El último informe del CEEIC sostiene que la percepción actual y las expectativas son negativas para la economía, mientras que para el sector la percepción actual es negativa pero las expectativas son positivas. Además, da cuenta  que los empresarios encuentran más probable incorporar personal que maquinaria, al tiempo que se incrementa el peso en la estructura de costos de insumos importados, que pasa del tercer a segundo lugar, por detrás la mano de obra.

El informe del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC)  presenta los resultados de la Encuesta de Expectativas realizada durante los meses  de  mayo y Junio del presente año.

El  principal  objetivo  de  este documento es  monitorear  las  expectativas  de  las  empresas  del  sector  de  la construcción respecto a las principales variables económicas, su capacidad instalada y expectativas de crecimiento de manera tal de poder obtener información sobre la coyuntura actual y evolución futura del sector y la economía en su conjunto.

De esta manera, se relevó la opinión de 71 empresas asociadas a Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU),  así como de 10 empresas asociadas a la Asociación de Promotores privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Del total de las empresas contactadas se obtuvo una tasa de respuesta de 36%.  Los resultados del documento se presentan en tres secciones: Expectativas,  Capacidad instalada y Evolución de los costos

 

Expectativas

En la primera sección, las  empresas   fueron  consultadas  sobre  la  percepción  actual  y  sus expectativas futuras respecto a la economía en general y en particular el sector de la construcción.

La percepción actual fue relevada mediante la  apreciación  del estado actual de la variable de interés como  (Buena,  Ni  buena  ni  mala,  Mala)  mientras  que  las  expectativas  fueron  recogidas  mediante  la percepción de la evolución futura respecto al estado actual (Al alza, Igual, A la baja).

Los resultados señalan que tanto para la  percepción actual de la  economía (59%)  como para las expectativas (55%),  los  encuestados  respondieron  mayoritariamente  con  una  percepción  “ni  buena  ni  mala”  y  en segundo lugar se encuentran las respuestas con una percepción  “mala”. Por  último, las respuestas que valoraron  como  “buena”  la  situación  actual  son  nulas  mientras  que  las  expectativas  al  alza  sobre  la situación de la economía representaron un 10% de las respuestas.

Al  ser consultados  sobre  la  situación  actual  del  sector,  las  respuestas  denotaron  una evaluación algo más optimista que para la economía en general. En el caso  de la situación actual,  un  3% la evaluó como “buena”, y un 62% como “ni buena ni mala”. Las respuestas con una evaluación “mala” del sector suman un 35% del total.

Las respuestas  vinculadas a las expectativas del sector se dividen entre un   28%  “al alza”,  un 62% que espera que la situación se  mantenga “igual”  y un 10%  “a la baja”.  Por lo tanto, las respuestas sobre las expectativas del sector también son algo más positivas a las reportadas para las expectativas de la economía en general (10% y 55% y 35% respectivamente). sostiene el informe.

“El indicador de balance  actual, obtenido a través de la resta de los porcentajes reportados  positivos y negativos, indica,  para la economía actual,  un balance de -41% y para el sector un balance de  -32%. En el reporte anterior (informe N°20), estos guarismos se ubicaron en  -36% y -12%,  respectivamente”, sostiene el informe.

 

Capacidad Instalada

Consultadas las empresas respecto a su capacidad  instalada  actual y sus expectativas. Para esto se solicitó que se categorizara  su situación actual y sus  expectativas en uno de los 6 tramos previamente establecidos.

Los resultados  indicaron  que un 59% de los encuestados reportó  estar operando con  una capacidad  instalada  menor  al  70%,  lo  que  supone  un  deterioro  respecto  a  los  resultados  de  febrero (52%). 

Para  el  caso  de  las  expectativas,  un  49%  de  los  encuestados  espera  operar  utilizando  una  capacidad  instalada  inferior  al 70%, este valor también supone un  alza  respecto a la cifra registrada en febrero (48%).

Por otra parte, solo un 3% de las empresas declaró estar operando con capacidades de 90% o más y un 17% de las  empresas esperan operar a  un 90% o más de la capacidad instalada.

Adicionalmente,  se consultó a las empresas respecto a la  probabilidad de expansión  de la capacidad instalada en cuanto a maquinaria y personal.

En este sentido, el 65% de las empresas ve como  “muy poco probable”  o  “poco probable”  la expansión de maquinaria.  Para  el  caso  de  la  expansión  de  personal,  las respuestas  “muy poco probable” o “poco probable” suman un 59% de las respuestas,  cifra muy similar a la registrada en la anterior encuesta (60%).

En tanto, el porcentaje de respuestas que declara probable  o muy  probable la expansión de maquinaria y personal, se ubicó en 31% y 41%, respectivamente.

“Estos valores suponen una caída respecto al  informe anterior para el caso de  la expansión de maquinaria (44%) y un  aumento para la expansión de  personal, cuyo valor fue de 36% en febrero”, expresa el documento.

 

Evolución de los costos

En cuanto a la evolución de los costos, un 62% espera que la evolución sea a la par con el IPC, un 31% espera que estos evolucionen por encima del mismo y un 7% respondió que espera que evolucionen por debajo  del  IPC. 

“Respecto  al  anterior  informe  donde  un  32%  de  los  encuestados  respondió  tener expectativas por encima del IPC  y un 68% declaró  esperar una evolución a la par,  esto supone un leve descenso de las expectativas de incremento de los costos”, expresó el CEEIC.

Asimismo,  se  consultó  a  los  encuestados  respecto  de  los  principales factores  de  influencia  sobre  los costos, que nuclea subcontratos, mano de obra, insumos importados, insumos locales y costos financieros.

El 69% declaró a la mano de obra como el principal factor, un 28% a los insumos importados y el restante 3% es asignado a los insumos locales.

“Comparando las respuestas con las de la encuesta anterior, donde 76% de los encuestados declaró la mano de obra como principal factor de costo, se constata un descenso del peso de este rubro en la estructura de costos de las empresas constructoras y un aumento del peso de  los insumos importados.

Este ha crecido  desde un 4% en la encuesta anterior hasta el 28% de la presente  encuesta.  En  contrapartida,  el  peso  de  los  insumos  locales  disminuye  desde  un  12%  en  la medición anterior hasta un 3%”, concluye el relevamiento.

Publicado en Noticias

En el marco del acto “Argentina-Uruguay: Integración fluvial”, organizado en el Palacio San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la delegación nacional ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Felipe Michelini, destacó la finalización exitosa de la etapa de profundización del canal Martín García, que permitirá a los buques cargar hasta 5.000 toneladas adicionales de mercadería.

 “Desde el punto de vista de la delegación uruguaya ante la CARP, estamos muy satisfechos, porque los trabajos de profundización y dragado del canal Martín García concluyeron en forma exitosa, en los términos pactados con el consorcio belga-holandés Boskalis-Dredging International, según las condiciones técnicas requeridas y con minimización de los impactos ambientales que requiere una obra de este tipo”, expresó Michelini a la Secretaría de Comunicación Institucional.

El funcionario participó, el pasado viernes 21 de junio, en el Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina, en Buenos Aires, del acto “Argentina-Uruguay: Integración fluvial”, que conmemoró la finalización de las obras de dragado del canal Martín García y del río Uruguay, con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores y Culto del país vecino, Jorge Faurie, y del canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, además de las delegaciones de ambos organismos binacionales.

“En 2013, la CARP asumió la administración y gestión del canal Martín García en forma plena. A partir de allí, se procuró recuperarlo, porque estaba con profundidades inadecuadas al diseño original, y luego mantenerlo.

El proceso nos permitió adquirir la experiencia logística y las capacidades para convocar a un llamado a licitación internacional, competitivo y transparente, con el que se alcanzó una profundidad de 34 pies (10,36 metros) en fondos blandos y 38 pies (11,58 metros) en fondos duros”, reseñó el funcionario.

Michelini recordó que, finalizada la etapa inicial de profundización en febrero, comenzó una fase de mantenimiento que durará cuatro años, con la posibilidad de prórroga por un lapso de cinco años adicionales. El funcionario admitió que el organismo ha considerado la posibilidad de ampliar el dragado a 36 pies (10,97 metros) en fondos blandos.

“La exportación de materias primas tiene un elemento central que es el flete. La posibilidad de aumentar 5.000 toneladas por buque de carga determina que este sea un factor menos oneroso para los exportadores”, analizó Michelini.

“Estamos convencidos de que las obras constituyen un elemento dinamizador de la economía en general y de mejora en la eficiencia en el sistema de transporte”, aseveró.

 

En agenda

En tanto, el presidente de la delegación del vecino país y de la comisión, Jorge Hugo Herrera Vegas, consideró que estos avances deben complementarse con el dragado a 34 pies de un tramo de 110 kilómetros comprendido entre la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y la coloniense de Nueva Palmira, que incluye los ríos Paraná Guazú, Paraná Bravo y el pasaje Talvera, de jurisdicción argentina. “El asunto ingresó a la agenda de la CARP para que se considere la posibilidad de que la comisión organice el llamado a licitación”, apuntó.

Además, los titulares de ambas delegaciones coincidieron en que la comisión binacional cumplió con la instrucción de las respectivas cancillerías de aportar los informes técnicos para permitir que estas impulsen la demarcación de la frontera seca entre las islas Martín García, de jurisdicción argentina, y Timoteo Domínguez, de jurisdicción uruguaya.

Publicado en Noticias

Un informe elaborado por el sitio web blog-dialogoafondo.imf.or y elaborado por el periodista Alejandro Werner, señala cómo la situación regional de la economía enlentecerá la industria de la construcción en varios países.

Werner sostiene que el debilitamiento de la economía mundial y el aumento de la incertidumbre en la implementación de las políticas económicas contribuyen a que se esté moderando el impulso del crecimiento en América Latina. A nivel general, se espera que la región crezca un 2 por ciento en 2019 y un 2,5 por ciento en 2020: tasas muy inferiores a las de sus pares de otras regiones.

El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y la caída de precios de las materias primas que generaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China contribuyeron a que el crecimiento se desacelerara en la región. Además, la política monetaria se contrajo en algunas economías, a fin de contener las presiones inflacionarias relacionadas en parte con la depreciación de la moneda, atenuando aún más el crecimiento.

En términos de política fiscal —que también pasó a ser menos expansiva— aproximadamente la mitad de las economías de la región redujeron sus déficits primarios como porcentaje del PIB en 2018. Sin embargo, esto no fue suficiente para ubicar la deuda pública en una trayectoria descendente, con la excepción de Argentina.

Tras una serie de elecciones sumamente anticipadas en América Latina, aumentó la incertidumbre en la implementación de las políticas económicas en algunas de las economías más grandes de la región, lo que afecta a las perspectivas.

 

Riesgos en la región 

En Brasil, la fragmentación del Congreso podría crear obstáculos para la ejecución del ambicioso programa de reforma estructural, consolidación fiscal y reforma de las pensiones.

Existen varios riesgos que podrían afectar en mayor medida las perspectivas de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, un aumento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, o una desaceleración en algunas economías importantes, podrían determinar un menor crecimiento del comercio en la región.

La región a su vez se vería perjudicada si las condiciones financieras mundiales se endurecen más, lo que incluye aumentos repentinos de la volatilidad financiera mundial, un incremento de las tasas de interés de Estados Unidos y una apreciación del dólar de EE.UU.

Además, un incremento de la volatilidad en los mercados mundiales podría generar una reducción de los flujos de capitales hacia la región, lo que podría afectar el potencial de inversiones. Entre los riesgos internos cabe mencionar una menor confianza por la incertidumbre en la implementación de las políticas económicas en Brasil y México, así como la incertidumbre relacionada con las elecciones en Argentina.

En Brasil, la confianza del mercado podría deteriorarse en caso de que no avancen la reforma de las pensiones o la consolidación fiscal. La confianza de las empresas en México podría verse socavada si se expande el rol del sector público en la economía, si se deteriora la posición fiscal o si surgen dificultades con respecto al nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

A medida que la economía mundial se desacelera, se cierra la ventana de oportunidades, ya de por sí estrecha, para que la región complete las reformas, es decir, y expresado en forma metafórica, para que finalice “la reparación del tejado”.

Es preciso que la reducción de la deuda y del déficit siga adelante en varios países, a fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda. Esas políticas debieran minimizar los efectos adversos sobre la actividad económica y la pobreza, por ejemplo, mediante la protección de la inversión en infraestructura y del gasto social bien focalizado, sin dejar de recortar el gasto no prioritario.

En Argentina, la economía entró en recesión en 2018. Una sequía severa redujo significativamente el producto y las exportaciones agrícolas, y la importante depreciación del peso registrada a mediados de 2018 impulsó la inflación, lo que afectó el ingreso disponible y la confianza de los inversionistas.

Publicado en Noticias

En entrevista con Del Constructor, el contador y asesor de APPCU, Alfredo Kaplan se refirió a la exposición que realizará sobre medidas tributarias para ser adoptadas a corto plazo de cara a las eleccciones. La charla fue realizada en la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y, en el siguiente diálogo, Kaplan explica los alcances de las mismas.

 

¿Cuáles serían a su juicio las medidas que debería adoptar el nuevo gobierno?

De alguna forma, Lo que yo planteé referido al sector inmobiliario y que se podría hacer extensivo a otros sectores, es que cualquiera sea el color político del próximo presidente es claro que Uruguay tiene que responder a una serie de situaciones, como por ejemplo: seguridad, educación, salud, inversión  y empleo, entre otros. Son  puntos que el gobierno los tiene que desarrollar.

Creo, y es un tema filosófico, que las medidas se tienen que tomar fundamentalmente en los primeros 100 días del próximo gobierno. Le pongo solo un ejemplo: la reforma del Banco de Previsión Social o el gasto público, son medidas que para tener efectividad tienen que tomarse en un período poselectoral, para no sufrir luego, digamos, todo el desgaste político que significa eso. Yendo concretamente al tema inmobiliario, me encuentro con una serie de medidas como  vivienda promovida o megaproyectos, por citar dos ejemplos.

La vivienda promovida (ex vivienda de interés social), fue la única ley, o de las poquísimas leyes, que salieron votadas por unanimidad por todos los partidos políticos en el Parlamento. En realidad, era vivienda para la clase media, para la construcción y o arrendamiento y funcionó muy bien la ley. Se generaron inversiones, se generaron puestos de trabajo, se cambió la realidad urbana de Montevideo y de muchos lugares del interior, no de todos pero sí de muchos. En los últimos 30 años en Montevideo, en  zonas como el Centro, Cordón, La Blanqueada o El Prado, no se había construido prácticamente nada. Todo era en la costa. Se aprovechó la estructura de la ciudad de Montevideo, me refiero a  luz, saneamiento, energía, calles. Toda la infraestructura de la ciudad con costo cero porque ya estaba, para cambiar el mapa edificio de la ciudad de Montevideo. El Estado no invertía, el Estado exoneraba.

Ahí viene todo un tema filosófico. Uno se puede preguntar, ¿pero cuánto cuestan esas exoneraciones que da el Estado? Si uno toma en cuenta exoneración de rentas para la primera de la unidad, exoneración de alquileres, exoneración de IVA en la construcción, no pago de patrimonio por la obra, no pago de ITP  a la primera venta. Haciendo promedio entre 1 y 2 dormitorios uno puede decir  que son 12 mil dólares por unidad.

Si se hacen 100 mil unidades al año son 120 millones de dólares, en un momento que los números en el Uruguay o están cerrados o son negativos en forma respetarle. Habría que preguntase  si estaría bien orientado el tema. Otra forma de ver costos son los costos marginales. ¿En 30 años, cuánto se recaudó por todos esos conceptos en esos lugares en el Uruguay? La respuesta es cero, porque nadie edificó.

Entonces, más que la renuncia fiscal, eso generó mejor calidad de vivienda, género una oferta importante en el mercado de arrendamiento que permitió no subir los alquileres, género trabajo, generó inversión, género mayor recaudación de aporte unificado, género mayor pago de impuestos porque las barracas, los subcontratistas, los profesionales, tuvieron que pagar sus impuestos, porque la exoneración era para el promotor.

 

Pero luego vinieron los topes. 

Exacto. Entonces a algo que funcionaba bien, se le empezaron a poner topes, porque los promotores privados ganaban mucho. Hay  frases que uno las tiene que conceptualizar. ¿Qué es ganar mucho? Yo te diría, porque las estadísticas las tiene el Ministerio de Vivienda, todos los promotores tienen que presentar los balances todos los años al MVOTMA, vía Agencia Nacional de Viviendas. Nunca se publicaron esos resultados.

Habría sido interesante conocerlos. Y difícilmente el número haya sido mayor al 20% de las ventas para una actividad que desde la compra de los terrenos hasta la construcción del edificio, hasta vender las unidades y cobrarlas, lleva entre tres y cuatro años. Se pasaron por distintos procesos de topes hasta llegar a un 10% de tope de las vivienda del programa, tanto en tipología de uno y de dos dormitorios, que las das a disposición del Ministerio, que las paga luego del año de finalizado el edificio, a precios, por decirte algo, alrededor de 90 mil dólares dos dormitorios y 70 mil dólares un dormitorio. El precio de venta 50% por encima de eso. Conclusión: en esas unidades topeadas se pierde dinero. ¿Qué sucedió? Esta última modificación tiene algo más de 2 años. Bajaron más de un tercio los proyectos presentados, porque bajó la rentabilidad.

 

Falta de diálogo

 

¿Se ha tratado de dialogar al respecto con el MVOTMA?

APPCU ha tratado de dialogar, con muy poco éxito, por no decir con ningún éxito, con el Ministerio de Vivienda, presentándole que se podría  haber creado más de 10 mil puestos de trabajo si se volvía a eliminar los topes, generándose fuentes de inversión importantes.

Este es un tema que va a haber que volverlo hablar con el próximo gobierno, porque actualmente el diálogo es prácticamente nulo. Segundo tema que planteaba: los megaproyectos. Ahí se puede plantear otro tema desde el punto de vista filosófico.

¿Por qué exonerar de impuestos a los megaproyectos? No se exonera tanto como en vivienda promovida, pero se exonera una parte de rentas, se exonera patrimonio, pagan IVA a la venta, pero se le dan certificados por el IVA compras y eso motivó 40 o 50 proyectos, más en Punta del Este que en Montevideo, que están dando, los que se han iniciado al menos, trabajo e inversiones. Ese sistema finalizó al 31 de diciembre del 2018.

Ahora,  yo pregunto, un año de dificultades como es el 2019 y será el 2020,  ¿no se podía haber mantenido eso para generar más puestos de trabajo y más inversión? Puedo decir que entiendo la exoneración de la vivienda social ya que se está tratando de llegar a gente de clase media. ¿Pero por qué no darle exoneraciones a medianas construcciones, que no son ni las viviendas promovidas ni los megaproyectos,  y que quedan en una situación muy compleja frente a ambas.

Es más, los megaproyectos -están en UI las cifras- pero se ubican entre los 12 y 15 millones de dólares,  según fuera para Montevideo o para el interior del país. Alguien que no hace un megaproyecto, hacía dos proyectos de seis millones de dólares, simplemente en dos terrenos que estaban separados a 200 metros. Pero no los dejaban configurar desde ese punto de vista.

Creo que son temas para retocar. La regla candado se creó con la reforma tributaria con vigencia al 1ro de julio del 2007 y trata de concatenar, de alguna forma, la carga impositiva de la empresa que compra servicios y que vende servicios. Por ejemplo,  yo le pago alquileres a una persona física, yo soy sujeto pasivo de rentas, pago el 25%,  la persona física paga el 12%, me dejan bajar como carga impositiva del alquiler del 48%. Un señor me vende un terreno en un millón de dólares y hasta el 28 de febrero la regla candado me permite, si la obra se inscribe en el BPS antes de esa fecha, poder descontar el 100% del terreno. Si la obra se iniciara en marzo y no hubiera algún cambio de lo que yo planteo, se podría descontar solamente 480 mil dólares. O sea, se estaría pagando rentas por la utilidad que no tuve de 520 mil dólares por la cuota parte del terreno que no me dejan descontar. Eso me parece injusto.

Hace 10 meses que APPCU viene planteándoles notas, porque no fue recibida por el Ministerio de Economía, diciéndole prorroguemos lo del 28 de febrero del 2020 para el 2022, o para más adelante, para darle reglas claras a las personas que quieran iniciar un edificio. Yo compro un terreno y me lleva, digamos, 10 meses fusionar los padrones que estoy comprando, obtener el permiso de construcción, formar el grupo inversor, entre otras cosas. Y resulta que después no voy a poder descontar el valor del terreno, solamente el 48%.

¿Vio cuándo se apela a tomar las medidas el último día, en el último minuto, pero no le da seguridad ni tranquilidad a alguien que está comprando algo? Esto es lo que ocurre.

 

¿Y qué pasa con las ventas de inmuebles?

En las ventas de inmuebles, le diría desde hace 13 años existe el impuesto a las transmisiones patrimoniales, que grava la venta de inmuebles con un 2% el comprador y el vendedor de ese ITP.

Cuando se creó la reforma tributaria y el IVA a la primera venta de inmuebles, se habló de un impuesto neutro, que era para mejorar la prolijidad del sector. Entonces ¿por qué castigarlo con dos impuestos a la vez? Con el IVA por un lado y con el ITP por el otro. Desde ese momento, APPCU hablaba con el Ministerio de Economía, que el ministro era Astori, al igual que ahora, y dijo que razones de caja impedían ese tema. Pero creemos que es injusto dos impuestos a la venta al mismo hecho. Hay también un exagerado aporte a la construcción.

Están los aportes a la seguridad social patronales, personales -lo que sería aguinaldo, licencia, vacacional, seguro de salud, el Banco de Seguros del Estado- y un aporte a la Caja de Profesionales que, en realidad, es de las poquísimas actividades que vas a financiar la Caja de Profesionales con la mano de obra de la construcción. Es algo que no nos parece razonable mantenerlo, sino que debería ser un recurso a buscarlo por otro lado. Figuraba, luego, incentivar las ventas a no residentes.

 

¿Esto sería incentivar las ventas  a argentinos que se jubilan y deciden venir a vivir a Uruguay o que están buscando una segunda casa?

Es correcto. Y también no residentes uruguayos que viven en el exterior y quieren volver, o que quieren tener una casa en el Uruguay. A nivel bancario, para los no residentes no hay financiamiento y ese es uno de los temas que se plantean para poder buscar medidas para hacer factible ese tipo de operaciones.  Otro tema que abordamos en esa exposición fue el de los estacionamientos. En 2016 salió un decreto fomentando estacionamientos, no a nivel de la intendencia del punto de vista de hacer bajo la calle los estacionamientos, sino a nivel de alguien que quiere hacer un parking.

Hay una serie de medidas fiscales de apoyo, que vencen todas en diciembre de 2019. Es decir que hoy, prácticamente, ya no se pueden presentar para hacer parking. Medidas que tienen que ver con exoneración parcial de rentas, patrimonio, devolución de IVA de costo de construcción. Fue un decreto del Ministerio de Economía con la Intendencia de Montevideo, que abarcaba estacionamientos en prácticamente casi toda la zona viable comercialmente de Montevideo para estacionar. La intendencia figuró en el decreto, pero nunca hizo ninguna medida de apoyo a nivel municipal a tales efectos.

No fueron muchos los casos de estacionamientos que se plantearon, pero porqué discontinuar esto, en un momento que a Montevideo le faltan lugares de estacionamiento. Esto debería estar dentro del menú de cualquier política de incentivo a la construcción. La pregunta es si esto es la solución del sector inmobiliario. No, no lo es, pero ayuda.

Es decir, sería importante con esto junto a la vivienda promovida. Vale decir que se llegó a ver 72 mil puestos de trabajo en la construcción. Hoy hay 42 mil puestos de trabajo. Sacar los topes solamente llevaría 10 mil puestos de trabajo más,  en un momento que el empleo en el Uruguay no pasa por un buen momento. Esa cifra sería bienvenida y respetada, al igual que los megaproyectos.

 

Usted decía al comienzo de la entrevista que el próximo gobierno debería tomar este paquete de medidas en los primeros tres meses. 

Yo creo que sí. Todo lo que no se hace en su momento, después cuesta mucho más caro hacerlo. Yo ponía el ejemplo de una reforma del sistema jubilatorio. Una reforma del sistema jubilatorio es una medida que va a dar sus frutos en el mediano plazo. Si demoramos cinco años más en tomarla, probablemente los frutos sean demasiado tarde.

Creo que el camino se hace al andar, pero hay que empezarlo ya. Creo que son medidas que se deberían haber tomado en el 2018 o en 2019. Ojalá se toman en el 2020, porque si no se va a seguir postergando.

 

Como asesor APPCU y lider del Estudio Kaplan, creado en 1974, ¿ya han comenzado alguna ronda con los precandidatos a presidenciables o están esperando las internas para ver quiénes quedan de candidatos?

Le diría las dos cosas. Ha habido alguna conversación con algún precandidato que se acercó a APPCU. Se les ha acercado este tipo de material a los distintos candidatos y se va a tener una ronda después de las elecciones internas del 30 de junio, con los distintos y ya electos por cada uno de los partidos, para plantearles este análisis y lo puedan estudiar para ver qué opinan.  

 

La construcción es uno, tal vez el único sector, que crea un efecto cascada o de derrame hacia otros sectores de la sociedad. ¿Hay conciencia de la importancia de esta industria como reactivador de buena parte de la economía del país?

Totalmente de acuerdo. Es el sector que directa e indirectamente ocupa más gente. Creo que esa parte, la clase política, trata de entenderla.

El tema que se plantea y que hemos visto en estos últimos años, que a veces cuesta entenderlo, que es uno de los pocos sectores que el Estado no tiene ningún riesgo,  porque el riesgo lo toma todo el inversor.

Acá no hay exoneraciones como para UPM, ninguna cosa de ese tipo. No hay financiamiento, es decir es el promotor el que compra el terreno, contrata la gente, hace el edificio, y  tiene el riesgo de venderlo  o no venderlo y que le haya ido bien, regular, o mal. Son de las cosas que incentivarlas no tiene costo para el Estado.

Creo que racionalmente, razonablemente, deberían ser medidas que cayesen de conformidad a cualquier política racional en medida impositiva.

Publicado en Recomendadas

El economista Gabriel Oddone, doctor en Historia Económica (Universidad de Barcelona), Economista (Universidad de la República/ Uruguay), socio de CPA Ferrere e investigador del  Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) sostuvo que en Uruguay “estamos caro. Esta es una discusión compleja de abordar, pero las conclusiones que uno puede sacar por la evidencia que recoge por allí, reafirma la impresión que los industriales,  los exportadores, las personas que viajan o compran en el exterior, demuestran que Uruguay es un país relativamente caro”.

Oddone sostuvo que “hay una falta de consistencia de las políticas macro —fiscal, monetaria, de precios— en los últimos años que es una de las causas de que Uruguay esté caro”. Esas variables, agregó, no estuvieron lo coordinadas que debieran “probablemente porque se estuvieron atendiendo otros objetivos, por ejemplo atendiendo a la equidad, a la distribución del ingreso”.

En entrevista con Puntos de vista, en radio Uruguay, Oddone agregó que los precios presentan un desvío al alza respecto al promedio histórico, se importa más de lo que se exporta y los precios en países socios o competidores son más bajos. Esas condiciones “deberían darnos la presunción de que hay algún problema de precios relativos” y de que es acertada la calificación de país caro.

De hecho, la entrevista tuvo como disparador una columna del economista, publicada en su blog Sextante (www.gabrieloddone.com) donde analizó diferentes aspectos de esta realidad.  En la referida columna, el economista  se propuso analizar si hay evidencia que respalde esa percepción y en caso de que sí, ver por qué. Para ello, tomó  la referencia del promedio de precios del período 1980-2018, “el tipo de cambio real bilateral de Uruguay está apreciado respecto a destinos y competidores que son relevantes para su comercio” como Estados Unidos (25%), Nueva Zelanda (18%), Australia (23%), Zona Euro (30%), Argentina (26%) y Brasil (32%).

A su vez, “el crecimiento de la productividad de los factores en algunos sectores de la economía ha sido menor que el aumento de las remuneraciones” y ello “ha sido más intenso en el sector no transable (comercia localmente) que en el transable”.  Pero, ¿por qué Uruguay es caro? “Hay argumentos microeconómicos que tienen un papel relevante en la explicación del fenómeno”, escribió Oddone.

“El primer factor es los mercados donde predominan ambientes de escasa competencia. En ellos suelen comercializarse bienes no transables, muchas veces con esquemas de precios regulados y en los que existen subsidios o transferencias públicas como los combustibles, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y la salud”.

En la “producción de combustibles, energía o telecomunicaciones, la naturaleza de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los entes, limitan la posibilidad de que los precios de los servicios reflejen las condiciones de provisión bajo criterios de eficiencia” y esto se “refuerza por la relación asimétrica ‘inversa’ entre regulado y regulador, y por el rol difuso de este último para controlar las condiciones de comercialización”, explicó Oddone.

 

Limitaciones en productividad

En mercados, “como en el transporte o en la salud existen transferencias, subsidios o regulaciones (el corralito mutual, por ejemplo) que están concebidos para preservar la viabilidad económica y financiera de las empresas o entidades prestadoras. Estos esquemas, terminan por limitar los aumentos de productividad por la vía de restringir la entrada y salida de competidores. Además, en la salud y en la educación privada, el conflicto de interés entre el gobierno corporativo de las instituciones, los proveedores y los asalariados es difuso”, afirmó.

A esto, agregó, se suma que “el esquema de negociación colectiva vigente en Uruguay no contempla mecanismos que eviten o, al menos limiten acuerdos salariales que se aparten de las condiciones de eficiencia y que sean fácilmente trasladables a precios. Esto es frecuente en mercados donde la competencia entre agentes es escasa, sobre todo en los que existen definidos subsidios, transferencias o créditos fiscales” como la “salud y la producción de bebida”.

El segundo aspecto es que el “tamaño del mercado interno limita la especialización de los factores, restringe los retornos de la innovación y desestimula la incorporación de tecnología, especialmente en aquellas actividades que no tienen posibilidad de competir en el mercado internacional”. Esto se ve “en los servicios financieros, los servicios profesionales y a las empresas, así como en la salud”, lo que lleva a “un ambiente poco propicio” para que haya “aumentos de la productividad de los factores y mejoras de eficiencia”, indicó Oddone.

El economista, puntualizó que “todo lo anterior no quiere decir que políticas fiscales procíclicas, políticas monetarias con multiplicidad de objetivos o políticas de ingresos que no han logrado terminar con la indexación de precios, no tengan responsabilidad sobre el nivel y trayectoria de los precios de la economía” y añadió que “las distorsiones de precios relativos que afectan la competitividad de Uruguay tienen fundamentos más profundos y que, en todo caso, las políticas macroeconómicas de los últimos años no lograron compensarlos”.

Así que “independientemente de lo que pueda hacerse desde la política macroeconómica, si se quiere atacar el problema de fondo de manera más o menos permanente, se requieren reformas sobre el funcionamiento de ciertos mercados que promuevan más competencia, más transparencia y más eficiencia en la asignación de recursos especialmente en diversas actividades del sector no transable”, afirmó en su blog.

El economista dijo que una de las variables para mejorar la salud macroeconómica es el buen manejo de las empresas públicas. Sostuvo que el esquema de funcionamiento debería integrarse por un Poder Ejecutivo que fije las políticas, un marco regulatorio que vele por condiciones de calidad y precio que estén alineadas a condiciones de eficiencia y un prestador que provea los servicios en base a criterios de eficiencia. “Hoy en Uruguay esos roles están difusos”, concluyó el economista Gabriel Oddone.

Publicado en Noticias
Página 4 de 8
Top