presentó: Tebesur S.A. (subsidiaria de la finlandesa UPM).

En los días previos ya se sabía que la compañía nórdica había comprado el pliego, el paso previo para su presentación, pero en todo acto de apertura de sobres siempre cabe la incertidumbre. De hecho el presidente de la ANP, Alberto Díaz, había sido testigo de “dos licitaciones fallidas” cuando todo parecía encaminado. De ahí que la confirmación de ayer, que incluye la rúbrica del jerarca, haya sido tildada por él como “un hito” y “el avance hacia otras decisiones de la empresa”.

La concesión de la terminal portuaria preveía, como mínimo, la capacidad de manejo de 1,8 millones de toneladas de celulosa por año. Pero por decisión de los directores oficialistas de la ANP —el vicepresidente Juan Domínguez y el propio Díaz—, en los primeros años el concesionario abonaría la tarifa por el volumen real de lo movilizado que puede ser inferior a ese 1,8 millones de toneladas.

La segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay, es decir la tercera de este rubro que habrá en el país, implicará una inversión inicial de unos US$ 2.300 millones. Estará ubicada muy cerca del poblado Centenario, en Durazno, sobre el Río Negro. Desde allí, mediante trenes, el producto sería trasladado hasta la terminal portuaria en Montevideo. La planta será más grande que la que funciona en Fray Bentos y tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales.

Según el acuerdo de inversión firmado por el gobierno y UPM en noviembre de 2017, la potencial planta incrementaría en 12% las exportaciones del país y generaría 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Las obras en la terminal portuaria demandarán 4 años.

 

Operativa en 2022 

UPM quiere que su nueva planta se inaugure en 2022. La planta generaría exportaciones adicionales por US$ 1.100 millones anuales, US$ 120 millones en impuestos y US$ 200 millones más en salarios, de acuerdo a los cálculos que ha presentado la empresa.

El gobierno se apresta a confirmar la adjudicación de las obras de construcción de vías férreas necesarias para UPM entre Paso de los Toros y Montevideo a un consorcio en el que están las empresas Saceem y Berkes. Las obras deberían comenzar en este mes y durarán 36 meses. Un grupo de vecinos afectados por las obras evalúa presentar una acción de amparo contra los trabajos.

 

El aspecto laboral

Un aspecto clave para terminar de dar viabilidad a la que sería la mayor inversión privada en la historia del país es el marco laboral que se le aplicará. UPM ha sido clara en que no quiere ocupaciones ni piquetes. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, dijo a El País que la negociación la está llevando a cabo el SUNCA en base a la cláusula de prevención de conflictos que ha firmado con la Cámara de la Construcción. En setiembre de 2017 se firmó un acuerdo marco entre el gobierno, el PIT-CNT, las cámaras empresariales involucradas y UPM que se extenderá desde la comunicación formal de la decisión de la inversión discrecional de UPM hasta la culminación de las obras civiles y de montaje electromecánico de la nueva planta industrial.

Las partes se comprometieron solamente a “poner la mayor voluntad y los mejores esfuerzos para resolver las situaciones conflictivas que se generen, observando las normas y disposiciones legales, reglamentarias y convencionales aplicables”. No adoptarán, por lo tanto, medidas que afecten la regularidad del trabajo o el desarrollo de la obra, antes de haber finalizado las instancias de conciliación previstas. En marzo del año pasado, el vicepresidente del proyecto Javier Solari dijo, de todas maneras, que “nosotros entendemos que tiene que haber reglas más claras en cuanto a un escalamiento o manejo del conflicto”. “El manejo del conflicto tiene que ser más previsible. Conflictos siempre va a haber”, sostuvo el ejecutivo.

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La Intendencia de Canelones ha recibido interesados en invertir en desarrollos inmobiliarios en Ciudad de la Costa luego de anunciar cambios en el plan maestro de la zona, llamado Costa Plan.

A mediados de 2019 se terminará de revisar el nuevo ordenamiento territorial del lugar y será elevado a la Junta Departamental para su consideración, según informó el director general de Secretaría de Planificación de la Intendencia de Canelones, Sergio Ashfield.

El Costa Plan se encuentra en la etapa final de revisión y hasta el momento hubo “buena respuesta” de los posibles inversionistas, con los que se está llegando a “buenos acuerdos”, informó.

La transformación de Ciudad de la Costa será una realidad, especialmente luego de la detección de un gran número de habitantes de Montevideo que deciden invertir en la compra o el alquiler de un inmueble para residir de manera permanente.

El crecimiento del lugar se observa con la edificación cada vez mayor de comercios, residencias y espacios públicos. Algunos lugares convocan más que otros, pero las proximidades del aeropuerto internacional de Carrasco son las más codiciadas. Allí se ha visto un crecimiento en los últimos años de propuestas inmobiliarias y emprendimientos comerciales de distinto tipo.

Las zonas de desarrollo urbano tendrán normativas específicas sobre lo que se podrá construir. Estas zonas definidas para el desarrollo inmobiliario con edificios de hasta 60 metros son los alrededores del Lago Botavara, Shangrilá, Pinar Norte las cercanías del Arroyo Pando, San José de Carrasco, Montes de Solymar y algunas zonas de Lagomar Norte. Allí es donde se podrá apreciar edificios en altura y, además, algunas construcciones de menor porte, pero siempre con el distintivo del verde y de los espacios abiertos.

Las torres con alturas de hasta 13.5 metros serán permitidas en otras zonas de Ciudad de la Costa, como en Avenida Giannatasio desde Alvear hasta Márquez Castro, la Rambla desde Racine hasta Márquez Castro, Racine desde Avenida de las Américas hasta la Rambla, Calcagno desde Ruta 101 hasta la Rambla, Alvear desde el Centro Cívico hasta la Rambla y Avenida de las Américas acera norte.

Se apuesta a que en la zona del Arroyo Pando haya una propuesta mixta en la que se edifiquen edificios y también un barrio jardín.

La Intendencia de Canelones tiene previsto utilizar espacios sin edificar en todas esas zonas. En algunos predios se hallan grandes extensiones de tierra sin uso alguno, pero en otros casos se trata de locaciones de menor porte donde se podría albergar una o dos torres.

En todos los casos, hay interesados en poder generar desarrollos inmobiliarios, informó el jerarca de la Intendencia de Canelones. El objetivo, además, es que los inversionistas prevean la conexión de los emprendimientos con los servicios públicos, como el saneamiento, ya que Ciudad de la Costa se halla en pleno trabajo de conexión a la red.

Las principales inquietudes provienen del impacto de estas obras en el mapa verde de Ciudad de la Costa y, además, en la necesidad de generar nuevas obras viales que canalicen el tránsito que suele haber entre Canelones y Montevideo en las horas pico. Por lo pronto, en la Intendencia de Canelones existe un optimismo en la posibilidad de avanzar durante este año en varias obras al amparo de la inversión privada.

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Durante el último almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), el ministro Víctor Rossi afirmó que su cartera superó los 1.500 millones de dólares de inversión entre 2015 y este año, a lo que se le deberá sumar el proyecto financiado por la Administración Nacional de Puertos, que consiste en un viaducto para ordenar el  tránsito por la rambla portuaria y el acceso de carga al puerto de Montevideo.

Para el año entrante se espera ejecutar 650 millones de dólares más, entre varios proyectos. También detalló que se reconstruyeron 2.950 kilómetros de rutas y 3.600 metros de puentes. “Estamos muy lejos de tener el sistema de rutas colapsado”, precisó el ministro.

El sistema nacional de Infraestructura fue el centro de la presentación que el ministro Víctor Rossi expuso en el almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Detalló que a los 1.500 millones de dólares invertidos en vialidad hasta el momento se deberá sumar el proyecto financiado por la Administración Nacional de Puertos que consiste en un viaducto para ordenar el  tránsito por la rambla portuaria y el acceso de carga al puerto de Montevideo.

Agregó que hay recursos previstos para, en 2019, asegurar el ritmo de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad, que supera los 500 millones de dólares anuales. También confirmó la financiación de inversiones acordadas por 152 millones de dólares en el centro del país, y que está previsto comenzar la labor en las rutas mediante participación público-privado (PPP).

 

Doble vías

En su oratoria destacó la mejora de la seguridad vial en líneas generales. Indicó que se desarrolla la ampliación de tramos de dobles vías; que hay terceras vías en proceso en las rutas 3, 9 y 5;  que se ajustan y reconstruyen rotondas para asegurar que los vehículos transiten alrededor de ellas; y que fueron instaladas 9.000 luminarias nuevas (el 25% del total de las habilitadas en el período). También destacó la mejora de la señalización vial.

Además, enumeró que en total fueron rehabilitados o construidos  más de 2.950 kilómetros de rutas; 3.600 metros de puentes. También indicó que hay 881 metros de puentes proyectados; 21 puentes nuevos o reforzados;16 están en obra y 18 planificados para iniciar.

El ministro explicó que la multiplicación del transporte de carga experimentado desde el año 2000 a la fecha, afectó de modo importante las rutas y reafirmó la necesidad de reacondicionarlas, en algunos casos desde cero. Por tal motivo, sostuvo, en 2015, el presidente Tabaré Vázquez anunció un esfuerzo de inversión extraordinario para el quinquenio de más de 12.000 millones de dólares en infraestructura. En lo que respecta a la caminería y rutas nacionales, 2.360 millones de dólares.

Recordó que los trabajos comenzaron por las rutas en estado más crítico, como la 55 o la 25, pero agregó que los eventos climáticos de 2016 incidieron negativamente y paralizaron varios trabajos de la construcción: se barrieron tramos de las rutas 21 y 22, y se desestabilizaron puentes que debieron ser sustituidos, como el de la Coronilla o el “puente blanco” de ruta 1.

Según recordó Rossi, esta situación implicó un punto de partida distinto al previsto para concretar el programa de inversión resuelto inicialmente, sumado a que los proyectos de participación público-privada no resultaron según lo esperado, por varias razones. Al respecto, aseguró que se sigue pensando que son un instrumento necesario, pero que debe ser perfeccionado ya que bajo esta modalidad, está prevista la construcción de 1210 km de rutas nacionales.

No obstante estos obstáculos, el jerarca explicó que el ministerio encontró una alternativa de trabajo mediante la interacción entre la Corporación Vial, la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Dirección de Vialidad que permitió la concreción de 144 contratos de obra en este período, 20 licitaciones están en curso y la Corporación Vial del Uruguay transfirió  más de 1.000 millones de dólares al MTOP.

“Esto nos permitió desarrollar el plan comprometido, que avanza gradualmente en todas las rutas nacionales, eliminamos puntos críticos, extendemos el mantenimiento de forma programada, sustituimos las bases de muchas rutas, fortalecimos y mejoramos rutas primarias internacionales que tienen un porcentaje bueno y muy bueno de confort y conservación”, concluyó.

 

Puerto de Buquebus

En otro orden, el secretario de Estado dijo que “el proyecto era bueno e importante para Montevideo”, sin embargo, señaló que “no es el único lugar”, para instalar eventualmente la propuesta portuaria de la empresa Buquebus.

“La observación me pareció entender, era sobre si correspondía o no la enajenación de algunos padrones que no eran costeros porque, independientemente de la ubicación que tuviera hoy, en el futuro iba a ser sustituido por un relleno que iba a constituir la nueva costa, además de las obras del muelle y las escolleras de protección”, explicó el secretario de Estado al ser consultado por alguien que estaba presenciando la disertación. Para Rossi, se trataba de “un proyecto importante para Montevideo. Más allá de esos desencuentros, si se encuentra la forma de superar la resistencia de elegir y construir una nueva cosa para Montevideo, por supuesto que todos vamos a estar”, apuntó.

El propietario de Buquebus, Juan Carlos López Mena estuvo presente en el almuerzo. Al final de la presentación, mientras el ministro saludaba a uno de los asistentes, el empresario argentino subió al estrado y tras esperarlo varios segundos, accedió a una breve charla con el secretario de Estado. López Mena fue consultado por El País sobre si existen nuevas intenciones empresariales de concretar el proyecto en otro sitio, evitó realizar comentarios al respecto. Rossi señaló que el predio del dique Mauá “no es el único lugar, pero es un lugar importante y a mi entender, era un lugar apto. Puede haber otros lugares, los estamos mirando”, apuntó.

El gobierno aprobó en 2016 el proyecto portuario que incluye un moderno hotel, una construcción vidriada con forma de pirámide y numerosos estacionamientos. También incorpora el proyecto del “Museo del Tiempo”, que no se ha podido concretar hasta el momento por falta de recursos. La nueva terminal marítima supondría el abandono por parte de la empresa de la vieja terminal portuaria, regenteada por la Administración Nacional de Puertos (ANP).

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El titular de la Liga de la Construcción del Uruguay, que reúne a unas trescientas empresas del todo el país, Ubaldo Camejo, analizó la situación del sector durante el 2018 y las expectativas para el 2019, teniendo en cuenta las elecciones nacionales y la coyuntura política y social de la región, especialmente en Argentina y Brasil.

Camejo afirmó que este año ha sido “muy difícil” para las pequeñas y medianas empresas, debido a la baja inversión en obra pública, la presión tributaria, los costos de masa salarial y materia prima. En este contexto, abogó por una revisión de todos los componentes que hacen al costo final de las viviendas promovidas y a la búsqueda de soluciones para permitir el acceso a quienes no tienen la capacidad de ahorro suficiente para adquirirlas.

 

¿Qué balance hace la Liga de la Construcción de este año?

La Liga, conjuntamente con el resto de las gremiales de la construcción, hemos transitado durante este año de una forma normal, dentro de lo que teníamos previsto. Sabíamos que no iba a ser un año espectacular, sabíamos de las carencias que está padeciendo  el gobierno y que las obras de promoción pública iban a ser mínimas por razones que ya son de público conocimiento. Evidentemente que si queremos ajustar el déficit fiscal que el país tiene, no hay más alternativa que apretar la canilla.  Por otro lado, hemos logrado un convenio en los Consejos de Salarios sin que haya dolores de cabeza para ninguna de las partes, quiero decir que se llegó a un acuerdo sin enfrentamientos, ni paros, más allá de que es un convenio totalmente atípico a veintiún meses, pero hubo acuerdo entre las partes. Y así lo transitaremos hasta el 2020. En cuanto al balance de este año, le diría que  tratamos de sobrevivir a la mínima expresión, porque todas las empresas tuvimos que desprendernos de operarios, ya sea enviando trabajadores al seguro de paro o despidiéndolos. Las empresas del sector se enfrentan, hoy, a un problema bastante serio, porque los costos de producción no dan como para cerrar los números. Me atrevo a decir que la gran mayoría de las empresas subcontratistas están teniendo problemas bastantes serios en el aspecto económico, ya sea por las cobranzas tardías o la escasez de trabajo. A eso hay que agregarle la voracidad del Estado a la hora de recaudar que no nos da respiro. Ha sido un año muy difícil para las pequeñas y medianas empresas que integran la Liga.

 

¿Cuáles son las expectativas para el próximo año?

Este es un año extraño. En otras épocas, en los dos últimos años de  gobierno, era cuando las empresas teníamos más trabajo. De alguna manera, sin importar el partido político, los gobiernos querían dejar una buena impresión al final de su mandato. Hoy sucede lo contrario, porque el gobierno tiene que tapar en parte el déficit fiscal que tiene. Desde nuestra óptica, el 2019 no va a tener mayores diferencias con este año. Creo que si no es peor, será igual. 

 

¿La construcción de una segunda planta de UPM podría reactivar la industria?

El gobierno está jugado a eso, pero en este momento hay silencio sobre el tema. Más allá de que se sigan las gestiones entre la empresa y el gobierno, tengo que suponer que es así, poco se sabe en este momento. Recién lo sabremos el año que viene. Lo que sí es fundamental para la implementación de esta segunda planta, y todos los sabemos, es el ferrocarril. Si el Estado uruguayo no empieza la línea férrea de Paso de los Toros a Montevideo  en los próximos primeros tres meses del año que viene va a ser muy difícil que se concrete la construcción de la planta.    

 

¿Las Viviendas Promovidas, antes llamadas  Viviendas de Interés Social, han repercutido favorablemente en el sector?

Muy poco, es un punto donde creo que el gobierno tiene que ahondar más.  El tema de los topes fue negativo y, más allá de eso, debe ahondar en la posibilidad  de acceso a la vivienda de una gran parte de la población que hoy está imposibilitada por el costo de las mismas. Hay gente que lamentablemente no puede pagar una cuota  porque los salarios no son suficientes.

 

Y, a su juicio, ¿cuáles serían las medidas que habría que adoptar para reactivar la industria o, al menos, bajar los costos de producción?

Creo que necesitamos una fuerte inversión pública en distintos rubros de la construcción, ya sea en infraestructura u obra civil, además de una inversión privada que sea relevante. Para esto último, el Estado debe  incentivar a las empresas y a los capitales de inversión privada. En las condiciones actuales va a ser muy difícil. Otra medida que ayudaría sería una baja de la presión fiscal o una disminución de los aportes sociales al BPS como forma de incentivar la inversión. Hay que buscar fórmulas para atraer al inversor.  La presión fiscal y el costo de la masa salarial son dos componentes importantísimos dentro del costo final del producto. Por eso, acá habría que hacer una revisión total de varios componentes. Por un lado, los costos de la vivienda; después el acceso a la misma y la presión fiscal. 

 

¿Cuánto influye la situación en la región, sobre todo lo que está ocurriendo en Argentina y Brasil?

Somos dependientes de Argentina, así como lo somos de Brasil. En Argentina hay una situación delicada y en Brasil aún no sabemos qué puede ocurrir hasta que asuma el nuevo presidente el 1º enero. El ministro de Economía dice que ya no dependemos tanto de estos países y en parte tiene razón. Es cierto que Uruguay se abrió más al mundo y ya no sólo le vendemos a Argentina y Brasil. No obstante, creo que sigue existiendo un grado de dependencia, por lo que habría que profundizar los vínculos comerciales con otros países, por fuera de nuestros vecinos. Claro que para eso hay que ser un país competitivo y Uruguay no lo es. Tenemos una mano de obra cara, no solamente para el producto interno sino para el producto de exportación. Eso es otro de los temas que hay que solucionar.

 

Hablando de inversión y ante una nueva temporada estival, ¿cómo está Punta del Este en ese sentido? 

Hay proyectos en Punta del Este que, si bien no se han parado, se han enlentecido. Y esto es lógico. Si Argentina está en un proceso de retroceso económico, evidentemente repercute también en los capitales.

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El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y titular de Zulamian Desarrollos Inmobiliarios dialogó con Del Constructor sobre la actual situación de la industria y del sector inmobiliario y cuáles son las perspectivas para el 2019. Durante la charla, Zulamian analizó varios elementos como la posibilidad de una segunda planta de UPM, las viviendas promovidas y los proyectos de Participación Público Privada (PPP). 

Zulamian también se refirió al rol de los desarrolladores inmobiliarios, a los inversores y al Estado, el que debería “ser un facilitador de estas inversiones, fundamentalmente a través de dos cosas esenciales: algunas exenciones tributarias para bajar costos y, simultáneamente, facilidades en cuanto a trámites, gestiones y tolerancias en cuanto a edificaciones, afirmó.

 

¿Cómo presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) cuál es su balance del 2018 para el sector?

Le cuento que 2018 ha sido un año difícil. Por suerte se controlaron algunas variables como el tipo de cambio, ya que los inmuebles se venden en dólares y si éste se hubiera disparado, la venta podría haberse paralizado. Pero ello no ocurrió, además, y en parte porque los desarrolladores somos conscientes de las limitaciones costo-beneficio. De todos modos es importante que el público comprador entienda que, dada la estructura de costos de mano de obra y materiales, y dado lo estrecho del margen de beneficio, los precios no tenderán a la baja sino que tenderán a subir moderadamente. Y que, siempre, la compra en el Pozo o durante la construcción será a menor precio que con el producto finalizado. También, es bueno comentar que el sistema a nivel bancario, además de dólares, maneja Unidades Indexadas que son pesos reajustados por dicha indexación, con plazos de pago a 15 y 20 años.

 

¿Considera que la retracción en materia de inversiones en Viviendas Promovidas (antes denominadas de Interés Social) ha contribuido al enlentecimiento de inversión privada?

Eso es una parte del asunto. Pero si, ha contribuido al enlentecimiento de la inversión privada.

 

Atraer inversores

¿Qué debería hacer el gobierno, o el Estado, para atraer inversores en este sentido?

El Estado debe atraer desarrolladores y que los desarrolladores atraigan inversores. Nosotros siempre estaremos, en las buenas y en las malas. Porque los desarrolladores somos profesionales permanentes del sector y los inversores son puntuales.

Cuando un desarrollador toma la decisión de un nuevo proyecto,  trae cosas muy positivas para la sociedad: muchos nuevos puestos de trabajo, y consumidores en todo sentido luego de terminado el edificio y otros puestos de trabajo relacionados con el mantenimiento, limpieza, vigilancia, entre otros. Nuevos bienes que contribuyen al desarrollo de las ciudades y al bienestar de la sociedad.

El Estado debe ser un facilitador de estas inversiones, fundamentalmente a través de dos cosas esenciales: algunas exenciones tributarias para bajar costos y simultáneamente facilidades en cuanto a trámites y gestiones y tolerancias en cuanto a edificaciones como, por ejemplo, más volumen constructivo, o más facilidades arquitectónicas, en un terreno. Lo primero es a nivel nacional y lo segundo a nivel departamental.    

 

Desde APPCU, ¿qué planteos se han hecho al gobierno, en busca de soluciones, para revertir la situación?

Siempre, para mejorar la situación, la gestión de APPCU es permanente en este sentido. Desde hace años se plantea por ejemplo la eliminación del Impuesto a las trasmisiones patrimoniales. Dado que, además, se paga Impuesto a la Renta. También quitar el porcentaje de 4% que va a Caja de Profesionales Universitarios que se agrega a las tasas de BPS que pagamos y ya son en sí bastante elevadas realmente.

Y si bien son muy buenas opciones las normas sobre Vivienda Promovida y sobre Grandes Emprendimientos, sugerimos eliminar algunas limitaciones que frenan en muchos casos a los desarrolladores. En Vivienda Promovida es el limite de precio al 10%  de las unidades, y el momento de la resolución de esas ventas que llevaría casi un año posterior a ocupación, cuando podría resolverse al principio, que es cuando el desarrollador vende más barato, en el pozo. En grandes emprendimientos que es una solución excelente, podría, por ejemplo, admitirse que la misma sociedad propietaria construyera simultáneamente en dos terrenos para llegar a los montos de obra exigidos. Y generar, así, nuevos puestos de trabajo en igual cantidad pero distribuidos en dos obras.

Otro aspecto muy importante tiene que ver con los créditos para no residentes. Todos los países que manejan turistas en cantidad similar a su población, es por suerte el caso de Uruguay. España e Italia, por citar algunos ejemplos, realizan promoción a los créditos bancarios para compra de inmuebles por esos turistas para que se afinquen por lo menos un tiempo más, para que paguen impuestos y consuman en el país. Es gente de buenos recursos pero hoy casi todos precisamos de créditos para la compra de inmuebles. Esto no le saldría nada al Estado. Solo una promoción y una norma administrativa simple que permita calificar al tomador del crédito por sus ingresos, su trabajo, profesión y empresa, y no por la calificación que tenga su país. Por lo demás siempre se otorgará una hipoteca sobre el bien, que garantiza el pago. Y darle plazos más cortos, por ejemplo, 10 años para el repago y por montos más reducidos por ejemplo el 50% del valor.  

 

El gobierno ha apostado fuerte a una nueva planta de UPM, ¿cree usted que sólo con esto alcanza para dinamizar la industria?

No alcanza, pero de concretarse será un impacto importante en la industria...

 

Se lo pregunto porque ha descendido notoriamente el número de trabajadores cotizantes en la construcción.

En realidad el descenso fue muy importante desde 2015 a 2017. En el segundo semestre de este ultimo año y 2018 se ha detenido la caída de puestos. Pero claro, no se han recuperado todavía los perdidos. Esto puede llevar un tiempo.

 

¿Qué piensa de las PPP? ¿Se ha logrado algún resultado o el sistema de estos proyectos es lento, según palabras del propio ministro Rossi?

Es una herramienta, ojalá que lleguen a concretarse, esto en cualquier situación y época es bueno para el país.

 

El sector inmobiliario

 

Como director de Zulamian Desarrollos Inmobiliarios, ¿en qué momento se encuentra el sector? ¿Y cómo ha sido este año?

Bueno, nosotros estamos desarrollando en Punta del Este, lo que ha dado en llamarse grandes emprendimientos. Torres Placer Lafayette en Roosevelt, y Pedragosa Sierra y Paramount Tower en Rambla Mansa Parada 8.  Es un sistema por el cual dado el volumen de la obra, se generan muchos puestos de trabajo, y el Estado otorga algunos beneficios en la renta y el patrimonio. Esto ha sido impulsor aquí en Maldonado, de un paliativo en la recuperación de puestos de trabajo, y conjuntamente con ello la Intendencia dio exoneración de tasas y permisos, y promovió en consonancia con la Junta Departamental quien autoriza en definitiva como norma del Departamento, proyectos con más volumen constructivo, pero con una limitación lógica cuidando el paisaje y estilo del Departamento.

Esto está dinamizando paulatinamente el sector de construcción, fundamentalmente a través de obras de alta categoría constructiva, con muchos amenities y espacios verdes, entre otras propuestas.  

 

¿Hay perspectivas de reactivación a mediano plazo? 

Siempre debemos ser optimistas e ingeniosos. Los mercados pequeños requieren mucha perseverancia y trabajo constante, mucha más que los grandes mercados, además de tratar de estar creando, innovando, para hacer que el sector camine.

 

Astori ha dicho que Uruguay está desacoplado de los países vecinos, por lo que no habría que temer consecuencias negativas en nuestra economía. Sin embargo, tanto Argentina como Brasil, no están pasando por un buen momento político económico.

¿Cómo y en cuánto podría afectar a la inversión en la construcción en nuestro país? 

Yo tengo la idea, quizás me equivoque, pero pienso que toda vez que Argentina o Brasil tienen temas que los inquietan, sus ciudadanos vienen como turistas a Uruguay a alquilar, a comprar. Se sienten seguros, con confianza en nosotros. Claro que vienen en pequeñas cantidades en relación al tamaño tan grande de nuestros vecinos, pero esas cantidades para nosotros que tenemos un gran corazón pero somos 3.5 millones, nos vienen en general muy bien. Por eso es fundamental cuidarlos, generarle situaciones que faciliten su estadía, sus compras, porque hacen al destino del país en forma importante.

 

¿Cómo cree que será el 2019 teniendo en cuenta que es año electoral?

Mire, año fácil no va a ser. Yo hasta ahora no he conocido ninguno sea o no año electoral, y tengo 62 años. Vamos a tener que lucharlo, ya sea para terminar obras ya sea para continuar otras, porque después viene el 2020 y nosotros tenemos que seguir el rumbo de ir concretando cosas, no podemos detenernos.

 

Por último, APPCU viene elaborando algún documento para ser entregado a todos los candidatos presidenciables? 

En APPCU siempre estamos hablando y trabajando en los temas de nuestro sector.  Con respecto a los candidatos presidenciables eso será para el año próximo.

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