Empresarios, sindicatos y gobierno disertaron sobre la crisis laboral a causa de la pandemia del coronavirus durante el desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing. “Cómo enfrentar la crisis laboral” fue el tema del desayuno de trabajo realizado el pasado 16 de junio de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

En ella, según una nota publicada por el diario El País, participaron el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el presidente del  PIT-CNT, Fernando Pereira, el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, y el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido.

Esta vez, como consecuencia de la situación sanitaria, el tradicional desayuno se trasladó a los estudios de VTV. Este encuentro se produce en momentos en que el Consejo Superior Tripartito se encuentra terminando de ajustar las condiciones en que se producirá la Octava Ronda de la negociación colectiva que afectará a la mayor parte de los asalariados.

Si bien el escenario para la mayor parte de los grupos de actividad es de incrementos por debajo de la inflación, la delegación del gobierno y de la central sindical pretenden que los salarios más sumergidos reciban incrementos por la totalidad del Índice de Precios al Consumo, según confirmaron a El País fuentes de la negociación. El sector empresarial se para sobre un escenario de realidades heterogéneas en las que hay sectores que están muy mal, como el turismo, y otros que han tenido crecimiento.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, destacó que en la actualidad hay “casi” 200.000 personas en el seguro de paro. Llamó a utilizar “bien” ese instrumento legal y recordó que “comienza a tener vencimiento desde que se declaró la emergencia”.

“Tenemos el instrumento de la prórroga que tienen que tener dos condiciones: que haya una actividad afectada, que la hay, y que haya la voluntad e intención del empleador de recuperar al trabajador”, explicó el ministro y destacó que  “aquí habrá un desafío político para que las partes ayuden al objetivo, que es que los trabajadores en el seguro vuelvan a su empleo.

 

Sindicalistas

Por su parte, Fernando Pereira  apuntó a reclamar soluciones concretas para los trabajadores que han perdido su empleo durante la crisis sanitaria. En particular, insistió en la aplicación de un ingreso de emergencia.

“Cuando nosotros decimos ‘hay que colocar un salario de emergencia para las personas que se quedaron sin empleo’, somos conscientes que eso tiene un costo para el Estado de US$ 200 millones. Es endeudamiento o mayor gasto, hay dos opciones: es gasto social o pobreza y marginación social”, dijo Pereira.

Fue enfático al afirmar que “todos vamos a perder”. No obstante, recordó que en Uruguay hay 400.000 personas que ganan 20.000 pesos. “Ese sector de trabajadores no debería perder en esta batalla”, destacó.

Por otro lado, el dirigente reclamó a los empleadores que no utilicen el seguro de paro como una fórmula para las reestructuras internas en las empresas. “Que el seguro de desempleo no se transforme en una herramienta especulativa, que no sea la herramienta para las reestructuras. El seguro de paro existe en Uruguay porque el país tiene herramientas que otros países del continente no tienen”, consignó Pereira.

 

Empresas 

A su turno, Lestido dijo con rostro serio que “a ningún empresario le gusta enviar empleados al seguro de desempleo, mucho menos despedirlo (...) Tener que cerrar la empresa, endeudarse y no poder cumplir con las deudas es terrible”, dijo. “Perder el tiempo en discutir si primero está el derecho de huelga o el trabajo o la propiedad privada no tiene sentido. Los tres derechos están consagrados en nuestra Constitución y nadie puede atentar contra ninguno de ellos”, destacó el representante de la Cámara de Comercio y Servicios.

Murara, por su parte, apuntó que “la pérdida de empleo se ha agravado, en el último cuatrimestre la producción cayó un 9%”. Esa caída también se reflejó en el empleo que se genera en los complejos industriales Durante el mes de abril bajó un 15% el empleo, en el mismo período la producción bajó un 25%, según el industrial. Los empresarios del sector industrial buscan que “se pase rápido la página” para volver a desarrollar los emprendimientos en todos el país.  “Para recuperar empleo tenemos que mejorar la competitividad”, destacó el representante de la Cámara de Industrias del Uruguay.

 

Enfermedad y desempleo

La crisis sanitaria y sus efectos en materia de empleos obligó a incrementar el gasto del Estado en las distintas formas de subsidios. Ayer el ministro Mieres aprovechó el desayuno de ADM realizado en los estudios de VTV para dar a conocer algunas cifras relacionadas con el nuevo gasto provocado por las consecuencias económicas de la pandemia.

En tal sentido, el ministro informó que el Banco de Previsión Social (BPS) debió hacer frente a una erogación de US$ 107 millones extra para los subsidios por desempleo y enfermedad desde que comenzó la crisis.

Entre marzo, abril y mayo se gastó US$ 181 millones para atender los problemas de empleo por la crisis sanitaria.

Por otro lado, Mieres salió al cruce de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (ONAJPU) que se quejó con dureza por el exiguo incremento de las pasividades en el próximo mes de julio. El incremento será de $ 226 para las pasividades más reducidas.

El propio ministro admitió la semana pasada, cuando hizo el anuncio, y ayer, que el incremento era “claramente insuficiente”. No obstante, luego de que la ONAJPU declarara que el aumento debería haber superado los $ 900 como consecuencia del incremento del costo de vida, Mieres recordó que se trata de “una señal” del gobierno hacia los pasivos cuyos ingresos están más reducidos.

En esa línea, Mieres recordó ayer que “el gobierno anterior, cuando el país todavía seguía creciendo, otorgó un aumento de $ 300”.

“Me parece curioso que ONAJPU no haya protestado el año pasado y ahora diga que es insuficiente porque es un poquito menos que el año anterior. Estamos buscando soluciones, los límites están en la cantidad de recursos”, sostuvo.

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El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) transferirá 6 millones de dólares al Fondo Coronavirus, que serán destinados a subsidios para 10.115 monotributistas, anunció el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. La medida se concretó tras un diálogo entre representantes de las cámaras empresariales, la central sindical PIT-CNT y la secretaría de Estado.

Este monto será aportado por el Fondo de Reconversión Laboral, a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Banco de Previsión Social (BPS). El anuncio fue difundido el 20 de abril en conferencia de prensa. En la ocasión, el ministro fue acompañado por el director general del Inefop, Pablo Darscht; el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala; el presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios, Julio Lestido, y el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Gabriel Murara.

Mieres detalló que el primer mes se pagará antes de que finalice abril y el segundo pago se realizará en mayo, con la posibilidad de una prórroga en función de la emergencia sanitaria. Valoró que esta resolución se concretó a partir del diálogo tripartito.

Consultado sobre la incidencia del seguro de paro flexible por reducción de horario o de días aprobado por el Poder Ejecutivo, Mieres informó sobre el aumento, del 20% en abril, de las solicitudes. Por causal de despido, los pedidos totalizan el 5 %, “lo que muestra que cuando se reactive la economía, la gran mayoría podrá recuperar su trabajo”, según aseveró.

 

Inefop se prepara para ofrecer mejores oportunidades en el mercado laboral

 

Darscht dijo que el Consejo Directivo del Inefop asumió que “en este período de nueva normalidad tiene un rol importante que cumplir”. Expresó que las empresas encontraron soluciones innovadoras para resolver problemas derivados de la pandemia y agregó que el organismo ayudará a sistematizar para ofrecer oportunidades de trabajo mejores y sustentables.

Por su parte, Abdala manifestó que “en estos momentos es bien importante promover acuerdos y quedó demostrada la validez del diálogo social y la negociación”. “Cuanto más difíciles son las cosas, más diálogo y negociación”, enfatizó. Recordó que el PIT-CNT está de acuerdo con “tender una mano con un subsidio para sectores de trabajo castigados por la situación generada por el coronavirus COVID-19”.

Por su parte, Murara subrayó que no se debe descuidar la economía. En ese sentido, valoró este acuerdo para atender a monotributistas con fondos generados por trabajadores y empleadores. También sostuvo: “Inefop deberá ayudar a la gente para un mercado de trabajo que no será igual al que teníamos”.

Finalmente, Lestido expresó que “frente a la adversidad debe haber unidad y frente a lo opinable, libertad absoluta”. “Hoy el país pasa un momento difícil y acá hubo un acuerdo que demuestra que juntos preservamos la salud de los uruguayos y la defensa del trabajo,” resaltó.

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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), junto a la Cámara de la Construcción y el SUNCA, acordaron de forma tripartita un protocolo sanitario para retomar la actividad en el sector. También se consensuó un subsidio de forma bipartita que se financiará con fondos del sector.

Unos 45.000 trabajadores de la construcción retomarán las actividades de forma progresiva, para lo cual se deberán adecuar las condiciones de cada obra, informó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en declaraciones a la prensa.

“La construcción es un sector que tiene menos riesgos que otros y por eso se puede retomar la actividad”, expresó.

“El acuerdo alcanzado abarca desde cómo se traslada el personal a las obras, hasta las características que deben tener los instrumentos e implementos que utilicen, y el cuidado de trabajadores con algún tipo de vulnerabilidad”, sostuvo el jerarca.

En este sentido, los vehículos que trasladen a los trabajadores ocuparán solo la mitad de sus plazas, y en los casos en que el personal deba instalarse durante varios días fuera de su localidad debido a las obras, las viviendas estarán acondicionadas para evitar el hacinamiento.

Además del protocolo sanitario se llegó a un acuerdo bipartito para subsidiar, con fondos aportados por trabajadores y empresarios, a quienes tengan problemas de salud que supongan un riesgo especial y por tanto no puedan retornar al trabajo.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, decretada por el Poder Ejecutivo el 13 de marzo, se ha venido trabajando desde el Gobierno y en diálogo permanente con los actores sociales, trabajadores y empleadores, en una serie de medidas de protección para los trabajadores y la ciudadanía en general, de forma de evitar la propagación del COVID-19.

En este sentido, es pertinente recordar las resoluciones ministeriales del 13 y 18 de marzo, consensuadas en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establecieron las recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19 en los ámbitos de trabajo.

Asimismo se creó un subsidio por desempleo parcial, extendido hasta el 31 de mayo, se otorgó cobertura de seguro por COVID-19 para todo el personal médico, se consensuó de forma tripartita postergar el inicio de los Consejos de Salarios, se creó mediante decreto un subsidio por enfermedad para que trabajadores mayores de 65 años permanezcan en sus hogares, y se autorizó por parte del MTSS a adelantar licencias generadas en 2020.

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El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) logra un acuerdo (que fue refrendado por la Cámara de la Construcción y el Gobierno), que implica una licencia especial desde el pasado 24 de marzo hasta el domingo 5 de abril, que al unirse con la licencia reglamentaria de Semana de Turismo del 6 al 12 de abril, permitirá minimizar los riesgos de la propagación del coronavirus COVID-19, en al menos 45.000 obreros del sector.

El pasado sábado 21 de marzo el Comité Ejecutivo Nacional del SUNCA, aprobó el acuerdo de licencia especial que abarca a 45 mil obreros de la construcción y que fue refrendado tanto por la Cámara de la Construcción como por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El SUNCA expresó en una declaración, que el mundo enfrenta la pandemia del COVID-19 y sus impactos en la salud, la economía y la sociedad toda. Tales impactos “se están haciendo sentir en nuestro país y en nuestro pueblo”.

“Lo primero, lo central, es defender la vida y la salud, afrontar los desafíos en el plano sanitario, pero también las consecuencias económicas y sociales buscando salidas que contemplen a todos y que atienden, en particular, a los más vulnerables, a más humildes”, indica el gremio de la construcción.

El pasado 13 de marzo el gobierno decretó la emergencia sanitaria y dispuso un conjunto de medidas para intentar frenar el avance del coronavirus. En tal sentido, el sindicato remarca que “en el mundo y también en nuestro país ha quedado claro que la medida más efectiva para parar el avance del virus y proteger a la población es el aislamiento social, evitar las aglomeraciones de cualquier tipo, reducir al mínimo el contacto social”.

Tomando en consideración esta situación y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el plan de contingencia de ASSE y el Sistema Nacional de Emergencia, en una reunión de urgencia, el Comité Ejecutivo Nacional del SUNCA tomó una serie de medidas, tales como: “la suspensión de actividades sindicales, la postergación de las elecciones del gremio, y la suspensión de actividades de los Fondos Sociales” todas ellas dirigidas a contribuir a enfrentar la pandemia y cuidar los trabajadores y sus familias.

Asimismo, el sindicato promovió la reunión urgente del Consejo de Salarios para analizar la situación de la industria y los posibles conflictos derivados de ella y sus soluciones.

 

Licencia especial 

A la vez, el gremio promovió, en el ámbito tripartito, “un acuerdo que permitiera que, por el mayor número de días posibles, 45 mil trabajadores y sus familias no estuvieran expuestos al contagio o se transformaran ellos en un foco de contagio”.

En dicho marco, el SUNCA resolvió aprobar, por unanimidad, “el acuerdo, logrado luego de una trabajosa negociación que culminó en la mañana de este sábado y que implica una licencia especial, del 24 de marzo hasta el domingo 5 de abril, que al unirse con la licencia reglamentaria de Turismo, del 6 al 12 de abril, permitirá por 20 días minimizar los riesgos de propagación de la enfermedad.

El criterio fue que el acuerdo tenía que cubrir a todos los trabajadores de la construcción y ramas anexas, tales como “extractiva, cerámica, hormigón y peajes, y en todo el país, más allá de algunas especificidades, en cuanto a la licencia reglamentaria, que fueron contempladas”.

 

Financiamiento

El SUNCA asegura que el acuerdo contempla que el financiamiento de la licencia especial de diez días, se dé a través de una partida fija de 16.505 pesos para cada trabajador y que se cobrará por única vez.

Dicha partida se financiará de la siguiente manera: “un 50% por cuenta de las cámaras empresariales, 30% a cargo del Estado, y el resto corre por cuenta de los trabajadores que aportarán un día de licencia anual y un día de salario vacacional.

El acuerdo también establece la realización de una campaña pública tripartita de sensibilización e información sobre la pandemia y las mejores formas de enfrentar su impacto.

Por otro lado se establece, en referencia a los préstamos para materiales de construcción, “encomendar a la directiva del Fondo Social de Vivienda para Obreros de la Construcción (FOSVOC) analizar los tiempos y plazos del beneficio y su reintegro”. Lo mismo para el Fondo de Cesantía y Retiro de la Construcción (FOCER) con respecto al análisis de retiros excepcionales”.

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El jueves 5 de marzo se realizó la ceremonia oficial de asunción del nuevo Director Técnico del INE Diego Aboal por el período marzo 2020-marzo 2025

 

El acto contó con la presencia del Ec. Isaac Alfie, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien realizó un raconto de la actividad académica y profesional del nuevo director, destacando la experiencia en investigación y la habilidad en la dirección de equipos técnicos. Comentó también algunos lineamientos generales de la actividad esperada para el INE en los próximos años, como el fortalecimiento normativo del Sistema Estadístico Nacional, la realización del próximo Censo de Población y Vivienda y la utilización racional de registros con fines estadísticos entre otros.

 

Por su parte Aboal, destacó su intención de posicionar al INE como referente regional por sus estándares y capacidades generando las bases para brindar cooperaciones a otros países en una escala relevante.

 

Dentro de los objetivos inmediatos, propone el fortalecimiento de los recursos humanos de las distintas áreas y el llenado de vacantes existentes, la realización de cambios de base en algunos indicadores que brinda el instituto y la formulación de un plan estratégico de acción.

 

El director destacó además, una serie de puntos que comenzarán este año, pero con una visión mediano plazista en los que pretende implementar estándares de calidad en procesos y productos del INE, fortalecer las estadísticas económicas, asumir con mucha fuerza la rectoría del Sistema Estadístico Nacional, priorizar el uso de Datos Administrativos en el marco del SEN, uso de la tecnología e Innovación, fortalecer la investigación, comenzar con la planificación del próximo Censo de Personas, Hogares y Viviendas, realizar una standarización de los trabajos especiales efectuados por el instituto, fortalecer los canales de comunicación y mejorar las condiciones de trabajo, especialmente las referidas a la salud laboral.

 

Finalmente, tuvo palabras de reconocimiento y respeto para la directora anterior Laura Nalbarte, destacando el informe de transición realizado en donde quedaron plasmados los avances y los elementos pendientes de resolución lo que demostró y reafirmó la madurez institucional del Uruguay.

 

El evento realizado en el hall del Anfiteatro de Torre Ejecutiva Anexo, contó con la presencia de los ex-directores del INE Rosa Grosskoff y Ariel Davrieux, además de numerosos medios de prensa, invitados y personal de la institución.

 

Fuente: INE

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