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El gobierno y UPM firmaron el acuerdo de la primera fase de lo que será  la mayor inversión privada de la historia

El pasado martes 7 de noviembre, el Poder Ejecutivo y UPM rubricaron el contrato que finalizó la fase uno de negociaciones para instalar la segunda planta. Un crecimiento de 2 % del PBI, 8.000 puestos de trabajo, 120 millones de dólares en tributos, aumento del 10 % en la producción de energía renovable y el impulso de la zona centro y noroeste del país son algunos de los beneficios de concretarse el proyecto, el cual sería la mayor inversión privada en la historia del país.

Ese mismo día, en conferencia de prensa, se presentaron los términos sobre la firma de contrato entre UPM y el Estado para la posible inversión de una planta de celulosa ubicada a cuatro kilómetros de Paso de los Toros y la localidad Centenario. La inversión de la empresa generaría un crecimiento permanente del 2 % del producto bruto interno al país.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, subrayó en conferencia de prensa que esta inversión, “que sería la mayor inversión privada en la historia del Uruguay”, impactará de forma significativa en el desarrollo del país, con un crecimiento permanente de más del 2% del producto bruto interno, un incremento de las exportaciones del orden de los 1.000 millones de dólares anuales y una recaudación de unos 120 millones de dólares anuales en tributos.

 

Impacto social y económico

De concretarse la mega obra, se estarían generando unos 8.000 puestos de empleos directos e indirectos, tanto por la planta como por toda la cadena de valor. Esto implicará unos 200 millones de dólares anuales en salarios. Asimismo, creará oportunidades para más de 600 pequeñas y medianas empresas locales. Se estima que el producto per cápita en las zonas de influencia crecerá entre un 10% y un 15%. García sostuvo que el impacto en la zona centro y noreste del país fue un elemento fundamental del proceso de análisis de las negociaciones. Esa zona tiene un menor desarrollo relativo que el resto del territorio.

Por otra parte, con la instalación de la planta aumentaría 10% la producción de energía renovable del país. El complejo forestal nacional se vería consolidado y se abrirían las puertas a investigaciones científicas para diferentes usos de la celulosa, no exclusivamente de papel, sino en otras innovaciones.

Además, el desarrollo de este proyecto implica el cumplimiento de altos entandares en protección, resguardo y recuperación  del medio ambiente, desarrollo económico, descentralización e innovación en el sector productivo, mejoramiento en la infraestructura y creación de oportunidades de empleo.

En relación a las contribuciones directas de UPM que recibiría Uruguay, en caso de que se concrete la obra, se encuentra la creación de un grupo de negociación para hacer sinergia con las políticas públicas que asegure el derrame en la sociedad. Asimismo, se encuentra el aporte de 1,5 millones de dólares anuales por 23 años a partir de 2020, para el financiamiento de un fondo de innovación sectorial para procesos de centros tecnológicos, el desarrollo de proveedores e iniciativas para la mejora del Río Negro.

También incluye el aporte para asegurar la calidad del agua del Río Negro con 3 millones de dólares por ser aportados en los primeros cuatro años. En la misma línea, la empresa compromete una contribución para la capacitación de funcionarios para la fase de construcción de hasta 1,5 millones de dólares, acompañado por aportes de las agencias estatales.

 

Infraestructura 

Se plantea una contribución de 6 millones de dólares anuales durante diez años para la mejora de la infraestructura vial del país, una contribución al financiamiento de la infraestructura eléctrica, aportando 2 millones de dólares anuales durante cinco años, el financiamiento para el tratamiento de efluentes de Paso de los Toros y Centenario por 7,5 millones de dólares.

En relación a la zona franca para operar, la capacidad de planta probable será de entre 1.900.000  y 2.400.000 toneladas, implicará un canon de 3,5 millones dólares durante toda la vida de la planta, siempre que la producción supere los 2 millones de toneladas, con un canon adicional por el mismo monto durante los primeros 20 años de producción de la planta.

Este canon supera 10 veces los ingresos para el país por la operación de las otras dos zonas francas de las plantas de celulosa ya existentes. Como agregado, desde la autorización de la zona franca hasta el comienzo de las operaciones, se pagará un canon de 1.5 millón de dólares, hasta el comienzo de las operaciones.

La empresa venderá energía al país, con un precio de 72,5 dólares por MVW hora hasta un volumen de 1 terawatt de energía; y superado ese terawatt la empresa podrá vender energía al precio del mercado, con la posibilidad de pedir autorización para exportar energía.

 

Transparencia y estabilidad

Por su parte, Jaakko Sarantola, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la empresa finlandesa, destacó que la transparencia, estabilidad, tradición democrática, reglas claras y políticas de Estado de Uruguay atraen inversores forestales. Y agregó que ahora comienza la segunda fase, que se espera insuma dos años, aproximadamente.

Resaltó  además que la primera inversión de UPM en Uruguay “fue un éxito” y puntualizó que el país “es reconocido por su política transparente, estabilidad, tradición democrática y disponibilidad en cuanto a las reglas claras”. Asimismo, destacó la legislación nacional de promoción de la madera como sector productivo, y el desarrollo de zonas francas que permiten obtener competitividad.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo que  “la instalación en esa zona ayudará a mejorar el equilibrio y las diferencias que aún existen en el desarrollo territorial en el país”, destacando demás, que “se ratifica la vigencia de la actual Ley de Zonas Francas, que establece que habrá 75% de trabajadores uruguayos y hasta 25% de extranjeros, medido a lo largo de toda la obra”. Aseguró que eso se controlará diariamente en el propio molinete de ingreso a la planta y con un seguimiento de parte del Ministerio de Trabajo, que asesorará a la cartera de Economía”.

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