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A partir del 1º de marzo y hasta el 28 de abril, el MVOTMA mantendrá abierto el programa Financiación a Cooperativas de Usuarios para egreso de socios. El llamado habilitará a las cooperativas de usuarios a solicitar préstamos en unidades reajustables (UR) con garantía hipotecaria de esa cartera para restituir el capital social de quienes quieran retirarse.

Las cooperativas de todo Uruguay interesadas en inscribirse en este programa deberán presentarse en la oficina de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), en Montevideo, entre el 1º de marzo y el 28 de abril, con la documentación establecida.

Este llamado habilitará la presentación a cooperativas de usuarios por ayuda mutua o por ahorro previo que estén interesados en solicitar un préstamo en UR con garantía hipotecaria del Ministerio de Vivienda para restituir el capital social de socios que egresen.

 

Capital social

El programa prevé financiar este año el capital social de hasta 100 cooperativistas que egresen, y cubrirá como máximo el 85% de lo que se deba restituir a cada socio. Para participar, las cooperativas deberán presentar un listado de socios aspirantes a ingresar al grupo cooperativo.

Los interesados pueden conocer dónde se encuentran las viviendas disponibles a través de la Federación Cooperativa de Viviendas de Usuarios por Ahorro Previo (Fecovi) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).

El MVOTMA indica que, para las cooperativas que hayan culminado la amortización del préstamo principal, los préstamos tendrán un plazo de amortización de 25 años en UR y a 5% de interés anual, y podrá aplicarse la modalidad de subsidio a la cuota vigente. Asimismo, para las cooperativas en proceso de amortización de un préstamo principal obtenido bajo la reglamentación 1994 o anterior, los préstamos tendrán un plazo de amortización de 25 años en UR y se mantendrá el beneficio a la tasa de interés por concepto de buen pagador en caso de corresponder.

 

Requisitos

Para realizar la solicitud, las cooperativas deberán tener Certificado de Regularidad vigente a la fecha de la presentación, haber iniciado su proceso de amortización en fecha anterior a 2007 y el valor de tasación de las viviendas de la cooperativa no podrá ser superior a 2.050 UR para viviendas de dos dormitorios, 2.500 UR para las de tres y 3.100 UR para las de cuatro dormitorios, a valores de la UR de agosto de 2016.

Las cooperativas deberán presentar un listado de aspirantes a socios cuyo número sea igual al de los socios que egresen y una cantidad de suplentes no inferior a 50% de los aspirantes titulares. A su vez, la cooperativa no podrá variar las familias a ingresar en sustitución de los socios que egresan sin la autorización previa del Ministerio de Vivienda.

Por su parte, los aspirantes a socios deberán contar con ingresos familiares líquidos legales de hasta 60 UR con valor a diciembre de 2016 y ningún integrante del núcleo familiar podrá haber tenido una adjudicación anterior de vivienda por parte del Ministerio, con excepción de la garantía de alquiler, condición que no aplica a hijos de destinatarios y cónyuges con divorcio o separación de bienes.

El Ministerio indica que, si la vivienda es parte de una cooperativa en proceso de amortización cuyo préstamo principal haya sido obtenido bajo la reglamentación 1994 o anterior, el aspirante a socio deberá demostrar capacidad de pago de la cuota de amortización correspondiente a la vivienda a la que aspira.

En ese caso, la cooperativa será responsable de corroborar esta condición, ya que el incumplimiento de pago no dará lugar a subsidios adicionales. Los aspirantes deberán aportar 15  del capital social del socio que egresa. La verificación de este ahorro se realizará en el momento de la escrituración del préstamo.

En caso de que la cantidad de socios a egresar exceda el número de 100 para el total de cooperativas habilitadas a presentarse, se conformará un orden de prelación en el que se comenzará con las cooperativas que tienen mayor antigüedad en el inicio del proceso de amortización de su préstamo principal.

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Los ministerios de Vivienda, Defensa Nacional y la Intendencia de Canelones, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, inauguraron las primeras 28 viviendas de un proyecto que regularizará las residencias de 280 familias y beneficiará a 1.000 personas en forma directa. El proyecto comprende la construcción de instituciones educativas, una seccional y un polideportivo en Toledo.

El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, afirmó que dentro del Proyecto del Plan de Mejoramiento Barrial denominado San Felipe-La Capilla, con financiación de la Dirección Nacional de Vivienda y el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se regularizará un total de 280 familias.

Rucks explicó que, debido a inundaciones, precariedad habitacional o contaminación, las construcciones se realizan en este predio del Ministerio de Defensa Nacional ubicado en la calle Las Tropas y calle pública 17 metros, entre Adrián Medina y Eusebio Valdenegro.

En esta primera etapa se entregaron 28 viviendas, 16 de dos dormitorios y 12 de tres dormitorios, cuya construcción se concretó en un año. Está planificada la edificación de un Centro de Atención a la Infancia y la Familia, una seccional policial, una escuela, un instituto técnico de la Universidad del Trabajo del Uruguay, un liceo y un centro polideportivo.

Asimismo, se construirán más viviendas para 86 familias, además de 50 núcleos habitacionales para funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. En tal sentido, el subsecretario de esa cartera, Daniel Montiel, dijo que las obras se realizaron en régimen de comodato y que la inauguración de la jornada es el principio de otros proyectos que constituyen una integración de acciones del Estado.

El plan abarca a 280 familias y llegará a un total de 1.000 personas, que serán beneficiarias directas. En ese contexto, los servicios, las mejoras y los equipamientos favorecerán a toda la localidad de Toledo.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y la directora de Vivienda, Silvana Nieves, hablaron del trabajo social desarrollado con los vecinos. El proyecto incluyó el análisis detallado de reglas de convivencia en las edificaciones y espacios comunes y la definición de la ocupación de las casas de acuerdo al número del núcleo familiar y  a los espacios públicos. “Este trabajo posibilitó una gran participación de los vecinos, porque sin el 70% de aprobación de los mismos no se llevan a cabo gestiones que afecten a todos”, dijo Orsi.

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El pasado jueves 24 de noviembre se realizó el Encuentro Nacional de Ordenamiento Territorial, denominado “¿Qué gestión territorial para qué ciudades?” con la participación de autoridades del MVOTMA y sus equipos, las delegaciones de las diecinueve intendencias y técnicos especializados.

El propósito del encuentro fue pensar cómo gestionar los territorios para desarrollar las ciudades de las próximas décadas, de forma que se capten las oportunidades que acompañen el desarrollo del país, se reviertan problemáticas ambientales y se generen mejores condiciones para la vida de sus comunidades.

 

Uruguay 2030

En la apertura, la titular del MVOTMA Eneida de León, hizo referencia a que “nosotros tenemos un ministerio complicado por las diversas y sensibles áreas que debemos atender, pero me estoy dando cuenta de que todos los temas son transversales. Debemos lograr un gobierno de cercanía entre el gobierno nacional, las intendencias y los municipios. Son políticas de muy largo plazo, debemos pensar el Uruguay del 2030, del 2050: pensar en vivienda, pero también pensar en la ciudad, en el cambio climático. Lo venimos haciendo, venimos mejorando, pero no es suficiente”, señaló la secretaria de Estado.

En este contexto, dijo que “el gran desafío es cómo trabajar en conjunto y cómo hacer para llegar más lejos en nuestros objetivos. Esto de `gobierno de cercanía´ parece un eslogan, pero es una política de Estado prioritaria para el país y el gobierno. Para ello queremos que haya más participación. Debemos hacer que la gente conozca y se involucre más en los temas del Ordenamiento Territorial (OT) porque influyen directamente en su calidad de vida”, concluyó De León.

Por su parte, el director nacional de Ordenamiento Territorial José Freitas, reconoció el ámbito de este encuentro como “un espacio idóneo para encontrarnos, intercambiar experiencias y avanzar innovando, en procura de hacer mejor las cosas. Si bien en general en Uruguay los acontecimientos no se sucede con el vértigo de otros países, en lo que va del siglo XXI se han producido cambios muy importantes: como el cambio en la matriz productiva y el cambio en la matriz energética que nos desafía a pensar y gestionar el territorio de otra manera. Doscientos años de ocupación del territorio comienzan a mostrar sus efectos en el ambiente y muy particularmente en la calidad el agua y estas circunstancias nos reclaman celeridad y efectividad en la respuestas”.

Freitas también hizo referencia a las problemáticas dadas a raíz de las formas de ocupación del territorio y destacó que “la expansión de la mancha metropolitana” muestra un crecimiento de las ciudades sobre sus bordes no consolidados.

 

Planificación

Al mismo tiempo, señaló la importancia de observar el cambio en la estructura de los hogares, que no necesariamente implican más población, y afirmó que cuando se habla y se piensa sobre la planificación y la gestión de las ciudades y el territorio es fundamental tener en cuenta estos “cruciales aspectos”.

“Claramente la gestión tiene nuevos desafíos, algunos de larga data como los antes mencionados y otros que derivan de estos, como las dinámicas reflejadas en las ciudades intermedias. En estos enclaves estamos reproduciendo algunos modelos patológicos de expansión con precarización o segmentación socioespacial y debemos poner el foco, especificó el jerarca que interpeló a pensar cómo amortiguar y redireccionar estas dinámicas”, afirmó el director nacional de Ordenamiento Territorial.

Al respecto, explicó que Uruguay cuenta hoy con más de sesenta instrumentos de ordenamiento territorial (IOT) que establecen un modelo territorial, pero que no se puede esperar a que surjan efecto, sino que es necesario preguntarse cómo gestionarlos. “Este encuentro nacional es justamente para eso, y para catalizar las inquietudes de los distintos equipos departamentales de Ordenamiento Territorial, en coordinación con actores claves como Dinavi, Dinagua, Dinama y la OSE, entre otros”, enfatizó Freitas.

Finalmente resumió su visión en tres enfoques claves: el acceso y permanencia al suelo y a los inmuebles urbanos, el abordaje definitivo de las demandas derivadas de la precariedad socioambiental y territorial; y el fortalecimiento de la iniciativa pública de forma de que aumente sus capacidades para construir ciudad en alianza con el sector privado, a partir de la coordinación y no supeditados a su lógica.

 

Intervención territorial

También se desarrolló un panel sobre Desarrollo Urbano en el que intervinieron la arquitecta Alicia Artigas, el ingeniero agrónomo Jorge Franco y el doctor Manuel Quíntela en el que hablaron desde su experticia sobre la temática.

El panel fue el disparador del trabajo en subgrupos desarrollado en modalidad taller. La propuesta consistió en la evaluación de casos hipotéticos de intervención en el territorio que implicaban su gestión. Para ello, se trabajó en base a la aplicación de diferentes herramientas de gestión propuestas en la Ley de Ordenamiento. Este taller también actuó como cierre de todo un proceso de capacitación sobre herramientas de gestión desarrollado durante 2016, promovido por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

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El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) informó a empresarios de la construcción que se modificará el régimen de topes a los precios de las viviendas de interés social, promovidas dentro de la ley 18.795, aprobada en agosto de 2011, que brinda exoneraciones fiscales.

Luego de varios cuestionamientos de empresarios de la construcción, el Poder Ejecutivo decidió cambiar las pautas de los topes al precio de venta  que habían sido adoptados en junio del 2014. Los empresarios entendían que el tope de 25% para Montevideo y el 100% para el resto del país, obstaculizaba la venta de las viviendas y desalentaba la inversión. A partir del 1ro de enero de 2017, el tope se aplicará para el 10% de las viviendas construidas en Montevideo, por lo que el 90% restante quedará liberado, y para el 20% de las unidades construidas en el interior del país, quedando libres el 80% restantes. No será el único cambio ya que las viviendas de interés social  pasarán a denominarse “viviendas promovidas”.

 

Beneficios

Como se recordará, luego de aprobada la ley en agosto del 2011, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,  incorporó en julio de 2014 los topes de precios que fijan el valor máximo en que pueden venderse las viviendas. Luego de esto, bajó 49% el número de proyectos de interés social presentados según la revista Propiedades.

Los beneficios tributarios para los inversores de las viviendas bajo esta modalidad abarcan, por ejemplo, la exoneración de las rentas derivadas de la primera enajenación y del IVA sobre esa transacción, así como de los impuestos al Patrimonio y a las transmisiones patrimoniales.

“Las modificaciones resueltas procuran contemplar algunos reclamos del sector privado a la vez que incluir con nuestras políticas a los sectores bajos, medios bajos y medios que han presentado dificultades en el acceso a una vivienda adecuada, mediante la aplicación de una potente herramienta como lo es el subsidio a la cuota conjugado con el crédito hipotecario”, detalló el MVOTMA.

 

Otros cambios 

También se informó que se realizó “una revisión general del sistema para mejorar el alcance de la política y recoger la experiencia del camino recorrido”, con el objetivo de “incrementar la inversión en vivienda” por sus impactos en la economía, el empleo y stock habitacional.

El MVOTMA se hará cargo de la comercialización de una parte de las viviendas construidas por privados amparadas en este régimen, buscando que las familias de ingresos bajos y medios bajos puedan adquirir una solución habitacional, que será de un dormitorio y abonando una cuota se podría llegar hasta 10.000 pesos. Esto se hará a través del subsidio a la cuota, según  informó el semanario Búsqueda. Si la cartera de Estado no logra colocarlas en determinado plazo las viviendas volverán a quedar a disposición del promotor de la obra sin tope de precio, señaló.

Actualmente los inmuebles construidos con exoneraciones de impuestos están siendo adquiridos por familias de los deciles de ingreso siete u ocho, pero no del cinco al que apuntara llegar el MVOTMA en el futuro.  También se presentó el calendario de licitaciones previstas para 2017, que junto a las de 2016 suman una inversión de US$ 230 millones entre viviendas nuevas y reciclaje.

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El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), anunció que la producción de vivienda nueva, incluidos reciclajes para la población activa, será en cinco años de 3.500 viviendas y para la población pasiva en la misma modalidad será de 1.200 viviendas, lo que suma un total de 4.700 viviendas. A esto hay que agregarle el compromiso del sistema cooperativo de ejecución y  financiamiento de 10.000 viviendas en el período 2015 -2019.

Tras el anuncio, Del Constructor dialogó con el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, quien se refirió a las nuevas viviendas proyectadas por el gobierno para este quinquenio. “Esto está comprometido como meta en el Plan Quinquenal de Viviendas que fue elaborado en el primer semestre del 2015, con la participación de actores vinculados a la vivienda y en particular  a la industria de la construcción.  Una vez  que se cerró esa propuesta, se incorporó al Presupuesto Nacional que fue votado. Hay un artículo del Presupuesto Nacional que así lo dice y en el documento, en el resumen final donde hay un cuadro de metas y de cuantificación de algunos indicadores, aparece como meta de construcción de viviendas bajo determinadas características y contratos con empresas  constructoras, aparecen las metas para el quinquenio”, sostuvo el jerarca.

Consultado sobre la situación actual de vivienda, Schelotto dijo que el déficit habitacional está en un contexto “más amplio”. “Hay diferentes criterios técnicos y esto ha sido objeto de discusión durante décadas. Cuando se estima por un lado el déficit cuantitativo y cuántas unidades hay que agregar al stock, y por otro lado se estima el déficit cualitativo y qué intervenciones hay que realizar sobre el stock para que la vivienda sea adecuada, tanto por  problemas vinculados con la característica del hogar, sea metraje, cantidad de habitaciones, o porque hay problemas con las instalaciones, se hace una evaluación que tiene que ver con el contexto urbano y territorial más amplio. El problema de la vivienda no es un problema de construir vivienda nueva. Si bien es cierto que en parte debe ser respondido a través de la incorporación de nuevas unidades, también deber ser respondido a través de otras acciones, que son las que están contempladas en  el plan, como intervenciones en el stock y rehabilitación urbana, por ejemplo”, dijo a Del Constructor.

En este contexto, se refirió a las viviendas que están deshabitadas o  en desuso en Montevideo. “El programa más exitoso que tenemos y que menos recurso consume es el de préstamo para rehabilitación. De esta manera, las familias que no acceden a un crédito en otro sistema, acceden a un crédito blando y pueden hacer mejoras en sus unidades de vivienda.  Esto permite justamente adecuar una vivienda que puede tener  algún problema estructural y mejorar su condición”.

 

Vivienda y trabajo

Sobre la cifra que se maneja en cuanto a viviendas deshabitadas, se calcula que en Uruguay existen unas 250.000 viviendas desocupadas, 46.000 de las cuales se encuentran en Montevideo, el jerarca dijo que “la cifra está un poco sobre dimensionada. Los criterios de contabilización de censo no son necesariamente criterios que deban ser aplicados al análisis de esta problemática. El encuestador toma determinada información pero después debe ser verificada. No quiere decir que porque en una o dos visitas  no encuentre a nadie en la vivienda esta esté desocupada. Hay viviendas que están abandonadas y en algunos casos están claramente identificadas porque no hay propietarios conocidos. En otros casos, ocurre hay lo que se llama una desocupación ficcional, porque están en proceso de compra-venta o de arrendamiento. También hay que descontar las viviendas de temporada. Después hay un universo intermedio que son situaciones de deterioro manifiesto, pero no quiere decir que no haya propietarios ni responsables sobre ese bien. En este caso, claramente tiene que estar articulado con políticas municipales y departamentales. Lo que digo es que a veces hay expectativas  un poco desmesuradas sobre ese activo que tiene la sociedad”, afirmó Schelotto.

El responsable de la Dirección Nacional de Vivienda estimó que la realización de viviendas de dos dormitorios con un promedio de 60 metros cuadrados generará dos millones de jornales de trabajadores para la industria de la construcción. “Es un volumen importante y un desafío para todos los actores de la industria, en cuanto a ejecución de programas de inversión y la generación de ocupación”, apuntó.

 

Cooperativas de vivienda 

Schelott también hizo referencia a las obras del sistema cooperativo que comprometieron la ejecución y el financiamiento de 10.000 viviendas en el período. Al respecto, sostuvo que “es muy importante, no solo en términos cuantitativos, porque se generan programas de viviendas de calidad, con buena inserción urbana y con buena articulación con el entorno.

El jerarca agregó que esta meta está muy avanzada lo que, consideró, implica “un derrame hacia los sectores, tanto profesionales que están incorporados a los institutos de asistencia técnica como empresariales de proveedores e insumos para la industria, subcontratos, servicios y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la mano de obra, que también las cooperativas contratan”.

En otro orden, el director nacional de Vivienda señaló que están abiertas las convocatorias para la construcción de 470 viviendas para activos y pasivos en 11 departamentos del país que son Artigas, Canelones, Colonia, Florida, Paysandú, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres; más 140 en el resto del interior

“Están abiertas las convocatorias para la construcción de 470 viviendas para activos y pasivos en 11 departamentos del país que son Artigas, Canelones, Colonia, Florida, Paysandú, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres; más 140 en el resto del interior”. 

La convocatoria a un grupo de ellas será antes de fin de año y la segunda a fines de febrero, en la modalidad de proyecto–precio para viviendas que se construirán en zonas urbanas centrales y consolidadas en cuanto a servicios en Montevideo y en algunas ciudades del interior.

 

Convocatoria

En tal sentido, dijo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) tiene por objetivo convocar a una licitación en octubre para la construcción de 350 viviendas, y en febrero del próximo año se completará este primer ciclo con la convocatoria para la edificación de 380 intervenciones habitacionales.

Agregó que, el ministerio acordó con la Intendencia de Montevideo algunas condiciones urbanísticas y de aprovechamiento de predios que permitirán que algunos llamados se realicen antes de fin de año, tanto para obra nueva como de reciclaje para activos y pasivos.

Afirmó que la reunión, realizada el pasado martes30 de agosto, tuvo por objetivo profundizar el diálogo con los representantes del área de la construcción con el objetivo de optimizar los compromisos del Estado y de los actores del sector privado.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Actos de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), donde particparon la titular de la cartera, Eneida de León, y el subsecretario Jorge Rucks, además de técnicos del MVOTMA..

Por último, el director dijo que al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sostuvo que al organismo le interesa mejorar la calidad de las viviendas, independientemente de quién sea el destinatario, ni su nivel de ingresos económicos, pero sí tomar en cuenta las necesidades de las familias, así como la revalorización del proyecto arquitectónico y su localización en el proyecto urbano de las ciudades.

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