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El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVTOMA) prevé invertir el equivalente a 86 millones de dólares en la construcción de 944 viviendas nuevas en 12 departamentos del país.

Se estima que la inversión insumirá de forma directa unos 350.000 jornales de trabajadores de la industria de la construcción.

De acuerdo a datos aportados por la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI), en los meses de noviembre y diciembre, el ministerio recibirá ofertas para construir unas 944 viviendas nuevas en la modalidad proyecto-precio-terreno, en las que el oferente aporta el predio donde serán construidas; y de proyecto-precio en las que el predio es aportado por el propio Ministerio de Vivienda.

De estas 944 viviendas, 550 serán construidas en la modalidad proyecto-precio-terreno y 394 en proyecto-precio. Asimismo, 690 de las viviendas por construir serán asignadas por llamados públicos instrumentados por la Dirección Nacional de Vivienda y 254 serán destinadas a beneficiarios del Banco de Previsión Social.

El MVOTMA estima una inversión total de 86 millones de dólares para este conjunto de llamados, que en promedio insumirá, de forma directa, unos 350.000 jornales de trabajadores de la industria de la construcción. La secretaría de Estado informó que los pliegos de los llamados fueron ajustados y modificados a partir de la consideración de sugerencias y propuestas de profesionales y empresas del área de la construcción. Asimismo, anuncia que en febrero se publicarán nuevos llamados a licitación.

Entre las licitaciones público-privadas previstas, el Ministerio de Vivienda estima la construcción en el barrio Aguada de Montevideo de 65 viviendas para pasivos y otras 160 para activos; y en el barrio La Unión, unas 40 más para activos.

También en la capital, pero en el barrio Sur se harán 15 intervenciones habitacionales para pasivos; en la Ciudad Vieja serán 20 viviendas para pasivos y en la Aguada unas 45 para el mismo grupo poblacional. A este cronograma se agrega la licitación de unas 140 viviendas más en Montevideo para activos y pasivos.

En la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, se construirán unas 30 viviendas para activos y en Young otras 19 para el mismo grupo poblacional. En Las Piedras y La Paz, Canelones, se harán 30 viviendas para activos y en Florida unas 40 e igual número en San José, Paysandú y Salto.

En el departamento de Soriano se edificarán 20 viviendas al igual que en Tacuarembó, donde se edificarán 20 para pasivos y 20 para activos.

Además se construirán 20 viviendas para pasivos en Paysandú y otras 20 en Treinta y Tres. En tanto, en Colonia del Sacramento serán 40 viviendas, mientras que en la ciudad de Rosario serán 20 viviendas. En Bella Unión está prevista la construcción de 20 viviendas.

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El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), anunció que la producción de vivienda nueva, incluidos reciclajes para la población activa, será en cinco años de 3.500 viviendas y para la población pasiva en la misma modalidad será de 1.200 viviendas, lo que suma un total de 4.700 viviendas. A esto hay que agregarle el compromiso del sistema cooperativo de ejecución y  financiamiento de 10.000 viviendas en el período 2015 -2019.

Tras el anuncio, Del Constructor dialogó con el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, quien se refirió a las nuevas viviendas proyectadas por el gobierno para este quinquenio. “Esto está comprometido como meta en el Plan Quinquenal de Viviendas que fue elaborado en el primer semestre del 2015, con la participación de actores vinculados a la vivienda y en particular  a la industria de la construcción.  Una vez  que se cerró esa propuesta, se incorporó al Presupuesto Nacional que fue votado. Hay un artículo del Presupuesto Nacional que así lo dice y en el documento, en el resumen final donde hay un cuadro de metas y de cuantificación de algunos indicadores, aparece como meta de construcción de viviendas bajo determinadas características y contratos con empresas  constructoras, aparecen las metas para el quinquenio”, sostuvo el jerarca.

Consultado sobre la situación actual de vivienda, Schelotto dijo que el déficit habitacional está en un contexto “más amplio”. “Hay diferentes criterios técnicos y esto ha sido objeto de discusión durante décadas. Cuando se estima por un lado el déficit cuantitativo y cuántas unidades hay que agregar al stock, y por otro lado se estima el déficit cualitativo y qué intervenciones hay que realizar sobre el stock para que la vivienda sea adecuada, tanto por  problemas vinculados con la característica del hogar, sea metraje, cantidad de habitaciones, o porque hay problemas con las instalaciones, se hace una evaluación que tiene que ver con el contexto urbano y territorial más amplio. El problema de la vivienda no es un problema de construir vivienda nueva. Si bien es cierto que en parte debe ser respondido a través de la incorporación de nuevas unidades, también deber ser respondido a través de otras acciones, que son las que están contempladas en  el plan, como intervenciones en el stock y rehabilitación urbana, por ejemplo”, dijo a Del Constructor.

En este contexto, se refirió a las viviendas que están deshabitadas o  en desuso en Montevideo. “El programa más exitoso que tenemos y que menos recurso consume es el de préstamo para rehabilitación. De esta manera, las familias que no acceden a un crédito en otro sistema, acceden a un crédito blando y pueden hacer mejoras en sus unidades de vivienda.  Esto permite justamente adecuar una vivienda que puede tener  algún problema estructural y mejorar su condición”.

 

Vivienda y trabajo

Sobre la cifra que se maneja en cuanto a viviendas deshabitadas, se calcula que en Uruguay existen unas 250.000 viviendas desocupadas, 46.000 de las cuales se encuentran en Montevideo, el jerarca dijo que “la cifra está un poco sobre dimensionada. Los criterios de contabilización de censo no son necesariamente criterios que deban ser aplicados al análisis de esta problemática. El encuestador toma determinada información pero después debe ser verificada. No quiere decir que porque en una o dos visitas  no encuentre a nadie en la vivienda esta esté desocupada. Hay viviendas que están abandonadas y en algunos casos están claramente identificadas porque no hay propietarios conocidos. En otros casos, ocurre hay lo que se llama una desocupación ficcional, porque están en proceso de compra-venta o de arrendamiento. También hay que descontar las viviendas de temporada. Después hay un universo intermedio que son situaciones de deterioro manifiesto, pero no quiere decir que no haya propietarios ni responsables sobre ese bien. En este caso, claramente tiene que estar articulado con políticas municipales y departamentales. Lo que digo es que a veces hay expectativas  un poco desmesuradas sobre ese activo que tiene la sociedad”, afirmó Schelotto.

El responsable de la Dirección Nacional de Vivienda estimó que la realización de viviendas de dos dormitorios con un promedio de 60 metros cuadrados generará dos millones de jornales de trabajadores para la industria de la construcción. “Es un volumen importante y un desafío para todos los actores de la industria, en cuanto a ejecución de programas de inversión y la generación de ocupación”, apuntó.

 

Cooperativas de vivienda 

Schelott también hizo referencia a las obras del sistema cooperativo que comprometieron la ejecución y el financiamiento de 10.000 viviendas en el período. Al respecto, sostuvo que “es muy importante, no solo en términos cuantitativos, porque se generan programas de viviendas de calidad, con buena inserción urbana y con buena articulación con el entorno.

El jerarca agregó que esta meta está muy avanzada lo que, consideró, implica “un derrame hacia los sectores, tanto profesionales que están incorporados a los institutos de asistencia técnica como empresariales de proveedores e insumos para la industria, subcontratos, servicios y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la mano de obra, que también las cooperativas contratan”.

En otro orden, el director nacional de Vivienda señaló que están abiertas las convocatorias para la construcción de 470 viviendas para activos y pasivos en 11 departamentos del país que son Artigas, Canelones, Colonia, Florida, Paysandú, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres; más 140 en el resto del interior

“Están abiertas las convocatorias para la construcción de 470 viviendas para activos y pasivos en 11 departamentos del país que son Artigas, Canelones, Colonia, Florida, Paysandú, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres; más 140 en el resto del interior”. 

La convocatoria a un grupo de ellas será antes de fin de año y la segunda a fines de febrero, en la modalidad de proyecto–precio para viviendas que se construirán en zonas urbanas centrales y consolidadas en cuanto a servicios en Montevideo y en algunas ciudades del interior.

 

Convocatoria

En tal sentido, dijo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) tiene por objetivo convocar a una licitación en octubre para la construcción de 350 viviendas, y en febrero del próximo año se completará este primer ciclo con la convocatoria para la edificación de 380 intervenciones habitacionales.

Agregó que, el ministerio acordó con la Intendencia de Montevideo algunas condiciones urbanísticas y de aprovechamiento de predios que permitirán que algunos llamados se realicen antes de fin de año, tanto para obra nueva como de reciclaje para activos y pasivos.

Afirmó que la reunión, realizada el pasado martes30 de agosto, tuvo por objetivo profundizar el diálogo con los representantes del área de la construcción con el objetivo de optimizar los compromisos del Estado y de los actores del sector privado.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Actos de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), donde particparon la titular de la cartera, Eneida de León, y el subsecretario Jorge Rucks, además de técnicos del MVOTMA..

Por último, el director dijo que al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sostuvo que al organismo le interesa mejorar la calidad de las viviendas, independientemente de quién sea el destinatario, ni su nivel de ingresos económicos, pero sí tomar en cuenta las necesidades de las familias, así como la revalorización del proyecto arquitectónico y su localización en el proyecto urbano de las ciudades.

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Los proyectos de vivienda con una inversión superior a 15 millones de dólares, y que se presenten hasta el 31 de diciembre de 2017, podrán acogerse a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones, que incluyen franjas de exoneración del IRAE y beneficios en el Impuesto al Patrimonio, entre otros, tal como anunció Pablo Ferreri, ministro interino de Economía y Finanzas, en ausencia de ministro Astori,  al momento de dar la noticia.

Uruguay nunca dejó de crecer, pero “en tiempos de desaceleración económica es importante contribuir para el dinamismo de la misma”, para lo cual el gobierno firmó un decreto que promueve la construcción de viviendas de uso permanente o esporádico, dijo el ministro interino de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, en conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros del pasado 17 de octubre.

Ferreri sostuvo que, si bien el nivel de empleo en el sector de la construcción se ubica por encima de los promedios históricos, se perdieron unos 20 mil puestos de trabajo en los últimos años, con lo cual estas medidas colaborarán en la recuperación de empleos.

Estas iniciativas privadas podrán acogerse a los beneficios de la promoción de inversiones que otorga la Comisión de Aplicación de Proyectos de Inversión (COMAP), creada por la Ley 16.906. Para acceder a las mismas, deberán presentar cada proyecto antes del 31 de diciembre de 2017. En tanto, las obras deberán ejecutarse antes de 31 de diciembre de 2019.

El plazo se definió así, explicó el ministro interino de Economía, porque este tipo de emprendimientos requieren en promedio un período de construcción de unos 30 meses. “Analizamos la situación y entendemos que el plazo es razonable para presentarlos y ejecutarlos”, aclaró.

Los beneficios incluyen la exoneración de los tributos a la importación de equipos, máquinas y materiales destinados a la obra civil, siempre que hayan sido declarados no competitivos con la industria nacional; la exoneración del Impuesto al Patrimonio para la empresa que realiza la actividad, que será de ocho años para los proyectos que se realicen en Montevideo y de 10 años si se realizan en interior del país.

Asimismo, se definen franjas de exoneraciones para el Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE). En los proyectos que se ubiquen entre 15 millones de dólares (mínimo para acogerse) y 25 millones de dólares, el 20% de la inversión realizada sea tomado en cuenta como exoneración del IRAE; en la segunda franja, que se ubica entre 25 y 35 millones de dólares, la exoneración pasa al 25% y, en los proyectos que superan los 35 millones de dólares, el beneficio se ubicará en el 30%.

Se determinó además que al menos un 20% de la obra construida esté destinada a servicios de uso común, los que suele requerir mano de obra permanente. En todos los casos, si los proyectos no superan el 50% de ejecución al 31 de diciembre de 2019, el beneficio será cero.

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La Intendencia de Montevideo enviará un proyecto de decreto con modificaciones al Presupuesto Departamental a la Junta Departamental. Entre otros cambios, el documento aumenta un 100% el impuesto de Contribución Inmobiliaria de viviendas vacías.

En la actualidad se estima que hay unas 250.000 viviendas desocupadas en el país, 48.000 de las cuales están en Montevideo (según el censo 2011). Esto preocupa a los ciudadanos, que desde 2009 reclaman en la Defensoría del Vecino que el abandono de inmuebles es perjudicial para la seguridad del barrio y la salubridad pública.

El deterioro acumulativo de viviendas abandonadas causa perjuicios a las casas vecinas por el pasaje de humedades, filtraciones y rajaduras. Sin un propietario que se haga responsable, los vecinos perjudicados no pueden reclamar los daños de sus propios hogares. Además, como señala la campaña Aquí podría vivir gente, “las viviendas desocupadas podrían no sólo revitalizar los barrios, sino darle una solución habitacional a personas que no han tenido la suerte de usufructuar su derecho a la ‘vivienda decorosa’”.

 

Proyecto con modificaciones

Para hacer frente a la problemática de las viviendas desocupadas, la Intendencia de Montevideo enviará a la Junta Departamental un proyecto de decreto con modificaciones al Presupuesto Departamental que regirá a partir del 1° de enero de 2017, según publicó el diario El País.

Entre otras medidas, el documento aumenta en un 100% el impuesto de Contribución Inmobiliaria de las viviendas ubicadas en la zona urbana y suburbana del departamento que estén deshabitadas por un período mínimo de un año.

La comuna capitalina considera como “propiedad deshabitada” toda aquella vivienda que, por un lapso de un año, tengan consumos de energía eléctrica y/o agua inferiores en un 90% “al promedio histórico de consumo para dicha vivienda”. De todas formas, la Intendencia aclara que las viviendas que tributan el Impuesto a la Edificación Inapropiada no serán gravadas con este adicional. Otra de las modificaciones del proyecto de decreto es crear el “Fondo Rotatorio de Veredas”, un fondo que se nutrirá con recursos de la Intendencia, transferencias y donaciones destinadas a las obras de reparación de veredas.

El sistema de fondo rotatorio comenzó a aplicarse durante la gestión de Ana Olivera para obras puntuales, e implica que el monto de las reparaciones reintegrado por los vecinos se destina a reparación de nuevas veredas.

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El Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (Fonavi), con una dotación anual de 200 millones de dólares, lo cual implica concretar la meta de 88.000 intervenciones diversas en el sistema urbano nacional, tiene como objetivo construir 23.500 viviendas con inversión pública, de las cuales casi 50 % se realizará por el sistema cooperativo, según dijo el director nacional de Vivienda,  Salvador Schelotto.

En este contexto, Schelotto afirmó que la política nacional de vivienda y hábitat que se reconfiguró a partir de 2005 fue sobre la base de recuperar algunas de las definiciones conceptuales que estaban contenidas en la Ley Nacional de Vivienda de diciembre de 1968.

“En la década del 90 habían sido dejadas a un lado las pautas de esa ley 13.728 y se crearon estándares diferenciales desde el punto de vista de la calidad de la vivienda y de las superficies y se abandonó, en los hechos, el concepto de vivienda adecuada”, agregó el director nacional de Vivienda. También se refirió al rediseño institucional del Sistema Público de Vivienda y a un rol más activo del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). “Ese proceso de reconfiguración de la política de vivienda implicó un rediseño institucional del Sistema Público de Vivienda con la creación en 2008 de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), una de las grandes innovaciones del período, que supuso la recuperación del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que estaba literalmente fundido y ya no otorgaba créditos, lo cual es precisamente su misión”, añadió el jerarca.

Este proceso de reorganización estructural de todo el sistema público implicó la participación de otros organismos, y que el Ministerio de Vivienda, se constituyera en el órgano rector y la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) en un actor especializado que funciona en una lógica sistémica que se expresa en un Plan Quinquenal de Vivienda.

El primer Plan Quinquenal se implementó en el período 2005-2010; el segundo entre 2010 - 2015; y el tercero se está aplicando en este período de Gobierno hasta 2020. “El mismo recoge los aprendizajes e incorpora algunos elementos nuevos que permiten ir adecuando y perfeccionando algunas de las diversas líneas de trabajo”, dijo el funcionario.

El Plan Quinquenal de Vivienda supuso un crecimiento de la inversión en términos absolutos y relativos. “La Dinavi es la unidad ejecutora de la Administración Central que tiene el mayor volumen de ejecución de rubros de inversión”, precisó.

Schelotto también hizo referencia al Fonavi, que se ocupa de la construcción y el desarrollo de infraestructura necesaria como el saneamiento, drenajes urbanos, vialidad interna y externa de los complejos, alimentación de agua y energía eléctrica.

 

Cooperativismo 

El Fonavi tiene una dotación anual de, aproximadamente 200 millones de dólares, y de 1.000 millones de dólares en el quinquenio, con crecimiento en 2015, 2016 y 2017, y con una actualización desde el punto de vista de la recuperación de dineros por el repago de los créditos otorgados.

“Estos volúmenes de dinero son importantes para el Uruguay, para el presupuesto nacional y para los gastos del Estado, pero son relativamente irrisorios en relación a las demandas y a las necesidades, y los costos de estas intervenciones”, indicó. Precisó asimismo que la meta es de alcanzar aproximadamente las 88.000 intervenciones diversas en el sistema urbano habitacional.

Explicó que dentro de ese conjunto de intervenciones, la construcción de vivienda nueva, con inversión pública, está establecida en 23.500 unidades en el período, de las cuales casi el 50% serán  producidas por el sistema cooperativo. Consideró que este sistema, tanto en su modalidad de ayuda mutua como de ahorro previo, multiplica los recursos que se aplican a la vivienda.  La inversión pública representa 85% y el esfuerzo propio ayuda mutua o ahorro es el restante 15%, que es realizado por las cooperativas.

El director de Vivienda subrayó que “el cooperativismo es un sistema muy eficiente que se despliega en todos los departamentos del país y que tiene, además, una distribución y alcance territorial que muchas veces no es cubierto por el sistema empresarial debido a los costos que implica el desplazarse a puntos muy alejados del territorio”, dijo Schelotto.

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