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En el marco de una reunión solicitada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU)a la vicepresidente de la República Lucía Topolansky y al expresidente José Mujica, representantes de la asociación plantearon nuevamente la necesidad de modificar la normativa que regula el régimen de viviendas promovidas para reactivar la inversión.

 

Planteo

En concreto, el planteo de la gremial empresarial fue que si se retorna a la ley original de 2011, (ley 18.7952) se comprometen a impulsar proyectos para la construcción de más de 100.000 metros cuadrados, que implican la generación de unos 4.000 empleos directos.

Como se recordará, en  2011, con el apoyo de todos los partidos políticos se aprobó una ley que otorgaba una serie de beneficios fiscales a los inversores privados buscando promover el acceso a la vivienda (a través de la compra o el alquiler) de los sectores de ingresos medios y medios bajos.

El mercado respondió y se reactivó la construcción en especial en zonas alejadas de la costa, donde solían concentrarse los proyectos inmobiliarios.

Como se recordará, en el 2014 el Ministerio de Vivienda (MVOTMA) impulsó una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas dentro del régimen, un cambio que si bien limitaba la rentabilidad imponía “un tope que estaba por encima del costo de construcción y dejaba al promotor vender a quien quiera”, según explicó al diario El País, el consultor y operador inmobiliario Julio Villamide.

La mayor complicación llegó después, a principios de 2017, cuando un nuevo decreto del MVOTMA topeó el precio de arrendamientos a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar, si supera los valores fijados por el Ministerio, la exoneración es del 40% y no del 100%,  y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.

Los nuevos topes “están por debajo del costo de construcción y entonces el promotor pierde totalmente”, sostuvo Villamide. Las modificaciones impactaron en el sector, pasando las viviendas promovidas “de 300 o 400 por mes antes a unas 80 por mes este año”, subrayó el consultor y asesor de Appcu.

Según se informa en la web de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), desde 2011 a la fecha se presentaron 703 proyectos para acceder a beneficios, de los cuales 608 fueron promovidos, lo que significó más de 16.600 viviendas construidas.

Las cifras en la web del MVOTMA muestran que mientras en todos los años previos (2012-2016) las unidades edificadas bajo el régimen superaron las 2.000, en 2017 fueron 1.571 y este año van 862.

 

En busca de apoyo

En este contexto se llegó a la referida reunión, donde los promotores buscaron el apoyo de los dos líderes político del MPP, sector  al que pertenecen la ministra de Vivienda, Eneida De León, y el presidente de la ANV, Francisco Beltrame. “La ministra y Beltrame se oponen porque dicen que los promotores ganan mucho, pero le mostramos a Mujica y Topolansky  que eso no es así. Vieron con buenos ojos nuestro planteo, lo que más le gustó es que el Estado no pone dinero, es todo de los privados”, dijo a El País el secretario ejecutivo de APPCU, Aníbal Durán.

Julio Villamide afirmó que  el Ministerio de Economía y Finanzas “siempre tuvo una postura muy clara a favor de promover inversiones y generar mayor cantidad de estímulos y quitar trabas para concretar proyectos que puedan sumar mano de obra”; pero el MVOTMA ha impulsado “una política mucho más ideologizada, que no ha priorizado la ocupación, ni la recuperación de la actividad ni de los niveles de inversión, sino otras cosas que no sé cuáles son”.

 

Imposición de topes 

El asesor inmobiliario agregó que conoce “varios casos (de inversores) que han vendido incluso los terrenos que tenían y otras empresas que se están reorientando hacia la costa” por la imposición de los topes. “Es que limitan la rentabilidad en un momento complicado por las turbulencias del tipo de cambio en Argentina y Uruguay, y hacen que el mercado esté bastante parado”, indicó.

Por su parte, la Cámara Inmobiliaria respalda la posición de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. “La inversión se ha frenado bastante, no existe prácticamente la vivienda promovida” porque los cambios legales “no fueron atractivos para los promotores y se fueron para otro lado, así de sencillo”, dijo su presidente Wilder Ananikian ante la consulta del diario.

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Mientras los promotores privados reclaman modificaciones reglamentarias que devuelvan el dinamismo a la construcción de Viviendas Promovidas (antes Vivienda Social), el gobierno considera que el flujo de inversión privada sigue siendo importante.

A partir de 2015 y hasta la fecha, se han promovido 257 proyectos con 6.706 viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, esa cifra supera la meta trazada en el plan quinquenal 2015-2019 que es de 6.000 nuevas unidades.

“Desde el momento de su aprobación y fundamentalmente a partir de 2012, la inversión privada en vivienda exonerada de ciertas cargas impositivas se viene ejecutando de forma sostenida”, informó la cartera.

Las cifras muestran que el pico de proyectos ingresados se dio entre 2012 y 2013 con una media algo superior a las 3.000 viviendas. En los años posteriores las cifras descendieron y el año pasado se presentaron algo más de 1.500 viviendas.

En lo que va de 2018 se presentaron ante la Oficina del Inversor de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) 33 nuevos proyectos por un total de 862 viviendas. Según el ministerio, el flujo de proyectos “no se ha detenido, sino que continúa a buen ritmo”.

En la actualidad hay 7.954 viviendas terminadas, 6.016 en construcción y 1.188 cuyo proyecto ya fue aprobado y se espera el inicio de las obras. En tanto, existe declaración de venta de los inversores-promotores de 6.430 unidades

Los promotores privados sostienen que los inversores comenzaron a perder interés a comienzo de 2017 cuando entraron en vigencia los cambios en el sistema de tope de precios dispuestos por el Poder Ejecutivo.

De hecho, señalan ese factor como el principal elemento que ha modificado sus ecuaciones y que ha desestimulado la presentación de nuevas obras. Los empresarios entienden que la única regulación de ese mercado promovido desde el gobierno con exoneraciones impositivas casi totales debe estar dada por la oferta y la demanda.

Originalmente, cuando se aprobó la ley de Vivienda Social en 2011, no había topes sobre los precios de venta. Tres años después se limitó el precio del 25% de las unidades de cada proyecto. Luego, en 2017 el tope se redujo al 10% de las viviendas, pero con la salvedad de que esas unidades se ponen a disposición del Ministerio de Vivienda hasta un año después de terminadas y a valores de entre US$ 35 mil y US$ 40 mil menos que su valor de mercado.

También se modificaron los beneficios fiscales para las viviendas que se vuelcan al mercado de arrendamiento. Los inversores que adquieren esos inmuebles pueden exonerar el 100% de IRPF e IRAE siempre que los precios de arrendamiento no superen los topes que determina el gobierno. Cuando se supera ese límite, el beneficio se reduce a 40% de las rentas generadas. Antes la normativa no hacía referencia a los precios.

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Jueves, 28 Junio 2018 15:08

Relaciones laborales equilibradas

Ante una instancia tan peculiar que  viviremos en poco tiempo, con una cantidad muy importante de acuerdos salariales que deberían cerrarse, es buena cosa insistir en aspectos básicos.

Y lo que expondré no es ni  de derecha ni de izquierda, es sentido común y primacía de la ley, en lo posible. Ya alguna vez nos hemos referido a este tema en del Constructor.

 

El ejercicio de las libertades y derechos fundamentales (libertad de trabajo, de empresa, de circulación, de propiedad, seguridad jurídica), debe estar garantizado y protegido por el gobierno. Cuando se ocupa un lugar de trabajo, eso no sucede. Recurrentemente dicho: es inconstitucional.

 

Los protagonistas principales de las relaciones laborales deberían ser los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones. Diálogo mediante, las organizaciones deberían llevar a cabo negociaciones colectivas bipartitas, libres y voluntarias. Incluso el artículo 2do de la ley de negociación colectiva se refiere a ello.

Pero eso no ocurre: en los Consejos de Salarios, se incorpora el gobierno, incluso estableciendo “pautas” o “lineamientos” desde el vamos. Como volvió a ocurrir. Los Convenios de la OIT, abogan por una negociación bipartita, libre y voluntaria.

El gobierno debe tener un rol subsidiario. Llevamos muchos años de negociación colectiva y sin duda los actores ya tienen la madurez y práctica suficientes, como para encarar las negociaciones sin la presencia gubernamental.

 

Sin perjuicio del imprescindible equilibrio que tiene que guardar el gobierno en todo este entramado (el gobierno de izquierda no debe volcarse a los trabajadores  per se), sería menester que con la antelación debida, aquél ponga sobre la mesa todas las propuestas que tenga en mente, modificaciones legales incluso, para que todos los actores puedan opinar y tener incidencia en una posible redacción. ¿Eso sucedió?

 

La buena fe debe imperar en todos los actores y el cumplimiento estricto de las normas. Se puede producir lo que se llama la anomia, donde las reglas existen pero son desoídas. Sucede.

Deberían haber sanciones trascendentes para quien incumpla la norma y el gobierno actuar con el equilibrio reclamado líneas arriba.

 

La huelga prevista en la Constitución desde 1934, mandata a la ley la reglamentación de su ejercicio y efectividad. Transcurridas varias décadas desde su reconocimiento, sólo se ha tenido en cuenta la obligación de preavisarla (y a veces no se cumple), con siete días. Hay que aprobar un marco regulatorio de la huelga, subsidiario del que puedan pactar las partes en la negociación colectiva. En dicho marco hay que especificar el concepto de huelga, reglas de procedimiento para su declaración y límites formales y materiales para su ejercicio.

 

Algo determinante: el gobierno debe asumir una postura de neutralidad e imparcialidad en su rol de mediador voluntario en los conflictos laborales. De ninguna manera debe mimetizarse con la postura de los trabajadores a priori, por el solo hecho de serlo. Cómo bien ha propuesto el abogado Nelson Larrañaga, versada y destacadísima figura en derecho laboral, habría que crear un órgano independiente del gobierno, integrado por idóneos en técnicas de negociación, que brinde servicios de conciliación, mediación y arbitraje voluntarios, como existe en países desarrollados.

 

Todo lo aquí propuesto (por lo menos eso entiendo yo)  no va en desmedro de nadie.

 

La consigna es recurrente: necesitamos magnanimidad y paz entre las partes en la mesa de discusión (que no es contradictorio con el  énfasis en la discusión). La paz brinda un tiempo para reflexionar, que es cuando la mayoría de las cosas buenas tienen su comienzo.

 

Aníbal Durán

Gerente Ejecutivo de APPCU

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En entrevista con Del Constructor, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), Daniel Zulamian, se refirió a la situación del sector en el 2017 y qué se puede esperar para este año, teniendo en cuenta que en junio habrá un nuevo convenio de salarios. También se refirió a la situación de las viviendas promovidas (antes denominadas de interés social) y especialmente a la falta de políticas que incentiven el crédito para la compra de viviendas.

 

Usted tiene una vasta experiencia en el sector inmobiliario y ha sido electo presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Desde su perspectiva, ¿cómo ha sido este año para el sector?

Sí, parece que fue ayer cuando recibido de abogado, y con una pequeña empresa desarrolladora, con mi esposa Teresa, planeando construir la casa de mis padres, casi de manera inadvertida, se plasmó uno de nuestros primeros desarrollos  inmobiliarios. Pero han pasado 30 años y estamos agradecidos de todo lo que nuestro país nos ha dado y nosotros algún granito de arena también hemos aportado. En especial, agradecidos a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), donde luego de ser  directivos varios años; a partir de mayo de 2017 accedimos a la presidencia. Y en las elecciones de noviembre pasado fuimos electos por 2 años para este cargo que nos honra. Desde nuestra perspectiva, el 2017 creo que ha sido un año bisagra. Cuando esperábamos seguir con la caída en los emprendimientos y por consecuencia en la cantidad de empleos que tan ágilmente genera la industria de la construcción, a partir del primer semestre y confirmado con el segundo semestre de 2017, se produjo un freno a esta caída. Lo cual ya de por sí es importante. Lo mismo ocurrió con los precios de venta que por razones del enlentecimiento de las mismas ocurrido en el 2015, se mantenían o ajustaban algo a la baja medidos en dólares, cuando en realidad nuestros costos subían en dicha moneda, lo que producía un desfasaje en las cuentas. Desde el segundo semestre 2016 y en todo el 2017 se están recuperando, volviendo a valores mínimamente lógicos, por debajo de los cuales se empata o se pierde en relación a los costos.  

 

El número de trabajadores de la industria de la construcción ha bajado en los últimos años, luego del pico histórico registrado en diciembre de 2012, con más de 72 mil trabajadores cotizantes. ¿En qué situación se encuentra la industria hoy? ¿Preocupa esto a los promotores privados?

Es nuestro deseo que tengamos un excelente 2018, que nos permita trabajar en paz. Esa paz que es el ambiente imprescindible para el desarrollo de toda actividad. En especial porque este año tenemos que realizar un nuevo convenio de salarios. Le decía que la caída se detuvo, se frenó. Que quizás con algunas normas, que luego comentaremos, se generaron algunos nuevos desarrollos, pero esto no es suficiente. Acá hace falta el esfuerzo de todos. Esto es: empresarios, profesionales, trabajadores y el Estado, de manera de poder lograr acuerdos productivos, que permitan a los trabajadores disponer de fuentes de trabajo lo más estable posibles, y a las empresas generar unos márgenes razonables en sus resultados, motor que hará que se entusiasmen para producir  nuevas obras que generarán nuevos y más puestos de trabajo. Y el Estado que podrá ver como se soluciona la situación económica y social de sus ciudadanos, los trabajadores, los usuarios de vivienda y los empresarios. No hay ingresos que el Estado pueda percibir a través de impuestos, que superen el poder lograr una buena situación social y económica de la  gente.

 

Medidas y soluciones       

¿Cuáles serían las herramientas para amortiguar esta situación?

Algunas medidas ya se han realizado. A nivel nacional con los grandes emprendimientos, aunque por el volumen de inversión exigida son pocos. Y a nivel departamental por ejemplo en Maldonado con exoneraciones en derechos de edificación, entre otros. Faltaría que Montevideo, por lo menos, generara unas medidas similares. Pero, por sobre todo, falta el estímulo al crédito que necesariamente en el mundo se utiliza para acceder a bienes inmuebles. Con créditos en las compras de inmuebles, se agilitaría la colocación y permitiría generar más producción, o sea más obras y por tanto más mano de obra. Si utilizamos crédito, usualmente, para compra de bienes fungibles o consumibles, y bienes muebles no fungibles pero de corto uso, como electrodomésticos y autos, ¿cómo no vamos a utilizar créditos para adquirir bienes que son raíces? Es donde más deberíamos utilizar crédito a mediano y largo plazo. Creemos que medidas para el incentivo del crédito en la adquisición de inmuebles tanto para residentes como para no residentes, o como prefiero llamarlos: residentes temporarios, sería muy beneficioso para incentivar la construcción y la actividad inmobiliaria.

 

¿La nueva planta de UPM, en caso de concretarse, qué beneficios trae para los promotores privados? 

Para los promotores es muy puntual. Beneficiará a quienes logren alguna contratación en la planta y poco más.

 

¿Qué opinión le merece las viviendas promovidas, antes denominadas de interés social? ¿Pueden ser una solución o se necesita adoptar otras medidas?

Luego de marzo de 2017, fecha del último gran cambio en materia de las viviendas promovidas, se han presentado menos permisos, excepto los ingresados rigiéndose por la normativa anterior.  La tarifa estatal en los precios de determinados porcentajes de inmuebles, con cifras incluso, por debajo de su costo, y su comercialización por el Estado, recién una vez el edificio se termine, son cortapisas muy fuertes en este tipo de emprendimientos. Es necesario tratar de buscar un camino con las autoridades estatales para volver a transitar los niveles de actividad de años anteriores.

 

El gobierno anunció que los proyectos de vivienda con una inversión superior a 15 millones de dólares podrán acogerse a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones, que incluyen franjas de exoneración del IRAE y beneficios en el Impuesto al Patrimonio ¿Qué piensa de esta medida?

Estas son medidas ingeniosas. Cuando decimos que somos tres partes en esto, los empresarios y trabajadores que somos nosotros, los obreros y el Estado, queremos decir que  todos tenemos que aportar un poco. Acá tuvimos un incentivo para determinadas obras. Son de gran porte, eso es un tema que la limita a la propuesta; pero se trata de una norma que se basa en la generación de grandes cantidades de mano de obra y eso se da en grandes emprendimientos. De todos modos, eran obras con permiso e inicio antes del 31 de diciembre de 2017.  Por lo cual supongo que si no se legisla nuevamente, no seguiremos teniendo esta opción.

 

¿Desde la APPCU se le solicitará al gobierno un beneficio similar para obras de menor porte?

Eso ya lo hicimos el año pasado, justamente cuando se estaba elaborando una  segunda versión del decreto. La posibilidad de incluir emprendimientos cuyo valor en obra civil (que es lo que genera mano de obra) sean menores a los exigidos en el decreto. Este prevé unas 123 millones de Unidades indexadas (UI) que según los momentos fueron unos 15 millones de dólares y hoy son cerca de 16 millones sólo de obra civil. El tema es que la norma del decreto se basa, se respalda en la Ley 16.906, y son facultades del Poder Ejecutivo. Pero obviamente sería muy bueno para nuestros socios que se incluyeran en un futuro normas que permitieran algún estímulo fiscal en obras de menor porte.  

 

En busca de soluciones

¿Hay perspectivas de reactivación a mediano plazo?

Y si no creemos que las hubiera a mediano plazo, sería muy duro. Acá es fundamental manejar elementos de trabajo como proyectos de arquitectura claros, completos.  Necesitamos procedimientos adecuados, y por el lado del trabajador, actitud de trabajo, además de rendimientos que, se debe entender, son básicos para que luego pueda seguir trabajando en otras obras que se generen. Y por el lado de la dirección de la empresa entender que hay que estar todos los días en la fragua, buscando soluciones ingeniosas que permitan generar productos con valor competitivo y colocación en el mercado de los bienes resultantes. El Estado deberá pensar y plantear colaborar en toda esta trama de relación y ver la posibilidad de generar incentivos que permitan seguir generando emprendimientos.

 

¿Cómo cree que será este año?

El 2018 va a ser un año de lucha y de trabajo, como siempre. Esto es fundamental tenerlo presente. Fácil no hay nada. El mundo está complicado, y si no observe lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, por referirnos a mercados que funcionaban espectacularmente y no obstante tuvieron complicaciones. Ahora están empezando a salir. Y con nosotros ocurre lo mismo. Si todos los que integramos el sector nos esforzamos, podremos mantener cierta recuperación y empleo razonable que nos permita mejorar la situación actual.

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En la charla, organizada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, el consultor privado, y asesor de APPCU, Julio Villamide, expuso sobre la evolución marco del mercado,  venta de unidades nuevas, la evolución de la ley 18.795, conocida como de viviendas de interés social (VIS), los impactos de cambios en la referida ley, el mercado habitacional y la coyuntura actual y perspectivas futuras.

Villamide comenzó su exposición señalando que el optimismo de los consumidores llegó a fines del año pasado a niveles similares a los que tuvo la crisis del 2002.

“Obviamente, el optimismo de los consumidores está muy relacionado con la compra de bienes rurales y de la toma de créditos a largo plazo. Entonces, se me ocurrió comparar  los descensos operados de las compras-ventas entre el momento que comenzaron a caer,  allá por marzo de 1999, cuando Brasil hizo una gran devaluación del real, y junio del 2003 que fue el último mes de caída. En ese período, el descenso en la cantidad de compras-venta fue del  26,5%. Y si consideramos el período agosto del 2011 a junio del 2016, período en que el mercado empezó efectivamente  a mostrar algunos brotes verdes, la caída fue mayor de la que se recuperó durante la crisis. Las compras-ventas refieren básicamente al mercado de unidades usadas, y  son un buen indicador en una tendencia de veinte años, con altibajos, como siempre ocurre. De  todas formas, la caída operada en este período ha sido muy importante. En los últimos meses ha comenzado a reactivarse la cantidad de compras-ventas, mostrando signos positivos”, señaló el experto.

 

Créditos hipotecarios

El experto inmobiliario se refirió a los créditos hipotecarios otorgados, al señalar que existió “un derrumbe”  de casi el 35% entre agosto del 2015 y noviembre del 2016. “Los créditos hipotecarios son un sustento importante para el normal desarrollo del mercado inmobiliario. Veníamos con tasas de crecimiento muy altas a partir del 2006, 2007, donde el mercado se recuperó prácticamente de sus cenizas, con tasas de crecimiento del orden del 20% anual pero, a partir del 2015, el derrumbe ha sido muy significativo. Y lo llamativo es que, en el marco de ese derrumbe de créditos, ha estado subiendo la venta de viviendas nuevas en Montevideo. Es decir, que los compradores de viviendas nuevas, ya sea del sector privado o las viviendas promovidas, así las llamaremos cuando hagamos referencia a las viviendas dentro de la ley 18.795, ya que el gobierno está a punto de cambia el confuso nombre de Viviendas de Interés Social por viviendas promovidas, efectivamente se ha hecho sin la utilización de créditos hipotecarios”, afirmó Villamide.        

Con respecto a venta de unidades nuevas, en un gráfico segmentado en costa de Montevideo y resto de la ciudad, el consultor mostró que la franja costera se mantiene estable en ventas (tomando en cuenta la primera venta y no la reventa), con un crecimiento de este segmento en el resto de Montevideo, previsible debido a las viviendas promovidas por la ley 18.795.  “Las primeras ventas no paran de crecer y esto se debe, fundamentalmente, a partir del 2012 cuando se empezaron a vender las primeras viviendas promovidas por la referida ley. O sea que, el impacto que eso ha tenido ha sido muy importante y, de hecho, hoy las primeras ventas corresponden casi a un tercio del total de promesas en el mercado, algo que no había ocurrido, hasta ahora, en los últimos veinte años”, explicó el experto inmobiliario.

 

Evolución de la ley 18.795

Villamide realizó un racconto desde que entró en vigencia la 18.795 de Viviendas de Interés Social, en agosto del 2011, y de los cambios realizados a dicha normativa. El primero de ellos fue en julio del 2014, cuando se crearon topes para el 25% de todas las unidades en todos los proyectos en Montevideo. “Eso tuvo un impacto en su momento. En las reuniones que tuvimos con  el Ministerio de Vivienda, advertimos que los proyectos presentados  podían caer a la mitad”, dijo Villamide. Agregó que otro cambio más cercano en el tiempo se produjo a instancias de  “un  fuerte lobby de algunas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas”.  En este caso, el equipo económico optó por pedirle al Ministerio de Vivienda que introdujera cambios que facilitaran el crecimiento de las inversiones en el sector y la recuperación de puestos de trabajo, según narró el consultor inmobiliario.

“Desde agosto del año pasado estamos aún en este tema. La verdad que las noticias que salen del Ministerio de Vivienda son preocupantes.  La primera cosa que uno percibe es que, efectivamente, en el 2014, se introdujeron esos cambios con el tope del 25% y cambiaron la tendencia a la alza desde la aprobación de la ley hasta ese año inclusive. Cada año se presentaban más proyectos y más viviendas al amparo de esta normativa, y cuando se decretó el tope, tuvimos  una caída que fue superior, incluso, al 50%.  Constatamos, entonces, que este cambio tuvo un impacto negativo, con la pérdida de cientos de puestos de trabajo, de miles de jornales, y de muchos millones de dólares que se perdieron, que no se concretaron, por la tozudez de las autoridades de ese momento. Por aquel entonces, Francisco Beltrame era ministro de Vivienda y tuvo la deferencia de citarme. Cuando me consultaron que me parecía el cambio de los topes les dije que iba a ser un desastre. Pero lo hicieron igual. Finalmente ocurrió esa caída que habíamos pronosticado y que era justamente lo que el Ministerio de Economía quería evitar”, enfatizó Villamide.   

 

Polémica por topes en las VIS

Villamide agregó que incorporación de valores tope para los alquileres de construcciones promovidas bajo el régimen de Vivienda de Interés Social (VIS) —que definen si la exoneración impositiva es del 40% o 100%— es “un daño grave a cambio de un beneficio mínimo”, dijo el consultor y operador inmobiliario Julio Villamide.

En este sentido, estimó que 6,3% sería la máxima reducción que podría haber en el tope de los alquileres en relación a los precios actuales o futuros valores de mercado, ya que ante una cifra mayor “al inversor le convendrá alquilar a valores de mercado, aunque deba enfrentar una reducción del 60% en la exoneración de la renta sobre capital”.

Se trata de cambios normativos informados a principio de febrero por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que fueron analizados por Villamide en la referida charla títulada “Incertidumbre estatal afecta buen momento en venta de unidades nuevas”.

La principal variante para las VIS es la fijación de límites a las exoneraciones tributarias de IRPF e IRAE a las que pueden acceder quienes inviertan en la construcción de viviendas para luego alquilarlas, según si el arrendamiento está por debajo de ciertos precios aún no anunciados (si el alquiler supera el tope la exoneración será del 40%, si es igual o inferior será del 100%).

“La sola mención de los topes ya retrajo inversiones”, sostuvo el consultor inmobiliario y añadió que se está haciendo “un desguace” de la ley 18.795 que promovió las VIS. Asimismo, en su presentación analizó que había “un contexto en el que los alquileres habían moderado las subas y luego comenzado a caer”, pero los cambios impuestos por el gobierno “podrían hacer bajar la oferta y recuperar la tendencia alcista en los valores”.

 

Roles públicos y privados

En torno al mercado habitacional, señaló que existe una “subvaloración” de la ley y de los impactos en el sector. “A partir de la ley, los roles públicos y privados quedaron bien definidos. Es decir, los privados iban a atender lo que antes hacía el Banco Hipotecario, este organismo, desde la década del 90 hasta la crisis, entregó miles de préstamos para compra de viviendas usadas, pero además financió decenas de proyectos en toda la ciudad con financiamiento público. La  idea  de esta ley era ´saquémosle esto al Estado, en tanto el privado está demostrando tener capacidad de inversión, que atienda el sector privado esto que antes atendía el Banco Hipotecario´”, afirmó.

Y en el entendido que los roles estaban bien definidos, la ley 18.795 comenzó a ser vista como un modelo a replicar en otros países. De hecho, el consultor inmobiliario fue convocado en el 2015 por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), autoridades del gobierno y del sistema financiero de ese país. “Están muy interesados en aplicar en Paraguay una ley similar a la uruguaya. Incluso una delegación visitó a nuestro país  que incluyo reuniones con autoridades del Banco Hipotecario, de la Agencia Nacional de Vivienda y empresarios uruguayos. También convocados por el gobierno argentino de Macri para explicar los alcances de la ley. Éramos un poco el modelo a nivel regional de muchos gobiernos”, enfatizó Villamide.

Siguiendo con la ley 18.795, sostuvo que ha sido “muy buena” para el Estado. “Cuando el Estado hace la recuperación de la vivienda informal, el costo que eso tiene es muy superior a la renuncia fiscal que hace para una vivienda promovida  y no es que estas viviendas vayan a sustituir viviendas en asentamientos irregulares. Pero hay un efecto dominó que se da de manera inversa a los momentos de crisis. Durante un ciclo de expansión, como el que hubo entre el 2007 y el 2013,  se da ese fenómeno. Es decir, por poner un ejemplo, alguien que alquilaba en La Blanqueada se muda a una vivienda promovida y muy probablemente una familia de un asentamiento irregular, con capacidad de alquilar,  se muda a esa vivienda de La Blanqueada. En algunos estudios que hemos hecho sobre asentamientos hemos detectado que ese tipo de situaciones se dieron”, dijo Villamide.

En otro tramo de la exposición hizo referencia al dinero que le genera a la Intendencia de Montevideo, en impuestos, este tipo de viviendas. “El intendente de Daniel Martínez tendría que extenderle una alfombra roja a los inversores. Solo las viviendas terminadas ya generan 1.2 millones de dólares anuales de contribución inmobiliaria. A eso hay que sumarle los impuestos  municipales. Y las viviendas promovidas por esta ley,  que están en ejecución, suman otros 1,8 millones de dólares. Por lo tanto, son unos 20 millones de dólares, por quinquenio, solo en Montevideo. A esto hay que agregarle todos los efectos positivos que tiene para la ciudad, que deja de extenderse patológicamente y tiende a concentrarse. Lo que hace una ciudad más fácil de gestionar, logrando ahorros significativos. No nos olvidemos que Montevideo es una de las ciudades con menor densidad de América Latina y la más baja del Cono Sur”, afirmó.     

Sobre el futuro del sector, señaló que “los fundamentos del mercado inmobiliario se fortalecerán” en 2017, porque las inversiones seguirán siendo atractivas (en particular en Montevideo) y se producirá un retorno de inversores argentinos, aunque en menor medida que años atrás. Pero subrayó que “el nuevo mercado se desarrollará en un marco desconocido” con operaciones bancarizadas, controles por lavado de activos y sin secreto bancario. Para finalizar, Villamide advirtió que “si el gobierno no corrige sus errores en política habitacional, es probable que llegue a 2019 con alquileres en alza y nuevo crecimiento de los asentamientos irregulares”.

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