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En el marco del evento “Uruguay Invierte”, organizado por InfoCasas, el Cr. Alfredo Kaplan -uno de los asesores de la Ley de Vivienda Social- brindó su perspectiva sobre los aspectos más positivos del programa y algunas de las falencias de la reformulación de la ley en marzo de este año. Para el asesor inmobiliario, la ley ha tenido un impacto muy positivo en reactivar algunas zonas de Montevideo, pero la reformulación de marzo de este año ha desacelerado la presentación de nuevos proyectos.

 

Perspectivas

El contador Alfredo Kaplan brindó su perspectiva sobre los aspectos más positivos del programa y algunas de las falencias de la reformulación de la ley en marzo de este año. En este contexto, afirmó que el sistema de topeo de precios es uno de los aspectos que, en su opinión, deberían mejorarse. “Cuando surgió la Ley de Vivienda Social en 2011, no había topes de precios. Como no se llegaba a los quintiles necesarios, en su momento, hace un par de años, se topeó el precio del 25% de las unidades de cada programa habitacional”, explicó Kaplan.

Agrego que “en marzo de 2017 se hizo un nuevo cambio restrictivo, que fue limitar el topeo solamente al 10% de los casos, pero con esta salvedad: ese 10% de las unidades están a disposición del Ministerio de Vivienda, hasta un año después de terminado el beneficio, a valores de entre 35.000 y 40.000 dólares menos de su valor de mercado”.

El asesor inmobiliario sostuvo que, como contrapartida de los beneficios de la ley, el promotor tiene que dejar una serie de unidades a disposición del Ministerio de Vivienda que las pagaría dentro del año de finalización de la obra. “Esto significa perder el dinero de esas unidades o trasladar esos costos al resto de las unidades”, señaló el experto.

Como consecuencia de esta modificación en la Ley, disminuyó la cantidad de proyectos nuevos que se presentan en el programa.

Entre 2012 y 2016 se presentaron a la ANV 15.000 unidades habitacionales, un promedio de 250 unidades al mes, la mayoría ya finalizadas o en obra. “Prácticamente todos los proyectos de vivienda social que se exponen hoy en InfoCasas fueron presentados antes de marzo 2017, por lo cual tienen exoneración del 40% o 100% del IRPF por alquiler, dependiendo de la zona”, apuntó Kaplan.

De marzo hasta fines de 2017, ese promedio mensual de unidades presentadas bajó a la quinta parte. “Eso implica de alguna forma que el mercado está reaccionando, que estas nuevas reglas de juego están complicando el futuro crecimiento del sector, uno de los sectores más dinámicos de la economía”, analizó el Contador. Esto repercute directamente en el empleo: “la industria de la construcción, cuando la Ley alcanzó su auge, llegó a tener más de 75.000 trabajadores. Hoy tiene poco más de 40.000, de los cuales en Montevideo más del 60% está vinculado al tema de Vivienda Social”.

El tope de precios, además de ese impacto negativo en la cantidad de proyectos presentados, afecta la propia calidad de las construcciones. Cuando se fija un precio máximo de cualquier producto o servicio, en general lo que sucede no es que los productos sean más accesibles, sino que los productores conserven su margen de ganancia apelando a una calidad inferior en la producción. “El control de precios no siempre es positivo, porque lleva a construcciones de menor calidad”, concluyó Kaplan.

 

Repensar la ley

Otra mejora que necesitaría la Ley, según evalúó Kaplan, es incluir más unidades monoambientes y de un dormitorio dentro del programa de beneficios. “El gobierno buscó que la ley no se desvirtuara con la construcción de oficinas y limitó los monoambientes a un 20% y las unidades de un dormitorio hasta un 50% del edificio. Al tipo de composición familiar de hoy sería positivo que hubiese más unidades de un dormitorio que de dos o de tres, porque se venden menos”, subrayó el asesor inmobiliario. 

La fragmentación familiar y el crecimiento de las viviendas unipersonales fue uno de los tópicos durante las distintas conferencias del evento Uruguay Invierte; trazando uno de los nuevos desafíos a los que debe adaptarse el mercado inmobiliario en nuestro país.

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En entrevista con Del Constructor, el dirigente gremial del Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA), Óscar Andrade, se refirió al actual nivel de empleo en el sector y señaló que se espera un repunte moderado para el segundo semestre del próximo año. Otro de los puntos abordados fue el acuerdo alcanzado de la primera fase entre el gobierno y UPM para la instalación de una segunda planta de la empresa. Para el sindicalista se trata de una inversión importante y que, por ende, genera un impacto positivo en el sector, aunque, advirtió “no es la salvación para el Uruguay”.

Se mostró crítico, además, en algunos beneficios otorgados por el gobierno a la empresa finlandesa y fustigó el acuerdo bipartito alcanzado en puntos donde el PIT-CNT había demostrado su disconformidad, especialmente en lo que refiere al porcentaje de mano de obra nacional que debe ser contratada para la mega obra. Esto, afirmó, podría llevar a obstaculizar un futuro acuerdo en la segunda fase del proyecto. Por último, expuso su posición con respecto a la denuncia elevada por las cámaras empresariales del Uruguay a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

¿Qué balance hacen desde el SUNCA de este 2017?

Para la industria de la construcción este es un año meseta. De hecho, podemos hablar de dieciocho meses de meseta en términos del empleo, en un nivel de actividad que no es malo comparado con niveles históricos. O sea, hoy la industria está entre 44.000 y 46.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social y esta relación podría ser hasta positiva si la comparamos con el período de la década del 90 donde había entre 30.000 y 35.000 trabajadores y llegando a 40.000 trabajadores entre el 2005 y el 2008. El momento más dramático fue la crisis del 2002 con 15.000 trabajadores registrados.  Pero decimos que estamos en una meseta si comparamos la actualidad de esos 46.000 trabajadores actuales, cuando tuvimos en el período 2011 al 2014 entre 65.000 y 70.000 trabajadores.

 

Pero eso fue un pico histórico. 

De acuerdo, pero la percepción que nos queda es la de ese pico histórico. El trabajador que estaba en la industria, en ese período,  hoy no tiene trabajo.  Hoy tenemos la misma cantidad de trabajadores que había en el 2010, pero no es la misma percepción que en ese año. En el 2010 veníamos avanzando en cantidad de trabajo, de puestos de trabajo, y sufrimos un cimbronazo. Escuché que hay preocupación por el tema del empleo –Uruguay está entre el 7% y 8% de desempleo- y creemos que la industria de la construcción es un tema clave para atender el empleo, porque es el sector que más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte.  Pero además porque tiene otras características como un fuerte encadenamiento productivo, un impacto muy fuerte en el mercado interno y la posibilidad de colocarse fácilmente en cualquier parte del país. Es una industria, además, que tiene la lógica de que lo que se produce se necesita, tanto para vivienda, infraestructura productiva y turística. Entonces, parece sensato que ubiquemos en un lugar de privilegio la industria de la construcción en el próximo presupuesto nacional. Y no porque la inversión pública puede resolver  lo que la inversión privada no aporta. De hecho, la inversión privada son dos tercios del total de la industria en el país, pero la inversión pública puede hacer fuerza. A la vez que Uruguay se prepara para una temporada turística que parece ser una de las más grandes de la historia  y este componente siempre ayuda a que la inversión en la costa tome más impulso.  Ahora, las perspectiva del sector, sabiendo que es muy difícil hacer cualquier pronóstico, porque cualquier situación que se de en Argentina, en Brasil, e incluso en el mundo con el grado de transnacionalización que tiene la economía, puede impactar de manera negativa, es que esta meseta se mantendría y habría la posibilidad de pensar en un crecimiento moderado en la cantidad de puestos de trabajo, para el segundo semestre del 2018.

 

El impacto de UPM

¿Cómo impacta en el sector la posibilidad de instalación de esta segunda planta de UPM?

Si se concreta la inversión, es una inversión importante porque genera un impacto para la construcción indiscutible por, al menos, dos años y medio, y además por todas las obras conexas que tienen que ver con la planta.  No hay duda que para la industria de la construcción es un componente importante. Cualquier obra que se instale, y que ocupe a cien, ciento cincuenta trabajadores, ya es importante. Y una obra que ocuparía algunos miles de trabajadores, en su pico puede rondar los cinco mil trabajadores cuando coincida el montaje electromecánico con la obra civil, tiene evidentemente un impacto fuerte. Tampoco es la salvación del Uruguay. En esto hay que matizar en el sentido de decir `¿es positivo? Sí es positivo. ¿Potencialmente puede dejar cosas para el Uruguay? Sí, pero depende también de cómo se discutan´. Me refiero a qué paso tendrá la mano de obra nacional en esta obra.

 

El porcentaje de mano de obra nacional es uno de los temas que está en discusión ante la eventual instalación de esta segunda planta.

Claro, hay que ver cómo se puede especificar para que la red de proveedores nacionales sea la más intensa, de cómo planificar la formación nacional para que la mano de obra local sea importante en el proyecto, o de como los contratos internos ayudan al desarrollo nacional. Hay empresas que han participado en este tipo de proyectos y han logrado resultados muy importantes, y hay empresas que pueden quedar tecleando en obras de este tipo porque son, en general, contratos muy exigentes. Potencialmente hay un conjunto de posibilidades que habría que desarrollar, y hay que tener en claro que del otro lado de la empresa, no tenés una organización de caridad que tienen como objetivo el desarrollo del Uruguay. Tenés una empresa capitalista que cuanto más ganancias pueda sacar, mejor. Tiene una lógica que todo lo que pueda tensionar desde el punto de vista tributario lo va a hacer. Esto es parte de la lógica. El problema ahí es cómo nos paramos en esa negociación. Creo que si nos paramos en esa negociación es pensando que la salvación mundial es que venga UPM, es una forma que te deja poco margen para luego poner exigencias.

 

Malestar por acuerdo bilateral 

¿Y cómo cree que se paró el gobierno en esta negociación?

No he hecho un análisis fino de todo el convenio. Lo leí, pero no ahondé aún en la parte fiscal y tributaria y en comparación con otros proyectos de otras plantas.  Pareciera que ahí no está el gran problema, más allá de que no me da ninguna gracia que haya que hacer un montón de renuncias fiscales para que puedan venir. Esa es un poco la regla del capitalismo que impone esa lógica en toda América Latina.  La CEPAL explica con mucha claridad que en esta relación entre estas empresas que aportan muy poco  y se llevan mucho desde el punto de vista del producto, está una de las explicaciones de por qué América Latina es uno de los continentes más desigual. Sin entrar es esto, sí nos parece que se han dado señales que son negativas. Somos de la idea que haber avanzado en forma bipartita en aspectos que en el tripartismo, en la negociación en la que participó el PIT-CNT se entendía como inconvenientes, va a dificultar una segunda etapa de la negociación, porque delimita la cancha de manera innecesaria.

 

¿Cuáles serían esos aspectos de la negociación?

Voy a poner algunos ejemplos. En nuestra opinión no hay razones para que la forma en que se mide la presencia de mano de obra  nacional, cambia lo que han sido experiencias en la plantas anteriores, donde cada empresa que se instalaba se les exigía, como mínimo, como contrapartida que está en la ley de Zonas Francas que el 75% de los trabajadores sea mano de obra nacional.  Acá hay un cambio en el acuerdo que hace el gobierno con UPM, donde se dice que se va a medir globalmente ese 75% y no a cada empresa que se instale.

Esto genera una dificultad, porque todos sabemos que las plantas de este tipo tienen un primer momento donde el 100% es mano de obra nacional durante el primer año y medio, cuando se hace toda la obra civil. Cuando empieza el montaje electromecánico, la condición de participación de mano de obra nacional podría ser nula, porque ya se viene con un año y medio o dos de participación al 100% de mano de obra nacional. Pero este no fue el criterio tomado en cuenta para las plantas anteriores y además ese punto estuvo en la negociación y lo rechazamos. ¿Con qué criterio se adopta una forma de medir la mano de obra nacional que el movimiento nacional la rechazó en la negociación? Se puede decir que sobre este tema hay diferencias y que lo seguiremos discutiendo, pero no llegar a un acuerdo con una de las partes, el gobierno, y dejar a la otra parte, el PIT-CNT, afuera, eso claramente va a entorpecer  la negociación. Es evidente que las partes que negociaron esto, gobierno y UPM, sabe cuál es la postura del movimiento sindical.  Y después hay cosas muy confusas. Sigo sin entender cuál es la ley que hay que cambiar para que los factores meteorológicos afecten la productividad. ¿Cuál es la norma que entorpece o favorece que los factores meteorológicos afecten la productividad de la empresa? Hasta ahora nadie nos ha explicado a qué refiere esto. Además, puesto así, da para muchos tipos de especulaciones en un contrato laboral que tiene que dar previsibilidad y cosas muy claras.

Lo mismo con respecto a la prevención de conflictos. Las partes tienen que trabajar en acordar la prevención de conflictos. Nos parece bien. Ahora, si vamos a poner qué cosas hay que regular, mucho más hay que regular los despidos arbitrarios, el aporte a la Seguridad Social, a la violación de los derechos laborales de las empresas y a la represión sindical. No se puede hablar de piquetes y ocupaciones como lo único que cuenta en prevención de conflictos. Si se quiere discutir seriamente  este tema, discutamos porqué se originan los conflictos.  Y los conflictos no se originan porque un día se despertó de mal humor un dirigente sindical y se le ocurrió ocupar una planta. Los conflictos se originan en situaciones donde mayoritariamente  tienen las violaciones laborales como elemento principal.

Esta redacción fue propuesta al movimiento sindical y fue rechazada. Luego aparece, esta misma redacción,  en el acuerdo bilateral. Entonces. Como método, nos parece equivocado.                         

 

El enfrentamiento con la OIT

Hablando de negociaciones bipartitas y tripartitas, sigue el litigio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) luego de la denuncia de las cámaras empresariales.

Increíblemente la OIT, en el mismo momento que coloca información acerca de que Uruguay es el país de la región donde más se ha mejorado la calidad de puestos de trabajo en los últimos doce años, cede a las presiones de las empresariales globales de AIM  y asume que el caso uruguayo merece ser considerado por el Comité de Libertades Sindicales, con la posibilidad de ubicar a Uruguay en una lista negra de países que violan derechos y libertades. Creo, además, que es la primera vez en la historia que son las empresas que llevan este tema a la OIT. Los que siempre colocan las denuncias son  los sindicatos. En este caso, es una denuncia contra el gobierno, pero claramente es contra los derechos sociales y laborales. Pero, además, con un segundo aspecto en la recomendación que sería una catástrofe para el Uruguay en su ingeniería de relaciones laborales. Y me refiero a la retroactividad de los convenios.

Un sindicato, cualquier sindicato de la industria que, por ejemplo, en el 2005  logró un 1% de presentismo y en el 2007 logró un 2% que se le pague por antigüedad, y después en el 2009 logró 50 pesos de viático,  en el concepto que está colocada la retroactividad, en el momento que termina el convenio, caen todos estos beneficios. Cae todo lo que se haya conquistado en los últimos cincuenta años y hasta que no exista un nuevo convenio que refrende todo esas conquistas, inexorablemente caen. Para los sindicatos fuertes esto capaz que no es demasiado problema, porque tienen cierta capacidad para reafirmar todos los beneficios anteriores, pero para los sindicatos débiles, esto es veneno. Termina la negociación y a los quince días ya dejaste de cobrar cinco o seis cosas que estaban en el recibo y van a negociar en una condición de mucha debilidad. Mantener los beneficios pasará a ser una tortura.

Claramente trastoca la relación entre las partes y deja en una condición de muchísima debilidad a los trabajadores. Hay, diríamos, viento en la camiseta por parte de las cámaras empresariales por las reformas laborales en curso en Brasil y Argentina, que son más duras, aún, en condiciones de trabajo y de derechos  que las que existieron en la propia dictadura y el neoliberalismo, con un intento de volver a las condiciones laborales del siglo XIX. Nadie piensa que en Uruguay  se va a aplicar una norma de este tipo sin un conflicto de mucha intensidad en el país.

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En el tercer trimestre del 2017 la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) recomendó 105 proyectos para que reciban exoneraciones fiscales por un monto de inversión asociado de US$ 167 millones, según informó la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Estas cifras representan una baja de 7% en el número de proyectos que accedieron a beneficios fiscales respecto a igual período de 2016, y una caída de 59% en el monto a invertir en la misma comparación.

Igualmente, los emprendimientos recomendados en el tercer trimestre son superiores a los registros previos de 2017 y a la vez la cifra más baja para dicho período del año desde 2008. Los mismos resultados se repiten para los montos asociados a los proyectos. De hecho, en este último ítem hay únicamente dos registros trimestrales menores en 10 años sin considerar las cifras de 2017.

Mientras que en el acumulado del año, se llegó a 263 inversiones recomendadas (una caída de 16% respecto al mismo período del 2016) por un monto de US$ 394 millones (44% menos que el año pasado). En ambos casos se trata de los menores números desde 2009 para el segmento enero-septiembre.

 

Localizaciones 

El diario El País difundió parte del informe de la Unasep, donde se explica que “parte de la variación negativa responde a los montos de pocos proyectos de gran porte de energías renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa) que en el período enero-septiembre de 2016 alcanzaron US$ 187 millones, mientras que en igual lapso de 2017 alcanzaron US$ 7 millones”.

Acerca de la localización, la Unasep detalló que 59% de los proyectos recomendados en el trimestre se instalarán en el interior y 32% en Montevideo, con un 9% restante que se situarán en varios departamentos. “En los últimos años se observa una mayor participación de los proyectos a localizarse en el interior, superando el umbral del 50% del total para los últimos cinco años, acorde con el objetivo de descentralización del régimen de promoción”, destacó el informe.

Por otra parte, la inversión que tiene como fin la incorporación de maquinaria y equipos en el trimestre alcanzó los US$ 73,7 millones, mientras que la destinada a obra civil se ubicó en US$ 93,6 millones (44% y 56% del total respectivamente). Los proyectos recomendados en el trimestre se comprometieron a generar 480 nuevos puestos de trabajo, mientras que si se toma todo el año la creación de empleos llega a 1.459.

A su vez, entre julio y septiembre de 2017, las empresas nuevas (aquellas que en el ejercicio anterior a la presentación no tuvieron ingresos gravados) que presentaron proyectos para acceder a exoneraciones fueron 12% del total, y representaron el 50% del monto asociado a la inversión (US$ 83 millones).

En tanto, de los emprendimientos presentados en el trimestre, el 70% corresponde a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el restante 30% a empresas grandes, y en términos de inversión asociada la correspondiente a Pymes representa el 72% de la inversión total. La Unasep destacó “una tendencia creciente en los últimos cuatro años” de participación de este tipo de empresas en el total de proyectos presentado, señala el informe.

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El acuerdo entre el gobierno y UPM establece la inversión en capacitación por 1,5 millones de dólares por parte de la empresa finlandesa y una cifra similar por parte del Estado, destacó el director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Eduardo Pereyra. Agregó que los cursos se formarán según los perfiles necesarios y que habrá un registro para los interesados en la plataforma Vía Trabajo.

 “En materia de capacitación, se acordó una participación activa del Inefop y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en lo que tiene que ver con el registro de personas interesadas en trabajar en la recepción de perfiles profesionales que demandará la empresa y en el financiamiento del 50% de la capacitación”, detalló Pereyra, en declaraciones a la prensa.

Explicó que se invertirán anualmente 1,5 millones de dólares por cada parte, o sea Estado y empresa. Manifestó, además, que “la empresa dará un listado de oficios, profesiones y perfiles profesionales que necesite para que Inefop brinde las capacitaciones”. Eduardo Pereyra destacó que “el Inefop y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social instalarán aulas móviles y otros dispositivos y llevarán adelante la coordinación entre la empresa, la Universidad Tecnológica (UTEC), la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) y entidades de formación privadas”.

En este contexto, señaló que los interesados en ofrecer sus servicios deberán inscribirse en la plataforma Vía Trabajo, para que las empresas que provean a UPM acudan a este recurso. También  explicó que durante el proceso “las personas tendrán facilidad para inscribirse, para que luego las empresas seleccionen según los perfiles que necesiten”.

También la  ministra Carolina Cosse, tras comparecer en la Comisión General del Senado para informar sobre el acuerdo entre el gobierno y UPM el pasado 28 de noviembre, hizo referencia los puestos de trabajo que podría generar la segunda planta.  “Este emprendimiento industrial puede generar un promedio de 3.000 puestos de trabajo en la fase de construcción de la planta, con picos de hasta 5.000. Mientras que cuando esté en operación se alcanzarían a 4.000 lugares de labor directos e indirectos, más unos 3.500 a 4.000 inducidos”.

La ministra aseguró que esos empleos generados serán de calidad asegurada y requerirán capacitación permanente, lo cual se reflejaría en remuneraciones sensiblemente superiores al promedio. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se aguarda la inmigración hacia esa zona de unas 10.000 personas.

Cosse afirmó que el gobierno convocará a un ámbito de negociación multipartita para la instrumentación de un procedimiento de prevención y solución de conflictos, así como la regulación de piquetes y ocupaciones. En tanto, la empresa será responsable de proporcionar viviendas a los trabajadores de la construcción, al menos 60 casas, las que finalizado el proceso serán transferidas al Estado uruguayo.

Por otra parte, estimó que el producto interno bruto por persona de los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó crecería entre 10 y 15 %. Asimismo, informó que en el escenario más probable, UPM pagará siete millones de dólares anuales durante los primeros 20 años, 10 veces el canon que abonan hoy las demás plantas en zona franca.

En materia ambiental, la ministra indicó que la empresa finlandesa deberá cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa uruguaya.

En lo que refiere al proyecto del ferrocarril central, aclaró que será llevado adelante por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, independientemente de la puesta en marcha de la planta de celulosa, y que se hará a través de una licitación pública internacional. En tanto, para el proyecto portuario la empresa presentará una iniciativa privada por una inversión estimada de 200 millones de dólares.

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Según el índice MSCI (Morgan Stanley Capital International Index), América Latina superó a Asia, Oriente Medio y Europa del Este en términos de retornos totales en 2016.

Un reporte de la consultora inmobiliaria  Colliers International, publicado por www.americaeconomia.com,  presenta una radiografía de las etapas del mercado en la región, y marca oportunidades para el real estate, con la aparición de nuevos formatos para retail (venta al por menor) y demanda de proyectos a medida para el sector industrial, logístico y de oficinas.

En el informe se comparten las tendencias y el comportamiento de cada mercado (industrial, logístico, de oficinas y retail) junto a la consideración de los factores económicos y sociales más relevantes, que resultan claves para guiar la inversión en bienes raíces en cada país.

Con una mirada global sobre las inversiones en la región, Matías Gancberg, VP Latin America de Colliers International, afirmó que “para los fondos dirigidos a mercados emergentes e inversiones inmobiliarias alternativas, el mercado latinoamericano está encaminado a presentar un gran desempeño entre los mercados emergentes globales durante 2017”.

Según el índice MSCI (Morgan Stanley Capital International Index), América Latina superó a Asia, Oriente Medio y Europa del Este en términos de retornos totales en 2016. “Después de varios años sin crecimiento, muchos inversores están participando activamente en mercados de la región y anticipamos esta tendencia sostenida a lo largo de 2017”, agregó Gancberg.

 En el caso de Argentina, con el nuevo gobierno, reaparecieron los fondos de inversión extranjeros que por ahora se encuentran analizando el mercado y las oportunidades de inversión.  Por otro lado, se espera el desarrollo de instrumentos del Mercado de Capitales (con la expectativa de la sanción de una nueva ley) que permitirán reunir grandes montos, como en otros países de la región, que dinamicen la demanda local.

 

Atractivos

El mercado de oficinas corporativas de Buenos Aires representa un gran atractivo para los inversores. Sin embargo, en este momento se presenta una escasa oferta de oportunidades. Pisos de propietarios o paquetes de pisos que han sido adquiridos por empresas multinacionales al verse imposibilitadas de girar los dividendos al exterior con el gobierno anterior, están apareciendo a la venta.

En Brasil, después de dos años muy desafiantes para la economía, aseguran que lo peor ya pasó. Si bien el mercado en general aún espera por definiciones y estabilidad, los fondos de inversión comenzaron a retornar a su actividad y las tasas de desocupación o vacancia muestran bajas en términos reales. Los precios se están estabilizando tras un largo período sesgado hacia la disminución. Las principales gestoras de inversión señalan que es hora de comprar y esperar, ya que han observado que el rendimiento de fondos de inversión en bienes raíces han retornado a sus niveles de 2012, lo que es muy positivo. Asimismo, las acciones de las principales desarrolladoras inmobiliarias recuperaron su valor económico durante los últimos dos trimestres, a niveles pre crisis.

En el análisis por sector, en retail se verifica una tendencia de adaptación hacia nuevos productos como Strip Centers y Outlets Centers, plazas caracterizadas por menores áreas de alquiler que los shopping malls tradicionales. El mercado de oficinas ya muestra una recuperación más rápida de sus arrendamientos (record en los últimos 3 años) creando un escenario muy favorable para la compra a precios relativamente bajos.

En el sector logística, la visión del inversionista giró hacia condominios logísticos más próximos a centros de consumo, para disminuir los costos en la última etapa de entrega de los productos que representan entre el 28% y 50% del total de los costos logísticos operativos.

En tanto, en Chile se reactivó el mercado de oficinas, tanto clase prime como clase secundaria y se están generando oportunidades para renegociaciones de contratos. Impulsado por el turismo de shopping, también se recuperó el mercado de retail con la incorporación de nuevas plazas, focalizados en strip centers, stand alone y outlets. En cambio, en los parques industriales se observó una mayor cautela por parte de los inversores por la desaceleración de la economía en el último año. Las oportunidades se presentaron en la captación de propiedades industriales de empresas que prestan servicios en la industria minera, obligadas a vender dada la recesión de esa industria en el país.

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