En diálogo con Del Constructor, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este – Maldonado, Javier Sena, se refirió a la situación del sector inmobiliario y del turismo, a un primer balance de la temporada estival y a las expectativas que genera el cambio de autoridades gubernamentales, al tiempo que abogó por  “un cambio de matriz de promoción del Uruguay”.

En Maldonado hay 450 inmobiliarias, de las cuales, 150 de ellas, son socias de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este – Maldonado. En este sentido, Sena sostuvo que la idea es generar un plan para ampliar el número de socios de inmobiliarias habilitadas, al tiempo que informó que dicha cámara está asociada a sus pares de Rocha, Canelones y Colonia, a través de la Intergremial de la Costa, que es miembro activo de la Cámara de Turismo del Uruguay. De hecho, se le presentó al novel ministro de Turismo, Germán Cardoso, un documento donde se plantea las necesidades y objetivos del sector.

 

En el documento al que hace referencia, ¿cuáles son los desafíos que plantea la Cámara Inmobiliaria?

El desafío que tenemos por delante, en primer orden, es la aprobación del marco regulatorio de la actividad del inspector de inmobiliaria en todo el país y, especialmente, en la zona turística que es donde hay un cambio.  La zona turística tiene diferencias con el resto de los inmobiliarios del país. Después esperamos que se anule el IRPF a los alquileres temporarios, vale decir a los alquileres de verano, porque esto trajo aparejado que se han retirado clientes  de las inmobiliarias que prefieren alquilar por los portales o en forma directa, para bajar los costos.

Eso trajo como consecuencia que se bajó la calidad del servicio y además con la posibilidad de perder el destino, ya que los portales no dan ningún servicio y la mayor parte de las veces generan problemas al turista porque no sabe dónde va,  le ofrecen una cosa que no es lo correcto  o que no es lo que vieron en la pantalla.

 

Informalismo en el sector

Ahora que nombra a los portales, ¿cuánto de informalismo hay en el sector teniendo en cuenta el avance de la tecnología y las aplicaciones?

No se sabe a ciencia cierta, habría que hacer un estudio muy profundo,  pero se calcula que estamos en el sector en un 90% de informalismo. Ese fue también uno de los temas que se planteó a las nuevas autoridades que, en su mayoría, están de acuerdo con los puntos que le nombre. Lo que ocurre es que también depende de la financiación que el propio Estado pueda costear las promociones para el sector turístico. En general, el Estado ha dejado siempre de lado al turismo, sabiendo que es la principal industria del país, con la que ingresan más divisas, la que genera más trabajo y no genera polución, ni daños al medio ambiente. ¿Por qué ha dejado esto para atrás? Porque tiene como prioridades a otros ministerios. Debería tomarse a todos por igual o, en definitiva, trabajar todos en conjunto y no se ha hecho. Por lo menos, desde que nosotros tenemos conocimiento. Desde hace quince o veinte años hasta hoy no se ha hecho prácticamente nada para trabajar en conjunto, con otros ministerios, en la parte turística. De alguna manera, todos los ministerios están relacionados con el turismo. El turista necesita comer, que las rutas estén bien, lo que depende del Ministerio de Trasporte y Obras Públicas o, en el caso del Ministerio de Economía, que exista un plan sustentable para incentivar al consumo del turista.

 

El turismo tiene un “efecto cascada” hacia otras industrias.

Exactamente; el turismo contempla otras industrias, más allá de que la región hoy esté convulsionada. Sabemos que Argentina está complicada, Brasil está saliendo recién de la situación que venía y  eso nos lleva a que Uruguay esté complicado. Pero el problema más grande que tiene nuestro país, desde hace años a esta parte, y que lo venimos reclamando constantemente, es los altos costos internos que tiene, por lo que no somos competitivos ni con Argentina, ni con Brasil, ni con Chile. Somos unos de los países más caros del mundo, lo que nos ha traído unos perjuicios enormes y no solamente al turismo.   Y ya no hablo del m2,  me refiero a la comida, nafta, peajes, en todo lo que tiene que ver con el quehacer diario  de un turista en el país. Es muy difícil competir así con países que tienen menores costos. Uruguay se ha ido encareciendo porque tenemos un dólar barato, el peso del estado en relación a  la parte privada es muy grande y eso ha llevado a que todo esté trancado. Realmente, las autoridades no han logrado entender que hay temas que son el abecé para cualquier país. Nosotros lo venimos planteando hace muchísimos años y lamentablemente siempre, por una cosa o por otra, no se toma en serio al sector turístico, cuando es la principal industria del país.  Ingresan  más de dos mil millones de dólares al país por turismo y no hay ninguna industria, en forma individual, que supere eso. La idea es si podemos hacer un plan sustentable para el Uruguay, un plan donde en baja temporada puede venir gente del interior. Es preferible que un uruguayo quede en el país vacacionando y no que salga al exterior. Eso lleva a extender la temporada con el turismo interno y a que las empresas sean más competitivas. Para que el uruguayo haga turismo nacional hay que bajar los costos. Eso fue uno de los puntos que le planteamos al futuro ministro de Turismo.

 

Propuestas

¿Cuál fue la respuesta de las nuevas autoridades  ante las propuestas? 

En principio, les encantó la idea. El tema es, según nos informaron. Que Uruguay está en dificultades económicas muy grandes y con un déficit fiscal muy alto. Esto lleva a que tienen que reconsiderar todo. El Ministerio de Turismo tiene unos ciento cincuenta empleados, no tiene prácticamente inspectores que fiscalicen, ni personal en distintas áreas que son claves, como puede ser información o tecnología, para poder difundir lo que es el turismo en el Uruguay. En este sentido, el principal difusor de políticas de marketing del sector tendría que ser el Ministerio de Turismo y no lo es. ¿Por qué decimos esto? Ellos tienen la obligación, como Estado, de difundir todo lo que hacen los privados, al exterior. Hace poco, una delegación del Ministerio de Turismo fue a Finlandia. Habrán ido a hacer alguna alianza con UPM, pero ¿qué finlandés puede venir a Uruguay? A lo sumo podrán venir cuatro finlandeses. Gastar dinero en promociones así, no tiene mucho sentido. Todo esto lleva, no solamente a que estuvimos disconformes todos estos años con la labor llevada adelante por el ministerio, sino que no nos parece correcto el enfoque que se le dio. Hay que cambiar la matriz de promoción del Uruguay. El buque insignia, a nivel turístico, es Punta del Este, que se conoce en todo el mundo. Y ahora lo cambiaron por el Corredor de los Pájaros Pintados, que nadie lo conoce, ni se sabe bien qué es. Lo que decimos es que tenemos Punta del Este y la costa atlántica, que es lo que hay que usar como carta de presentación para que el turista, luego, venga al resto del país. Esa es la idea, que Punta del ese sea la puerta de acceso al turismo y no al revés. En este sentido, el discurso de las autoridades no coincide con lo que le están diciendo los privados, que son los que ponen la plata y el trabajo.

 

¿En qué situación se encuentra la ley del operador inmobiliario?

Ese es otro de los temas que está en la plataforma de la actividad turística y que también presentamos a las nuevas autoridades. De hecho, ellos conocen el tema y lo han impulsado en períodos anteriores. Por ejemplo, con el futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso, lo venimos trabajando hace quince años este tema. Él mismo presentó un proyecto de regulación del sector que por ser minoría no lo pudo llevar adelante. Esa ley está en el Parlamento y actualmente le estamos haciendo un correctivo a lo ya presentado -entre todas las cámaras inmobiliarias del país-  porque siempre hay que actualizarlo. Estamos armando dos capítulos. Un es la inmobiliaria a nivel nacional y otro es el servicio turístico inmobiliario de la costa que no es exactamente igual al del resto del país.  Por eso es que estamos haciendo una modificación al proyecto, a cargo del doctor Facal, por las cámaras de la costa, y Leonardo Costa en representación de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Vamos a tratar de que cuando asumen las nuevas autoridades impulsen este proyecto en el Parlamento y pueda ser aprobado.

 

¿Y cómo ha sido, en un primer balance, esta temporada? 

La temporada, para lo que se esperaba, ha sido aceptable. Aunque se registró un 15% de merma en alquileres y hoteles, lo mismo ha ocurrido con la actividad en los comercios, donde el descenso, en algunos casos, llegó al 20%. Eso trajo aparejado una caída de puestos  de trabajo en la temporada. Nosotros priorizamos siempre el trabajo de la gente antes que la recaudación fiscal y las autoridades siempre hicieron lo contrario. Por eso pedíamos que exoneraran el IVA a los turistas, porque siempre algo van a dejar: un alquiler, una noche de hotel o una compra en un comercio. Pero si no vienen, no hay trabajo, no hay comercios y  el Estado tampoco percibe nada.

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El Instituto de Competitividad de la Universidad Católica llevó a cabo su Encuesta de Percepción Empresarial sobre los aspectos económicos y otros que preocupan al empresariado.

El pesimismo empresarial se mantiene para este año, pero es menos acentuado que el que había en 2018 respecto al del año pasado, según se desprende de la Encuesta de Percepción Empresarial elaborada por el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica.

 

Percepción

“En general, la percepción de los empresarios acerca del futuro de sus negocios para el 2020 es negativa. El 49% de los encuestados opina que la actividad económica va a empeorar, lo cual podría impactar directamente en la actividad empresarial. Más de un 60% de los encuestados espera un retroceso del nivel de empleo en el año próximo. El 46% de los encuestados espera que sus niveles de inversión disminuyan respecto al 2019”, indicó el informe académico publicado por el diario El País.

Pero, ese pesimismo empresarial es menor que hace un año. “Si se compara con la encuesta realizada en 2018 se aprecia que en todos los casos hay un incremento porcentual en la visión positiva del futuro”, explicó el reporte.

“El 17% de los empresarios opinan que su actividad económica va a mejorar, respecto al 12% en 2018. El 13% opina que el empleo va a mejorar en 2020, frente al 6% que lo creía en la encuesta anterior. Por último, el cambio más notorio se observa en los niveles de inversión, allí, solo el 9% de los encuestados veía oportunidades de mejora en 2018 respecto al 22% de los encuestados en 2019”, añadió.

 

Expectativas

 ¿Qué esperan los empresarios sobre el déficit fiscal, la inflación y el consumo en 2020? Más de la mitad (54%) cree que el déficit fiscal empeorará el año próximo, frente a un 30% que cree que se mantendrá y un 16% que estima que mejorará. Hay menos pesimismo que en 2018, cuando un 77% esperaba que el déficit fiscal empeoraría al año siguiente.

En cuanto a la inflación, 46% piensa que estará peor en 2020, 45% igual y solo 9% ve una mejora, el año previo esos guarismos eran de 53%, 43% y 4% respectivamente.

Sobre el consumo, el 53% de los empresarios piensa que estará peor, 31% igual y 16% mejor. En este caso, no se había preguntado en 2018 por lo que no hay comparativo.

 

Los factores relevados

La encuesta encontró que “existe buena disponibilidad general de los factores relevados, destacándose los insumos energéticos y los servicios de Internet y telecomunicaciones. Por otro lado, los costos se perciben como elevados o muy elevados. Los insumos energéticos de forma contrapuesta con su disponibilidad presentan los mayores costos”.

A su vez, “la disponibilidad de capital para la innovación y para el financiamiento a largo plazo se evalúa en ambos casos como baja, presentándose una oportunidad de impulso y apoyo de las mismas”, agregó.

Con relación a la tecnificación y automatización de la industria, más de la mitad de los encuestados “ya está llevando a cabo proyectos para la incorporación de herramientas tecnológicas relacionadas a la industria 4.0 (22% está realizando estudios iniciales, 13% ha definido proyectos y un 43% ya ha implementado acciones al respecto)”, explicó el informe.

La automatización de algunos trabajos es un desafío para actuales y futuros empleados.

La automatización de algunos trabajos es un desafío para actuales y futuros empleados.

“Sin embargo, un 20% de las empresas encuestadas manifiesta que aún no está realizando ninguna acción concreta, esto representa un desafío para el desarrollo competitivo del país y para aquellas instituciones que le brindan apoyo sobre la temática al sector”, advirtió.

Por otro lado, “el tamaño del mercado es percibido como un obstáculo pudiendo estar relacionado con el bajo nivel de exportación de las empresas encuestadas (más del 60% no exportan) y la limitación del mercado.

Esta limitante es vista como una oportunidad para empresarios en otros países incentivando la apertura a nuevos mercados y a demandas más sofisticadas impulsando la innovación”, explicó el informe.

La encuesta relevó la opinión de 149 firmas. El 16% del sector Comercio al por mayor y menor, el 15% de Industrias manufactureras varias, otro 15% de Consultoría y/o Servicios profesionales, un 10% de Informática y software, el 7% de Actividades primarias, otro 7% de Logística, un 5% de Construcción y 24% de otros rubros.

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El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) recibió a Del Constructor para analizar la situación del sector en el 2019 y qué se espera para el próximo año. O´Neill señaló que la industria lleva un lustro sostenido en la caída de la actividad, aunque afirmó que para las perspectivas son mejores para el 2020. También se refirió a la ley N° 18.795 de Vivienda Promovida (antes de Interés Social) y a la necesidad de bajar los costos para lograr competitividad y una rentabilidad razonable que acerque inversores al país.

 

¿Qué opinión, a nivel de actividad en el sector, le merece este 2019?

Hace unos días, salieron unos datos de actividad del primer semestre que publica el Banco Central  y ahí el guarismo da una caída en el primer semestre de 4.1 respecto al mismo período del año anterior.

Nosotros estimamos que con ese dato y con un segundo semestre que va hacer un poco mejor, quizá terminemos el año 2019 con una caída cercana al 2%. Es una estimación, pero puede andar por ahí.

Así que estaríamos completando cinco años consecutivos de la caída de la actividad, desde el 2015 al 2019. Esa es la realidad de la industria.

A pesar de estas cifras y de esta caída continuada de la actividad que acumula más de un 15%, la construcción  sigue representando cerca del 10% del Producto Bruto de la economía, explicando en el entorno del 8% de la ocupación en la población económicamente activa. Y es una industria con fuertes encadenamientos  hacia otros sectores, arrastra mucha actividad, eso que intuitivamente la gente piensa que si anda la construcción, anda el almacén, el supermercado…

 

El efecto cascada.

Exactamente. Hay un informe del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción  que muestra que por cada dólar de facturación  en la construcción, se facturan otros cuatro  dólares en otros sectores de actividad. Entonces la industria es un sector de arrastre importante de la actividad.

 

¿Se esperaba una caída tan sostenida en el tiempo como estos cinco años, teniendo en cuenta que se venía de un record histórico de actividad y de puestos de empleo?

En el 2013 tuvimos un pico de setenta mil trabajadores cotizantes y ahora estamos en 44 mil, es decir que estamos en 25 mil puestos de trabajo menos. Este año la ocupación se mantuvo bastante parecida al 2018  y si uno analiza cómo se compone la actividad en los últimos diez años de la industria se puede ver que la inversión pública es de un 30%, la inversión en vivienda cerca del 20% y algo más del 50%  es inversión privada en otros tipos de obras, distintas a la vivienda, como son agroindustria, logística, parques de energía renovable, plantas de celulosa. Y ahí es donde se ha sentido más la caída en estos años. La inversión pública, en este quinquenio, la verdad que se mantuvo bastante dinámica en ese guarismo del 30%. La inversión en vivienda ahora ha caído un poco, pero también como las Viviendas Promovidas se mantuvo bastante sostenida, pero lo que más se ha sentido es la caída de la inversión privada en obras más vinculadas a la producción o a los servicios, y no a la vivienda.   

 

Contexto nacional y regional

¿La situación regional afectó a la inversión privada o fue solo el contexto nacional?

Puede haber algo de contexto regional, pero probablemente hay razones internas. Los países compiten por la inversión, entonces cuando un país recibe inversiones es porque hay un paquete de condiciones que aseguran, entre otras cosas, la rentabilidad esperada. Creo que Uruguay tiene algunas ventajas comparativas que son indudables como el marco regulatorio, certezas jurídicas, una cantidad de cosas; pero, desde el punto de vista económico, lo que hace a la rentabilidad, altos costos y competitividad, quizás no tanto.

 

Ahí entra a jugar fuerte Paraguay.

Sí, es un destino que está captando mucha inversión.

 

El costo de la masa salarial, ¿cuánto incide?

Incide, en general como país estamos caros. Hay costos altos y evidentemente incide y nos genera dificultad de competitividad.

 

¿Y desde la Cámara de la Construcción del Uruguay como cree que será el 2020?

Para nuestro sector las perspectivas son bastantes mejores. Por una lado porque está confirmada la inversión de UPM. Ya empezaron con los trabajos preparatorios: movimientos de suelos, cercados de la zona que será la zona franca donde se levantará la planta, trabajo de acceso y acometidas de energía y servicios.

Empezaron ya algunas obras de alojamiento para el personal y ese tipo de cosas, pero ya se estima que a partir de febrero o marzo, tal vez se vaya hasta abril,  comience la construcción de la planta y eso indudablemente va a ser un impulso para el sector.

A esto se le suma,  también de UPM, la terminal portuaria para la celulosa y un paquete grande de proyectos de participación público privada que, por un lado el Ferrocarril Central también vinculado a UPM que es una inversión en el orden de los mil millones de dólares, pero también se vienen firmado los contratos de algunos llamados que ya tenían 2, 3 y 4 años de antigüedad, tanto en el sector vial como en el área educativa.

Son todas obras que se están iniciando y que van a estar a pleno, en auge el año que viene y el 2021.

 

Se esperaba que los proyectos en modalidad PPP fueran más rápidos en su ejecución. 

Sí, se esperaba. Indudablemente ha habido una curva de aprendizaje que ha llevado mucho más tiempo del previsto. Seguramente hay ajustes que hacer en el futuro para que estas cosas salgan más rápido. Hay muchos actores, está el Estado,  están los organismos financiadores, las propias empresas adjudicatarias, por lo que son procesos que en general, a nivel global, llevan tiempo, pero es cierto que no se esperaba que demoraran tanto. La buena noticia es que ahora se empezaron a concretar y para la próxima administración se encuentre un paquete de mil ochocientos millones de dólares de obras en curso, sin hacer ningún desembolso, porque el Estado comienza a pagar  una vez que las obras están disponibles. 

 

Viviendas promovidas 

¿Qué opinión tiene de los cambios realizados en la normativa de las Viviendas Promovidas, antes llamadas Viviendas de Interés Social?

La evaluación que nosotros hacemos de la ley es muy buena. Se construyeron en el orden de las 16 mil viviendas, algunos no están terminadas, en un período de siete u ochos años. Que además se hizo en barrios donde desde hacía décadas no había prácticamente inversión, donde no había obras nuevas, como Cordón, La Blanqueada y Centro, por ejemplo. Con estas inversiones se mejoran, se ponen en valor y es una forma de construir ciudad que creemos que fue muy buena. Se generó un stock interesante de viviendas que, básicamente, han ido al mercado de alquileres. Es cierto que la mayoría han ido al mercado de alquileres porque es cierto que no es fácil para el público la compra. En muchos casos los compradores son los inversores y las vuelcan al mercado del arrendamiento. Entonces  esto ha permitido mantener un nivel de precio en los arrendamientos razonables, sin que se dispararan, al volcarlas al mercado. También es cierto que las modificaciones a la reglamentación,  primero en el 2014 y después del 2017, introdujeron topes, introdujeron limitaciones, que afectaron el negocio y bajó la cantidad de proyectos promovidos. Más allá de eso, nosotros entendemos que hacia adelante esta ley debería complementarse con algunos instrumentos.

 

¿Por ejemplo?

Instrumentos para poder llegar a otros barrios, a otros valores menores de costo final. Instrumentos que faciliten la demanda, que financien al comprador. Pensamos, por ejemplo, en inversores institucionales, fondo de pensión o fideicomisos que puedan ser un instrumento que haga viable que los inversores desarrollan proyectos, porque estos fondos después serán en definitiva los compradores que los vuelquen al mercado de arrendamiento  o a la venta. 

 

Mucha gente no pudo acceder a este tipo de vivienda.

Sé a lo que se refiere. Capaz que el error fue el primer nombre que se le dio a ley (de interés social), pero estaba bien diseñada. Probablemente el nombre llamaba a confusión. Por eso en esta administración se cambió y se empezó a hablar de la ley de Vivienda Promovida.

 

 ¿Qué  debería hacer Uruguay en materia de políticas de Estado para atraer inversores? 

Creo que el país debe corregir los desequilibrios macro económicos que tiene -el déficit fiscal, por ejemplo-,  y poder trabajar para reducir el gasto como el peso del Estado sobre la economía y sobre la actividad privada. Además,  poder reducir tarifas de combustible, de energía eléctrica. Medidas que vayan hacia un abaratamiento de los costos que nos haga más competitivos y, por lo tanto, con una expectativa de rentabilidad razonable para los inversores.

 

¿El gobierno argentino saliente anunció un “cepo”  por lo cual se puede comprar sólo 200 dólares. ¿Cómo afectará a Uruguay, en el sector inmobiliario y de cara a la temporada por ejemplo, esta media? 

Hay que ver cómo sigue esto luego de la asunción del nuevo presidente argentino el 10 de diciembre y qué medidas adopta. Es muy pronto para analizarlo y saberlo, pero el efecto inmediato es lo que usted está comentando de cancelación de alquiler de temporada. No obstante, creo que los argentinos tienen una predilección por invertir en Uruguay y ellos siempre le encuentran la vuelta para llegar a invertir.

 

¿Cómo están las obras en Punta del Este?

Hay una serie de proyectos grandes en curso, amparados en la extensión de los beneficios de la COMAP. Son unos cuantos proyectos realmente grandes que están en curso, pero después de eso no hay muchas obras más. Son proyectos grandes, puntuales, pero el nivel de ocupación en Maldonado no ha subido mucho. Sigue estando todavía en niveles bajos.

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El gobierno extendió el plazo de los beneficios fiscales para las construcciones de “gran dimensión económica” -alrededor de US$ 16 millones- para la venta o arrendamiento de inmuebles con destino a oficinas o vivienda, que se habían puesto en 2016 y que vencían el 31 de diciembre de 2021.

Tras una reunión entre empresarios de la construcción de viviendas y oficinas y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori y el subsecretario de esa cartera, Pablo Ferreri, se hizo el anuncio.

El nuevo decreto señala que el plazo para ejecutar las obras se extendió un año, del 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Eso será siempre que la obra se inscriba ante el Banco de Previsión Social antes del 31 de diciembre de este año y se comience con su ejecución antes del 15 de enero de 2020.

“Esto les da más tiempo a las empresas, que por distintos motivos asociados a las realidades del mercado vieron demorado el inicio de las obras o la ejecución de las mismas”, dijo Ferreri  al diario El País. “Esta extensión del plazo, permitirá que efectivamente puedan utilizar los beneficios que prevé la norma” lo que “con el plazo más corto les hubiera resultado inviable”, agregó.

 

Beneficios

Los beneficios incluyen la exoneración de algunos impuestos y tasas a la importación de equipos, máquinas y materiales destinados a la obra civil y exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas por el equivalente al 20%, 25% o 30% de la inversión (a mayor monto invertido, mayor porcentaje de beneficio), entre otros.

“Según lo conversado con algunos de los principales promotores de la construcción, esto posibilitará la ejecución de proyectos por aproximadamente US$ 250 millones”, señaló Ferreri.

El vocero del encuentro por el lado de los empresarios fue Eduardo Campiglia, director de Campiglia Construcciones. “Nos comunicaron la extensión de plazo que habíamos solicitado, porque hay proyectos muy importantes que sin (la extensión del) plazo se perdían los beneficios fiscales, entonces no se iban a comenzar”, señaló Campiglia.

En el caso de Campiglia, el ejecutivo explicó que están con un proyecto de oficinas y viviendas en la zona del World Trade Center en Pocitos. “Es un proyecto que venimos luchando hace 27 años y esperamos concretarlo ahora. La extensión del plazo (de los beneficios fiscales) ayuda a tomar el riesgo” de la inversión, aseguró.

“Si no tuviéramos este beneficio sería imposible (de concretarlo) porque es un proyecto a largo plazo”, agregó y remarcó que la iniciativa implica unos US$ 100 millones.

Campiglia dijo que desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) se planteó al gobierno la posibilidad de que aquellas empresas con varios proyectos pero que individualmente no alcancen a ser de “gran dimensión económica” pudieran sumarse y así acceder a los beneficios.

Sin embargo, Ferreri señaló que “esto en principio no se analizó”.

El empresario Eduardo Campligia dijo que la construcción “no está en el mejor momento. Pero, la construcción es así, tiene momentos más altos y más bajos”.

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Durante la Conferencia Anual de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, este año celebrada en Quito y enmarcada en las celebraciones del 50 aniversario de la institución, se presentó el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019), que analiza las medidas más eficientes que los Estados latinoamericanos pueden adoptar para reducir la corrupción.

La integridad en las políticas públicas es fundamental para maximizar el bienestar colectivo en América Latina. Los desafíos en esta materia son apremiantes, teniendo en cuenta que algunos datos revelan que la corrupción es un problema prioritario en la región.

La corrupción debilita la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad; compromete la productividad y el crecimiento de las economías; desincentiva la inversión y la innovación; reduce la confianza en las instituciones; afecta la calidad de las obras; y estimula la desigualdad al afectar con mayor severidad a los más vulnerables.

Ante esta realidad, los gobiernos han respondido con medidas para combatir la corrupción desde diversos frentes. Por un lado, se han afinado y actualizado instrumentos legales pertinentes, a la vez que se ha buscado fortalecer las capacidades de los órganos de investigación y administración de justicia. Estos esfuerzos en lo normativo han sido complementados con iniciativas de acceso a la información y de gobierno abierto que, apalancándose en las nuevas tecnologías, han permitido mejorar los procesos de fiscalización al interior del Estado, así como la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

El Reporte de Economía y Desarrollo de CAF, titulado “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción” pretende hacer una contribución en esta agenda de reformas, repasando los avances y tareas pendientes en cuatro ámbitos de acción: el funcionamiento de las instancias oficiales de monitoreo y control de los funcionarios; los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, y su papel en la atracción y reclutamiento de individuos idóneos e independientes; el control externo vía iniciativas de transparencia y participación ciudadana; y regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado.

“El análisis sugiere que el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido importante, pero aún hay un largo camino por recorrer para llenar vacíos legales o regulatorios y para asegurar la implementación efectiva de muchas de las medidas que se han propuesto. En particular, es necesario invertir en las capacidades de los organismos que forman el ecosistema de las políticas de integridad como contralorías, tribunales electorales, fiscalías, cortes, agencias de administración del servicio civil, entre otros”, aseguró Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF.

 

Propuestas

El RED 2019 plantea una serie de propuestas para promover una agenda de integridad comprehensiva alrededor de un conjunto de claves que incluyen: Adoptar protocolos y fórmulas de decisión basadas en criterios objetivos; fortalecer los sistemas de auditoría y las capacidades de investigación y administración de justicia; promover sistemas electorales competitivos y transparentes; profesionalizar el servicio civil y basar el ingreso a la función pública en el mérito; mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar del Estado y los funcionarios; empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes; garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios; reforzar institucionalidad para evitar el pago y ofrecimiento de sobornos por parte de particulares e incentivar la adopción de programas de cumplimiento al interior de las empresas; invertir en una mejor regulación de las actividades de cabildeo, en la identificación y gestión de conflictos de interés, mejorar los procesos de decisión en actividades especialmente vulnerables, como la provisión de infraestructura pública.

Sanguinetti agregó que “para el avance efectivo de reformas se requieren ciertas condiciones: un sistema político contestable; coordinación ciudadana alrededor de la agenda; y un encargado o líder con credibilidad para la propuesta e implementación de cambios”.

Finalmente, es importante resaltar el rol disruptivo que puede tener la tecnología. Las herramientas de generación, apertura y procesamiento de datos brindan muchas oportunidades. Las aplicaciones tecnológicas permiten mejoras en la gestión de recursos, la comunicación y el monitoreo intragubernamental, a la vez que habilitan nuevos canales de difusión de información dentro del Estado y hacia la ciudadanía.

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