El Polo Logístico Ruta 5, inaugurado de modo formal  el pasado miércoles 12 de febrero, fortalece a Uruguay como centro logístico en el sur de América, destacó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Las empresas instaladas en ese lugar acceden a los beneficios fiscales previstos en las leyes de inversiones y de parques industriales y podrán conectarse con el proyectado Ferrocarril Central de Montevideo a Paso de los Toros.

“Esta inauguración constituye un paso más en la estrategia (del Gobierno nacional) que establece a Uruguay como centro logístico”, enfatizó Rossi en la actividad realizada en el Polo Logístico Ruta 5, una iniciativa ya en funcionamiento, perteneciente al Grupo RAS, conformado por capitales uruguayos y especializado en servicios logísticos.

“Esto exige el desarrollo de cadenas logísticas y empresas que permiten vincular al país con el mundo y la región (sur de América), recibir productos del exterior y promover los nacionales en todos los destinos”, detalló el ministro Rossi en el acto del que también participaron el presidente electo, Luis Lacalle Pou, autoridades entrantes de los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas y de la Administración Nacional de Puertos.

También formaron parte de la actividad la presidenta del Instituto Nacional de Logística, Ana Rey, el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, el presidente del Grupo RAS, Ruben Azar, y de representantes de cámaras empresariales y del cuerpo diplomático, entre otros actores públicos y privados.

El polo logístico industrial abarca 80 hectáreas y está ubicado a dos kilómetros de la localidad de Progreso, en el kilómetro 33 de la ruta n.º 5, en el departamento de Canelones.

“Se va a fortalecer el rol de las rutas nacionales, en particular la 5, en función de la utilización del Ferrocarril Central (entre Montevideo y Paso de los Toros, en Tacuarembó) con el que el polo tendrá conexión”, indicó Rossi, tras destacar la actitud emprendedora de la firma uruguaya con presencia en varios países de América y “a los empresarios que acompañan las iniciativas que se promueven desde el Gobierno”. 

El Polo Logístico Ruta 5, cuando alcance el 100 % de ocupación, habrá requerido una inversión de 250 millones de dólares, informó Rossi a la Secretaría de Comunicación Institucional. El parque está orientado a las actividades industriales y logísticas del país y del exterior.

Las firmas pueden acceder a terrenos con servicios básicos incluidos, como agua potable, energía, seguridad y telecomunicaciones, entre otros, hasta soluciones llave en mano, que comprenden el uso de galpones modulares. También a los beneficios fiscales previstos en la ley de inversiones para las actividades industriales, que se suman a los de la ley de parques industriales y sus decretos reglamentarios.

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“Uruguay tiene que involucrar cada vez más a los privados, para avanzar en inversiones y no alterar negativamente las cuentas públicas”, dijo Danilo Astori. En esa línea, Uruguay puso en marcha en 2005 la estrategia de participación público-privada (PPP), marco en el cual se trabaja en la actualidad en 13 proyectos por 1.900 millones de dólares, entre ellos el Ferrocarril Central y otros educativos y sociales.

 

Contratos

La firma del segundo contrato de infraestructura educativa por PPP permitirá el financiamiento, la construcción,el equipamiento y el mantenimiento de 23 escuelas primarias, nueve polos educativos tecnológicos y 10 polideportivos, cuya inversión total es de 72 millones de dólares y alcanzará a 16 departamentos.

“Desde 2005, Uruguay se interesó y puso en práctica la herramienta de la PPP”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, tras participar de la firma en la Torre Ejecutiva, acto del que también participaron el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, el presidente de la Administración Nacional de la Educación Pública, Wilson Netto, y los representantes de las empresas del consorcio PPP Infraestructura Educativa II.

“Esa modalidad permite no solo una adecuada distribución de riesgos entre el sector privado y el público, sino, además, que Uruguay avance en inversiones imprescindibles, coherentemente con las restricciones fiscales que el país tiene y que son muy importantes”, explicó Astori.

“Uruguay tiene que buscar mecanismos para involucrar cada vez más al sector privado, para permitir avanzar en las inversiones y no alterar negativamente las cuentas públicas”, agregó. Recordó, luego, que la cartera a su cargo trabajó intensamente en esta modalidad y los progresos han sido notorios. En la actualidad, se trabaja en 13 proyectos con una inversión total de 1.900 millones de dólares. Entre ellos, se encuentran los proyectos en infraestructura vial, como el Ferrocarril Central, y los educativos y sociales. 

“No tengo la más mínima duda de que son proyectos muy importantes para el país”, precisó Astori sobre los planes que permiten la creación de escuelas, polos tecnológicos, polideportivos y centros de atención para la primera infancia. “Son procesos de aprendizaje que nos van dejando lecciones mientras se desarrollan”, indicó el ministro.

Por su parte, García señaló que se trata de la mayor inversión en infraestructura en el país en los últimos períodos de gobierno y que supera los 12.500 millones de dólares en diferentes áreas. Dijo, además, que el proceso de descentralización, en particular del tercer nivel educativo, que se ha dado en Uruguay es uno de los más revolucionarios.

“Como ciudadanos, estaremos celebrando cada una de las inauguraciones de estas 42 obras y seremos celosos auditores de que se lleven adelante”, puntualizó el jerarca.

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Según el documento “Un Uruguay para todos”, presentado por el presidente Tabaré Vázquez al gobierno electo, “en el período 2008-2018 Uruguay se posicionó como uno de los principales receptores de inversión extranjera de la región, detrás de Chile y Costa Rica.

El documento señala que (Uruguay) es un país más próspero, que distribuye mejor, con una nueva matriz de protección social y con futuro, presentado en el mes de diciembre, destaca dos hechos muy importantes.

 

Inversión extranjera

Además, el crecimiento de la inversión extranjera como porcentaje del producto interno bruto (PIB), del 2,7% en el período 1997-2007 al 5,1 % en el lapso 2008-2018. Por otro, señala que Uruguay es el país de la región que experimentó el mayor crecimiento de ese tipo de inversión en la comparación de los dos períodos.

En materia de inserción internacional se destaca que las tres últimas administraciones impulsaron una estrategia de “regionalismo abierto”, con el objetivo de profundizar tanto la integración productiva en la región como la inserción en los circuitos globales de bienes, servicios e inversiones

 

Acuerdos

El documento recuerda que durante el  período 2015-2020 se negoció un acuerdo de libre comercio con Chile, se profundizó el convenio con México y se concluyeron las negociaciones del acuerdo de asociación estratégica Mercado Común del Sur-Unión Europea (Mercosur-UE) y del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), así como negociaciones con la República de Corea, Canadá y Singapur.

En el plano regional, y en particular del Mercosur, subraya el texto gubernamental, Uruguay se comprometió con el “proceso de sinceramiento” del bloque, al eliminar la mayoría de las barreras no arancelarias y lograr avances sustantivos en las nuevas disciplinas del comercio internacional.

Con respecto a las exportaciones, se destaca que en 2004 las de bienes y servicios ascendían a 4.000 millones de dólares, en tanto que en 2018 totalizaron 16.397 millones.

En este sentido, Uruguay incorporó como principales productos de su matriz exportadora, dos, que hace una década ocupaban un lugar de menor importancia relativa: la soja, que llegó a ubicarse en el primer lugar en 2014, y la celulosa, que se posicionó como principal producto de exportación en 2018, con perspectivas de seguir expandiéndose.

Las exportaciones de bienes y servicios registraron un importante aumento en los últimos 10 años, con la triplicación del monto de las exportaciones por servicios turísticos, de 800 millones de dólares en 2007 a 2.300 millones en 2017.

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El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, Daniel Diverio, recibió a Del Constructor en la sede del gremio para analizar la situación del sector frente a un nuevo gobierno, las perspectivas para este 2020 y la necesidad de atraer inversores, pero sin flexibilización ni desregularización laboral. Al contrario, Diverio cree que mantener las reglas claras y profundizar las conquistas de los trabajadores es un sesgo de seriedad por parte del país.

 

¿Qué balance hace el SUNCA del 2019?

Hace poco juntamos el Ejecutivo de nuestro sindicato e intentamos hacer un balance de lo que ha sido el año. En lo que tiene que ver en lo laboral ha sido un año donde no hemos tenido muchos altibajos. O sea, venimos de una baja importante de trabajadores de la industria de la construcción a partir del 2014 a la fecha y a partir del 2017, 2018, estamos en un meseta con un promedio entre 40 mil y 45 mil trabajadores.

Sí es cierto que hace muchos años que venimos manteniendo ese nivel, hay una realidad que es que en el 2013 llegamos a tener más de 70 mil trabajadores que fue un hecho muy puntual. Pero la realidad es que la preocupación que tenemos, si pensamos en esa cifra, que fue la industria que perdió más fuentes de trabajo.

Si se habla que en el Uruguay en los últimos años se perdió un promedio de 50 mil, 60 mil puestos de trabajo, hay que ver que el 50% de esos puestos de trabajo pertenecen a la construcción.

 

Evidente que eso preocupa.

Claro, es un balance que hacemos con mucha preocupación, porque entendemos que la mejor forma para generar y dinamizar la economía es fundamentalmente a partir del mercado interno y, por ende, generando, puestos de trabajo.

Y creemos que la construcción juega un papel fundamental en eso. Este año que comienza hay  una serie de proyectos que son interesantes, como la inversión extranjera para la instalación de la segunda planta de UPM, como el desarrollo de algunas inversiones en la modalidad Proyecto Público Privado para la construcción de algunos Caif, liceos y escuelas, que permitirían oxigenar un poco la industria.

Pero está claro que la preocupación mayor es la inversión privada directa, donde hemos tenido una caída muy importante, y eso depende mucho también del escenario regional e internacional. Es un año que en lo laboral tuvimos algunas dificultades, pero puntualmente, en lo referido al sindicato, colmó las expectativas de lo que veníamos planteando, ya que en los años más complicados es cuando necesitamos tener más organización sindical.

No solamente para defender las conquistas que tenemos, sino para tener perspectivas hacia el futuro. Este año en particular no solamente hicimos una gran campaña de afiliación, pero fundamentalmente de sindicalización y logramos, en los diecinueve departamentos del país, reafirmar las departamentales que tenemos electas y que el conjunto de obras existentes estén organizadas como sindicatos.

Eso permitió, entre otras cosas, que realizáramos un encuentro programático (N. de Redacción: ver documento adjunto) con la participación de más de mil delegados de todo el país, donde pusimos sobre la mesa alguno temas que para nosotros son centrales para discutir es un nuevo escenario político.

 

Reglas claras

Usted se refiere a la inversión privada que se necesita para recuperar el sector. El gobierno saliente adoptó una serie de medidas como fue la exoneración de algunos tributos a las megas obras, por citar un ejemplo. ¿Eso fue suficiente para frenar en algo la caída del desempleo?

Según como se mire. Estamos en esa meseta que te decía desde hace algunos años y eso es, de alguna forma alentador, porque  dejó de caer el desempleo. También somos conscientes que es imposible el boom histórico de ocupación que tuvimos.

Por eso es que apostamos a la inversión pública, fundamentalmente como generadora de empleo. Por eso creemos que el proceso de inversión que se hizo fuertemente en las empresas públicas, con Ancap, UTE, OSE o Antel, permitió fortalecer el sector de la construcción.

Lo mismo de la mano de lo que han sido las PPP. Es cierto que están más retrasadas si las comparamos con la inversión directa, extranjera y privada, fundamentalmente en el sector inmobiliario, ante la coyuntura que se vive en la región. Sobre todo, Argentina que era la que más invertía en el sector inmobiliario, especialmente en Maldonado y en el sector de la costa.

Si bien es cierto que se tomaron algunas medias, también es cierto que aún esas medidas no se vieron con la profundidad que esperábamos.

Ahora, creo que la garantía mayor que tiene el país para poder atraer inversiones extranjeras tiene que ver justamente con las reglas de juego que tiene el país. Uruguay tiene una fuerte reglamentación, con muy buenas normativas en seguridad e higiene, en materia de leyes laborales y muy fuerte en lo que tiene que ver con los convenios colectivos, los laudos y las condiciones de trabajo.

Hay que seguir fortaleciendo estos aspectos. Eso hace que quien mira el país para invertir tiene en claro cuáles son las reglas de juego.

Y eso permite, también, poder generar condiciones de mayor inversión.

Creo que apostar a la flexibilización laboral y la desregulación para generar inversiones, puede llevar al efecto contrario.

A que exista desconfianza en la firmeza de lo que son las reglas de juego en nuestro país.

 

¿Cuáles son las perspectivas del SUNCA para el 2020?

Cuanto tuvimos el mayor nivel de desregulación, los salarios más bajos y menos incidencia del Estado en los controles de las relaciones laborales existieron los niveles de desocupación más altos.

Me refiero al 2002 cuando llegamos a un 20% de desocupación. Por eso hablamos de que las perspectivas, ya no solo para el gremio o el sector, sino para el país, tienen que estar sobre las bases de lo conquistado hasta el momento. Ver la incidencia de los salarios en los costos de la construcción como un tema central no es cierto.

Hoy, los salarios en los costos de la construcción son muchos menores a lo que eran en otras décadas. A partir del avance que tuvimos en inversiones tecnológicas y nuevas formas de construcción que hicieron las empresas y que, por tanto, aceleran los procesos de producción, demuestran que el jornal del trabajador tiene mucho menos incidencia en el costo final de la obra.

En la actualidad, los procesos de producción son mucho más acelerados y con menos trabajadores y en menos tiempo se construye la misma obra que se hacía veinte años atrás.

La productividad es un tema que podemos discutirlo porque hay mayor productividad con menos cantidad de jornales. Otro gran avance fue bajar la carga horaria de 48 horas a 44 horas.

Y sin embargo, bajando esa carga horario los niveles de productividad no cayeron. Nosotros, como sindicato, creemos que está bueno discutir la productividad, pero también discutir como se distribuyen los beneficios de la productividad en el conjunto del sector.

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La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande invirtió en los últimos cinco años 30 millones de dólares en infraestructura, equipamiento y profesionalización. El proyecto de renovación y modernización previsto para los próximos 30 años comenzó su primera etapa con la aprobación por parte de los Gobiernos de Uruguay y Argentina de 80 millones de dólares. Desde 2005 la inversión total fue de 95 millones de dólares

 “La delegación de Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande continua con los lineamientos estratégicos iniciados en 2005, gestión, inversión y cooperación”, sostuvo su presidente, Gabriel Rodríguez, durante la presentación del informe de gestión del período 2014-2019.

La inversión realizada por Uruguay y Argentina sumó 30 millones de dólares en los últimos cinco años, aseguró Rodríguez. Destacó el aporte en equipamiento, profesionalización y tecnologías, así como el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

El jerarca recordó que desde 2005 la inversión total sumó 95 millones de dólares, con énfasis en equipamiento, infraestructura y obras de mantenimiento. También hizo referencia al proyecto de renovación de Salto Grande, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al respecto, valoró los avances concretados.

Rodríguez explicó que se trata de un plan a 30 años con una inversión que alcanzaría los 1.000 millones de dólares, cuya primera etapa (cinco años) está aprobada por ambos países y requerirá una inversión de 80 millones de dólares. “El objetivo es continuar el proceso de renovación y concretar más obras en menos tiempo”, aclaró.

Por otra parte, señaló que existe una política estricta en cuanto al ingreso de trabajadores por concurso, así como en relación con las vacantes que se generan. “Desde 2007 se retiraron 170 empleados uruguayos e ingresaron 135”, informó.

“El avance tecnológico, los cambios en los sistemas de gestionar el mantenimiento, obligan a que no se repita la cobertura tal cual se realizaba años atrás”, dijo. “De eso se trata la mejora de la gestión”, aclaró. “La renovación de personal no repercutió de forma negativa y no hubo conflictos”, insistió.

 

Energimundo

Energimundo es un proyecto museístico, científico-tecnológico, que la delegación uruguaya deja iniciado, a pocos meses de finalizar la gestión, y que está previsto se concrete en agosto de 2020. “Es un proyecto muy ambicioso que permitirá el acceso a la ciencia y la tecnología en la zona norte del país, sin necesidad de llegar a Montevideo o ir a Buenos Aires”, sostuvo. 

Energimundo, que estará ubicado en un predio lindero a la Comisión Técnica Mixta, es además una apuesta al desarrollo local, que, entre otras cosas, demandará estudiantes de carreras científicas para que conformen los equipos de soporte de los visitantes. “Es un proyecto que nos enorgullece”, concluyó Rodríguez.

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