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El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y titular de Zulamian Desarrollos Inmobiliarios dialogó con Del Constructor sobre la actual situación de la industria y del sector inmobiliario y cuáles son las perspectivas para el 2019. Durante la charla, Zulamian analizó varios elementos como la posibilidad de una segunda planta de UPM, las viviendas promovidas y los proyectos de Participación Público Privada (PPP). 

Zulamian también se refirió al rol de los desarrolladores inmobiliarios, a los inversores y al Estado, el que debería “ser un facilitador de estas inversiones, fundamentalmente a través de dos cosas esenciales: algunas exenciones tributarias para bajar costos y, simultáneamente, facilidades en cuanto a trámites, gestiones y tolerancias en cuanto a edificaciones, afirmó.

 

¿Cómo presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) cuál es su balance del 2018 para el sector?

Le cuento que 2018 ha sido un año difícil. Por suerte se controlaron algunas variables como el tipo de cambio, ya que los inmuebles se venden en dólares y si éste se hubiera disparado, la venta podría haberse paralizado. Pero ello no ocurrió, además, y en parte porque los desarrolladores somos conscientes de las limitaciones costo-beneficio. De todos modos es importante que el público comprador entienda que, dada la estructura de costos de mano de obra y materiales, y dado lo estrecho del margen de beneficio, los precios no tenderán a la baja sino que tenderán a subir moderadamente. Y que, siempre, la compra en el Pozo o durante la construcción será a menor precio que con el producto finalizado. También, es bueno comentar que el sistema a nivel bancario, además de dólares, maneja Unidades Indexadas que son pesos reajustados por dicha indexación, con plazos de pago a 15 y 20 años.

 

¿Considera que la retracción en materia de inversiones en Viviendas Promovidas (antes denominadas de Interés Social) ha contribuido al enlentecimiento de inversión privada?

Eso es una parte del asunto. Pero si, ha contribuido al enlentecimiento de la inversión privada.

 

Atraer inversores

¿Qué debería hacer el gobierno, o el Estado, para atraer inversores en este sentido?

El Estado debe atraer desarrolladores y que los desarrolladores atraigan inversores. Nosotros siempre estaremos, en las buenas y en las malas. Porque los desarrolladores somos profesionales permanentes del sector y los inversores son puntuales.

Cuando un desarrollador toma la decisión de un nuevo proyecto,  trae cosas muy positivas para la sociedad: muchos nuevos puestos de trabajo, y consumidores en todo sentido luego de terminado el edificio y otros puestos de trabajo relacionados con el mantenimiento, limpieza, vigilancia, entre otros. Nuevos bienes que contribuyen al desarrollo de las ciudades y al bienestar de la sociedad.

El Estado debe ser un facilitador de estas inversiones, fundamentalmente a través de dos cosas esenciales: algunas exenciones tributarias para bajar costos y simultáneamente facilidades en cuanto a trámites y gestiones y tolerancias en cuanto a edificaciones como, por ejemplo, más volumen constructivo, o más facilidades arquitectónicas, en un terreno. Lo primero es a nivel nacional y lo segundo a nivel departamental.    

 

Desde APPCU, ¿qué planteos se han hecho al gobierno, en busca de soluciones, para revertir la situación?

Siempre, para mejorar la situación, la gestión de APPCU es permanente en este sentido. Desde hace años se plantea por ejemplo la eliminación del Impuesto a las trasmisiones patrimoniales. Dado que, además, se paga Impuesto a la Renta. También quitar el porcentaje de 4% que va a Caja de Profesionales Universitarios que se agrega a las tasas de BPS que pagamos y ya son en sí bastante elevadas realmente.

Y si bien son muy buenas opciones las normas sobre Vivienda Promovida y sobre Grandes Emprendimientos, sugerimos eliminar algunas limitaciones que frenan en muchos casos a los desarrolladores. En Vivienda Promovida es el limite de precio al 10%  de las unidades, y el momento de la resolución de esas ventas que llevaría casi un año posterior a ocupación, cuando podría resolverse al principio, que es cuando el desarrollador vende más barato, en el pozo. En grandes emprendimientos que es una solución excelente, podría, por ejemplo, admitirse que la misma sociedad propietaria construyera simultáneamente en dos terrenos para llegar a los montos de obra exigidos. Y generar, así, nuevos puestos de trabajo en igual cantidad pero distribuidos en dos obras.

Otro aspecto muy importante tiene que ver con los créditos para no residentes. Todos los países que manejan turistas en cantidad similar a su población, es por suerte el caso de Uruguay. España e Italia, por citar algunos ejemplos, realizan promoción a los créditos bancarios para compra de inmuebles por esos turistas para que se afinquen por lo menos un tiempo más, para que paguen impuestos y consuman en el país. Es gente de buenos recursos pero hoy casi todos precisamos de créditos para la compra de inmuebles. Esto no le saldría nada al Estado. Solo una promoción y una norma administrativa simple que permita calificar al tomador del crédito por sus ingresos, su trabajo, profesión y empresa, y no por la calificación que tenga su país. Por lo demás siempre se otorgará una hipoteca sobre el bien, que garantiza el pago. Y darle plazos más cortos, por ejemplo, 10 años para el repago y por montos más reducidos por ejemplo el 50% del valor.  

 

El gobierno ha apostado fuerte a una nueva planta de UPM, ¿cree usted que sólo con esto alcanza para dinamizar la industria?

No alcanza, pero de concretarse será un impacto importante en la industria...

 

Se lo pregunto porque ha descendido notoriamente el número de trabajadores cotizantes en la construcción.

En realidad el descenso fue muy importante desde 2015 a 2017. En el segundo semestre de este ultimo año y 2018 se ha detenido la caída de puestos. Pero claro, no se han recuperado todavía los perdidos. Esto puede llevar un tiempo.

 

¿Qué piensa de las PPP? ¿Se ha logrado algún resultado o el sistema de estos proyectos es lento, según palabras del propio ministro Rossi?

Es una herramienta, ojalá que lleguen a concretarse, esto en cualquier situación y época es bueno para el país.

 

El sector inmobiliario

 

Como director de Zulamian Desarrollos Inmobiliarios, ¿en qué momento se encuentra el sector? ¿Y cómo ha sido este año?

Bueno, nosotros estamos desarrollando en Punta del Este, lo que ha dado en llamarse grandes emprendimientos. Torres Placer Lafayette en Roosevelt, y Pedragosa Sierra y Paramount Tower en Rambla Mansa Parada 8.  Es un sistema por el cual dado el volumen de la obra, se generan muchos puestos de trabajo, y el Estado otorga algunos beneficios en la renta y el patrimonio. Esto ha sido impulsor aquí en Maldonado, de un paliativo en la recuperación de puestos de trabajo, y conjuntamente con ello la Intendencia dio exoneración de tasas y permisos, y promovió en consonancia con la Junta Departamental quien autoriza en definitiva como norma del Departamento, proyectos con más volumen constructivo, pero con una limitación lógica cuidando el paisaje y estilo del Departamento.

Esto está dinamizando paulatinamente el sector de construcción, fundamentalmente a través de obras de alta categoría constructiva, con muchos amenities y espacios verdes, entre otras propuestas.  

 

¿Hay perspectivas de reactivación a mediano plazo? 

Siempre debemos ser optimistas e ingeniosos. Los mercados pequeños requieren mucha perseverancia y trabajo constante, mucha más que los grandes mercados, además de tratar de estar creando, innovando, para hacer que el sector camine.

 

Astori ha dicho que Uruguay está desacoplado de los países vecinos, por lo que no habría que temer consecuencias negativas en nuestra economía. Sin embargo, tanto Argentina como Brasil, no están pasando por un buen momento político económico.

¿Cómo y en cuánto podría afectar a la inversión en la construcción en nuestro país? 

Yo tengo la idea, quizás me equivoque, pero pienso que toda vez que Argentina o Brasil tienen temas que los inquietan, sus ciudadanos vienen como turistas a Uruguay a alquilar, a comprar. Se sienten seguros, con confianza en nosotros. Claro que vienen en pequeñas cantidades en relación al tamaño tan grande de nuestros vecinos, pero esas cantidades para nosotros que tenemos un gran corazón pero somos 3.5 millones, nos vienen en general muy bien. Por eso es fundamental cuidarlos, generarle situaciones que faciliten su estadía, sus compras, porque hacen al destino del país en forma importante.

 

¿Cómo cree que será el 2019 teniendo en cuenta que es año electoral?

Mire, año fácil no va a ser. Yo hasta ahora no he conocido ninguno sea o no año electoral, y tengo 62 años. Vamos a tener que lucharlo, ya sea para terminar obras ya sea para continuar otras, porque después viene el 2020 y nosotros tenemos que seguir el rumbo de ir concretando cosas, no podemos detenernos.

 

Por último, APPCU viene elaborando algún documento para ser entregado a todos los candidatos presidenciables? 

En APPCU siempre estamos hablando y trabajando en los temas de nuestro sector.  Con respecto a los candidatos presidenciables eso será para el año próximo.

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El Ministerio de Vivienda (MVOTMA) salió al cruce de los promotores privados de la construcción por los proyectos de vivienda promovida y justificó los topes de precio que impuso al decir que “tampoco es la revolución urbana”.

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) planteó que se ha frenado la presentación de nuevos proyectos para construir viviendas promovidas (reciben una exoneración de impuestos para favorecer la inversión) y que eso ocurre porque los números “son muy finitos” y el tope impuesto el año pasado para la comercialización de una de cada 10 viviendas, “troncha” los emprendimientos. En la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de Diputados, el MVOTMA salió al cruce de esas afirmaciones.

“Solamente en los tres años del actual período de gobierno se promovieron 6.330 viviendas. La meta del plan quinquenal era 6.000. Es decir que ya en el año 2017 superamos la meta prevista en el plan quinquenal y la vamos a superar con creces. Ya en el año 2018 tenemos ingresadas aproximadamente 900 viviendas hasta inicios de julio y nos queda otro semestre y todo el año próximo”, dijo el director Nacional de Vivienda, Salvador Schelotto.

“El sector privado sigue interesado en esto; no es cierto que se haya inviabilizado el negocio, sino que sigue siendo tan rentable como siempre y los operadores privados siempre van a reclamar mejores condiciones, lo cual está dentro de las reglas de juego”, agregó al quitar trascendencia al reclamo de la APPCU.

La ministra de Vivienda, Eneida de León dijo en la comisión que “ha habido mucho ruido” y se dice que “la posible baja en la inversión en las viviendas promovidas se debe a la reglamentación que nosotros hicimos”.

En ese sentido, De León justificó los topes en que “vimos que indudablemente los precios de las viviendas no solo no estaban llegando a los sectores medios y bajos, como decía la ley, sino a los medios. Es decir que todos estos proyectos llegaban a los deciles ocho y nueve (parte del 30% de la población de mayores ingresos)”.

“Lo que nosotros hicimos, sin tocar el negocio total de las viviendas promovidas y poniendo como ejemplo cualquier edificio que se haga, fue quitar el tope del 100% del interior y bajar el de Montevideo del 25% al 10%, porque el negocio total al promotor le quedó igual”, agregó.

 

Viviendas promovidas

En 2014 el Ministerio de Vivienda topeó el precio del 25% de las unidades construidas dentro del régimen, pero a un valor que estaba por encima del costo de construcción y dejaba al promotor vender a quien quiera. En 2017 el nuevo decreto al que refería la ministra, topeó el precio de arrendamientos a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar, si supera los valores fijados por el MVOTMA, la exoneración es del 40% y no del 100%, y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera. Los nuevos topes “están por debajo del costo de construcción y entonces el promotor pierde totalmente”, dijo Julio Villamide, asesor de APPCU, al diario El País.

“El Ministerio, en la reglamentación, toma ese 10% y en vez de venderlo a US$ 100.000 dice: Este es un negocio tuyo, lo vendes a US$ 100.000, US$ 120.000 o US$ 150.000, pero el límite es este y si se alquila, el límite es este. ¿Para qué? Para llegar a algunos deciles más abajo. Tampoco es la revolución urbana”, respondió De León.

“Nos quedamos con ese 10% solo durante seis meses. Si no hay interesados dentro de los deciles que nosotros queremos promocionar, se devuelve al inversor la totalidad. La construcción es una industria que tiene sus ciclos. Los inversores están pensando en terminar y vender algo”, añadió la ministra.

Según De León “venimos en una baja y se ve que estamos en un momento donde se perdieron puestos de trabajo en la construcción, que se perdió inversión y la solución, en estos casos, es la inversión pública porque los privados no lo van a hacer por más exoneraciones que haya”.

Del lado de los promotores privados la visión es otra. En la reunión que los directivos de APPCU mantuvieron con Mujica y Topolansky se comprometieron a invertir si se dejan sin efecto los decretos que topean el precio de las viviendas. De hecho, se ofrecen a impulsar proyectos para la construcción de más de 100.000 metros cuadrados, que implican la generación de unos 4.000 empleos directos en el sector. “Los números son bien finitos aunque al MVOTMA y a la Agencia Nacional de Vivienda les cueste advertirlo”, indicó en una carta el secretario ejecutivo de la APPCU, Aníbal Durán.

Según la ministra, la construcción de viviendas “bajó, pero no tanto porque sigue siendo un buen negocio mantener funcionando las empresas constructoras. Estamos alcanzando a los de menor poder adquisitivo, especialmente a aquellos que pueden pagar una cuota, y nosotros ayudamos”.

 

La mano de obra en sector

Según la Cámara de la Construcción (CCU), la cantidad de trabajadores directos de obra en esta industria ascendió a 43.755 en mayo, 400 trabajadores por encima del mes anterior pero casi 2.200 trabajadores por debajo de mayo de 2017. El director de Vivienda, Salvador Schelotto cuestionó que “se habla de una pérdida de 40.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción, medida en relación al pico histórico más alto de ocupación de la industria de la construcción en el país, que se dio en los años 2013 y 2014. Es irreal pensar que a través de la promoción de construcción de vivienda en estas condiciones, con beneficios fiscales, se pueda compensar esa pérdidas; se va a compensar con el conjunto y el despliegue de la inversión pública y privada, tanto en vivienda como en proyectos de infraestructura”.

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En el marco de una reunión solicitada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU)a la vicepresidente de la República Lucía Topolansky y al expresidente José Mujica, representantes de la asociación plantearon nuevamente la necesidad de modificar la normativa que regula el régimen de viviendas promovidas para reactivar la inversión.

 

Planteo

En concreto, el planteo de la gremial empresarial fue que si se retorna a la ley original de 2011, (ley 18.7952) se comprometen a impulsar proyectos para la construcción de más de 100.000 metros cuadrados, que implican la generación de unos 4.000 empleos directos.

Como se recordará, en  2011, con el apoyo de todos los partidos políticos se aprobó una ley que otorgaba una serie de beneficios fiscales a los inversores privados buscando promover el acceso a la vivienda (a través de la compra o el alquiler) de los sectores de ingresos medios y medios bajos.

El mercado respondió y se reactivó la construcción en especial en zonas alejadas de la costa, donde solían concentrarse los proyectos inmobiliarios.

Como se recordará, en el 2014 el Ministerio de Vivienda (MVOTMA) impulsó una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas dentro del régimen, un cambio que si bien limitaba la rentabilidad imponía “un tope que estaba por encima del costo de construcción y dejaba al promotor vender a quien quiera”, según explicó al diario El País, el consultor y operador inmobiliario Julio Villamide.

La mayor complicación llegó después, a principios de 2017, cuando un nuevo decreto del MVOTMA topeó el precio de arrendamientos a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar, si supera los valores fijados por el Ministerio, la exoneración es del 40% y no del 100%,  y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.

Los nuevos topes “están por debajo del costo de construcción y entonces el promotor pierde totalmente”, sostuvo Villamide. Las modificaciones impactaron en el sector, pasando las viviendas promovidas “de 300 o 400 por mes antes a unas 80 por mes este año”, subrayó el consultor y asesor de Appcu.

Según se informa en la web de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), desde 2011 a la fecha se presentaron 703 proyectos para acceder a beneficios, de los cuales 608 fueron promovidos, lo que significó más de 16.600 viviendas construidas.

Las cifras en la web del MVOTMA muestran que mientras en todos los años previos (2012-2016) las unidades edificadas bajo el régimen superaron las 2.000, en 2017 fueron 1.571 y este año van 862.

 

En busca de apoyo

En este contexto se llegó a la referida reunión, donde los promotores buscaron el apoyo de los dos líderes político del MPP, sector  al que pertenecen la ministra de Vivienda, Eneida De León, y el presidente de la ANV, Francisco Beltrame. “La ministra y Beltrame se oponen porque dicen que los promotores ganan mucho, pero le mostramos a Mujica y Topolansky  que eso no es así. Vieron con buenos ojos nuestro planteo, lo que más le gustó es que el Estado no pone dinero, es todo de los privados”, dijo a El País el secretario ejecutivo de APPCU, Aníbal Durán.

Julio Villamide afirmó que  el Ministerio de Economía y Finanzas “siempre tuvo una postura muy clara a favor de promover inversiones y generar mayor cantidad de estímulos y quitar trabas para concretar proyectos que puedan sumar mano de obra”; pero el MVOTMA ha impulsado “una política mucho más ideologizada, que no ha priorizado la ocupación, ni la recuperación de la actividad ni de los niveles de inversión, sino otras cosas que no sé cuáles son”.

 

Imposición de topes 

El asesor inmobiliario agregó que conoce “varios casos (de inversores) que han vendido incluso los terrenos que tenían y otras empresas que se están reorientando hacia la costa” por la imposición de los topes. “Es que limitan la rentabilidad en un momento complicado por las turbulencias del tipo de cambio en Argentina y Uruguay, y hacen que el mercado esté bastante parado”, indicó.

Por su parte, la Cámara Inmobiliaria respalda la posición de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. “La inversión se ha frenado bastante, no existe prácticamente la vivienda promovida” porque los cambios legales “no fueron atractivos para los promotores y se fueron para otro lado, así de sencillo”, dijo su presidente Wilder Ananikian ante la consulta del diario.

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Mientras los promotores privados reclaman modificaciones reglamentarias que devuelvan el dinamismo a la construcción de Viviendas Promovidas (antes Vivienda Social), el gobierno considera que el flujo de inversión privada sigue siendo importante.

A partir de 2015 y hasta la fecha, se han promovido 257 proyectos con 6.706 viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, esa cifra supera la meta trazada en el plan quinquenal 2015-2019 que es de 6.000 nuevas unidades.

“Desde el momento de su aprobación y fundamentalmente a partir de 2012, la inversión privada en vivienda exonerada de ciertas cargas impositivas se viene ejecutando de forma sostenida”, informó la cartera.

Las cifras muestran que el pico de proyectos ingresados se dio entre 2012 y 2013 con una media algo superior a las 3.000 viviendas. En los años posteriores las cifras descendieron y el año pasado se presentaron algo más de 1.500 viviendas.

En lo que va de 2018 se presentaron ante la Oficina del Inversor de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) 33 nuevos proyectos por un total de 862 viviendas. Según el ministerio, el flujo de proyectos “no se ha detenido, sino que continúa a buen ritmo”.

En la actualidad hay 7.954 viviendas terminadas, 6.016 en construcción y 1.188 cuyo proyecto ya fue aprobado y se espera el inicio de las obras. En tanto, existe declaración de venta de los inversores-promotores de 6.430 unidades

Los promotores privados sostienen que los inversores comenzaron a perder interés a comienzo de 2017 cuando entraron en vigencia los cambios en el sistema de tope de precios dispuestos por el Poder Ejecutivo.

De hecho, señalan ese factor como el principal elemento que ha modificado sus ecuaciones y que ha desestimulado la presentación de nuevas obras. Los empresarios entienden que la única regulación de ese mercado promovido desde el gobierno con exoneraciones impositivas casi totales debe estar dada por la oferta y la demanda.

Originalmente, cuando se aprobó la ley de Vivienda Social en 2011, no había topes sobre los precios de venta. Tres años después se limitó el precio del 25% de las unidades de cada proyecto. Luego, en 2017 el tope se redujo al 10% de las viviendas, pero con la salvedad de que esas unidades se ponen a disposición del Ministerio de Vivienda hasta un año después de terminadas y a valores de entre US$ 35 mil y US$ 40 mil menos que su valor de mercado.

También se modificaron los beneficios fiscales para las viviendas que se vuelcan al mercado de arrendamiento. Los inversores que adquieren esos inmuebles pueden exonerar el 100% de IRPF e IRAE siempre que los precios de arrendamiento no superen los topes que determina el gobierno. Cuando se supera ese límite, el beneficio se reduce a 40% de las rentas generadas. Antes la normativa no hacía referencia a los precios.

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Jueves, 28 Junio 2018 15:08

Relaciones laborales equilibradas

Ante una instancia tan peculiar que  viviremos en poco tiempo, con una cantidad muy importante de acuerdos salariales que deberían cerrarse, es buena cosa insistir en aspectos básicos.

Y lo que expondré no es ni  de derecha ni de izquierda, es sentido común y primacía de la ley, en lo posible. Ya alguna vez nos hemos referido a este tema en del Constructor.

 

El ejercicio de las libertades y derechos fundamentales (libertad de trabajo, de empresa, de circulación, de propiedad, seguridad jurídica), debe estar garantizado y protegido por el gobierno. Cuando se ocupa un lugar de trabajo, eso no sucede. Recurrentemente dicho: es inconstitucional.

 

Los protagonistas principales de las relaciones laborales deberían ser los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones. Diálogo mediante, las organizaciones deberían llevar a cabo negociaciones colectivas bipartitas, libres y voluntarias. Incluso el artículo 2do de la ley de negociación colectiva se refiere a ello.

Pero eso no ocurre: en los Consejos de Salarios, se incorpora el gobierno, incluso estableciendo “pautas” o “lineamientos” desde el vamos. Como volvió a ocurrir. Los Convenios de la OIT, abogan por una negociación bipartita, libre y voluntaria.

El gobierno debe tener un rol subsidiario. Llevamos muchos años de negociación colectiva y sin duda los actores ya tienen la madurez y práctica suficientes, como para encarar las negociaciones sin la presencia gubernamental.

 

Sin perjuicio del imprescindible equilibrio que tiene que guardar el gobierno en todo este entramado (el gobierno de izquierda no debe volcarse a los trabajadores  per se), sería menester que con la antelación debida, aquél ponga sobre la mesa todas las propuestas que tenga en mente, modificaciones legales incluso, para que todos los actores puedan opinar y tener incidencia en una posible redacción. ¿Eso sucedió?

 

La buena fe debe imperar en todos los actores y el cumplimiento estricto de las normas. Se puede producir lo que se llama la anomia, donde las reglas existen pero son desoídas. Sucede.

Deberían haber sanciones trascendentes para quien incumpla la norma y el gobierno actuar con el equilibrio reclamado líneas arriba.

 

La huelga prevista en la Constitución desde 1934, mandata a la ley la reglamentación de su ejercicio y efectividad. Transcurridas varias décadas desde su reconocimiento, sólo se ha tenido en cuenta la obligación de preavisarla (y a veces no se cumple), con siete días. Hay que aprobar un marco regulatorio de la huelga, subsidiario del que puedan pactar las partes en la negociación colectiva. En dicho marco hay que especificar el concepto de huelga, reglas de procedimiento para su declaración y límites formales y materiales para su ejercicio.

 

Algo determinante: el gobierno debe asumir una postura de neutralidad e imparcialidad en su rol de mediador voluntario en los conflictos laborales. De ninguna manera debe mimetizarse con la postura de los trabajadores a priori, por el solo hecho de serlo. Cómo bien ha propuesto el abogado Nelson Larrañaga, versada y destacadísima figura en derecho laboral, habría que crear un órgano independiente del gobierno, integrado por idóneos en técnicas de negociación, que brinde servicios de conciliación, mediación y arbitraje voluntarios, como existe en países desarrollados.

 

Todo lo aquí propuesto (por lo menos eso entiendo yo)  no va en desmedro de nadie.

 

La consigna es recurrente: necesitamos magnanimidad y paz entre las partes en la mesa de discusión (que no es contradictorio con el  énfasis en la discusión). La paz brinda un tiempo para reflexionar, que es cuando la mayoría de las cosas buenas tienen su comienzo.

 

Aníbal Durán

Gerente Ejecutivo de APPCU

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