La Tulane School of Architecture de Nueva Orleans abordó por primera vez este tema de vital importancia para nuestro planeta en una serie de conferencias realizadas entre el 7 y 9 de noviembre de este año. Este proyecto urbano en el río Yamuna de Nueva Delhi, en la India, pone de manifiesto cuál será uno de los principales retos del cambio climático: la ausencia y el exceso de agua.

 

Debate

El cambio climático es un hecho que nos afecta a todos. También al mundo de la arquitectura, cuya creciente incertidumbre ha estado respondiendo a las campanas de alarma introduciendo nuevas iniciativas. Por primera vez, tanto arquitectos como expertos relacionados con la educación se reunieron en un importante debate en la Tulane School of Architecture de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans bajo el nombre de Uncertanity (Incertidumbre). ¿Cómo puede la arquitectura ayudarnos a afrontar las amenazas del cambio climático? ¿Qué responsabilidad tiene la educación en este campo? Ambas preguntas fueron formuladas gracias a la presencia, durante tres jornadas, de figuras clave del sector educativo, social y arquitectónico de renombre internacional como, entre otros, el arquitecto español y decano de la propia universidad estadounidense, Iñaki Alday; Karen Seto, urbanista y profesora en la Universidad de Yale; el arquitecto y profesor de la Universidad de Toronto Richard Sommer, o Pankaj Vir Gupta, profesor de la Universidad de Virginia y arquitecto en su Nueva Delhi natal.

Las conferencias, organizadas por ACSA (la Asociación de Escuelas Colegiadas de Arquitectura), discutió abiertamente sobre el rol que deben tomar en estos momentos las escuelas de arquitectura, así como su responsabilidad social. Sin ir más lejos, la propia Tulane School of Architecture desde hace años impulsa esta nueva realidad a través de varios de sus programas educativos, como, por ejemplo, con uno dedicado exclusivamente a estudiar la capacidad de la arquitectura para abordar problemas como los desastres naturales, el desarrollo urbano sostenible o el acceso equitativo a la vivienda. No hay más que recordar que el centro y las charlas sucederán en la ciudad que más sufrió el destructivo huracán Katrina en el año 2005.

 

Peligros

Todos los expertos, sin excepción, apuntaron a que el cambio climático pone sobre la mesa peligros que deberán afrontarse como la ausencia y el exceso de agua. Esta dicotomía, que vendrá dada tanto por sequías como por inundaciones y el aumento del nivel del mar, fue uno de los puntos clave de estas conferencias. Sin duda, la innovación y la tecnología jugarán un papel muy importante en el modo en que la arquitectura puede integrar el diseño de los edificios en su entorno acuático: desde proyectos flotantes hasta sistemas urbanos de recuperación de agua fluvial.

Otro elemento que ocupó muchas horas durante estos tres días será el papel de las escuelas de arquitectura en la creación de un cambio social real, abordando cuestiones relacionadas con su pedagogía, su labor de investigación y su impacto sociopolítico de cara al futuro. La clave está en la investigación interdisciplinaria de las escuelas, ya que los futuros arquitectos deberán de ser capaces de enfrentarse a los problemas que nos plantea el cambio climático mediante una formación amplia que aborde distintas disciplinas que van desde la propia arquitectura, pasando por las ciencias sociales, la economía, el derecho o el emprendimiento social.

El gobierno extendió el plazo de los beneficios fiscales para las construcciones de “gran dimensión económica” -alrededor de US$ 16 millones- para la venta o arrendamiento de inmuebles con destino a oficinas o vivienda, que se habían puesto en 2016 y que vencían el 31 de diciembre de 2021.

Tras una reunión entre empresarios de la construcción de viviendas y oficinas y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori y el subsecretario de esa cartera, Pablo Ferreri, se hizo el anuncio.

El nuevo decreto señala que el plazo para ejecutar las obras se extendió un año, del 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Eso será siempre que la obra se inscriba ante el Banco de Previsión Social antes del 31 de diciembre de este año y se comience con su ejecución antes del 15 de enero de 2020.

“Esto les da más tiempo a las empresas, que por distintos motivos asociados a las realidades del mercado vieron demorado el inicio de las obras o la ejecución de las mismas”, dijo Ferreri  al diario El País. “Esta extensión del plazo, permitirá que efectivamente puedan utilizar los beneficios que prevé la norma” lo que “con el plazo más corto les hubiera resultado inviable”, agregó.

 

Beneficios

Los beneficios incluyen la exoneración de algunos impuestos y tasas a la importación de equipos, máquinas y materiales destinados a la obra civil y exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas por el equivalente al 20%, 25% o 30% de la inversión (a mayor monto invertido, mayor porcentaje de beneficio), entre otros.

“Según lo conversado con algunos de los principales promotores de la construcción, esto posibilitará la ejecución de proyectos por aproximadamente US$ 250 millones”, señaló Ferreri.

El vocero del encuentro por el lado de los empresarios fue Eduardo Campiglia, director de Campiglia Construcciones. “Nos comunicaron la extensión de plazo que habíamos solicitado, porque hay proyectos muy importantes que sin (la extensión del) plazo se perdían los beneficios fiscales, entonces no se iban a comenzar”, señaló Campiglia.

En el caso de Campiglia, el ejecutivo explicó que están con un proyecto de oficinas y viviendas en la zona del World Trade Center en Pocitos. “Es un proyecto que venimos luchando hace 27 años y esperamos concretarlo ahora. La extensión del plazo (de los beneficios fiscales) ayuda a tomar el riesgo” de la inversión, aseguró.

“Si no tuviéramos este beneficio sería imposible (de concretarlo) porque es un proyecto a largo plazo”, agregó y remarcó que la iniciativa implica unos US$ 100 millones.

Campiglia dijo que desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) se planteó al gobierno la posibilidad de que aquellas empresas con varios proyectos pero que individualmente no alcancen a ser de “gran dimensión económica” pudieran sumarse y así acceder a los beneficios.

Sin embargo, Ferreri señaló que “esto en principio no se analizó”.

El empresario Eduardo Campligia dijo que la construcción “no está en el mejor momento. Pero, la construcción es así, tiene momentos más altos y más bajos”.

La entrega del Premio Nacional de Urbanismo se realizó el pasado martes 5 de noviembre y de 115 postulaciones, se reconoció a 20, correspondientes a siete categorías, entre las que se destaca el Premio a la Trayectoria, otorgado al arquitecto Mariano Arana.

El objetivo es consolidar la cultura de la planificación urbana y territorial, para lo cual es necesario analizar lo que se realiza, dijo la titular de Vivienda, Eneida de León.

En un encuentro que reunió a más de 200 personas, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, el director nacional de Ordenamiento Territorial, José Freitas, y el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Marcelo Danza, dieron la bienvenida a los presentes.

“Consideramos que es muy importante que se analice lo que se realiza, el nivel de intervención en los espacios públicos y a nivel de urbanismo”, dijo De León, quien agregó que es necesario valorar las propuestas que cargan de sentido el territorio y seguir trabajando por ciudades más inclusivas, dignas y sostenibles.

Por su parte, Freitas manifestó la necesidad de que este nuevo ámbito del Premio Nacional se constituya definitivamente como una plataforma que impulse y visibilice ideas y proyectos que, a través de acciones concretas, mejoran la calidad de vida de los habitantes del territorio.

El premio viene ganando importancia en el ámbito urbanístico del país y en esta oportunidad recibió 115 postulaciones. Además, a través de la firma de un acuerdo entre el ministerio y la Universidad de la República (Udelar), se formalizó la colaboración de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Este año se sumó una innovadora categoría, Eventos urbanos, que acercó nuevos actores y miradas.

El cierre del evento estuvo a cargo del ganador del Premio a la Trayectoria, Mariano Arana, docente, dos veces intendente de Montevideo, ministro, senador de la República y actual edil departamental.  Recibió el premio de manos de la ministra De León y, visiblemente emocionado, ubicó esta distinción sobre su persona como integrante de una generación y como producto genuino de la Udelar.

Esta edición tuvo 20 premiados, entre los que se destacan el festival Jazz a la Calle, Un Silencio Bárbaro y Ferias de Culturas Alternativas, dentro de la nueva categoría Eventos urbanos. También fueron distinguidas por sus proyectos y planes las intendencias de Paysandú, Flores, Maldonado y Canelones, así como el Municipio B de Montevideo. En el área de investigación y comunicación, fueron reconocidos estudiantes y profesionales de las más diversas ramas.

Tanto el ministerio como la Facultad de Arquitectura impulsan desde los más amplios y variados ángulos el desarrollo de la disciplina urbanística y sus prácticas conexas, con el objetivo de consolidar en Uruguay la cultura de la planificación urbana y territorial.

Durante la Conferencia Anual de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, este año celebrada en Quito y enmarcada en las celebraciones del 50 aniversario de la institución, se presentó el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019), que analiza las medidas más eficientes que los Estados latinoamericanos pueden adoptar para reducir la corrupción.

La integridad en las políticas públicas es fundamental para maximizar el bienestar colectivo en América Latina. Los desafíos en esta materia son apremiantes, teniendo en cuenta que algunos datos revelan que la corrupción es un problema prioritario en la región.

La corrupción debilita la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad; compromete la productividad y el crecimiento de las economías; desincentiva la inversión y la innovación; reduce la confianza en las instituciones; afecta la calidad de las obras; y estimula la desigualdad al afectar con mayor severidad a los más vulnerables.

Ante esta realidad, los gobiernos han respondido con medidas para combatir la corrupción desde diversos frentes. Por un lado, se han afinado y actualizado instrumentos legales pertinentes, a la vez que se ha buscado fortalecer las capacidades de los órganos de investigación y administración de justicia. Estos esfuerzos en lo normativo han sido complementados con iniciativas de acceso a la información y de gobierno abierto que, apalancándose en las nuevas tecnologías, han permitido mejorar los procesos de fiscalización al interior del Estado, así como la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

El Reporte de Economía y Desarrollo de CAF, titulado “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción” pretende hacer una contribución en esta agenda de reformas, repasando los avances y tareas pendientes en cuatro ámbitos de acción: el funcionamiento de las instancias oficiales de monitoreo y control de los funcionarios; los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, y su papel en la atracción y reclutamiento de individuos idóneos e independientes; el control externo vía iniciativas de transparencia y participación ciudadana; y regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado.

“El análisis sugiere que el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido importante, pero aún hay un largo camino por recorrer para llenar vacíos legales o regulatorios y para asegurar la implementación efectiva de muchas de las medidas que se han propuesto. En particular, es necesario invertir en las capacidades de los organismos que forman el ecosistema de las políticas de integridad como contralorías, tribunales electorales, fiscalías, cortes, agencias de administración del servicio civil, entre otros”, aseguró Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF.

 

Propuestas

El RED 2019 plantea una serie de propuestas para promover una agenda de integridad comprehensiva alrededor de un conjunto de claves que incluyen: Adoptar protocolos y fórmulas de decisión basadas en criterios objetivos; fortalecer los sistemas de auditoría y las capacidades de investigación y administración de justicia; promover sistemas electorales competitivos y transparentes; profesionalizar el servicio civil y basar el ingreso a la función pública en el mérito; mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar del Estado y los funcionarios; empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes; garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios; reforzar institucionalidad para evitar el pago y ofrecimiento de sobornos por parte de particulares e incentivar la adopción de programas de cumplimiento al interior de las empresas; invertir en una mejor regulación de las actividades de cabildeo, en la identificación y gestión de conflictos de interés, mejorar los procesos de decisión en actividades especialmente vulnerables, como la provisión de infraestructura pública.

Sanguinetti agregó que “para el avance efectivo de reformas se requieren ciertas condiciones: un sistema político contestable; coordinación ciudadana alrededor de la agenda; y un encargado o líder con credibilidad para la propuesta e implementación de cambios”.

Finalmente, es importante resaltar el rol disruptivo que puede tener la tecnología. Las herramientas de generación, apertura y procesamiento de datos brindan muchas oportunidades. Las aplicaciones tecnológicas permiten mejoras en la gestión de recursos, la comunicación y el monitoreo intragubernamental, a la vez que habilitan nuevos canales de difusión de información dentro del Estado y hacia la ciudadanía.

El Ministerio de Transporte es responsable de los 8.880 kilómetros que componen la red nacional vial. Hasta ahora fueron rehabilitados 3.684 kilómetros, más del 40%, con obras en todos los departamentos del país. Además, el 67% de las carreteras están en estado bueno o muy bueno, según la calificación que se utiliza desde 1994. Es el dato más importante en la historia de país, aseguró el titular de la cartera, Víctor Rossi.

Durante el almuerzo de trabajo que organizó la revista Somos Uruguay, Rossi describió las inversiones que se realizaron en las rutas entre 2015 y 2019, que incluyeron la rehabilitación de carreteras por 804 millones de dólares, mantenimiento por 180 millones y la contratación a privados para el mantenimiento por 713 millones de dólares.

A esto, agregó la mención a los 158 millones de dólares para el ensanche de rutas y mantenimiento de puentes: 117 millones para seguridad y alumbrado y el resto destinado a gastos de administración. El total de la inversión efectiva en rutas nacionales totalizó 2.020 millones de dólares.

Por otra parte, las intendencias y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Fondo de Desarrollo del Interior, también aportaron fondos para la recuperación vial. Rossi mencionó la inversión del viaducto, que alcanza los 120 millones de dólares y será asumido por la Administración Nacional de Puertos.

El jerarca recordó que en 2015 los recursos del ministerio previstos para vialidad eran de 123,7 millones de dólares y que en 2016 ascendieron a 261 millones de dólares. Según indicó, a partir de 2017 la cifra creció sustancialmente: 480 millones de dólares ese año, 541 millones en 2018 y 512 millones en 2019. Para el ministro, se requiere una inversión anual superior a los 500 millones de dólares para mantener el actual estado de las carreteras.

El origen de los recursos correspondió al siguiente detalle: 467 millones de dólares a presupuesto, 1.450 millones a través de la Corporación Vial del Uruguay y 102 millones por concesión de obras.

Rossi detalló los avances del proyecto por participación público-privada (PPP) que incluyen la recuperación de las rutas 21 y 24 y el bypass al puerto de Nuevo Palmira, por 80 millones de dólares, y la de las rutas 12, 54, 55, 57, un tramo de la ruta 21 y el puente sobre el Arroyo de las Vacas, en Carmelo, para lo que se prevé una inversión de 100 millones de dólares.

Están adjudicados y en trámite de cierre financiero el proyecto que involucra a las rutas 9 y 15 y un tramo de la 14 desde Sarandí del Yí a Rocha, la ruta 6 y un puente nuevo no inundable sobre el río Santa Lucía, en San Ramón, y la doble vía en la ruta 3 desde la 1 hasta la 11, con un bypass y un nuevo puente sobre el río San José.

“La participación público-privada es una herramienta muy importantes que debe ser utilizada para abordar no solo obras de carreteras y de centros educativos, como se realiza actualmente, sino también para obras de infraestructura que el país va a tener que gestionar en el futuro”, aseguró.

En cuanto a las obras proyectadas, señaló que están definidos los contratos y el financiamiento para 32 puentes, ensanche y refuerzo, y 12 pasos superiores ferroviarios, que requerirán una inversión de 60 millones de dólares.

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