Empresariales

Ministro Rossi dijo estar “preocupado” por tiempos en adjudicación de proyectos PPP

El evento, organizado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC), fue presentado por el economista de CPA Ferrere, e integrante del centro, Gabriel Oddone, que expuso sobre los objetivos del CEEIC, y adelantó los resultados de un estudio de productividad realizado en la industria de la construcción.

A partir de un relevamiento de datos reportados al Banco de Previsión Social en 116 obras de vivienda, el estudio señala que en la actualidad construir un metro cuadrado requiere 20% más jornales de lo que ocurría a fines de la década del 1990. Según Oddone, esos datos confirman la percepción que existe entre los empresarios de la construcción respecto al descenso de la productividad. Para  el economista, tomando en cuenta la incorporación realizada de equipos y de maquinaria, no necesariamente debe asociarse la caída a un problema de inversión, sino a la calificación de la mano de obra y a la organización de los procesos de trabajo. El estudio final será publicado próximamente.

Oddone también hizo referencia a un trabajo de caracterización del empleo en la industria de la construcción que el CEEIC está realizando en conjunto con economistas del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas.  Si bien este trabajo aún no ha sido publicado, Oddone sostuvo que los datos recogidos “confirman lo que los empresarios saben bien. Hay una alta informalidad en el sector. Las estadísticas de empleo que reporta en el sector construcción el Instituto Nacional de Estadísticas divergen siempre con los números que tiene en la cabeza el sector de la construcción, precisamente porque el sector aún tiene un alto contenido de trabajadores cuentapropistas o de trabajadores que trabajan en muy pequeñas empresas que están en el ámbito informal. El trabajo que estamos elaborando va a cuantificar y describir la frecuencia de estas observaciones en la territorialidad, y las características de la población que trabaja en el sector formal e informal”, señaló Oddone. 

Tras la presentación, fue el turno del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, quien se refirió a dos temas medulares en esa cartera de Estado: infraestructura vial y proyectos de participación público - privada (PPP).  De hecho, Rossi afirmó que es motivo de preocupación para el MTOP el ritmo con el que transcurre la adjudicación de los proyectos de participación público - privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura vial. Esta visión, sin embargo, no es compartida por todo el Poder Ejecutivo, ya que desde el Ministerio de Economía (MEF) entiende que los tiempos del instrumento están en línea con los plazos internacionales. “Les confieso que algunas veces siento que el ministerio está maniatado en su responsabilidad, en la respuesta que tiene que darle a la ciudadanía y a los sectores económicos y sociales del país, porque no maneja totalmente los elementos que le pueden permitir dar esas respuestas”, afirmó Rossi.

Rossi dijo que a veces se utiliza como “consuelo” que los tiempos manejados en Uruguay son los mismos que han enfrentado otros países con experiencias similares, pero insistió en que Uruguay “no está en condiciones” de seguir demorando. “Yo no sé si es así, pero el hecho que hoy estemos festejando que se terminó de aprobar el contrato para un llamado que se hizo en 2013 (rutas 21 y 24) por lo menos a mí me pone muy nervioso”, dijo el ministro.

El jerarca volvió a poner sobre la mesa su idea de conformar una agencia especializada para la herramienta de PPP y otros proyectos especiales, que funcione en la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Para Rossi, una vez definidos los proyectos, esta agencia debería encargarse de la gestión hasta su concreción, aun sin que otros organismos como el MEF tengan que renunciar a sus competencias y potestades en la materia. “El esfuerzo que hace la ley uruguaya de encontrar la forma de participación con todas las instituciones del Estado en las PPP y en ámbitos de consulta permanente y de intercambios es un mecanismo que tendríamos que revisar”, añadió.

 

Infraestructura vial

El secretario de Estado afirmó que Uruguay ha crecido económicamente y a nivel de producción, al igual que en su infraestructura. “Vamos a seguir creciendo. Y como vamos a seguir creciendo tenemos que tener plena conciencia de nuestros déficits. En esta materia somos conscientes que tenemos déficits en materia de carreteras, de puertos, y ni que hablar que prácticamente no tenemos ferrocarriles. Aumenta la producción y por lo tanto tenemos la necesidad, no solo de recuperar lo que de algún modo podemos identificar como rezagos, sino procurar ponernos a tono con los desafíos que tenemos por delante, para que ese crecimiento de las distintas posibilidades económicas que el país tiene, puedan perfectamente no encontrar un obstáculo justamente en esa infraestructura que señalamos con rezagos y que está, en buena parte, en el área de responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, afirmó.

Rossi recordó que el Uruguay tiene 8.775 kilómetros de rutas nacionales, de las cuales 380 kilómetros son de hormigón, 3.283 kilómetros de carpeta asfáltica, 4.030 kilómetros de tratamiento bituminoso, y 830 kilómetros de tosca. De ese total de 8.775 kilómetros, el 92% está pavimentado. Asimismo, dijo que el crecimiento de la carga genera una demanda en materia de infraestructura vial, pero que, fundamentalmente, esa demanda no apunta a la extensión de la red vial, sino a la calidad de la misma.

“La extensión es suficiente para atender desde las zonas de producción del país al transporte y la carga especialmente hacia el litoral del país y hacia el sur, al puerto de Montevideo, y en alguna proporción está estimada hacia la frontera norte con Brasil. Cuando nos ponemos a discutir sobre el estado de nuestras rutas, y si discutimos sobre la base de la evolución y estimación del estado de conservación, podemos no advertir cuán es el problema nuevo que tenemos que abordar. Como lo dije en distintas oportunidades, a través de las sistemáticas mediciones que realiza la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte, y que han servido de base a los trabajos que se realizan, incluso por la Asociación de Caminos, dividiendo el estado de las rutas en cuatriles, no es este el momento en que las rutas del país estén peores. El seguimiento de las rutas que se realiza desde 1988, nos demuestra que, por ejemplo en 1996, había un 25% de rutas buenas y muy buenas y un 75% de rutas regulares y malas, mientras que en el 2015 estamos en un 40% de rutas buenas y muy buenas. Es un  porcentaje sensiblemente más alto. Para relativizar esta referencia, hemos podido apreciar que han venido,  año a año, generándose un crecimiento de determinadas áreas de rutas que tienden a empeorar su performance y que va creciendo por lo tanto, en los últimos años, la cantidad de rutas en mal estado”, señaló Rossi.

En concordancia con lo expresado, el secretario de Estado dijo que cuando se discute sobre las necesidades de inversión en infraestructura vial en relación al aumento y frecuencia de las cargas, no se tiene en cuenta que llega un momento donde se cruza el nivel de inversión con el volumen de carga, “y eso no se expresa de la misma manera en toda la red vial, sino que se concentra  en determinadas zonas y en determinadas rutas del país. En general no están preparadas para poder atender esa multiplicación de carga que sostienen sistemáticamente”, señaló.

En otro tramo de su exposición, se refirió a que el Uruguay tiene 730 puentes, de los cuales el 24% tiene más de 70 años de antigüedad, y un 18% menos de 20 años de construidos. “Actualmente se está trabajando en 19 puentes, en algunos casos para su sustitución, su reforzamiento o su ensanchamiento. El 43% de los 730 puentes son puentes que tienen menos 7.20 de ancho de calzada. Y en las licitaciones que están en curso aparecen decenas de proyectos que dan respuestas a las demandas de esos puentes”, sostuvo.

También se refirió a que no existen corredores completos de rutas en todo el territorio nacional, a excepción del litoral, donde se está trabajando en la reconstrucción de puentes en la ruta 5 para que alcance el nivel que exige un corredor nacional.  “Similar problema tenemos en algunos tramos de la ruta 8, particularmente en uno de sus puentes, así como en un tramo de la ruta 11 y otro de la ruta 21. Es decir, tenemos que de algún modo, a partir del patrimonio que hemos acumulado, y que no es poco a lo largo de la historia del país, repensar y reproyectar los objetivos de las necesidades que tiene el país que resolver”, afirmó Rossi.

Recordó que al comienzo de esta gestión de gobierno, se hizo una proyección de la inversión necesaria y posible que se podría llevar adelante según las necesidades del país. “Esto daba una inversión general en cinco años en unos dos mil quinientos millones de dólares. Esto lo abordamos a partir del trabajo tradicional, vía presupuesto de los diez regionales que hacen sustancialmente mantenimiento en el país, y con insuficiencias que tenemos que ver cómo podemos ir reforzando y fortaleciendo. Eso tiene que ver con la utilización del mecanismo de las concesiones, dos de ellas privadas, sobrevivientes de la época  de las concesiones de obras públicas en la ruta 5 y ruta 8, que se han ampliado con trabajos adicionales.  Y de los contratos promovidos a través de la concesión de la Corporación  Vial del Uruguay. En esta materia, en estos momentos se trabaja en 42 contratos de rehabilitación,  35 de mantenimiento, y 21 de alumbrados, señalamientos y puentes. Por esta vía apuntamos en el 2016 una inversión de doscientos millones de dólares. Para el 2017 se suman hasta 132 proyectos con una inversión prevista de 309 millones de dólares por la vía de la Corporación Vial del Uruguay”, explicó el ministro.                     

 

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Durante el encuentro, el ministro realizó una serie de anuncios como que en los últimos días se terminó de confeccionar, negociar y aprobar el contrato financiero para la reconstrucción y mantenimiento de las rutas 21 y 24, y el baipás en Nueva Palmira. La obra, a cargo del consorcio integrado por la española Sacyr y Grinor (propiedad de la uruguaya Saceem), es el único paquete adjudicado hasta la fecha y podría comenzar antes de fin de año. Otro proyecto que comprende las rutas 12, 54, 55 y 57 está en proceso de adjudicación. Por su parte, está en la última fase de evaluación el llamado para la reparación de la ruta 9 entre Rocha y Chuy, y un tramo de la ruta 15.

En los próximos días, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas espera tener las propuestas para el llamado de obras en la ruta 14, entre Mercedes y Sarandí del Yi, incluyendo el puente sobre el río del mismo nombre. En relación al tramo de la ruta 26 entre Tacuarembó y Paysandú, Rossi informó que el proyecto está “avanzado”, pero con “demoras”. Mientras tanto, se realizan trabajos de reparación para recuperar ese trayecto que, según dijo el ministro, “se ha deteriorado más del límite de lo aceptable”.

También están en elaboración el proyecto para la ruta 14, en el tramo que une Sarandí del Yi con el departamento de Rocha, y el llamado para la doble vía en ruta 3, desde la ruta 1 hasta San José. La otra PPP planteada es la ruta 6 con baipás en San Ramón. Los paquetes a licitar bajo el régimen de contratos PPP equivalen a unos 1.630 kilómetros de rutas y una inversión aproximada para el quinquenio de US$ 660 millones.

Semanas atrás, el gobierno dio un paso clave para poder hacer frente a los problemas de infraestructura y viabilidad de las PPP. En lo que fue la emisión más grande en la historia del mercado bursátil uruguayo, quedó constituido el Fondo de Deuda para Infraestructura, que dispondrá de US$ 350 millones provenientes de inversores institucionales (mayoritariamente AFAP) para financiar parcialmente la necesidad de recursos de empresas que invertirán en el sector en los próximos cinco años.

El fideicomiso será gestionado por una subsidiaria de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la empresa uruguaya Caf-Am Administradora de Activos Uruguay S.A. Entre los proyectos a financiar, el fondo otorgará créditos a proyectos de infraestructura ejecutados por parte de empresas concesionarias o contratistas de PPP. Además, la CAF cofinanciará con 10% adicional a cada iniciativa.

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