Durante 23 años, distribuidos en dos períodos, Ignacio Otegui fue el presidente, y la cara visible, de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU). Hoy, a los 67 años, decidió retirarse y esa fue la excusa perfecta para una extensa charla con Del Constructor donde, fiel a su estilo, no esquivó ninguna pregunta. Balance sobre su gestión, los logros, lo que quedó en el debe, la situación actual de la industria, el proyecto de la segunda planta de UPM y el futuro del sector. Sobre ésto y mucho más respondió Otegui a Del Constructor.

 

Hace 23 años que está al frente como presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. ¿Qué reflexión hace sobre todo estos años?

Fue en dos períodos, con reelecciones. De 1992 al 2001 y del 2005 hasta ahora. Es una etapa que la estoy culminando con satisfacción y alegría. La Cámara tiene una razonable estructura interna, mejor de la que yo encontré cuando ingresé. Tiene buenos asesores internos y tiene excelentes asesores externos. Tiene una situación interior sin conflictos, que ponga de manifiesto alguna incomodidad entre sus socios, y una situación económica sólida. En consecuencia, yo me retiro y creo que la Cámara queda ordenada y bien. Yo puse la fecha en la que me quería retirar. Lo dije el año pasado y se va a procesar así. Quien tiene la responsabilidad de hacer la nueva elección es el ingeniero Diego O´Neill, que es el actual vicepresidente, y que ya es aceptado por la industria para que sea el nuevo presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Él tiene que armar su consejo y organizar el futuro de la Cámara. En definitiva, me siento tranquilo. Hice lo que pude. Muchas de las cosas que quise hacer en el 92,  cuando asumí la presidencia, se hicieron y otras no, como suele ocurrir. Creo que O´Neill será un buen presidente y va a tener todo mi respaldo y en la medida que él entienda que le puedo dar una mano, se la voy a dar, pero yo tengo 67 años y ya me doy por cumplido con la industria y con el país.

 

¿Y cuál es su balance?

Mirá, más allá de lo que te dije con respecto al interior de nuestra Cámara, cuando tomé la presidencia en el 92, al año siguiente, en el 93, sufrimos una huelga muy severa. Duró, si mal no recuerdo, ochenta y tres días con la industria parada, en consecuencia con daños muy importantes para el trabajador y su familia, para las empresas constructoras y con daños muy importantes para nuestros clientes.  Todo el mundo salió dañado. Y de ahí, en más, hemos tratado de tener un diálogo frontal y equilibrado con el sindicato. A veces, en situaciones mejores y, a veces, en situaciones peores. Cuando dejé la presidencia la primera vez en el 2001, estaba cansado después de diez años de presidencia y en el 2004 me fueron a buscar de vuelta y al principio no quería. Luego acepté por dos años y finalmente me quedé hasta el 2018. Dentro de las cosas que yo valoro como positivas es que la industria hoy tiene una importancia mayor de la que tenía a nivel de la economía, por algo en el 2017 fuimos el tercer sector de generación de Producto Bruto Interno, más allá de que la industria no está en su mejor momento. En una lógica de que la industria se ha desarrollado de forma diversa. Si se mira hacia su interior, cosa que nosotros hacemos, vas a tener, por ejemplo, al cierre del 2018, toda la inversión de vivienda nueva en todo el país, con las reformas van a representar aproximadamente el 20% de la demanda. En el caso de la obra pública va a representar un 32%,  33% de nuestra demanda y las obras privadas no vinculadas a la vivienda va a representar una cifra del 47%, 48%, lo que cierra el 100%.  Esa lógica, que nosotros la empezamos a estudiar hace ya 8 años de la mano de Julio Villamide, que fue el primero que nos pudo definir cuál era la inversión  que se hacía en vivienda. Villamide es asesor de la Cámara, más allá de que también es asesor de APPCU, y una de las cosas que me preocupaba era cómo yo podía evaluar cada uno de los motores que demandan a la industria de forma independiente. Y la suma de esos tres motores es la industria. Él nos hizo el primer trabajo y para nosotros, en  ese momento, fue una sorpresa descubrir que el sector inmobiliario representaba el 32%, 33% de la industria y era más que la obra pública que era del 25%, y el resto eran obras privadas no vinculadas a la vivienda. Eso va cambiando año a año, en función de cómo venga el flujo de inversiones. Hace dos años fue el peor momento en el sector inmobiliario. El 2016 y el 2017 fueron años de menor actividad y probablemente este año sea un poco mejor que el año pasado. Y también es factible que tengamos en 2018 una inversión privada no vinculada a la vivienda más chica que en el 2017.

 

¿Y en cuanto a la obra pública?

La obra pública viene dentro de los guarismos que fueron aprobados en la ley de presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no esperamos ninguna cosa que haga cambiar el escenario actual de la industria, que es un escenario de mediano nivel de actividad. Estamos con unos 45 mil trabajadores en obra y ya  estamos a fin de año. El promedio de este año va hacer un poco menor al de 2017 y probablemente terminemos entre 3 mil y 4 mil puestos de trabajo menos.

 

Perspectivas

¿Y cómo ve el 2019?

El año que viene no va a ser muy diferente a este, más allá de que tenés la obra de UPM y las obras accesorias. Claro que, esto dependerá si el ferrocarril se empieza antes del 30 de marzo del año que viene. Si es así, es probable que UPM termine confirmando la construcción de la planta. Si el ferrocarril no se empieza, UPM no va a hacer la planta. Este es un dato que tenemos que tener en cuenta. Si la planta se construye va influir en la industria de la construcción a partir del 2020 en adelante.

 

¿Y si no se llega a tiempo con la construcción de la infraestructura férrea, cuánto puede incidir negativamente en el sector?

La que mueve la aguja es la planta de celulosa. Las obras complementarias del ferrocarril equivalen a ochocientos trabajadores; el puerto doscientos cincuenta trabajadores; la interconexión entre el puerto y las vías del ferrocarril serán unos ciento cincuenta trabajadores, más las obras para llegar a donde se va a instalar la planta, si es que se instala en Pueblo Centenario. Estas cuatro obras, que tienen que empezarse antes que UPM diga voy a hacer la planta, y si todas comienzan cuando estén al máximo de actividad, son dos mil puestos de trabajo. Equivale a un 4% de incremento laboral en la industria pero no me cambia el sentido del sector. Otra cosa distinta es la planta. En este caso van a ser entre 5 mil y 7 mil puestos de trabajo directos, más todos los indirectos. Para tener una idea clara: vas a tener administrativos, técnicos, técnicos de UPM, o sea van a entrar a ese predio entre 7 mil y 9 mil personas por día. Esto no es un dato menor y de alguna forma moviliza de forma diferente a la industria, porque además le tengo que agregar los otros dos mil que decía antes. Ahí la industria va a tener un cambio importante. Ahora, esto es una hipótesis. Si el ferrocarril no se hace, el resto no se va a hacer.

 

¿Y usted que percepción tiene de que se concrete la planta?

No sé; por el momento lo que he resuelto es esperar. Cuando nos han pedido negociar temas con UPM, el SUNCA y el gobierno nacional, lo hemos hecho, prestándole atención y tiempo, salvo por tres semanas en las que estuvimos abocados al Consejo de Salarios, y yo le avisé a UPM que durante el período de negociación de las pautas salariales, suspendíamos las negociaciones. Una vez que tuvimos el nuevo convenio, volvimos a la negociación con UPM. Por el momento hay acuerdo en muchos puntos y no hay acuerdo en otros. Obviamente, vamos a seguir negociando.

 

¿Cuáles son los puntos donde no hay acuerdo? 

Todavía no lo saben las empresas. Te voy a poner un ejemplo que es una cosa notoria. Hay un decreto, que es el 215 y que rige los temas de seguridad e higiene en la industria de la construcción. Fue promulgado de forma unilateral por  la administración Mujica y no contó con el respaldo de la Cámara ni de ninguna gremial empresarial. Este decreto le faculta a los delegados sindicales de seguridad e higiene a parar cualquier trabajo, lo cual para nosotros es un error importante. Y UPM lo que quiere es que esa decisión  no la tomen los delegados de seguridad, sino que la tomen la gente de UPM. Y el SUNCA dice `señores, yo tengo un decreto que me ampara, si el Poder Ejecutivo quiere sacar otro decreto que lo haga, pero no me pidan a mi como sindicato mi consentimiento´. Y desde ese punto de vista tienen razón. Es algo obvio y la discusión parece innecesaria. Nosotros tenemos una posición, el SUNCA tiene otra y UPM otra. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Este es un ejemplo, hay cinco o seis más, pero en definitiva estamos en tiempos donde UPM empieza a recabar precios indicativos en el Uruguay y comienzan las consultas con las empresas. Sé que ya les han fijado fecha, día y hora a varias, porque estas obras de gran porte se arman así, son muy complejas. Para tener una idea clara: la obra de UPM es como si vos me dijeras que alguien hace 12 mil apartamentos nuevos en Punta del Este y los entrega todos el mismo día. Es esa la influencia que tiene. Es una dimensión impresionante. Y también es cierto que la industria ya ha pasado por ese tipo de etapas y que tiene la capacidad y las condiciones como para manejarse con criterios en este tipo de obras. También tenemos cosas malas hechas.

 

¿Cuáles por ejemplo?

Lo que no volvería a repetir yo es la experiencia de Montes del Plata, porque creo que dejó más sinsabores que sabores a la industria. En ese momento, además, el país tenía un estado en su requerimiento de economía y de puestos de trabajo diferente al que tiene hoy. Teníamos entonces un Estado más exigido de crecimiento y de actividad, con menos del 5%  de desempleo y en la actualidad estamos arriba del 8%. Hay una realidad diferente.  Pero no tengo dudas que la industria va a dar respuesta en caso de que la planta se haga. Además, es interesante el punto elegido para su construcción. Si vos mirás el Uruguay, vas a ver que en toda la franja del río Uruguay, la franja del Río de la Plata y en menor medida la franja del Océano Atlántico, tenés toda la infraestructura del país ahí. En el centro del país y en el noreste no tenés infraestructura. Como es el caso de Cerro Largo, en Rivera muy poca. Y si mirás América Latina es igual. Es, si se quiere, hasta lógico. Y la pregunta que me he hecho varias veces es ¿cómo puedo pensar que a va a estar toda esa zona circundante a Pueblo Centenario diez años después que la planta esté funcionando? Va a tener una infraestructura distinta, guste o no guste. Va a tener una posibilidad de interacción mucho mayor de la que tiene ahora. ¿Qué hay gente que está en contra? Por supuesto. Hay gente del gobierno que está en contra, gente de los medios de producción que están en contra, de la Cátedra y ciudadanos que están en contra. A la larga, las cosas van a ocurrir como tengan que ocurrir.

 

Más allá de UPM 

Exceptuando la segunda planta de UPM, ¿qué otra obra de gran porte se avizora para movilizar a la industria?

Creo que la industria va a seguir dentro de estos niveles de actividad durante este año, el 2019 y, probablemente, el primer semestre del 2020. Si UPM viene es factible que el sector tenga un crecimiento, pero no creo que haya ninguna otra obra que le cambie el signo a la industria  en forma dramática. Lo digo sin anestesia. No la hay. No lo vas a tener en la vivienda, tampoco en la obra pública, porque una nueva administración tiene dificultades los primeros dos años para tratar de ordenar su economía y la del país, y las obras vinculadas a las viviendas promovidas van a seguir como hasta ahora.

 

¿No habrá un incremento en las obras de viviendas promovidas?

Hoy existen ocho mil ochocientas viviendas en Montevideo sin vender, de las cuales más de la mitad son viviendas promovidas, antes llamadas de interés social. Esto es un dato importante. Otro elemento: ¿la situación de Argentina va a influir acá? Si uno pregunta cómo fue la venta de unidades nuevas el año pasado y cómo en el 2018, este año están peor que en el 2017. Entre otras cosas por la crisis de Argentina y porque el dólar comenzó a trepar en el Uruguay. Y no hay forma de evitar esa suba. Uruguay tiene que seguir una estrategia de no pegarse a la situación de la Argentina, pero no separarse mucho. Lo mismo ocurre con Brasil. Con vecinos complejos como tenemos, con las situaciones complicadas que tienen a nivel económico y político, y probablemente a nivel social en algún momento, Uruguay algún coletazo va a recibir.

 

Pero el ministro Astori dijo que estamos desacoplados.

No, no. Te lo voy a decir de otra forma: Uruguay nunca estuvo desacoplado de sus vecinos. En todo caso tienen más incidencia o menos incidencia. Yo creo que hoy tenemos menos incidencia que hace dieciocho años, entre otras cosas porque los bancos uruguayos no les han dado créditos a los argentinos. Antes el 20% de los créditos estaban otorgados a empresarios argentinos y hoy tenés el 0.5%, lo que no es un número menor. Además tenemos una situación económica diferente, internamente en el Uruguay e internamente en Argentina. En consecuencia, las cosas que puedan ocurrir en el Uruguay son más tenues de lo que ocurrieron en aquella época. Ahora, ¿alguien cree que el turismo va a ser el mismo? Que alguien me responda esa pregunta. Si el turismo va a ser igual o mejor que el año pasado, entonces yo estoy equivocado y Astori tiene razón. Si el turismo va a tener una disminución, que es lo que todos esperamos, va a haber una incidencia inferior por lo que dije anteriormente, pero igual va a existir, por más esfuerzos que se hagan por atraer al turismo. Los turistas van a venir si el Uruguay está competitivo y sino vendrán algunos. Es cierto que hay una masa de argentinos que vienen igual, la gente de plata en Argentina va a venir igual, pero está medido en la plata que tenga. Hay un turismo que viene de la Argentina que es gente de dinero que ha venido siempre y seguirá viniendo y luego existe una masa flotante, que es la clase media argentina, que viene siempre y cuando las cosas le funcionen. Y creo que ahí es donde se va a pagar un precio y vamos a tener una menor afluencia de turismo. Y en definitiva, las inversiones que, tradicionalmente, hacen los argentinos en el terreno de la vivienda en Uruguay, la siguen haciendo  pero están más tranquilos porque tienen sus problemas en su propio país.

 

Obra pública y privada

A esto habría que agregarle que entramos en año preelectoral y el inversor no arriesga en este período llamémosle “ventana”.

Tenés a Brasil que no es un tema menor con una situación compleja y después que el 2019 es año electoral. Y el año electoral tiene sus propios parámetros. En este momento, la expectativa está en si empiezo o no una inversión.  Los que están invirtiendo van a seguir invirtiendo. No creo que haya detención de las inversiones que ya están en marcha. Lo que creo que va a haber es una detención de la decisión de comenzar una obra. El que no empezó, no lo hará hasta tener un poco más claro el panorama de su país y del nuestro. Además del año electoral, luego viene el primer año de un nuevo gobierno, sea del partido que sea, que también es un año complejo. ¿O alguien cree que el primer año de un gobierno es fácil? No existe eso. No ha existido nunca.     

 

¿Se espera más de este gobierno en materia de inversión de obra pública y viviendas? 

Creo que el gobierno, en lo que es obra pública, ha invertido lo que aprobó en el presupuesto. Están invirtiendo todo. No es que el Ministerio de Transporte esté invirtiendo el 80%, están invirtiendo todo.  Las que vienen más lentas son las PPP, que son un sistema, por una lógica de lo razonable, que tienen un proceso más lento de lo que yo esperaba. Pero en definitiva, creo que están preadjudicadas cinco obras donde están tratando de articular la parte financiera. Las obras vinculadas a las obras públicas, todos los incisos que maneja en Estado, incluyendo las intendencias, más las obras de las PPP, yo te diría que si aparto estas últimas, el Estado está invirtiendo todo lo que puede. Por algo tenemos el 35% para el 2018 previsto para obra pública.Lo que ocurrió con las viviendas promovidas es que teníamos un escenario que el Estado resolvió cambiarlo, modificó las normas, y lo que hay ahora es una reducción en el volumen de inversión. Mi opinión es que el error fue modificar las normas. Ahora, el mercado uruguayo es un mercado chico. Acá hay un problema: la gente sin recursos, de muy escasos recursos, hoy tiene solamente una línea de acción que es ir a una cooperativa a anotarse. Ahí va a tener, eventualmente, una vivienda. No hay una política de acceso a la vivienda para la gente que gana treinta o cuarenta Unidades Reajustables. Y el Estado no está haciendo políticas para esos segmentos y el privado, si el estado no interviene, no se va a meter. Le guste al que le guste, le pese al que le pese. Nadie va a invertir dinero si no lo va a cobrar.

 

Las viviendas de interés social, hoy viviendas promovidas, no fueron accesibles para esos segmentos que usted nombra.

A ver: ¿A quién se le ocurrió que se iba a poner foco en esos segmentos? La ley en su origen no decía nada de eso. A lo que vos te referís, lo tiene que atacar el Estado. Dicho de otra forma, nosotros estamos pensando y trabajando las cosas que le vamos a plantear a todos los candidatos presidenciables y después al que resulte electo presidente y luego a sus ministros. Nosotros le hemos encargado a (Julio) Villamide un estudio vinculado a este segmento, al segmento que tiene los menores ingresos, porque creemos que ahí es donde está el déficit y ahí es donde está el problema. El país tiene ahí un problema severo. Hay que poner cabeza, inteligencia y tratar de sumar recursos públicos y privados. Pero los recursos públicos y privados se suman siempre y cuando no se le haga asumir al privado un riesgo que no está dispuesto a asumir. Nadie va a invertir cinco, diez, cincuenta millones de dólares contra nada. No existe en el mundo eso. ¿Por qué debería de existir en Uruguay?

 

El déficit habitacional

El déficit de vivienda es un problema estructural en Uruguay.

En 1986, Julio Villamide hizo, por encargo de la Cámara, un estudio de qué pasaba con la liberación de la ley de alquileres y él dijo lo que iba a pasar. Entre otras cosas, los asentamientos. Y era una visión que lamentablemente se confirmó. ¿Qué cosa hizo la Cámara en el año 87, 88, durante la primera administración del doctor Sanguinetti? Planteamos, frente a ese problema, hacer licitaciones y darles los terrenos, la infraestructura básica y la cimentación a las familias que estaban empezando a formar los asentamientos. Se hizo la primera licitación y se armó un gran lío. La Facultad de Arquitectura, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, entre otros, salieron a decir que eso no era digno. Y estamos hablando de gente que ya vive en cuarta generación en esa situación. Estos no son temas menores y que no tienen una solución fácil. Por ejemplo, yo veo hoy, con razonable expectativa, las acciones que están tomando algunas personas del Ministerio del Interior para desafectar la usurpación de viviendas. Es brutal eso y alguien tiene que ponerle el límite. Creo que Uruguay tiene en este aspecto un desafío muy grande.

 

Culminó un nuevo acuerdo salarial para el sector. ¿Está conforme con el resultado teniendo en cuenta la situación de la industria? 

Nosotros fuimos al rango intermedio. No estamos en una situación de crisis, pero tampoco estamos en una situación de auge. En definitiva dimos el 6.86% de aumento en el primer tramo que son once meses, el 5.80% por el segundo tramo que es por diez meses, y un correctivo si la inflación sobrepasa los aumentos otorgados. Fue eso y no hay misterios. Que puede gustar o no gustar es otra cosa. Pero creo que fue un acuerdo razonable, en un momento difícil que tiene la industria y que tiene el país. Y tiramos el tema para fines de abril de 2020.

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El director de Descentralización, Pedro Apezteguía, señaló que a setiembre pasado, las transferencias del gobierno nacional a intendencias y municipios departamentales alcanzaron los 3.000 millones de pesos, durante su participación en la reunión mensual de la Comisión Sectorial en Lavalleja, que aprobó obras de infraestructura urbana por 580 millones de pesos para 11 departamentos y 250 millones en la caminería rural de otros nueve.

La reunión de la Comisión Sectorial de Descentralización, desarrollada este jueves 27 en José Pedro Varela, departamento de Lavalleja, coincidió con los festejos de los 100 años de la localidad, que desarrolla una agenda cultural y de gestión ambiental promovida con fondos aprobados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Ese ámbito está integrado, además de por OPP y las intendencias, por los ministerios de Transporte, Vivienda, Industria y Economía. Los gobiernos departamentales presentan allí sus proyectos para que sean ejecutados con aportes del gobierno central que, en el caso del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), alcanzan el 85% y, en el caso del programa de caminería rural, el 70%, indicó Apezteguía.

 

Inversiones

Entre los proyectos aprobados en la última sesión, el director de Descentralización e Inversión Pública de OPP destacó la inversión de unos 100 millones de pesos para el tratamiento integral de barrios en la localidad de Vergara y el proyecto para la construcción de un centro de alojamiento para usuarios del hospital de Artigas por más de 13 millones de pesos.

La inversión aprobada en obras correspondientes al FDI totaliza unos 580 millones de pesos, mientras que la destinada a caminería rural es de unos 250 millones de pesos. El total de transferencias de la OPP a los gobiernos subnacionales entre enero y setiembre de este año fue de 3.000 millones de pesos, según información proporcionada por el organismo.

El jerarca explicó que los proyectos aprobados completan la etapa de obras por ejecutar en 2019.

“La descentralización, que no es otra cosa que hacer que los uruguayos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades y servicios, se concreta con obras que mejoran la calidad de vida”, enfatizó.

Por su parte, el director de OPP, Álvaro García, expresó que esto es posible gracias al acuerdo logrado al inicio de cada período entre los diferentes niveles de gobierno y luego ratificado por el Parlamento en el presupuesto nacional.

“Permite a los gobiernos departamentales tener la tranquilidad de contar con los fondos para cumplir con sus objetivos”, añadió el jerarca.

García concurrió a la localidad de José Pedro Varela para presentar en el plenario del Congreso de Intendentes el proyecto de ley modificativo de la ley de descentralización enviado por el Ejecutivo al Parlamento para su aprobación.

 

Inversión vial

Por su parte, luego de dos años de trabajo, que demandaron una inversión de 15,7 millones de dólares, el ministro  de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi inauguró las obras en las rutas Nº 11 y Nº 81. Las obras comprenden tramos reconstruidos, mejoras del pavimento y ensanche, nuevas rotondas y empalmes, además de dársenas para ómnibus e iluminación y refacciones al puente sobre el río Santa Lucía, finalizado en el gobierno anterior. La obra consistió en la construcción de una ruta de calzada simple en pavimento de hormigón. Además, se reconstruyeron las dársenas para detención de ómnibus y nuevos refugios, la señalización vertical y horizontal en todo el tramo, así como de la iluminación en los empalmes.

El titular del MTOP resaltó  que “la obra es de suma importancia, dado que ambas rutas forman parte de un corredor vial que une el oeste del país con el sur y el este, caracterizado por la alta circulación de transporte de carga pesada”.

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En conferencia de prensa, autoridades de la empresa finlandesa señalaron que se ingresó en la tercera fase, fundamental para la concreción de la planta de celulosa.

La papelera finlandesa UPM, que está estudiando invertir en la segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay, destacó que tanto la empresa como el país están haciendo un trabajo “muy fuerte” para cumplir con las etapas previstas y concretar la inversión.

Así lo dijo el vicepresidente senior del Proyecto de Desarrollo en Uruguay, Petri Hakanen, en una conferencia donde explicó que se cerró “satisfactoriamente” con la segunda etapa de la segunda fase del proceso del acuerdo de inversión para la instalación de la segunda papelera.

“Estamos ingresando a la fase tres, donde los principales asuntos están relacionados con los aspectos fundamentales del negocio de UPM, la previsibilidad y estabilidad necesarias para poder desarrollar operaciones sostenibles en el largo plazo. Estamos satisfechos con los avances y se ha realizado un trabajo muy fuerte por todas las partes”, sostuvo.

 

Inversiones a largo plazo

En este sentido, el vicepresidente acotó que el negocio de la celulosa está basado “en inversiones de largo plazo” en el entorno de los 30 a 50 años y generan empleo en muchos aspectos ya que permiten el desarrollo regional y de pequeñas y medianas empresas.

“UPM ya está establecido en Uruguay desde hace mucho tiempo, ya con operaciones en funcionamiento ininterrumpido desde hace más de diez años en Fray Bentos”, subrayó Hakaen y agregó que los principales aspectos del país son su estabilidad política y social y su tradición democrática.

Por otra parte, el representante de UPM también señaló la importancia del cumplimiento de los aspectos complementarios a la propia planta como el desarrollo del ferrocarril para el transporte de carga desde el sitio en el que se instalaría la empresa hacia el puerto de Montevideo.

Si bien reconoció ciertos atrasos en el proceso de licitación enfatizó que no están preocupados y que confían en que se puedan cumplir con los plazos establecidos.

“El ferrocarril es fundamental para UPM, la empresa aportaría la carga crítica que es de alrededor del 50% de la capacidad de la carga total, que es de aproximadamente 4,5 millones de toneladas anuales”, afirmó.

Hakaen consideró que, a diez meses de firmar el primer acuerdo, se ha realizado “mucho esfuerzo” para que los trabajos avancen según lo previsto.

Una vez que se concrete la inversión y que el ferrocarril esté en construcción, el representante de UPM manifestó que “alrededor de 30.000 personas en el mundo” se verán impactadas por esto.

La última etapa de la segunda fase está prevista que se cierre en marzo del 2019 y la empresa finlandesa tendrá como plazo máximo el 15 de febrero del 2020 para decidir si efectivamente desea concretar la millonaria inversión en nuestro país.

 

Adjudicación

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, afirmó que, si todo está en regla, las autoridades dispondrán la adjudicación provisoria con el objetivo de comenzar las obras en enero de 2019. El proceso legal incluye el pasaje por el Tribunal de Cuentas.

“Este es un paso más en el proceso de licitación para la construcción del Ferrocarril Central”, señaló Rossi, en declaraciones a la prensa, luego de la apertura de la oferta económica del grupo Vía Central, integrado por las empresas Saceem, Berkers, Sacyr y NGE, en la sede ministerial. Este consorcio es el único que ha superado las diferentes etapas del proceso licitatorio.

El jerarca adelantó que “en breve se pasará a la evaluación por parte del Comisión Técnica encargada de analizar las ofertas, al tiempo que se harán las consultas con asesores externos” y agregó que “si todo está bien, se hará la adjudicación provisoria para comenzar los trámites correspondientes.

La oferta económica está dentro de los topes previstos”.El secretario de Estado sostuvo además que “los trámites incluyen el pasaje por el Tribunal de Cuentas de la Nación”. Sobre el recurso presentado por la empresa Acciona, descalificada del proceso, informó que “no tiene efectos suspensivos y seguirá por los carriles legales”.

 

Modalidad PPP

El proyecto del Ferrocarril Central tiene una inversión inicial estimada en 825 millones de dólares y se ejecutará mediante la modalidad de participación público-privada (PPP), con un esquema de financiamiento, diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento por parte de un inversor privado durante un plazo de 18 años.

Está previsto que las vías existentes se lleven a un estándar superior, que permita la circulación de trenes de carga a 80 kilómetros por hora y 22,5 toneladas por eje.

La vía férrea abarca una longitud de 273 kilómetros e incluye un tramo de vía doble de 26 kilómetros entre Montevideo y Progreso. También comprende una docena de vías secundarias para cruces de trenes, un tramo de vía para acceso industrial y más de 40 puentes ferroviarios, que se reforzarán o construirán.

El trazado definido incluye el bypass de varios centros poblados y la rectificación de curvas. En la interacción con las tramas urbanas de diferentes ciudades se construirán pasajes a desnivel (ferrocarril soterrado en trinchera) y en los cruces a nivel se colocarán sistemas de barreras con señalización luminosa y efectos sonoros.

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El lunes 10 de setiembre se realizó una conferencia de prensa donde la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y el presidente de Antel, Andrés Tolosa, anunciaron  la apertura del Antel Arena para  el 12 de noviembre con un espectáculo musical.

En este sentido, Tolosa dijo que la obra de 82 millones de dólares será inaugurada con “un espectáculo musical con la banda de rock No Te Va Gustar, la murga Agarrate Catalina y el dúo Larbanois y Carrero”. También participará la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre y se coordina la actuación del Ballet Nacional, a lo que se le agregará artistas femeninas a confirmar.

Adelantó que el 17 de noviembre cantará Joan Manuel Serrat y luego habrá dos partidos de la selección uruguaya de básquetbol eliminatorios del mundial, el 10 de noviembre con Estados Unidos y el 2 de diciembre con México. Asimismo, se realizarán las finales de un torneo de básquetbol femenino y masculino de liceos de todo el país junto con la NBA junior.

Agregó que “el proyecto, además de ser un centro de espectáculos que atrae turismo del país y del extranjero, albergará grandes convenciones que impulsarán la hotelería y la gastronomía. El proyecto derrama a todas las industrias”, subrayó.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, se refirió a Antel y a las telecomunicaciones.  “La fibra óptica en los hogares, el cable submarino que conecta Uruguay con Estados Unidos (con una inversión de 50 millones de dólares) y el Data Center  construido en Pando, para el almacenamiento y desarrollo de nuevos servicios, es parte de una estrategia de desarrollo de las telecomunicaciones de la mejor calidad para todos los uruguayos”, afirmó la secretaria de Estado. 

Estos  proyectos, sostuvo, son ejemplos de que "es posible ser los mejores”,  y agregó, en referencia al Cilindro, que “se podría haber realizado algún parche, pero se resolvió construir algo de primera categoría para todo el Uruguay. Se puede hacer mejor las cosas o hacer cosas nuevas”.

 

El proceso

Casi cinco años atrás, el 12 de noviembre de 2013, se daba a conocer lo que sería este escenario, un proyecto seleccionado en concurso, que tiene por autores a los arquitectos Pablo Bacchetta, José Flores y Rodrigo Carámbula.

"Se trata de un proyecto con una gran construcción, que contendrá una plaza con fuerte presencia urbana donde el público acceda a la arena. Se configura como un escenario que permite duplicar el evento que se lleva adelante dentro o realizar un evento diferente en él", se sostenía en la descripción del proyecto erigido en el predio en donde estuvo el histórico Cilindro Municipal.

"El edificio será desarrollado para actividades deportivas y culturales. Cuenta con un sistema retráctil de gradas para permitir el armado del escenario y con un sector de maniobras para camiones. La capacidad es para 10.000 personas sentadas, aumentando su capacidad a 15.000 si se ocupa la zona de cancha".

Se  presentaron 73 proyectos y el jurado dio a conocer un tiempo después los cinco que llegaron a ser finalistas y debieron entregar en octubre de ese año un anteproyecto avanzado con definición de tecnologías a aplicarse y materialidad de la construcción. Tras la suspensión que ordenó el presidente Tabaré Vázquez en junio de 2015, las obras se retomaron en enero de 2016, sobre la base de un fideicomiso con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

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El proyecto de Rendición de Cuentas presentado en el Parlamento señala que en 2017 se invirtieron 92 millones de dólares en infraestructura portuaria. La Administración Nacional de Puertos asignó la mayor parte, 66 millones, a obras en el muelle C y construcción de la draga “21 de Julio”, mientras que la Dirección de Hidrografía utilizó los 26 millones restantes en obras de los puertos de Punta del Este y Piriápolis, entre otros.

En materia de infraestructura portuaria, en 2017 se invirtieron 92 millones de dólares, lo que totaliza una ejecución de casi 400 millones de dólares entre 2015 y 2017, señala el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que se encuentra a estudio en el ámbito parlamentario.

En 2017 las inversiones en puertos fueron básicamente realizadas por la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La autoridad portuaria ejecutó inversiones por 66 millones de dólares, entre las que se destacan las obras relacionadas con la extensión del muelle C del puerto de Montevideo.

Además, el documento menciona la construcción de la draga 21 de Julio, adjudicada a la empresa holandesa Royal IHC, que previó la fabricación de una parte del barco en Europa y de otros componentes en Uruguay. En la actualidad, se encuentra en proceso de ensamblado en instalaciones del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada, en el Cerro de Montevideo. También se incluye, como destino de los recursos, la adquisición de una nueva grúa móvil para contenedores destinada al puerto de Fray Bentos y tareas diversas de dragado.

 

Inversiones

Por su lado, el año pasado Hidrografía invirtió 26 millones de dólares en línea con sus asignaciones presupuestales. Parte de esas inversiones estuvo destinada a obras en los puertos de Punta del Este y Piriápolis. En el primer caso, se destaca la reconstrucción del muelle interior de la escollera y el acondicionamiento de espacios exteriores y edilicios, que mejoran la experiencia de los turistas en embarcaciones.

En el puerto de Piriápolis finalizó la construcción del muelle multipropósito para las embarcaciones comerciales y deportivas y se construyó un nuevo muelle para el apoyo a la pesca artesanal. El texto presentado por el Poder Ejecutivo al Legislativo menciona la finalización de las obras de reconstrucción del muelle para embarcaciones de pasajeros en la dársena de Higueritas, en Nueva Palmira.

Por su parte, en el puerto de La Paloma se construyó el primer tramo de la rampa de botada y varada de embarcaciones, los muros de contención laterales y el refuerzo del muro de atraque para la operativa de grúa.

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