En momentos en que cada vez más el paisaje urbanístico acoge obras construidas casi en su totalidad con materiales traídos del exterior, es esencial destacar la importancia de la Industria Nacional.

Un proveedor local tendrá un rol fundamental en todas las etapas del proyecto, desde su inicio, su desarrollo y la posterior vida útil de la obra.

Habitab Casa Central

Con un asesoramiento confiable en la etapa de proyecto, sugiriendo la mejor y más eficiente alternativa de producto, contemplando los requerimientos de arquitectos e inversores y el cumplimiento de las normativas edilicias.

Acompañando durante todo el período constructivo, aportando su conocimiento y experiencia para lograr un trabajo de calidad, realizado bajo los más altos controles, cumpliendo en tiempo y forma el cronograma establecido. Sin demoras por materiales trancados por trámites aduaneros o embarques fuera de plazos.

Y lo más importante, con servicio post-venta y garantía de reposición con  los cristales originales, evitando el efecto parche que tan a menudo vemos en los edificios que, ante roturas, no encuentran en plaza el mismo vidrio y se tienen que conformar con “algo parecido”. Un proveedor local tendrá siempre aprovisionamiento para asegurar la reposición con el producto original.

Cuando la Industria Nacional cuenta con la tecnología y el know-how que le permite equipararse con los mejores procesadores de cristal a nivel mundial, elegir un proveedor del exterior para una obra es una decisión arriesgada, basada en la inmediatez de un costo inicial menor, pero que a la larga puede resultar muy cara.

 

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En un encuentro -organizado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU)- los abogados Santiago Pérez del Castillo, Leonardo Slinger y Nelson Larrañaga Zeni, especialistas en Derecho Laboral, disertaron  las relaciones laborales, al tiempo que se mostraron de acuerdo en privilegiar la negociación bipartita y modificar la ley vigente.

Los tres abogados cuestionaron el rol del gobierno en este aspecto y recordaron que en junio pasado la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizó la negociación colectiva en Uruguay, tras una denuncia de los empresarios. Las cámaras empresariales uruguayas hicieron hincapié en el convenio 98 de OIT suscrito por nuestro país que privilegia la negociación bipartita (entre empresas y trabajadores) sobre aumentos de salarios y condiciones laborales, y no instancias tripartitas (con la participación del Estado) como ocurre en la actualidad.

 

Negociar entre las partes

En este contexto, durante el evento realizado el pasado 29 de agosto,  Santiago Pérez del Castillo -exministro de Trabajo entre 2002 y 2005- en su disertación “Consejos de Salarios y negociación tripartita sobre condiciones de trabajo”, señaló que  lo ideal sería ponerse de acuerdo entre las partes para negociar, sin que participe el gobierno. Y agregó que la instancia se debe encarar “no con una visión de contraparte (entre trabajadores y empleadores) sino de socios”.

“La palabra tripartita tiene una enorme resonancia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es el único órgano de las Naciones Unidas integrado por estados y grupos de empleadores y trabajadores. Pero curiosamente el tripartismo de la OIT no llega a la negociación colectiva”, afirmó Pérez del Castillo.

Recordó que el convenio 98 del organismo establece que la negociación colectiva debe ser en forma libre y voluntaria entre empleadores y trabajadores e independiente del poder estatal. “Entonces se provoca una primera tensión entre bipartismo y tripartismo porque a los estados les interesa tener control sobre el impacto inflacionario que puede tener el salario”, señaló.

Para el abogado se deben modificar los Consejos de Salarios, convocarlos siempre y cuando empleadores y trabajadores estén de acuerdo y promover el bipartismo.

El experto relató que uno de los cometidos de los Consejos de Salarios cuando fueron creados en 1943 fue la fijación de los salarios mínimos. A esa potestad, la Ley 18.566 de 2009 le agregó la actualización de las remuneraciones.

En esa línea, el abogado indicó que tampoco comparte la disposición de que “cuando no hay un sindicato de empresa tiene legitimidad para negociar el sindicato de rama”, sino que debieran poder hacerlo los delegados elegidos en la interna de la compañía. Sostuvo que esto “es un tema clave” de la negociación colectiva.

“Los empleados que van a negociar deben conocer al empleador, este no es un fulano cualquiera sino una persona que en otra ocasión quizás se portó bien, fue comprensivo con los trabajadores o repartió en épocas de bonanza. Se pierde esa riqueza de relacionamiento con el empleador cuando negocia el sindicato de rama”, señaló.

 

Ultra actividad

En tanto, el abogado Leonardo Slinger centró su exposición bajo el título “Convenios colectivos, sujetos de convenio de empresas ultra actividad y denuncia” donde señaló que está demostrado en los hechos que el Poder Ejecutivo interviene en la negociación no solo de salarios sino de condiciones de trabajo a través de la fijación de lineamientos. “El Poder Ejecutivo incluye como una propuesta para la negociación, pero todos sabemos que eso ejerce presión. Es difícil escapar en el diálogo a un tema que la propia pauta propone”, sostuvo Slinger.

“Los Consejos de Salarios deben hacer foco en su competencia que son los salarios mínimos. Si se negocia una actualización salarial debe ser hasta determinadas franjas, no puede ser igual para un gerente o un cadete, porque la negociación bipartita es diferente según las capacidades”, señaló Slinger, quien sostuvo que desde la reinstauración en 2005 de la negociación colectiva aumento el índice de sindicalización y, por ende, el poder de los gremios. A juicio del especialista “esto ha generado una capacidad y madurez para una negociación bipartita sin precisar del Estado como tutor”.

Recordó, además, que la Ley 18.566 establece que la negociación debe efectuarse entre organizaciones representativas de empleadores y trabajadores.  Y citó como ejemplo, en el caso de una empresa en la que no hay organización de los trabajadores, por qué el sindicato de la rama de actividad es el encargado de llevar a cabo la negociación. “Si los trabajadores no se afiliaron al sindicato de rama es porque no se sintieron representados y además en una negociación colectiva de empresa se está bajando al ámbito interno, entonces parece lógico que los que deben negociar son los trabajadores de la empresa”, afirmó Slinger.

La normativa vigente también establece la ultra actividad de los convenios colectivos, es decir que cuando vence se mantienen en vigencia todas sus cláusulas hasta que se alcance un nuevo acuerdo. Sobre este aspecto también mostró su disconformidad.

“Cada convenio colectivo se convierte en el piso para la negociación siguiente. ¿Qué interés voy a tener para negociar? Salvo para mejorar las condiciones, si igual aunque el convenio esté vencido voy a estas obligado a mantenerlo como empleador y el trabajador a gozar de los beneficios y las condiciones de trabajo. El convenio colectivo es un contrato y agota sus efectos con el vencimiento del plazo”, subrayó Slinger.

 

Certezas jurídicas 

Nelson Larrañaga Zeni, experto en relaciones laborales de Ferrere, coincidió con sus colegas en la injerencia en la negociación del gobierno. Durante su ponencia “Medidas de conflicto. Huelga, ocupación y piquetes”, afirmó que “hay un arbitraje obligatorio, están las tres partes en la negociación pero quien decide los aumentos de salarios es el gobierno y eso es totalmente contrario a los convenios de OIT que estamos obligados a cumplir”, afirmó. En otra parte de su disertación se refirió al derecho de huelga en Uruguay.

Afirmó que  “no existe una definición de huelga” por lo que dicho concepto “se ha ampliado”.

“La huelga es no trabajar por una decisión colectiva, pero hoy se extendió a medidas de ocupación, piquetes y otras resoluciones sindicales como el trabajo a reglamento o desgano. Esta ampliación ocurrió a través de distintos decretos promulgados entre 2005 y 2006. El concepto de huelga no es una banda elástica que estiro. Hoy cualquier acción sindical es huelga salvo que sea un delito.

Eso no debe ser así”, enfatizó Larrañaga Zeni. En este punto agregó que si bien la huelga es un derecho constitucional, también lo son “las libertades individuales” como el derecho al trabajo, y que el primero “no predomina” sobre los demás como “ha querido imponer” parte de la doctrina nacional. “No puede ser que el derecho de huelga sea absoluto ni que pasa por arriba de todo como una topadora”, subrayó.

El abogado especialista  dejó en claro que “la ocupación o piquetes en lugares de trabajo no tienen nada que ver con la huelga”, algo que es reconocido por la doctrina internacional.  “Hay que volver al concepto antiguo de huelga, no el que se ha querido imponer” y abogó por reglamentar la ley original para “dar certezas jurídicas”, enfatizó.

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La segunda planta de UPM es la inversión más grande de la historia del país. Las cifras manejadas nunca antes se conocieron para un solo proyecto. Las empresas constructoras y las firmas que trabajarán en la edificación iniciaron las tareas previas para colocar oficinas e instrumentos necesarios. Quieren estar prontos para cuando las autoridades otorguen los permisos necesarios para levantar la planta.

Lo primero que se construirá serán las casas para los obreros que luego trabajaran en la construcción de la planta. Los predios donde se construirán los alojamientos temporales para los obreros son propiedad del Estado y se reparten en Paso de los Toros, Pueblo Centenario, Carlos Reyles y Durazno. Las empresas que edificarán estos complejos habitacionales son en su mayoría de procedencia uruguaya.

Para los alojamientos permanentes, la empresa finlandesa se encargará de construir en el área de influencia 60 casas, que luego serán transferidas al Estado. Las viviendas se levantarán en predios cedidos por la Intendencia de Durazno.

Según comentó el intendente de ese departamento, Carmelo Vidalín, la intención de la comuna es que esos hogares sean destinados a realojamiento de familias que hoy tienen sus casas en terrenos inundables. A su vez, UPM construirá un barrio de uso permanente en Paso de los Toros. En ese caso, las casas tendrán espacio para hasta 12 personas, generando núcleos de convivencia con menor impacto, ya que el movimiento de obreros en la zona va a ser significativo.

 

Postulantes

El Ministerio de Trabajo informó que funciona de forma correcta el sistema de inscripciones en la plataforma “Vía Trabajo”, además del programa “Yo Estudio y Trabajo”. La oficina estatal detalló que hasta ayer a la tarde se habían dado de alta 6.194 postulantes en Vía Trabajo, y 8.007 actualizaron sus datos.  En el comunicado, el Ministerio de Trabajo explica que quienes deseen postularse para los puestos laborales de UPM2 se deben registrar en la Plataforma Vía Trabajo “pero de momento no visualizarán ninguna oferta laboral específica vinculada a este emprendimiento”.

Y agrega: “Las empresas que requieran personal irán subiendo sus ofertas de trabajo a medida que se desarrollen las obras. Una vez que estén publicadas, se podrán visualizar en la sección ofertas laborales y los interesados se anotarán”.

En la fase de construcción se generarán entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo.

El pico de contrataciones estará en el entorno de 5.500 personas. De acuerdo a las normas locales, se establece que un 75% deben ser uruguayos, para lo que es clave la capacitación que brindaran los organismos estatales como el Inefop.

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La segunda planta de UPM generará más de 8.000 empleos y su producción aportará dos puntos porcentuales al producto interno bruto y una recaudación tributaria de entre 120 y 170 millones de dólares anuales. La inversión de la empresa finlandesa en la nueva fábrica de celulosa y en la infraestructura asociada superará los 4.000 millones de dólares.

La información fue difundida por el gobierno nacional el pasado 9 de agosto, a través de una emisión simultánea por radio y televisión para informar detalles de la futura segunda fábrica de celulosa en Uruguay confirmada por la empresa finlandesa UPM, por instalarse en el departamento de Durazno. Resultará la inversión más grande recibida por este país en su historia.

Este emprendimiento posibilitará incrementar de forma permanente el producto interno bruto de Uruguay en dos puntos porcentuales y recaudar por tributos entre 120 y 170 millones de dólares por año. Una vez en funcionamiento, empleará más de 8.000 personas, con remuneraciones adicionales por más de 200 millones de dólares.

El lugar elegido para la fábrica, el centro del país y a orillas del río Negro, procura el fin de lograr un desarrollo de igualdad territorial donde se registra el menor desarrollo relativo en términos de bienestar.

En Durazno, donde se levantará, y en los vecinos departamentos de Florida, Cerro Largo y Tacuarembó, se incrementará el producto por persona entre 10 % y 15 %; habrá un desarrollo adyacente a la vía férrea y se fortalecerá la cadena forestal-maderera y se diversificará la producción. En tanto, la recaudación tributaria que aportará este nuevo proyecto de UPM se situará entre 120 y 170 millones de dólares anuales.

En cuanto a las inversiones que la empresa realiza en el país, se destacan los 2.700 millones de dólares correspondientes a la fábrica de celulosa, los 280 millones para construcciones portuarias, 70 millones en instalaciones en Paso de los Toros y 7 millones en saneamiento para esa ciudad de Tacuarembó.

A ello se sumarán unos 1.000 millones de dólares destinados a plantaciones forestales, maquinaria y otras inversiones conexas para los primeros 30 años de producción, 34,5 millones para el Fondo de Innovación Sectorial, 3,5 millones en la Iniciativa Río Negro, 1,5 millones para capacitación y 2 millones de inversión en viviendas temporales, es decir, la planta de celulosa en zona franca más las inversiones asociadas superarán los 4.000 millones de dólares.

En tanto, los compromisos asumidos por Uruguay en infraestructura incluyen el Ferrocarril Central, con la rehabilitación de la línea férrea que une Montevideo con Paso de los Toros mediante la participación público-privada, la profundización del dragado del puerto de Montevideo para permitir el ingreso de buques de mayor calado y la construcción de un viaducto en la rambla portuaria, además de rutas y puentes para la circulación de camiones de gran porte.

 

Infraestructura

En materia de infraestructura energética, el informe transmitido por radio y televisión indicó que se prevé la compra-venta de excedentes de energía entre UTE y UPM por las próximas dos décadas hasta de un teravatio/hora por año, lo que contribuirá a la consolidación de la matriz energética en base a energías renovables.

La empresa recibe beneficios tributarios contenidos en la Ley de Promoción de Inversiones y los de la Ley de Zonas Francas, con una autorización de explotación por 30 años y el cobro por parte del Estado de un canon anual de 7 millones de dólares por los primeros 20 años y de 3,5 millones de dólares por los 10 siguientes. No se le otorgó exoneración total ni parcial del Impuesto al Patrimonio.

Más adelante, el informe señala que el proyecto incidirá notoriamente en la creación de empleo de buena calidad, tanto para la construcción de la planta como en la operativa posterior. El Gobierno, UPM, la Cámara de la Construcción, la Cámara Metalúrgica y la central sindical PIT-CNT firmaron el 12 de setiembre de 2017 un acuerdo marco en el área laboral, mediante el cual reconocieron el diálogo social y la negociación colectiva como los mejores instrumentos de trabajo.

 

Medioambiente

En materia ambiental, UPM hizo frente para esta inversión a la autorización más exigente existente en la materia en Uruguay, como la inclusión de siete nuevos parámetros y de mayor exigencia en los valores de todos los analizados con relación a las anteriores plantas de celulosa, como la primera de la firma finlandesa, ubicada en Fray Bentos, y Montes del Plata, en Conchillas, departamento de Colonia. También se incorpora el requerimiento de un caudal mínimo de agua del río Negro, exigido fundamentalmente para asegurar la preservación del ecosistema y mejorar incluso su situación actual.

La normativa general le impone límites a 13 parámetros de vertidos de efluentes, ocho por cada fuente de emisión de aire. Se deberá, además, monitorear la calidad del río en cinco puntos y realizar estudios de sedimentos y biota acuática. Para controlar la calidad del aire, habrá tres estaciones de monitoreo. Se incorporan niveles de exigencia en los rangos más estrictos de las referencias establecidas según normas internacionales.

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En el marco del proyecto “Impulsa Industria”, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) con el apoyo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), promueve la línea de acción “Impulsa Materiales de Construcción”, dirigida a ofrecer nuevas herramientas a los actores del rubro.

 

Esta iniciativa se implementará hasta setiembre de 2020, está dirigida a empresarios e instituciones y tiene como objetivo el desarrollo de la industria a través del agregado de valor a productos y procesos. Además, favorece la comunicación entre organizaciones, emprendedores, investigadores e instituciones.

 

“Impulsa Materiales de Construcción” cuenta con un servicio de apoyo empresarial diseñado especialmente para Mipymes, que se enfoca en la innovación tecnológica, el diseño y desarrollo de productos, y la internacionalización de las empresas. Cuenta con diversos servicios que incluyen: asistencias técnicas, capacitaciones, misiones al exterior, encuentros, rondas de negocios, antenas de información, entre otros.

 

La primera actividad ofrecida por “Impulsa Materiales de Construcción” fue un taller denominado “Desarrollo de componentes metálicos por fabricación aditiva”, a cargo del doctor e ingeniero químico Fernando Lasagni, cuyo foco fue explicar las aplicaciones y perspectivas de desarrollo de dicha tecnología.

 

Primera Antena de Información para el sector materiales de construcción

Además, se encuentra en pleno desarrollo la primera Antena de Información específica para el rubro de materiales de construcción en Uruguay. Se trata de una plataforma web de acceso y registro gratuito mediante la que se puede acceder a las tendencias tecnológicas y de mercado mundial relevantes para el sector industrial. Asimismo, permite identificar necesidades de distintos canales comerciales y exigencias normativas de mercados externos. Esta plataforma estará disponible a partir de agosto de 2019 y será sin costo para quienes deseen registrarse.

 

La instancia de colaboración para alimentar la nueva antena se desarrolló bajo el título “Creación de Antena de Información Tecnológica, Comercial y Normativa”. El taller contó con la participación de empresas industriales e instituciones, que se unieron con el objetivo de identificar los temas de interés a vigilar por dicha antena para el sector Materiales de Construcción.

 

Además se analizaron los aspectos estratégicos y técnicos relacionados con la industria proveedora de materiales para la construcción, los intereses informacionales prioritarios de los actores vinculados a dicha industria y las referencias o alcances geográficos de mayor pertinencia con los temas de interés.

           

La actividad estuvo a cargo de Mary Aranda, master en Ingeniería e integrante de IALE Tecnología Chile, empresa que brinda la tecnología necesaria para desarrollar la Plataforma de Información. Los expertos de IALE Tecnología Chile, quienes ya han realizado proyectos similares en la región, serán los encargados de desarrollar la propuesta.

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