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La negociación colectiva y sus bemoles…

El pasado 29 de octubre, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que modifica parcialmente la ley número 18566 de negociación colectiva, a efectos de cumplir con los plazos que estableció la OIT. Todo viene a cuento por la queja que presentaron en su momento las Cámaras de Industrias y Comercio, con el apoyo de las restantes gremiales.

Los cambios propuestos, brevemente enumerados fueron:

 a) Las organizaciones sindicales deberán contar con personería jurídica (alguien que se haga responsable…), viene a cuento porque las partes estarán obligadas a intercambiar información, buena fe mediante, pero solo si las organizaciones sindicales tienen personería jurídica.

 b) Al proponer la derogación del literal D del artículo 10 de la ley, se le resta al Consejo Superior Tripartito la potestad de “considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita”, por lo que estos temas quedarán librados a la voluntad de las partes.

 c) Se propone una nueva redacción al artículo 14 de la ley, que elimina la posibilidad que cuando no existe organización de los trabajadores a nivel de la empresa, la legitimación para negociar la tenga la organización representativa de nivel superior.

 

La negociación colectiva que pueda desarrollarse en la empresa podría realizarse con representantes electos por los trabajadores, sin participación del sindicato de rama.

 d) Se propone derogar el inciso segundo del artículo 17 de la ley, que establece: “El convenio colectivo cuyo plazo estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario”. El término de vigencia de los convenios queda librado a lo que las partes establezcan en el propio documento, sin que tácitamente se prorrogue el convenio como hasta ahora, lo que se llama ultraactividad.

 e) Finalmente, se dice que el registro y publicación de las resoluciones de los consejos de salarios y de los convenios colectivos dispuestos por los artículos 12 y 16 de la ley 18566, no constituirán requisito de homologación, autorización o aprobación por parte del Poder Ejecutivo, de aprobarse dicha modificación, las resoluciones de los consejos de salarios y los convenios colectivos regirán desde el momento en que las partes lo suscriben o desde el momento de la vigencia que las propias partes establezcan sin necesidad de un posterior acto del Poder Ejecutivo.

 

Hasta aquí lo recogido en el proyecto de ley. No obstante, existen observaciones efectuadas por los órganos de control de la OIT que el proyecto no aborda. Destaco que tanto las condiciones de trabajo como los ajustes a las remuneraciones deben de ser determinadas en instancias bipartitas y no tripartitas (como viene sucediendo, nuestro sector da cuenta de ello).

 

El apartamiento al convenio 98 de la OIT, específicamente del principio de negociación libre y voluntaria consagrado en el artículo 4to, sucede cuando el gobierno de oficio o a instancia de cualquiera de las partes convoca a negociar en los Consejos de Salarios, no solo salarios mínimos, sino también ajustes de las remuneraciones y otras condiciones de trabajo. En la mesa de la construcción, están las tres partes desde un inicio y se negocia sobre pautas que vienen del Poder Ejecutivo.

 

Y si bien el gobierno manifiesta que las organizaciones profesionales son libres de concurrir a las convocatorias y que acudir a los Consejos de Salarios no conlleva la obligación de acordar, desde que los mismos pueden decidir por mayoría de sus integrantes, donde el número de delegados entre el gobierno y el sindicato es mayor al número empleador, en los hechos la no concurrencia de la parte patronal, les impide incidir de acuerdo a sus intereses en una decisión que deberán acatar.

 

 En buen romance, lo medular no fue expuesto en el proyecto y seguramente de ganar el oficialismo (ignoro si al momento de salir del Constructor, ya se dilucidó el acto electoral), seguiremos regidos por lineamientos que nos imponen. No es lo que dice la OIT y el convenio 98, ya citado.

 

Aníbal Durán

Gerente Ejecutivo de APPCU

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