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A pesar de haber más de una quincena de proyectos inmobiliarios presentados en Maldonado, especialmente en Punta del Este, la construcción sigue sin repuntar en el departamento y asiste al menor nivel de trabajadores registrado desde hace al menos 12 años. El comienzo de 2018 ya marcó que la recuperación de la actividad no se observará en el corto y mediano plazo y, aunque hay algunas señales positivas, nada hace pensar que se repetirá el boom constructor del pasado en el principal balneario del país e icono de ese sector de actividad.

Según datos procesados por el consultor inmobiliario Julio Villamide en base a información del Banco de Previsión Social (BPS) a los que accedió el diario El Observador, en el comienzo de este año había 2.541 obreros de la construcción registrados en la seguridad social correspondientes a obras con domicilio fiscal en Maldonado. Es el menor nivel desde al menos noviembre de 2005, mientras que la mayor cantidad de personal se verificó entre setiembre y octubre de 2011 con casi 10 mil obreros formalizados ante el BPS.

 

Causas

La actividad de la construcción en el departamento comenzó a debilitarse en 2012 luego del boom que había comenzado a partir de 2005. Uno de los motivos principales fue la retracción de inversionistas argentinos en el mercado inmobiliario de Punta del Este a raíz del cepo cambiario aplicado por el gobierno de Cristina Fernández que impedía la salida de capitales del país.

Otro elemento que incidió fue la firma del acuerdo de intercambio de información tributaria entre Uruguay y Argentina. La primera acción fue eliminada por Mauricio Macri cuando asumió el gobierno en diciembre de 2015, aunque la otra continúa vigente. “Básicamente el mercado inmobiliaria en Punta del Este entró en recesión en los últimos años del anterior gobierno argentino”, afirmó Villamide.

Añadió que a pesar de que algunas condiciones han cambiado (como la eliminación del cepo) todavía persiste una alta oferta del anterior ciclo positivo de la construcción. Y si bien se presentaron unos 17 proyectos nuevos el año pasado todavía están en una primera fase, lejos de su culminación.

“Las construcciones en sí no comenzaron, lo que se hizo fue el movimiento de tierra y el vallado perimetral de las obras para cumplir con el plazo de inicio y no perder los beneficios fiscales”, explicó. Y claramente esos trabajos realizados no mueven la aguja de la mano de obra. “Eso que se hizo se arregla con dos obreros”, sostuvo el especialista inmobiliario.

Uno de los pocos emprendimientos que está avanzando es el complejo Fendi Chateau (del desarrollista argentino Sergio Grosskopf), en la Parada 17 de la Playa Mansa. “Pero no todos de aquellos 17 proyectos están en las mismas condiciones”, aseguró Villamide. Por tanto, sostuvo que la construcción en Punta del Este continúa atravesando una situación complicada y sin expectativas de cambios sustanciales en el corto y mediano plazo.

 

A favor

El especialista inmobiliario explicó que hay un elemento a favor respecto a Argentina. Recordó que en la última década los precios de las obras nuevas en Puerto Madero y Punta del Este evolucionaron en forma bastante paralela. Y aunque siempre los precios de esa zona premium de Buenos Aires ascendieron por encima en el entorno de 20% ahora la brecha supera el 70%. Pero también se incrementaron los valores en otros barrios bonaerenses de clase media. Villamide ejemplificó que en la zona de Caballito hay construcciones con un precio de US$ 4.000 por metro2.

Ello podría llevar a que algunos inversores en ladrillos optaran por productos superiores que en Punta del Este se ofrecen a US$ 3.800 el metro2. “Hay alguna chance para Punta del Este en la medida que la economía argentina siga creciendo y la suba de precios en dólares se mantenga”, dijo Villamide.

A pesar de eso, el consultor sostuvo que las circunstancias favorables para atraer inversores inmobiliarios a Punta del Este cambiaron y ya no volverán a ser las mismas de antes, a raíz de los mayores controles que se aplican en Argentina a la salida de activos.

 

Estancamiento

La actividad de la industria de la construcción cayó 6% en 2017, según la información de Cuentas Nacionales que divulgó el Banco Central (BCU) en marzo. En tanto, el último Índice Líder de actividad de la construcción de abril proyectó un “estancamiento” de ese sector para 2018.

Los últimos datos arrojaron desempeños por debajo de lo esperado en la tasa de desempleo, así como una caída en la reducción de cemento destinada al mercado local. A esto se sumó un deterioro en las expectativas de los empresarios de la industria.

En una reciente entrevista con El País el asesor financiero de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU), Alfredo Kaplan, proyectó un magro desempeño para la construcción de vivienda en 2018, y un declive en 2019 producto de cambios normativos que introdujo el gobierno en marzo que desalientan la actividad de ese nicho en particular. “El Ministerio de Economía quiere promover inversiones y está bien, pero no lo puede hacer en el otro segmento (el que era vivienda de interés social), porque el Ministerio de Vivienda le pone topes y termina desestimulando la inversión”, afirmó  el asesor financiero Alfredo Kaplan.

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En último informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC), realizado en abril, da cuenta que se deteriora  la  percepción  actual  de  la  economía  y  del  sector,  al  tiempo  que  las  expectativas son menos optimistas en relación al informe anterior. Asimismo, los resultados de la consulta señalan que los indicadores de clima desmejoran, tanto para la economía como para el sector y  mejora levemente la utilización de la capacidad instalada actual, aunque empeoran  las expectativas para los próximos meses.

El trabajo realizado por el CEEIC, que tiene como principal objetivo monitorear las expectativas de las empresas del sector respecto  a  las  principales  variables  económicas,  su  capacidad  instalada  y expectativas de crecimiento, recabó la opinión de 71 empresas asociadas a la  Cámara de la Construcción de Uruguay (CCU) y a 10 empresas asociadas a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Del total de empresas contactadas se obtuvo una tasa de respuesta de 35,8% que giró en torno a tres ejes: Expectativas, Capacidad Instalada y Evolución de los costos.

En el primero de ellos, las empresas fueron consultadas sobre su percepción actual y qué expectativas tenían para la economía y el sector de la construcción en particular. La  percepción  actual  es relevada mediante la apreciación  del presente  de la variable de interés como (Buena, Ni buena ni mala, Mala) mientras que las expectativas son recogidas mediante la percepción de la evolución futura respecto al estado actual (Al alza, Igual, A la baja).

“En cuanto a la  percepción actual de la economía, predominan las respuestas neutras (79%), seguidas por  las  respuestas  negativas  (17%)  y  en  último  lugar  las  positivas  (3%),  evidenciándose  una disminución en las respuestas positivas. En cuanto a la percepción actual del sector, los porcentajes se tornan aún más negativos, dado que 52% de respuestas son neutras, 45% son negativas y apenas 3% son respuestas positivas”, señala el informe..

Al ser consultadas sobre expectativas a futuro, también predominaron las visiones  neutras tanto para la economía (76%) como para el sector (72%). En segundo lugar, se observa una mayor prevalencia de expectativas  negativas  para  la  economía  en  su  conjunto  (21%  frente  a  un  3%  de  expectativas positivas) mientras que, en el caso de la percepción sectorial, las expectativas positivas y negativas se encuentran igualadas (14% de las empresas relevadas).

 

Capacidad y expectativa 

En cuanto al segundo punto de la encuesta, capacidad instalada actual y su expectativa sobre el futuro, los resultados  muestran que el 63% de quienes respondieron se encuentran operando por debajo del 70% de su capacidad instalada. Al momento de analizar las expectativas, este valor se ubica en 74%. Estas cifras, respecto al informe anterior del CEEIC, “suponen una variación positiva para la capacidad actual y negativa para la capacidad esperada dado que estas se ubicaron en 68% y 60,7% respectivamente.  Por  lo  tanto,  incluso  cuando  la  capacidad  actual  mejoró  levemente,  las  expectativas  sobre  la misma han empeorado. También se observa que aunque existe un mayor porcentaje de empresas operando  por  encima  del  70%  de  capacidad,  el  porcentaje  de  empresas  que  declaran  operar  a  niveles de 90% o más de capacidad pasó desde 3,5% en febrero a un 0%”, señala el documento.

Consultadas las empresas sobre la probabilidad de expansión de la capacidad instalada en cuanto a maquinaria y personal, los datos recabados arrojaron que 67,9% ve como “muy poco probable o poco probable” la expansión de maquinaria, mientras que, consultadas sobre la contratación de personal, el valor se situó en 79,3%. Lo que demuestra que es más probable para los encuestados adquirir nueva maquinaria, que contratar nuevo trabajadores.

 

Costos y factores

En materia de la evolución de los costos, el 72% de las empresas encuestadas aguardan que aumenten a la par del IPC, mientras que un 21% cree que serán mayores al mismo y solo un 7% contestó que espera que estos sean menores. Estos porcentajes reflejan las menores expectativas sobre la evolución de costos desde el primer relevamiento realizado por el CEEIC en  octubre de 2015,  ya que el porcentaje de respuestas con expectativas menores o iguales al IPC ha sido el máximo registrado hasta el momento (79,3%).

En cuanto a los principales factores que influyen sobre los costos,  tales como  subcontratos, mano de obra, insumos importados y locales o costos financieros, el 93,1% reportó como principal factor la mano de obra, seguido de los  costos  en  insumos  locales  con  un porcentaje de 6,9%.

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La séptima ronda de consejos de salarios comenzó el 2 de abril con 15 grupos que vencieron los primeros meses del año. El Ministerio de Trabajo ya coordinó con empresarios y sindicatos para que el grueso de los consejos que vencen en junio, unos 176 grupos, inicien su negociación entre abril y mayo, dado que es un año de mucha actividad. Del Constructor conversó con el director Nacional de Trabajo, Jorge Mesa, y el presidente del SUNCA, Daniel Diverio, sobre el posible escenario en el sector.

El lunes 2 de abril, Uruguay ingresó en la ronda de negociación colectiva pública y privada más grande de su historia.  En esa primera instancia se convocaron a los 15 consejos de salarios del sector privado que ya vencieron: industria láctea, tejido de punto, remise, bancos, procesadoras, tarjetas de crédito y fideicomisos, sectores rurales (el grupo madre, citricultura, arándanos, aves, suinos y apicultura), transporte urbano y suburbano de pasajeros y zonas francas.

En esta séptima ronda de negociación se convocó al sector público para escuchar las aspiraciones de los distintos sindicatos para comenzar a planificar la negociación de la Rendición de Cuentas que es la última de este período. De los 227 consejos de salarios que funcionarán en 2018, la mayor cantidad tienen vencimiento en el mes de junio. “Encontramos buena voluntad por parte de las cámaras empresariales y del PIT-CNT para iniciar la negociación antes del vencimiento de los respectivos convenios”, sostuvo el ministro Murro.

En diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia de la República, el ministro aseguró que la negociación se centrará en dos preocupaciones y ocupaciones del gobierno: el empleo y la mejora de los salarios. Esto incluirá además: formación profesional de trabajadores y empresarios, Sistema de Cuidados, prevención de conflictos, productividad, acceso a nuevos derechos (cultura, transporte, turismo social) y cláusulas de género.

Murro recordó que la evaluación de las seis rondas anteriores de negociación (2005 al 2017) fue muy positiva, con resultados generales buenos para el país, con 15 años de crecimiento de la economía. “En esos 15 años, hay 13 de nuestro gobierno y 13 de negociación colectiva. Creo que no es una casualidad sino una coincidencia fruto de las políticas llevadas adelante, donde se decidió que el desarrollo debía ser con negociación colectiva y en ese camino queremos seguir”, indicó Murro.

 

Cautela 

El jerarca dijo que escuchó “reacciones razonables y cautas” tanto de empresarios como de trabajadores por lo que espera tener una buena instancia. “Tendremos mucho trabajo. Nos estamos preparando, fortaleciendo y capacitando al personal y ampliando salas de funcionamiento de los consejos de salarios para tener todo pronto de parte del ministerio, además de proporcionar indicadores para facilitar la negociación”, argumentó. 

Por otro lado, el titular del Ministerio de Trabajo reconoció que “los indicadores de empleo son una preocupación y ocupación del gobierno, compartida con las cámaras empresariales y el PIT-CNT”. Para el jerarca, esta definición implica compatibilizar el crecimiento del salario real con la necesidad de crear puestos de trabajo, tratar de que la masa salarial acompañe el crecimiento de la economía, con salarios diferenciales para trabajadores de menores ingresos y atención a las situaciones de las empresas.

Por otro lado, añadió Murro, las metas incluyen la protección de las mejoras salariales de los últimos 13 años y la promoción de otros aspectos laborales en los ámbitos de negociación colectiva en áreas como relaciones laborales, derechos y obligaciones y sostenibilidad de las empresas. El ministro subrayó que por primera vez fue efectuada una consulta previa a la ronda de negociación colectiva, por la cual seis cámaras empresariales y el PIT-CNT enviaron sus propuestas. En marzo se reunieron dos veces para profundizar el diálogo respecto a los documentos.

 

La propuesta del gobierno

La propuesta del Poder Ejecutivo presentada el pasado 13 de marzo se incluye aumentos semestrales del salario mínimo nacional que en enero de 2019 se ubicará en 15.000 pesos. Hasta la última ronda de negociación colectiva, los aumentos eran anuales.

Los lineamientos generales proponen acuerdos a 24 o 30 meses como mínimo, con ajustes semestrales o anuales en caso de que las partes así lo acuerden. Los aumentos propuestos para el primer año, según la calificación establecida para cada sector, son de 6,5% (sector en problemas), 7, 5% (sector medio) y 8,5% (sector dinámico). El segundo año serán de 6, 7 y 8 %, respectivamente, y para el último semestre o tercer año 5, 6 y 7 %.

Las pautas incluyen un correctivo a 18 meses de vigencia de los convenios y al término. Además, si en el primer año de la vigencia del convenio la inflación supera el 8,5%, podrá convocarse al Consejo de Salarios correspondiente, que podrá adelantar el correctivo. En caso de que la inflación medida en años móviles supere el 12%, al mes siguiente se aplicará un ajuste salarial por la diferencia entre la inflación acumulada y los ajustes salariales otorgados.

La propuesta del gobierno incorpora formación profesional y capacitación de trabajadores y empresarios, cláusulas de género en la totalidad de las negociaciones, protocolos de prevención de conflictos, seguridad y salud laboral, entre otros.

 

Las expectivas de la DINATRA

Por su parte, el, director Nacional de Trabajo, Jorge Mesa, dijo a Del Constructor que esta ronda de negociaciones es “la más grande privada y pública en conjunto, el fenómeno comenzó en el 2005 cuando se reinstalaron los Consejos de Salarios y se inició la negociación a nivel de los públicos, con el conjunto de sectores, pero con estas característica de tantas mesas de negociaciones y de tanto volumen nunca habíamos tenido”.

Consultado sobre los lineamientos presentados por el gobierno para este Consejo de Salarios, el jerarca sostuvo que “(los lineamientos) expresan con bastante claridad la visión que el Poder Ejecutivo tiene sobre la actual circunstancia. Los lineamientos tienen tres objetivos básicos. Uno es que no se pierda el salario real, que los niveles de salario real logrados no se pierdan. Este es un elemento importante porque, obviamente,  que hace a la calidad de vida de los trabajadores, pero también a los elementos de consumo interno que en buena parte han movido la calidad económica del país en diferentes rubros. El segundo objetivo es que se parte por diferencias en sectores económicos y por nivel salarial, por lo que se atiende especialmente a los salarios más bajos con algún porcentaje un poco mayor que en el conjunto. Y, por último, que los sectores económicos, vuelvan a tener la oportunidad de que los actores clasifiquen. Esta vez con un agregado de que vamos a poner una información pública al servicio de que los actores ubiquen al sector en el contexto que está viviendo con algunos datos objetivos, que contribuyan a la discusión”, dijo Mesa.    

En lo que respecta al sector de la construcción, y consultado sobre lo esgrimido por el SUNCA en cuanto a la cláusula de prevención de conflictos, específicamente ante la posibilidad de la construcción de una segunda planta de UPM, el director Nacional de Trabajo, dijo a Del Constructor que esa cláusula ya existe. “El sector ya tiene en el convenio que está vigente un protocolo de prevención de conflicto que, por lo menos para el sector, es innovador, bastante completo, y tiene un escalonamiento importante de convocatoria a ámbitos, incluido el Consejo de Salario, para resolver situaciones de conflicto. De hecho, un porcentaje importante de los conflictos en la industria de la construcción  se tratan con anterioridad a que se desarrollen medidas sindicales”, afirmó Mesa a Del Constructor.

Otro de los puntos consultados es cómo podrá ser esta negociación teniendo en cuenta que en el sector se han perdido más de 20 mil puestos de trabajo en los últimos años. “Tengo la impresión que ya los actores dieron cuenta de esa situación de la industria. En la negociación anterior se habló de eso y ellos tuvieron en cuenta el contexto en el que se movían. El contenido de ese acuerdo demuestra que se era consciente de la situación de la industria. Creo en la madurez del sector por una larga historia de negociación colectiva para recoger estos elementos actuales, por lo que esperamos que los contenidos de esta nueva negociación van a dar cuenta de esta situación”.

 

La posición del Sunca

Por su parte, el presidente del Sunca, Daniel Diverio, calificó esta nueva negociación como “más general e integral”, debido a que es la ronda de Consejos de Salarios más grande de la historia del país. “Para nosotros, particularmente, es muy importante la defensa de los Consejos de Salarios como una de la herramientas fundamentales que hemos tenido los trabajadores para poder generar mejores condiciones  y por supuesto, también, de recuperación salarial. Es cierto que específicamente, en la construcción, cuando no había convocatoria a Consejos de Salarios en la década del 90 hasta el 2006, nosotros logramos mantener la negociación colectiva porque había una cultura en este sentido de las dos partes, tanto de las cámaras empresariales como de nuestro sindicato. Pero,  independientemente de eso, desde instalada la ley de negociación colectiva, ha sido otro el escenario donde, también, se puede plantear otros temas. Además, es un escenario donde legítimamente las partes van a defender sus intereses, pero a la vez ver en conjunto cómo podemos mejorar y avanzar en las distintas propuestas”, afirmó el sindicalista a Del Constructor.

Diverio también se refirió a la caída de puestos de trabajo en el sector que llegó a tener en 2013 más de 70.000 trabajadores cotizantes. En la actualidad, el sector tiene entre 40.000 y 45.000 trabajadores inscriptos en el Banco de Previsión Social. “Hay expectativa de que se mantenga este nivel de ocupación. Por lo menos es lo que se vislumbra, pero tenemos claro de que no estamos en la misma situación que en el 2013 y también tenemos claro que no estamos en el escenario del 2002 que apenas teníamos 15.000 trabajadores”.

Al respecto, y consultado sobre lo esgrimido por las cámaras empresariales sobre que no podrá ser sustantivo el aumento de la masa salarial, sostuvo que “nosotros haremos nuestro planteo siendo conscientes de que no estamos en aquel registro histórico de trabajadores en el sector, pero también sabemos que no estamos en una situación de crisis para la industria ni caótica. Hay que ver que cuando en el 2008 nosotros hablábamos de una reducción de la jornada, que no es un elemento menor, teníamos unos 40.000 trabajadores en la industria. Significa que con esa ocupación el sector tenía una musculatura importante. Cuando dicen que la industria hoy está en crisis es un planteo que no está acorde con la realidad, ni con la historia del sector. El promedio histórico es de 35.000 trabajadores y hoy estamos por encima de los 40.000 trabajadores”.

No obstante, Diverio dijo que Sunca está preocupado por la pérdida de casi 20.000 puestos de trabajo desde el 2013 a la fecha. “Hasta el 2013 hubo una fuerte inversión extranjera en el Uruguay, mucha de ella destinada a la construcción, fundamentalmente en el mercado inmobiliario, en parques eólicos y en la construcción de cientos de silos para guardar granos que fueron construidos por los trabajadores. A eso hay que sumarle una fuerte inversión pública y la obra de Montes del Plata que llegó a tener 7.000 trabajadores. Eso explica el crecimiento importante del sector. Ahora, nuestro objetivo es ver cómo generamos la posibilidad de que esos miles de compañeros que hoy están desocupados, muchos de ellos  provenían de otras industrias, por ejemplo, fábricas que cerraron, encontraron en la construcción una salida laboral. Nosotros también estamos discutiendo, y nos sumamos a lo que plantea el PIT-CNT, que se debe discutir profundamente  lo que es realmente la diversificación de la matriz productiva para generar puestos de trabajo que sean mucho más calificados. Para esto hay que hacer un esfuerzo más grande en inversión en nuevas tecnologías y capacitación, para encontrar un salida en lo laboral”, señalo el presidente del Sunca.      

Por último, Diverio se refirió a la posibilidad de la instalación de una segunda planta de UPM. “Bienvenida la inversión. Hay que generar puestos de trabajo, pero nosotros pusimos sobre la mesa de negociación tripartita dos o tres elementos que nos parecen claves. La primera es que cualquier inversión que aterrice en el Uruguay tiene que tener los controles ambientales necesarios. En segundo lugar, debe cumplir la normativa de seguridad e higiene y, por último, respetar los derechos conquistados por los trabajadores”.

 

La visión empresarial 

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Ignacio Otegui, consultado sobre la ronda de negociación que comenzará en julio, dijo  a Informativo Sarandí que “no están en condiciones de aumentar los salarios que ya son buenos”. Si bien aclaró que no se planteará una rebaja salarial “la industria no puede y el país no debe seguir aumentando los salarios”.

Consultado sobre el pedido de aumento salarial que, seguramente, el sindicato realizará en la próxima ronda de Consejos de Salarios, respondió a los colegas de Informativo Sarandí: “¿Sabe cuánto gana un obrero de la construcción? 60.000 pesos. Los sueldos son los que son. Cuando vienen las cosas favorables, uno los aumenta. Pero cuando las cosas están de punta… Yo no los quiero rebajar, pero no puedo subirlos más”.

Sostuvo además que la industria de la construcción perdió el 20% de la productividad en los últimos 15 años, y recordó: “llegamos a tener 73.000 trabajadores directamente en obra y hoy estamos en 41.200”. “Estamos en niveles de actividad parecidos a la década del 90”, afirmó.

 Otegui agregó que existen “tres motores” en la industria de la construcción. “Uno es la obra privada no vinculada a la vivienda, que en los últimos siete u ocho años, ha sido el principal motor. El segundo es la obra pública que tuvo una caída en sus niveles de actividad en los últimos dos años. El último motor es la obra privada vinculada a la vivienda. Esto es el 100% de la industria que en el 2017 representó el 9.2% del  PBI nacional. Somos el tercer sector de la economía uruguaya en invertir, más allá de que tenemos tres años seguidos de contracción, lo que generó la caída del PBI y del empleo. Esta situación no tiene muy preocupados porque el escenario que vemos para este año, en el mejor de los casos, es similar al del 2017. Estimamos que este año habrá un 45% de obra privada no vinculada a la vivienda, un 35% de obra pública y un 25% de obra privada vinculada a la vivienda, cuando hace seis años se había alcanzado el 31%”, señaló el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay.

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La investigación “Caracterización cíclica y tendencial del producto bruto de la industria de la construcción en Uruguay entre 1988 y 2017”, elaborado por las economistas Eugenia Rodríguez y Bibiana Lanzilotta, analiza la relación existente entre el producto bruto (PB) de la construcción y el Producto Interno Bruto (PIB) uruguayo en las últimas tres décadas.

La investigación hace hincapié en la importancia de la construcción en el país. Para ello marca que el PB de esta industria representó, en promedio, el 8% del PIB nacional en pesos constantes entre 1997 y 2016, y dio trabajo al 7,8% de todos los ocupados en el país en promedio entre 2011 y 2016, lo que significa unas 120.000 personas.

 

Salarios 

A su vez, y pese al bajón que  experimentó la construcción  en los últimos años, los salarios de los empleados del sector medidos por el Índice Medio de Salarios (IMS) crecieron 88,3% punta a punta en esos años y la ocupación aumentó 3,7%. Además “se trata de un sector clave en el proceso de formación de capital, explicando aproximadamente el 50% de la formación bruta de capital fijo, lo que permite el crecimiento sostenible a largo plazo”, destacan las autoras.  Dado todo esto, la investigación afirma que es “importante conocer el desempeño de la industria de la construcción, así como sus rasgos más salientes, para poder caracterizar su relación con el ciclo macroeconómico nacional y comprender la realidad actual”.

Asimismo, agregan que “la caracterización de la evolución del PB del sector, y conocer los principales rasgos de su comportamiento tendencial y cíclico facilitará la comprensión de cuáles son sus determinantes y qué se puede esperar del futuro”.

Las economistas hallan que el producto sectorial y el global presentan un comportamiento “similar”, fruto de que están “estrechamente vinculados”. Así, “en momentos de auge hay una mayor demanda para reparación y creación de nuevas viviendas, así como también hay mayor capacidad de inversión para expandir y construir nuevos establecimientos”, señala el estudio, mientras que “en momentos recesivos la actividad de la construcción se contrae significativamente”.

A pesar de la “evolución similar” constatada entre el PB de la construcción y el PIB, la del primero aparece más “volátil”. De esta manera, cuando se expande lo hace “por encima del nivel general”, mientras que cuando la actividad se contrae “cae por debajo del mismo”.

Los resultados del trabajo permiten concluir que el “PB de la construcción es procíclico respecto del PIB nacional y dependiendo del periodo que se considere, adelanta o sincroniza con éste”.

En la actualidad, y recordando que el trabajo se publicó a fines del 2017, se estaría atravesando por “la parte baja de un nuevo ciclo”, cuyo inicio se remontaría a 2015. La parte más baja de esta fase, en tanto, habría sido entre finales de 2016 y el arranque del año pasado (7% inferior a la tendencia de largo plazo en promedio, se detalla). Se añade, sin embargo, que según la información de los componentes proyectados “la fase a la baja de este ciclo habría sido menos profunda que las anteriores”.

 

Crecimiento

De hecho, con información del primer trimestre de 2017, “las estimaciones de los componentes del PB de la construcción muestran que la tendencia-ciclo se expandió en el orden del 1,9% interanual en el último dato, se está en la fase baja del ciclo, y los últimos datos marcan un punto de giro hacia el crecimiento”.

En esta línea, la última edición del Índice Líder de actividad de la Industria de la Construcción (ILIC), confeccionado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, difundió estimaciones que “permiten anticipar un posible cambio de tendencia sobre la primera mitad de 2018” para el sector.

Las economistas también pusieron la lupa en de qué manera la actividad de la construcción a nivel regional puede afectar a esa misma industria dentro de las fronteras de Uruguay. En concreto, se observó qué es lo que sucedía con Argentina. Para ello, se recurrió al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina. Desde 1996 “el componente cíclico del ISAC adelanta por lo menos tres trimestres los grandes movimientos de las tasas de variación de la actividad del sector nacional”, señala el estudio. Debido a esto, plantea el trabajo, se cuenta con “evidencia de que existen fuertes interconexiones entre el sector de la construcción y el sector inmobiliario de ambos países”.

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Con una inversión total de 100 millones de dólares, de los cuales 22 son aporte del Banco de la República y 15 millones del Ministerio de Ganadería, comenzó el jueves 11 de abril la construcción del Parque Agroalimentario de Montevideo, que sustituirá al Mercado Modelo.

La obra, que demandará dos años, es creada con los objetivos de fortalecer el proceso de formación de precios y reducir los costos en el sistema de distribución.

 “En Uruguay, hablamos mucho de la importancia de exportación de soja, carne, leche, arroz; y hablamos relativamente poco de los alimentos que consumimos. Este emprendimiento, que tiene que ver con la producción intensiva de frutas y hortalizas, permite mejorar la integración en la cadena de miles de productores de menor escala”, valoró el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, en la colocación de la piedra fundacional del Parque Agroalimentario de Montevideo acompañado por el intendente de Montevideo Daniel Martínez, el presidente del BROU, Jorge Polgar, y demás autoridades.

 

Características y ubicación

El parque de 95 hectáreas se ubica sobre la ruta nacional N°5, kilómetro 11.500, Camino Luis Eduardo Pérez, Camino Las Higueritas y el Arroyo Pantanoso en la zona de La Tablada. Una vez en funcionamiento sustituirá al actual Mercado Modelo, que ocupa 7 hectáreas ha funcionado durante 80 años en el centro geográfico de la capital uruguaya.

La nueva instalación será la plataforma logística más importante del país en comercialización mayorista de producción de alimentos. La obra se inició el jueves 12 de abril, tardará en concretarse entre 24 y 30 meses, con una inversión de 100 millones de dólares, de los cuales el Banco de la República aportará 22 millones en unidades indexadas, el Ministerio de Ganadería, a través del Fomento de la Granja,15 millones de dólares, la Intendencia de Montevideo, 30 millones de dólares. El resto se financiará con aportes privados.

El parque incluirá sectores diferenciados para frutas y hortalizas, en actividades logísticas como lavado, empaque, selección o congelados. También poseerá un mercado de quesos, lácteos, pescados, carnes, fiambres y huevos, un centro de servicios y zona de actividades complementarias industriales.

Se instalarán más de 600 empresas, que generarán empleo para 7.000 familias y diariamente circularán aproximadamente 15.000 personas y más de 1.000 toneladas de alimentos.

“El gobierno siempre persigue que los consumidores internos gocen de la misma seguridad e inocuidad alimentaria que tiene los habitantes donde se coloca la producción nacional y este emprendimiento refuerza ese camino. Además, y ojalá permita que los productores gocen de mayor ganancias en la venta de su producción”, enfatizó Enzo Benech.

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