El pasado  lunes 18 de marzo comenzaron  las obras del túnel de Avenida Italia. El costo total será de 18 millones de dólares y demandará un año y medio de trabajo. La obra se financia con endeudamiento a través del Fondo Capital.

La primera etapa será el corrimiento y la posterior reconexión de los servicios de UTE, OSE y Antel, que durará unos 3 meses y que era uno de los aspectos que más preocupaba a los vecinos de la zona. Luego se procederá a la construcción del túnel que demandará 9 meses de trabajo, tras lo cual se realizará la pavimentación a nivel de Avenida Italia, así como la construcción de veredas, bicisendas y la colocación de alumbrado.

 

Repercusiones

Esas obras se extenderán por 4 meses y durante ese tiempo el tránsito será canalizado únicamente por el túnel, que tendrá dos sendas por sentido y una extensión de 300 metros (desde la calle Luis Sambucetti hasta Brito Foresti), de los cuales 90 estarán bajo techo.

Según una nota publicada por el diario El País,  la obra no solo implicará la construcción del túnel sino que también repercutirá en algunas calles aledañas: Manuel Albo, entre Avenida Italia y 8 de Octubre, pasará a ser doble mano (3 carriles habrá en sentido Norte y dos en sentido Sur), mientras que se suprimirá el giro a la izquierda desde la avenida Albo que permitía ingresar a Avenida Italia.

El plazo estimado incluye el ensanche y doble mano de Albo, lo que tendrá una duración aproximada de tres meses. Por otro lado, la construcción del túnel demorará nueve meses.

El pavimento de Avenida Italia (las sendas de arriba del túnel, para lo que se canalizará el tránsito por el túnel) demorará cuatro meses.

En cambio, se generará un giro en “U” en el cantero central de Ricaldoni que posibilitará, a aquellos que vienen por Albo, tomar Avenida Italia hacia el Este. La Avenida Ricaldoni se ensanchará y pasará a tener tres carriles en sentido Sur y cuatro para quienes circulan hacia el Norte.

Las paradas de ómnibus se redistribuirán y se colocarán nuevos refugios. Según aseguraron desde la comuna, “se intentará mantener la proporción de verde existente en la zona y las plantas y árboles que se deban retirar serán trasladados al Parque Batlle”.

Según explicó el gerente del proyecto, el arquitecto Gustavo Carvallo, “los problemas que hay actualmente en los cruces de Avenida Italia y Albo y de Avenida Italia y Centenario, son los tiempos de espera y el impacto ambiental, sobre todo debido a los semáforos y a la falta de sendas adicionales”, ya que los autos pasan más tiempo prendidos y contaminando.

Por su parte, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo  en conferencia de prensa que la velocidad promedio en esos tramos es a veces de 11 kilómetros por hora. “Es una zona donde se genera un verdadero embudo”, sostuvo Martínez.

 

Cambios

Con las obras se busca lograr una disminución en los tiempos de desplazamiento que en algunos casos se podrían reducir a la mitad. “Por ejemplo, desde bulevar Artigas hasta Luis Alberto de Herrera, dependiendo de la hora, se bajará el tiempo de desplazamiento de 3 a 4 minutos; antes llevaba 7, 8 minutos hacer ese recorrido mientras que ahora llevará 4”, explicó el arquitecto Carvallo.

En cuanto a las velocidades de desplazamiento, aumentarán en algunos casos hasta dos veces y media, según Carvallo. “Se espera que la velocidad media de los vehículos en Avenida Italia, entre Luis Alberto de Herrera y Bulevar Artigas, pase en la mañana de 11,4 kilómetros por hora a 27 kilómetros por hora en los vehículos comunes y de 11,2 km/h a 23,2 km/h en el caso de los ómnibus, lo que representa una mejora del 138% y del 107% respectivamente.

De tarde, en tanto, la mejora será de 157% en autos y de 126% en ómnibus: se pasará de 10 kilómetros por hora a circular entre 23 y 27 km/h.”, indicó el encargado de la obra.

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La expresión pertenece al Presidente de la República durante el último Consejo de Ministros realizado en Pueblo Centenario, en Durazno, el pasado 18 de febrero. El mandatario informó que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, confirmó que “el cierre financiero de esa operación se terminará en marzo y en abril se podrá comenzar la obra” ferroviaria entre Montevideo y Paso de los Toros.

“El Ferrocarril Central es importante para trasladar la producción de la zona centro y norte del país y preservar las rutas”, afirmó. Recalcó, además, que se hará la obra, se instale o no la nueva planta de la empresa finlandesa UPM, propietaria de una similar, instalada en las cercanías de Fray Bentos.

Vázquez indicó que esa línea férrea se construirá por el mecanismo de participación público-privado (PPP) y la garantía será del BID y otros bancos, entre ellos, uno japonés. En ese sentido, informó que habló con Moreno, quien adelantó que “el cierre financiero de esa operación se termina en marzo y en abril se podrá comenzar a construir” el Ferrocarril Central, cuyo tendido ferroviario va de Montevideo a Paso de los Toros, en  Tacuarembó.

El mandatario añadió que “ya está aprobada la licitación, ratificada por unanimidad en el Tribunal de Cuentas”. Además, “la empresa constructora ya está haciendo los acopios necesarios para comenzar la obra cuando esté el mencionado cierre financiero”.

En relación con la propuesta para la estación central que realizó el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, aclaró que oficialmente no recibió el proyecto.

Explicó que se lo mencionó en reuniones por otros temas que mantuvieron el año pasado, el 6 de marzo, el 9 de julio, el 22 de noviembre y el 22 de diciembre.

“No desmentí al intendente, sino una noticia falsa que decía que el proyecto me fue presentado oficialmente en enero”, afirmó Vázquez. “Tengo una excelente relación con Daniel”, recalcó.

 

Aquellas plantas

En otro orden, recordó que hubo “muchas alarmas previamente pero pasaron 12 años y no ha sucedido nada” con las plantas de celulosa instaladas en Uruguay, señaló el presidente Tabaré Vázquez, al destacar que “el país tiene una muy buena experiencia” en ese tipo de actividad.

Recordó que “se decía que nacerían niños con dos cabezas, habría aumento del número de cáncer o leucemia, pero pasaron 12 años y no sucedió nada de eso”. Manifestó que “se superaron los temores y no hubo ningún impacto negativo”. “No es UPM la que más contamina el río Uruguay”, sentenció.

Agregó que, “con la tecnología que existe a nivel internacional, estamos seguros de que se atenderán correctamente los impactos ambientales”. Señaló que dio plazo hasta mediados de febrero de 2020, “pero queremos que se defina lo antes posible”.

 

Optimismo gubernamental

El mandatario se mostró optimista con la concreción de una nueva fábrica de esas características en el centro del país. “Desde mi punto de vista, se va a invertir”, enfatizó.

“Todas las tratativas (con UPM) están muy bien encaminados en tiempo y forma”, afirmó Vázquez en declaraciones a la prensa, antes de comenzar el Consejo de Ministros abierto en Centenario, departamento de Durazno. Agregó que se transita la última etapa para la definición de la inversión. “Desde mi punto de vista, se va a hacer”, enfatizó.

Destacó también “la muy buena experiencia con las dos plantas que ya funcionan en el país”, en referencia a la planta de UPM instalada en Fray Bentos y a la de Montes del Plata en Conchillas, Colonia.

Informó que mantuvo un encuentro con el director ejecutivo de UPM, Jussi Pesonen, “quien estaba muy conforme con la marcha de las etapas”.

Subrayó que el gobierno trabaja para la instalación de la planta “porque trae consigo trabajo de calidad, ingreso de divisas y mejorará la infraestructura del país”.

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La Administración Nacional de Puertos (ANP) confirmó que la oferta presentada por la empresa finlandesa se ajusta al llamado internacional que realizó y, a la vez, la compañía sigue camino a la construcción de su planta en el departamento de Durazno, sobre lo que deberá adoptar una decisión antes del 15 de febrero de 2020. En el caso de una marcha atrás, la ANP se quedará con los US$ 4 millones de garantía que UPM había depositado en el Banco Santander, según informó el diario El País.

El 9 de enero pasado, en el segundo piso de la ANP, se abrieron los sobres para la concesión de un espacio de “acopio” y “explotación” de celulosa en el puerto de Montevideo. O, mejor dicho, se abrió el único sobre correspondiente al único interesado que se presentó: Tebesur S.A. (subsidiaria de la finlandesa UPM).

En los días previos ya se sabía que la compañía nórdica había comprado el pliego, el paso previo para su presentación, pero en todo acto de apertura de sobres siempre cabe la incertidumbre. De hecho el presidente de la ANP, Alberto Díaz, había sido testigo de “dos licitaciones fallidas” cuando todo parecía encaminado. De ahí que la confirmación de ayer, que incluye la rúbrica del jerarca, haya sido tildada por él como “un hito” y “el avance hacia otras decisiones de la empresa”.

La concesión de la terminal portuaria preveía, como mínimo, la capacidad de manejo de 1,8 millones de toneladas de celulosa por año. Pero por decisión de los directores oficialistas de la ANP —el vicepresidente Juan Domínguez y el propio Díaz—, en los primeros años el concesionario abonaría la tarifa por el volumen real de lo movilizado que puede ser inferior a ese 1,8 millones de toneladas.

La segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay, es decir la tercera de este rubro que habrá en el país, implicará una inversión inicial de unos US$ 2.300 millones. Estará ubicada muy cerca del poblado Centenario, en Durazno, sobre el Río Negro. Desde allí, mediante trenes, el producto sería trasladado hasta la terminal portuaria en Montevideo. La planta será más grande que la que funciona en Fray Bentos y tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales.

Según el acuerdo de inversión firmado por el gobierno y UPM en noviembre de 2017, la potencial planta incrementaría en 12% las exportaciones del país y generaría 8.000 puestos de trabajos directos e indirectos. Las obras en la terminal portuaria demandarán 4 años.

 

Operativa en 2022

UPM quiere que su nueva planta se inaugure en 2022. La planta generaría exportaciones adicionales por US$ 1.100 millones anuales, US$ 120 millones en impuestos y US$ 200 millones más en salarios, de acuerdo a los cálculos que ha presentado la empresa.

El gobierno se apresta a confirmar la adjudicación de las obras de construcción de vías férreas necesarias para UPM entre Paso de los Toros y Montevideo a un consorcio en el que están las empresas Saceem y Berkes. Las obras deberían comenzar en este mes y durarán 36 meses. Un grupo de vecinos afectados por las obras evalúa presentar una acción de amparo contra los trabajos.

 

El aspecto laboral 

Un aspecto clave para terminar de dar viabilidad a la que sería la mayor inversión privada en la historia del país es el marco laboral que se le aplicará. UPM ha sido clara en que no quiere ocupaciones ni piquetes. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, dijo a El País que la negociación la está llevando a cabo el SUNCA en base a la cláusula de prevención de conflictos que ha firmado con la Cámara de la Construcción. En setiembre de 2017 se firmó un acuerdo marco entre el gobierno, el PIT-CNT, las cámaras empresariales involucradas y UPM que se extenderá desde la comunicación formal de la decisión de la inversión discrecional de UPM hasta la culminación de las obras civiles y de montaje electromecánico de la nueva planta industrial.

Las partes se comprometieron solamente a “poner la mayor voluntad y los mejores esfuerzos para resolver las situaciones conflictivas que se generen, observando las normas y disposiciones legales, reglamentarias y convencionales aplicables”. No adoptarán, por lo tanto, medidas que afecten la regularidad del trabajo o el desarrollo de la obra, antes de haber finalizado las instancias de conciliación previstas. En marzo del año pasado, el vicepresidente del proyecto Javier Solari dijo, de todas maneras, que “nosotros entendemos que tiene que haber reglas más claras en cuanto a un escalamiento o manejo del conflicto”. “El manejo del conflicto tiene que ser más previsible. Conflictos siempre va a haber”, sostuvo el ejecutivo.

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La Corporación Nacional para el Desarrollo y su conglomerado de empresas colaboraron en 2018 en la ejecución de 40 programas de obras de infraestructura pública en Uruguay, con una inversión de 470 millones de dólares. En ese marco, el capital utilizado mediante fideicomisos y convenios de administración superó en el mismo lapso los 65 millones de dólares, principalmente destinados a obras de interés educativo y social.

Según un informe balance de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) sobre 2018, la ejecución más importante se concretó mediante fideicomisos de desarrollo de infraestructura educativa y social administrados por ese organismo, por un total de 52 millones de dólares.

El fideicomiso de la Administración Nacional de Educación Pública representó 66%, el del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay el 20%, el de la Universidad Tecnológica el 11% y el de la Universidad de la República el restante 3%. Ese mecanismo de financiación incluye también casi 13 millones de dólares en salud y deporte, más de 9 millones de los cuales fueron destinados al sanatorio del Banco de Seguros del Estado.

En total, la CND y sus empresas conglomeradas colaboraron en la ejecución de 40 programas de obras de infraestructura pública en todo el país, con una inversión cercana a 470 millones de dólares.

 

Empresas

Respecto de las empresas, la síntesis destaca la ejecución de obras a través de la Corporación Vial del Uruguay, que nuevamente superó el récord de inversión vial con 390 millones de dólares, cifra a la que se suman otros 39 millones de ejecución en diversos rubros. En ese contexto, se concretó en abril la emisión de títulos de deuda por 185 millones, destinados a cubrir parcialmente las necesidades de financiamiento.

Asimismo, con una inversión de más de 11 millones de dólares en 2018, la Corporación Ferroviaria del Uruguay culminó el proyecto de recuperación de 310 kilómetros de vía férrea entre Paso de los Toros, en Tacuarembó, y Rivera, lo cual permitió dinamizar el transporte de carga por esa modalidad y devolver el de pasajeros al norte del país.

También el documento detalla que durante el último año comenzaron las obras de los fideicomisos de administración del Fondo de Infraestructura Metropolitana de Montevideo y el Fideicomiso de Administración del Fondo de Infraestructura de Canelones, ambos administrados por Conafin Afisa, el fiduciario financiero de la CND.

En Montevideo, el programa incluye la construcción y mantenimiento de 42 kilómetros de vías por un monto global de 100 millones de dólares. En Canelones se ejecutan obras de infraestructura sobre 40 kilómetros de vías por 25 millones. Los programas cuentan con financiamiento parcial del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

También se suscribieron acuerdos para apoyar la realización de obras con las intendencias de Flores, Artigas, Durazno y Tacuarembó, en muchos casos financiadas a través del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional o del Fondo de Desarrollo del Interior que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

 

Convenio con la ANP

Otros proyectos que comenzaron en 2018 con apoyo de CND comprenden las obras en el Paso de Frontera de Fray Bentos y el convenio de colaboración con la Administración Nacional de Puertos para la supervisión de obras del muelle C del Puerto de Montevideo, entre otros.

En lo que respecta a su rol de estructurador de proyectos de participación público-privada, la CND participó el año pasado en el lanzamiento de la tercera y cuarta cartera de proyectos para ejecutar y mantener infraestructura educativa a través de la suscripción de este tipo de contratos.

El tercer llamado implicará la construcción de 15 escuelas y 27 centros de atención a la infancia y la familia, con una inversión de 41 millones de dólares, mientras que para el cuarto llamado se ideó un paquete de obras de 42 liceos y 16 UTU, con una inversión inicial de 120 millones de dólares.

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La Intendencia de Canelones ha recibido interesados en invertir en desarrollos inmobiliarios en Ciudad de la Costa luego de anunciar cambios en el plan maestro de la zona, llamado Costa Plan.

A mediados de 2019 se terminará de revisar el nuevo ordenamiento territorial del lugar y será elevado a la Junta Departamental para su consideración, según informó el director general de Secretaría de Planificación de la Intendencia de Canelones, Sergio Ashfield.

El Costa Plan se encuentra en la etapa final de revisión y hasta el momento hubo “buena respuesta” de los posibles inversionistas, con los que se está llegando a “buenos acuerdos”, informó.

La transformación de Ciudad de la Costa será una realidad, especialmente luego de la detección de un gran número de habitantes de Montevideo que deciden invertir en la compra o el alquiler de un inmueble para residir de manera permanente.

El crecimiento del lugar se observa con la edificación cada vez mayor de comercios, residencias y espacios públicos. Algunos lugares convocan más que otros, pero las proximidades del aeropuerto internacional de Carrasco son las más codiciadas. Allí se ha visto un crecimiento en los últimos años de propuestas inmobiliarias y emprendimientos comerciales de distinto tipo.

Las zonas de desarrollo urbano tendrán normativas específicas sobre lo que se podrá construir. Estas zonas definidas para el desarrollo inmobiliario con edificios de hasta 60 metros son los alrededores del Lago Botavara, Shangrilá, Pinar Norte las cercanías del Arroyo Pando, San José de Carrasco, Montes de Solymar y algunas zonas de Lagomar Norte. Allí es donde se podrá apreciar edificios en altura y, además, algunas construcciones de menor porte, pero siempre con el distintivo del verde y de los espacios abiertos.

Las torres con alturas de hasta 13.5 metros serán permitidas en otras zonas de Ciudad de la Costa, como en Avenida Giannatasio desde Alvear hasta Márquez Castro, la Rambla desde Racine hasta Márquez Castro, Racine desde Avenida de las Américas hasta la Rambla, Calcagno desde Ruta 101 hasta la Rambla, Alvear desde el Centro Cívico hasta la Rambla y Avenida de las Américas acera norte.

Se apuesta a que en la zona del Arroyo Pando haya una propuesta mixta en la que se edifiquen edificios y también un barrio jardín.

La Intendencia de Canelones tiene previsto utilizar espacios sin edificar en todas esas zonas. En algunos predios se hallan grandes extensiones de tierra sin uso alguno, pero en otros casos se trata de locaciones de menor porte donde se podría albergar una o dos torres.

En todos los casos, hay interesados en poder generar desarrollos inmobiliarios, informó el jerarca de la Intendencia de Canelones. El objetivo, además, es que los inversionistas prevean la conexión de los emprendimientos con los servicios públicos, como el saneamiento, ya que Ciudad de la Costa se halla en pleno trabajo de conexión a la red.

Las principales inquietudes provienen del impacto de estas obras en el mapa verde de Ciudad de la Costa y, además, en la necesidad de generar nuevas obras viales que canalicen el tránsito que suele haber entre Canelones y Montevideo en las horas pico. Por lo pronto, en la Intendencia de Canelones existe un optimismo en la posibilidad de avanzar durante este año en varias obras al amparo de la inversión privada.

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