Con el objetivo de “generar estímulos a la inversión” el gobierno emitió un decreto que incrementa “transitoriamente” los “beneficios otorgados” en el marco de la ley de Inversiones.

El fin “es empujar la inversión, especialmente la inversión que es intensiva en mano de obra o que tiene un efecto derrame sobre otros sectores de la actividad que también generan empleo”, había dicho en entrevista con El País la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

En ello se enmarcan un decreto que da beneficios para grandes obras de construcción que venía del gobierno anterior (al que se le redujo el umbral para ser considerada como tal y se le ampliaron beneficios) y este nuevo decreto.

Para los proyectos de inversión presentados entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, el porcentaje de exoneración de impuestos que determine la aplicación de indicadores (generación de empleo, aumento de exportaciones, inversión en tecnologías más limpias y en innovación, desarrollo e investigación) se incrementará en un 20%. Eso siempre que al menos el 75% de la inversión total comprometida sea ejecutada antes del 31 de diciembre de 2021.

Por ejemplo, si a un proyecto la aplicación de indicadores le da que exonera por el 30% de la inversión, al incrementarse 20%, pasará a exonerar por el 36%.

A su vez, las inversiones realizadas entre el 1° de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, se computarán por el 150% del monto invertido, para considerar la exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Esto es si el proyecto invierte US$ 1, se tomará como que invirtió US$ 1,5 para estimar la exoneración.

Por otro lado, se da flexibilidad a las empresas para aplicar la exoneración. Para los ejercicios finalizados entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, la empresa podrá optar entre dos posibilidades. Una es “suspender por un año el plazo de exoneración establecido en la declaratoria promocional correspondiente al IRAE”, según el decreto (esto es para un proyecto ya declarado como promovido, si la empresa no tuvo ganancias, puede utilizar esto y no “perder” un año de exoneración). La otra opción (si por el contrario la empresa tuvo un buen ejercicio) es que se le incrementa el tope que puede exonerar de IRAE hasta el 90% (era 60% antes).

La Cámara de Industrias evaluó que “estas medidas se encuentran en línea con las propuestas elevadas en marzo pasado a las autoridades de gobierno”.

 

Herramienta

Para el investigador en temas de promoción de inversiones, Diego Vallarino este decreto “es una buena herramienta” ante la situación de incertidumbre que genera el coronavirus, es decir en el “mientras tanto, pero se necesitan cambios a fondo” en la reglamentación de la ley si se quiere incrementar en forma sostenida la inversión.

Vallarino dijo a El País que el principal problema de las empresas en la actualidad es que muchas no tienen renta, lo que les dificulta poder tomar una decisión de inversión, más allá de que los beneficios tributarios sean mayores. Si entiende que “se generan expectativas”, pero “con esto no necesariamente hay decisión de inversión”.

Para la socia del estudio jurídico Bragard, Agustina Bomio el nuevo decreto, “para los que tienen un proyecto en trámite, les aliviana la carga impositiva. Si puedo computar más inversión que la que hice (se toma por el 150%), voy a tener una exoneración mayor de IRAE”.

Además señaló a El País que “incentiva específicamente la presentación de nuevos proyectos, porque va a tener más beneficios”.

“No ayuda a quien no tiene ahorro para invertir, pero sí a aquellos que lo tienen”, añadió. Según Bomio en la construcción, con este decreto y el que otorga beneficios impositivos para grandes obras “es difícil que se frenen” inversiones. Explicó que un cliente del estudio que “está haciendo un desarrollo inmobiliario grande, en algún momento pensó en sacar el pie del acelerador” de esa inversión, pero con los nuevos beneficios de los decretos vio que “se le generaba un ahorro impositivo de US$ 4 millones” y entonces resolvió mantener el ritmo.

 

Para Vallarino la clave está en que deben modificarse los indicadores a los que las empresas se comprometen y que son los que determinan el porcentaje de exoneración tributaria a obtener.

“Es muy difícil cumplir con los indicadores”, señaló e indicó que en empleo se pide un incremento de la plantilla de ciertos trabajadores (jóvenes o mujeres por ejemplo), que si se van hay que contratar otro de la misma característica, lo que dificulta a las empresas.

Vallarino sugirió “reformular los indicadores para que sean accesibles”, que el beneficio tributario “pase por el IRAE, pero también sea compensar ciertos costos operativos” para aquellos que se les dificulta generar renta y que se facilite el “ingreso a empresas comerciales y de servicios, que son la mayoría de las pequeñas y medianas empresas”.

En eso está el gobierno, ya que la propia Arbeleche dijo a El País que la matriz de indicadores que determina los beneficios fiscales, “como ha funcionado, no ha sido muy satisfactoria. Así que estamos en un proceso de revisión” en la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley de inversiones.

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Respecto de la nueva causal para configurar la residencia fiscal en Uruguay consistente en una inversión en inmuebles por más de UI 3.500.000 (aproximadamente USD 370.000) y presencia física de al menos 60 días en el año civil, el nuevo decreto aclara que únicamente se toman en cuenta inversiones en inmuebles efectuadas a partir del 01/07/2020, no computándose a los efectos de esta causal los bienes inmuebles comprados anteriormente.

 

Flexibilización de obtención de residencia fiscal en Uruguay:

El decreto del 163/20 del 11 de junio del 2020 introduce dos nuevas causales para configurar la residencia fiscal en Uruguay en el marco de política de promoción de inversiones y generación de empleo en el país.

El artículo del estudio Guyer & Regules dice que, a las causales existentes se suman dos nuevas opciones para configurar la condición de residente fiscal en Uruguay, a saber:

  1. A) Poseer una inversión en inmuebles por valor superior a UI 3.500.000 (aproximadamente USD 370.000) realizada a partir del 1/7/2020 y una presencia efectiva en territorio uruguayo de 60 días en el año civil. A éstos efectos se considerará el costo fiscal actualizado de cada inmueble.
  2. B) Poseer participación directa o indirecta en una empresa por valor superior a UI 15.000.000 (aproximadamente USD 1.585.000) realizada a partir del 1/7/2020 y que genere al menos 15 nuevos puestos de trabajo directo en relación de dependencia, contratados a partir del 1/7/2020, a tiempo completo, en el año civil y que no impliquen disminución de puestos de trabajo en empresas vinculadas.

 

Situación actual: causales anteriores y agregados nuevo decreto:

La normativa uruguaya establece que una persona física será considerada residente fiscal en Uruguay si se da alguna de las siguientes condiciones:

Que la persona permanezca más de 183 días durante el año civil en territorio uruguayo. Las ausencias esporádicas, aquellas que no excedan de los 30 días corridos, serán consideradas para el cómputo de los 183 días, salvo que la persona acredite que tiene residencia fiscal en otro país.

Que radique en territorio nacional el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos o vitales:

Intereses Vitales.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la persona tiene sus intereses vitales en territorio nacional, cuando residan habitualmente en Uruguay su cónyuge y sus hijos menores de edad que dependen de él. El cónyuge no deberá estar separado legalmente y los hijos deben estar sometidos a patria potestad. En caso que no existan hijos bastará la presencia del cónyuge.

Intereses Económicos por trabajo.

 Se entenderá que una persona tiene el núcleo principal o la base de sus actividades, cuando genere en el país rentas de mayor volumen que en cualquier otro país. No configurará la existencia del núcleo principal de sus intereses económicos ni la base de sus actividades, por la obtención exclusivamente de rentas puras de capital, aun cuando la totalidad de su activo esté radicado en la República. Dado que la norma habla de rentas generadas en el país, no bastará con que el mayor ingreso de la persona sea pago por una empresa uruguaya, sino que deberá corresponder a una retribución por tareas realizadas en Uruguay.

Adicionalmente, y salvo que acredite su residencia fiscal en otro país, se considerará que una persona física radica la base de sus intereses económicos en Uruguay (y por lo tanto es residente fiscal) cuando posea en Uruguay una inversión que cumpla alguna de las siguientes características:

Intereses Económicos por Inversión en Inmuebles.

 Una inversión en bienes inmuebles por un valor superior a UI 15.000.000 (aproximadamente USD 1.585.000) considerando el costo fiscal actualizado de acuerdo a normas del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF).

Intereses Económicos por Inversión en Empresa con Proyecto promovido.

Que directa o indirectamente posea una inversión en una empresa por un valor superior a UI 45.000.000 (aproximadamente USD 4.755.000) y que dicha empresa posea  actividades o proyectos que hayan sido declarados de interés nacional de acuerdo a la ley de inversiones. Para valuar la participación se deberá considerar la normativa del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Intereses Económicos por Inversión en Inmuebles más presencia en Uruguay (NUEVO y MODIFICADO).

Poseer una inversión en inmuebles por valor superior a UI 3.500.000 (aproximadamente USD 370.000) realizada a partir del 1/7/2020 y una presencia efectiva en territorio uruguayo de 60 días en el año civil. A éstos efectos se considera el costo fiscal actualizado de cada inmueble, por lo que queda claro que esta causal refiere a nuevas inversiones en inmuebles realizadas a partir del 1/07/2020

Intereses Económicos  por Inversión en Empresa más generación de empleo (NUEVO).

Poseer participación directa o indirecta en una empresa por valor superior a UI 15.000.000 (aproximadamente USD 1.585.000) realizada a partir del 1/7/2020 y que genere al menos 15 nuevos puestos de trabajo directo en relación de dependencia, contratados a partir del 1/7/2020, a tiempo completo, en el año civil y que no impliquen disminución de puestos de trabajo en empresas vinculadas.

Configuración de las causales y sus efectos:

El cumplir con alguna de las siete causales descritas anteriormente implica configurar la calidad de residente fiscal en Uruguay debiéndose por lo tanto ceñirse al régimen tributario uruguayo.

Tal cual mencionado, en el caso de las causales económicas por inversiones, las mismas aplican salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país.

Lo descripto refiere a la normativa interna uruguaya que debe ser integrada conjuntamente con los Convenios Internacionales para evitar la doble imposición vigente entre Uruguay y los diferentes países eventualmente involucrados.

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El titular de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, reiteró en la Cámara de Representantes que no se opone a la construcción del Ferrocarril Central ya que se trata de una obra fundamental para el desarrollo del sistema ferroviario y para generar mejores condiciones para que los inversores puedan trasladar la producción en el país.

El ministro señaló que “lo que se firmó lo vamos a respaldar y lo vamos a hacer funcionar”, precisando que dejó sin efecto el carácter confidencial del contrato sobre esta obra, de manera de darle mayor transparencia al proceso iniciado en la administración anterior.

Heber compareció ante la Cámara de Representantes en el marco de la interpelación promovida por el legislador Eduardo Lust para conocer detalles sobre la ejecución del proyecto Ferrocarril Central, como parte de la instalación de la segunda planta de celulosa de la empresa UPM en el país.

 

Debate

Tras 17 horas de debate, del que participaron también los Ministros de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, de Industria, Energía y Minería Oscar Paganini y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Irene Moreira, la Cámara aprobó una moción por la que consideró suficientes y satisfactorias las explicaciones proporcionadas por los jerarcas.

Ferrocarril Central es una obra de infraestructura relevante para el sistema multimodal de transporte y la más importante del modo ferroviario de los últimos años.

Se están construyendo 273 kilómetros de vías férreas entre el Puerto de Montevideo y la ciudad de Paso de los Toros, con un estándar que permitirá la circulación de trenes de carga a 80 kilómetros por hora y 22.5 toneladas por eje.

El ministro destacó que el contrato dejó de ser confidencial para dar una mayor transparencia al proceso de negociación de una de las obras más importantes que el país desarrolla.

El jerarca recordó que durante la pasada administración, cuando era legislador, reclamaba a las autoridades mayor información sobre el contrato. “Ayer firmé el levantamiento de la confidencialidad respecto a la información relacionada con el proyecto Ferrocarril Central, porque cuando se habla de transparencia, estas son las medidas que tenemos que tomar”, destacó.

 

Sistema ferroviario

Heber señaló que no se opone a la construcción del tren. Se trata de una obra fundamental para el desarrollo del sistema ferroviario y para generar mejores condiciones para que los inversores puedan trasladar la producción en el país. El ministro puso reparo al costo de la obra, que se ejecuta a través de un contrato de Participación Público Privada.

“Lo que se firmó lo vamos a respaldar y lo vamos a hacer funcionar”, afirmó el ministro. “No estoy en contra del tren, estoy en contra de lo que nos sale el tren: 2130 millones de dólares, sin IVA”, destacó.

Hace unas semanas el gobierno nacional presentó un nuevo acuerdo alcanzado con la empresa UPM, que trasladará su carga por el Ferrocarril Central. El acuerdo prevé que la empresa se haga cargo del financiamiento de obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento de la planta, lo cual permite un ahorro millonario al Estado.

 

Diálogo

El ministro defendió el nuevo acuerdo y defendió el camino tomado por el gobierno que apostó al diálogo con la empresa. Haber rescindido el contrato hubiese significado una pérdida mayor a los US$ 350 millones, informó el jerarca.

Durante su presentación Heber dedicó varios minutos a informar sobre las expropiaciones que vienen siendo realizadas en el marco del proyecto, así como algunos de sus alcances a corto y mediano plazo.

Para construir el trazado ferroviario ha sido necesario expropiar padrones pertenecientes a privados. El ministro informó que se llevan gastados alrededor de 50 millones de dólares en expropiaciones. Hasta el momento se han concretado unas 700, pero será necesario agregar alrededor de 400 más, lo que elevará el costo de la obra.

El ministro estuvo acompañado por el subsecretario de la cartera, Juan José Olaizola, quien expuso sobre el proyecto portuario que se desarrolla en el puerto de Montevideo. UPM se encuentra construyendo una terminal portuaria que estará disponible para recibir y almacenar celulosa. Esta terminal será el punto de embarque internacional para la producción de la empresa.

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El conflicto comercial entre Estados Unidos y China influirá en la actividad transfronteriza durante muchos años, independientemente del liderazgo de Estados Unidos, fortaleciendo así las oportunidades de inversión inmobiliaria en mercados como la India, Vietnam y Europa.

El sector de biotecnología y ciencias de la vida recibió 2,5 billones de dólares de inversión a nivel global en los cinco años anteriores a 2019 y se espera que crezca tras el Covid-19, con posibles oportunidades en nuevos mercados como la India, España, Australia y Austria.

Los bajos tipos de interés a largo plazo asegurarán que el sector inmobiliario mantenga la demanda como asset class, con un desajuste entre alta liquidez y baja disponibilidad de activos de calidad, manteniendo la competencia alta y los rendimientos bajos.

Las tendencias de inversión en el sector inmobiliario se mantendrán en la misma línea, a pesar de la crisis del Covid-19.

Así lo afirma el último informe de Impacts elaborado por la consultora internacional Savills, en el que se han examinado las principales tendencias del sector para determinar la futura actividad de inversión inmobiliaria a nivel global. Para ello, se han analizado los diversos ‘puntos de inflexión’ sociales, medioambientales, demográficos y tecnológicos a los que se enfrenta de manera inminente el sector inmobiliario mundial.

 

Impacto

En la última actualización de su programa de análisis Impacts, Savills indica que el conflicto comercial en curso entre EE UU y China se verá eclipsado por el impacto de la pandemia este año, ya ha acelerado cambios en las tendencias del comercio a nivel global. La reubicación del manufacturing chino ha liberado grandes extensiones de suelo para uso comercial y residencial en los límites de las grandes ciudades y ha beneficiado a otros países. Entre ellos se encuentran Vietnam, donde las exportaciones de manufacturing a EE UU aumentaron casi un 36 % en 2019, convirtiéndose en el socio comercial que más rápido creció el año pasado, seguido de India, Malasia, Tailandia y Corea del Sur.

Los alquileres industriales en los distritos de Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam), por ejemplo, aumentaron un 54% a lo largo del año hasta junio de 2019, al convertirse en un importante mercado manufacturero. En la India también se ha registrado un aumento de la ocupación industrial ligera, en particular por parte del sector automovilístico, y Blackstone y Brookfield figuran entre los inversores que ya han destinado grandes cantidades de capital a su mercado inmobiliario. La consultora señala que, más allá de Asia, otros países europeos también aumentaron su cuota de mercado el año pasado, lo que indica posibles oportunidades de fortalecimiento para los inversores inmobiliarios en esos lugares en determinados sectores, como el logístico en los puertos españoles de Valencia, Algeciras y Barcelona, según señala el informe.

A largo plazo, las dificultades comerciales con EE UU pueden acelerar la formación de un bloque de libre comercio regional, es decir, una Asociación Económica Regional Integral compuesta por 16 naciones indo-pacíficas, incluyendo China, Australia, Japón, Indonesia y Corea del Sur que podría ser firmada este año, creando la mayor área de libre comercio del mundo, lo que impulsaría la riqueza y la estabilidad, elementos cruciales para los inversores inmobiliarios, tal y como se desprende del informe.

Por otra parte, la consultora internacional destaca que la asociación del sector inmobiliario con el biotecnológico va a ser uno de los objetivos de inversión de más rápido crecimiento, ya que las empresas del sector parecen dispuestas a acelerar su crecimiento y a hacerse predominantes en más zonas geográficas.

En este sentido, Savills apunta que, aunque la mayor parte de que los 2,5 billones de dólares de inversión en capital riesgo -un indicador importante del futuro crecimiento del sector biotecnológico- y, por tanto, la demanda de bienes inmuebles, se centró en EE UU y China durante los últimos cinco años, los países que experimentaron un crecimiento particularmente mayor en 2019 fueron la India (+180 % anual), España (+83 % anual), Australia (+79 % anual) y Austria (+453 % anual*).

 

Inversores

Es posible que estos países aún no estén en el radar de los inversores inmobiliarios en lo que respecta al sector de biotecnología y ciencias de la vida, pero según Savills, potencialmente ofrecen la oportunidad de construir una cartera de inversiones en torno a los clusters de innovación, que comprenden una diversidad de activos inmobiliarios, desde incubadoras de startups e instalaciones de I+D, hasta edificios de oficinas.

Aunque los riesgos económicos, políticos y cíclicos siguen existiendo y se han acentuado por la reciente pandemia, los inversores seguirán apostando por el real estate, con una falta de correspondencia entre la alta liquidez y la baja disponibilidad de activos de calidad que mantiene la competencia alta y los rendimientos bajos.

Savills afirma que los inversores harán frente a los riesgos mediante diversificación y precios, aunque las circunstancias excepcionales de 2020 pueden provocar una “huida hacia la calidad” de activos prime de oficinas y logísticos en las principales ciudades del mundo, como París, Los Ángeles, Nueva York, Sídney y Tokio a corto plazo, según Savills.

Sin embargo, a largo plazo, las ciudades más pequeñas e innovadoras como Barcelona o Estocolmo, y las ciudades chinas en desarrollo, como Shenzhen y Shangai, se convertirán en ubicaciones de inversión defensiva para los inversores core, al igual que oportunidades estructurales en propiedades de alquiler residencial y alternativos, ya que las tendencias demográficas en todo el mundo seguirán impulsando la demanda de esos activos.

Según la consultora inmobiliaria internacional, los cambios estructurales en el sector retail, que comenzaron en Estados Unidos y Reino Unido y se estaba trasladando a algunos mercados de Europa y Asia-Pacífico, ofrece oportunidades para comprar activos regiones concretas donde las rentas ya se han rebajado o donde los precios bajos permitirían a los nuevos propietarios pueden aportar valor.

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Hace cerca de 40 años que se habla de la construcción de un puerto deportivo en Atlántida, una idea que tomó vigor en distintos gobiernos desde el retorno a la democracia, pero que nunca prosperó. La iniciativa volvió a ser puesta sobre la mesa por el diputado nacionalista por Canelones Alfonso Lereté, quien se la presentó al ministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, al subsecretario de Turismo Remo Monzeglio y al propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El proyecto comprende la construcción no solo de una terminal marítima, sino también de un hotel y casino en una ciudad-balneario que hace muchos años estaba destinada a ser lo que es hoy Punta del Este, y que nunca terminó de “despegar” como destino turístico.

“Se trata de la construcción de un hotel, un casino y un puerto deportivo para Canelones, con asiento en la capital turística como lo fue y es Atlántida”, dijo el diputado Lereté a El País.

El proyecto ocupó la atención de todos los gobiernos democráticos, a tal punto que en el encabezado por Luis Alberto Lacalle (1990-95) se creó la Comisión Pro Puerto de Canelones, a instancias del entonces director general de la Zona Balnearia Orlando Lereté (padre de quien hoy promueve la iniciativa), con actuación de la Intendencia, la Junta Local de Atlántida y operadores hoteleros, inmobiliarios y gastronómicos. El tema incluso se llegó a incluir en un llamado público de interés que realizó el gobierno nacional. 

La administración colorada de Julio María Sanguinetti continúo el tema, así como la de Jorge Batlle, quien realizó un llamado público para la construcción de una terminal portuaria que debía incluir hotel y casino.

Los tres gobiernos nacionales y departamentales del Frente Amplio desde 2005 a 2020 también plantearon el asunto, e incluso hubo una ocasión en la que se estuvo muy cerca de adjudicar a un privado la construcción del hotel con una sala de juegos, pero por distintas razones la Dirección Nacional de Casinos de aquella época no lo permitió.

 

Un lugar “en la mira” 

Además de los contactos con Turismo, Lereté realizó sendas reuniones con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y el subsecretario Juan José Olaizola, ya que existe desde el pasado siglo un tema central y no menor que ayudaría mucho a “cuajar” el proyecto: la denominada “manzana cero” de Atlántida, frente a la costa y a la sede de la Prefectura Nacional Naval, que es de dominio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

“Esa parcela de tierra es clave para poder entrelazar el amarradero o puerto deportivo y la construcción del hotel con casino, por el sitio en sí mismo (es uno de los mejores puntos de la rambla de Atlántida) y también por la proximidad con la Prefectura”, dice Lereté.

Próximamente mantendremos contacto con el nuevo director nacional de Hidrografía para hacer una puesta a punto de todos los estudios realizados de batimetría en la zona y los proyectos de puerto con amarras que ya están diseñados”, añade el legislador nacional y exdirector de AFE.

“Antes de que comenzara a bajar la movilidad y la actividad comercial, mantuvimos contactos con inversores interesados en el proyecto, como el caso del empresario Vito Atijas, con quien recorrimos el lugar a los efectos de visualizar la zona, los atributos de la ubicación y la potenciación turística al desarrollar el proyecto”, señaló el diputado.

“Que el primer mandatario diera luz verde para la construcción del hotel, con casino de participación privada, y por otro lado atar esa propuesta a la posibilidad de un puerto para embarcaciones deportivas, significa reactivar el turismo en un departamento que hace décadas no recibe inversión y está deprimido en sus chances de crecer”, concluyó Lereté.

 

El único con costa que no tiene un amarradero

De todos los departamentos con costa, el único que carece de puerto, muelle o amarradero, es Canelones.

“En el Río Uruguay, el Río de la Plata y la franja oceánica, todos los departamentos cuentan con puertos menos Canelones”, señala el diputado Lereté.

Atlántida también es conocida como Ciudad Jardín o Ciudad de los Médicos, porque desde su origen muchos de sus primeros pobladores eran galenos, que se instalaron con casas de veraneo.

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