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El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, adelantó que la ruta 8 será extendida desde el kilómetro 310 hasta la capital de Cerro Largo, Melo, con recursos ministeriales a través de la Corporación Vial del Uruguay. Además, existe la posibilidad de avanzar en las obras para la ruta 98 en conjunto con la intendencia local y la OPP. Añadió la ruta 17 a las prioridades en materia vial.

“A lo largo del período de gobierno se notará que vamos a ir mejorando la calidad de las rutas”, afirmó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, el domingo 13, un día antes del Consejo de Ministros en Santa Clara de Olimar, en Treinta y Tres. Resaltó la conexión entre las rutas 7 y 8 que, según dijo, no está lejos de concretarse, y es “un tema de administración de recursos”. Además,  Rossi confirmó la extensión desde el kilómetro 310 hasta Melo, una obra que forma parte de la reforma de la ruta 8, que  calificó como un proyecto “muy grande”. La extensión se realiza con recursos del ministerio a través de la concesión con la Corporación Vial del Uruguay, que para 2017 tiene previsto 306 millones de dólares de inversiones en 132 proyectos.

Añadió que existe la posibilidad de avanzar en las obras para la ruta 98 junto a la intendencia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). “Tenemos clara conciencia de las dificultades en la ruta 7”, agregó, respecto al tramo desde Cerro Chato a Melo, donde hay trabajos en puentes y cruces.

En relación a la ruta 17, advirtió que “no estaba en las prioridades” pero se deterioró a causa del tránsito de camiones que llevan materiales a un “importante emprendimiento” de viviendas de Mevir. “Vamos a tratar de mantenerla; y cuando termine las viviendas, en los planes de distribución de recursos del año 2018-2019, meteremos la recuperación de esa ruta”, dijo.

Por mecanismo de participación público privada se desarrolla la obra en ruta 14, en el tramo que termina en Sarandí del Yí, donde el 30 de noviembre se recibirán las ofertas. El segundo tramo “es más complejo”, ya se está preparando para permitir la salida de Sarandí del Yí, pasando por José Pedro Varela hasta Rocha.

El puente Mauá o en canal de San Gonzalo, que une las lagunas De Los Patos con Merín, los puertos de la Charqueada y Tuyutí y el dragado del río Cebollatí fueron otros tópicos en los diálogos que mantuvo con los vecinos olimareños.

Sobre la Charqueada, Rossi recordó que el ministerio otorgó las autorizaciones y que el empresario responsable que esté dispuesto a hacer las obras “no encontrará obstáculos del gobierno”.

En otro orden, propuso una agencia especializada para agilizar trámites de obras por participación público-privada (PPP).  “Instaurar una agencia especializada, basada en la experiencia de la Corporación Vial del Uruguay,  para asegurar la gestión y la realización de la obras de participación público-privada ayudaría a definiciones más precisas y ágiles”, expresó.

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El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVTOMA) prevé invertir el equivalente a 86 millones de dólares en la construcción de 944 viviendas nuevas en 12 departamentos del país.

Se estima que la inversión insumirá de forma directa unos 350.000 jornales de trabajadores de la industria de la construcción.

De acuerdo a datos aportados por la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI), en los meses de noviembre y diciembre, el ministerio recibirá ofertas para construir unas 944 viviendas nuevas en la modalidad proyecto-precio-terreno, en las que el oferente aporta el predio donde serán construidas; y de proyecto-precio en las que el predio es aportado por el propio Ministerio de Vivienda.

De estas 944 viviendas, 550 serán construidas en la modalidad proyecto-precio-terreno y 394 en proyecto-precio. Asimismo, 690 de las viviendas por construir serán asignadas por llamados públicos instrumentados por la Dirección Nacional de Vivienda y 254 serán destinadas a beneficiarios del Banco de Previsión Social.

El MVOTMA estima una inversión total de 86 millones de dólares para este conjunto de llamados, que en promedio insumirá, de forma directa, unos 350.000 jornales de trabajadores de la industria de la construcción. La secretaría de Estado informó que los pliegos de los llamados fueron ajustados y modificados a partir de la consideración de sugerencias y propuestas de profesionales y empresas del área de la construcción. Asimismo, anuncia que en febrero se publicarán nuevos llamados a licitación.

Entre las licitaciones público-privadas previstas, el Ministerio de Vivienda estima la construcción en el barrio Aguada de Montevideo de 65 viviendas para pasivos y otras 160 para activos; y en el barrio La Unión, unas 40 más para activos.

También en la capital, pero en el barrio Sur se harán 15 intervenciones habitacionales para pasivos; en la Ciudad Vieja serán 20 viviendas para pasivos y en la Aguada unas 45 para el mismo grupo poblacional. A este cronograma se agrega la licitación de unas 140 viviendas más en Montevideo para activos y pasivos.

En la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, se construirán unas 30 viviendas para activos y en Young otras 19 para el mismo grupo poblacional. En Las Piedras y La Paz, Canelones, se harán 30 viviendas para activos y en Florida unas 40 e igual número en San José, Paysandú y Salto.

En el departamento de Soriano se edificarán 20 viviendas al igual que en Tacuarembó, donde se edificarán 20 para pasivos y 20 para activos.

Además se construirán 20 viviendas para pasivos en Paysandú y otras 20 en Treinta y Tres. En tanto, en Colonia del Sacramento serán 40 viviendas, mientras que en la ciudad de Rosario serán 20 viviendas. En Bella Unión está prevista la construcción de 20 viviendas.

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La actividad en la industria de la construcción seguirá incambiada, al menos es lo que se espera hasta el segundo semestre del 2017. Si bien no decaerá la actividad, el crecimiento no será el pronosticado para el segundo semestre de este año. Así lo expresó el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Ignacio Otegui en entrevista con Del Constructor. “No creemos que la situación se agrave en lo que queda del año. Tenemos expectativas que empiece a mejorar en el segundo semestre del 2017 “, afirmó.

Durante la charla, el empresario se refirió a la situación en la región –y cómo podría impactar en nuestro país- sobre todo a partir de la “Ley del blanqueo”  impulsada por el gobierno argentino y al anuncio de una tercera planta de celulosa en Uruguay. Sobre este último punto, se mostró cauteloso.  “El tema es si tenemos la capacidad de diseñar, montar y poner en marcha dos obras de gran porte –la vía férrea y un puerto- además de la tercera planta de celulosa, en un año.  Nadie va a invertir cuatro mil millones de dólares en un país, sino tiene garantizado el acceso al puerto”, sostuvo Otegui.

 

¿Cómo se encuentra hoy la industria de la construcción?

La segunda mitad del año viene transcurriendo casi igual que la primera. En consecuencia no hay un incremento notorio en la actividad, apenas un 2% o 3%, lo que significa entre 1.500 y 2.000  puestos de trabajo a nivel nacional. Esa es la oscilación que ha tenido en los últimos meses, con lo cual no hay recuperación, pero se frenó, en teoría, la caída. La realidad es esa. La percepción que nosotros tenemos es que esto va a seguir así hasta el primer semestre del año que viene. Es decir, la industria va a continuar con los niveles de actividad que tiene hoy. Es probable que en el segundo semestres del año que viene empecemos a encontrar alguna incidencia un poco mayor de la obra pública y, eventualmente, también de la obra privada. En definitiva, el universo de la actividad del sector hoy es un 16% de obra privada vinculada a la vivienda, 27% de obra pública y el resto es obra privada no vinculada a la vivienda. Todos tienen que mejorar algo a los efectos de que la industria mejore en su contexto global.

 

Durante el 2015 había expectativas de que el sector se reactivara en este segundo semestre, lo que no ocurrió. Esto significa que hay un desfasaje en un reinicio fuerte de la actividad.

Esa es la impresión que tenemos, de un corrimiento de un año. El escenario externo es más complejo de los que habíamos pronosticado  hace un año y medio. Da la impresión de que Argentina va a incidir en algunos rubros más rápido que en otros. Por ejemplo, en el rubro turismo es probable que incida primero que en el rubro construcción.  Eso tiene una incidencia importante en el rubro vivienda,  pero va a demorar todavía. El otro rubro, que no está vinculado a la vivienda, que es la mayor parte del sector construcción,  más del 45%, está vinculado a todas las obras privadas, no vinculadas a la vivienda, que de alguna forma han pasado por la Comap, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.  Ahí tenemos la impresión de que hubo una baja, por eso la industria cayó en el 2015 de forma importante y en el 2016 es probable que tengamos una caída menor a la del 2015, y eso va a repercutir en el primer semestre del 2017.  Ahora todo este escenario de ajuste  y las condiciones  diferentes en la ley de presupuesto que fue aprobada ahora, también implica una reducción de la inversión pública. Por lo menos, significa postergar algunas obras  porque no hay con qué hacerlas. Esa es la realidad.

 

¿En qué se está generando expectativa dentro del sector?

Hay una expectativa importante en la participación pública privada, en la inversión privada en algunos segmentos de lo que  son la obra no vinculada a la vivienda  y en la vivienda. La obra pública va a hacer lo que pueda hacer el gobierno con sus propias finanzas, más lo que pueda sumar el sector privado.  Para eso necesitamos ciertas condiciones que se están estudiando y negociando. Creo que hay cosas que se van a lograr  con más trabajo del que nos imaginamos a priori y hay otras que cosas que no se van a poder lograr.

 

¿Cómo afectará esto en los puestos de trabajo?

Estamos en 47.800 puestos de trabajo, aproximadamente. Este año vamos a estar por debajo de los 50.000 puestos de trabajo, que es muy diferente a los 70.000 que teníamos en los momentos pico con Montes del Plata. Estamos hablando de 27.000, 28.000 trabajadores menos  en la parte directamente de obra.  Lo que hay que visualizar aquí es que las obras se van terminando, arrancan menos de las que se terminan y en consecuencia empieza a bajar el número de trabajadores.  Después empieza a descender el personal técnico de obra, luego comienza a bajar el personal administrativo  y no técnico de obra, y después empieza a bajar en las oficinas. Ese proceso se está llevando hoy adelante en la industria. En el sector se han sacado esos 28.000 trabajadores dentro de obra y no menos de otros 20.000 que estaban en otras áreas.

 

Lo que vendrá

La nueva planta de celulosa, en caso de concretarse, supondrá un envión para la reactivación de la industria.

Si se hace, sería para el 2018.  Se me ocurre que en Uruguay  existe materia prima suficiente como para imaginarse una tercera planta  de celulosa. Eso es así desde hace ya un tiempo. En qué momento se hace, en qué condiciones y quién la hace, dependerá del momento. Si usted quiere ubicar una planta cerca de Paso de los Toros y conoce el país, sabe que tiene un problema. Hay una infraestructura inadecuada, primero para arrimar la materia prima a la planta y segundo, y el más importante y grave, es asegurarse que de la planta pueda acceder al puerto para poder embarcar lo que se ha vendido.  Si no tiene eso garantizado, no puede construir la planta. Nadie va a invertir cuatro mil millones de dólares en un país, sino tiene garantizado el acceso al puerto. Se requiere, lo ha dicho el propio gobierno, una línea férrea de Paso de los Toros al puerto de Montevideo y ampliación del puerto para este tema específico.  Eso hay que hacerlo sí o sí antes de la inversión. Le repito, nadie va a invertir cuatro mil millones de dólares si el dueño de casa no le dice que la casa está en condiciones para invertir.

  

¿Esta infraestructura requerida deberá instrumentarse por PPP o solo con dinero del Estado?

Puede ser con PPP con capitales locales o extranjeros, también como país podemos conseguir préstamos con organismos internacionales que puedan financiar los dos proyectos. Los mecanismos pueden existir, el tema es si tenemos la capacidad de diseñar, montar y poner en marcha esas dos obras de gran porte, además de la tercera planta de celulosa, en un año. Estamos hablando que esto es para finales del 2017, a más tardar a comienzos del 2018 debe estar iniciada. Si no se solucionan esas dos cosas, difícilmente haya tercera planta de celulosa. Estamos hablando de una planta que va a producir lo que producen las otras dos juntas.

 

 En la región

A nivel regional tenemos la crisis política en Brasil, que seguramente repercutirá en el sector, y por otro lado cierta expectativa de los inversores en el gobierno de Macri en Argentina, que anunció la llamada “ley de blanqueo”. ¿Cómo cree que afectará este escenario en Uruguay?

Eso va a blanquear parte de los activos que los argentinos tienen acá, como pueden ser propiedades, lo cual es bueno para ellos.  Por un lado es una oportunidad que tienen ellos de blanquear dinero que no tienen declarado, el problema es cómo van a tratar esos capitales en el futuro, dentro de cinco o diez años, si es que la mantienen invertida afuera. Esa es la pregunta que se están haciendo, porque después que uno declara sus bienes no hay marcha atrás, hasta tanto no los venda y demuestre qué hizo con esa plata. O sea, es un capital que no está en el régimen visual y después de declarado pasa a ser visualizado. A nosotros esas cosas no nos inciden mucho. La plata que está acá de los argentinos es el cambio chico de lo que tienen en el exterior. Seamos sinceros: lo que nosotros vemos de los argentinos en el Uruguay es la caja chica. Quien crea que el Uruguay es el gran refugio del capital oculto de la Argentina, me parece que comete un error. Es cierto que ha tenido una incidencia mayor en los últimos años que en el pasado, porque al sector inmobiliario se le sumó el sector agrícola y ganadero con inversiones importantes. 

   

¿Pero está ley del blanqueo no busca el retorno de los inversores argentinos a su país?

Es probable que pueda ocurrir en alguna medida esto que usted dice. Pero van invertir siempre y cuando sea negocio. Y para que sea negocio hay que tener compradores y el problema del Uruguay es que somos tres millones trescientas mil personas. Punta del Este no es para los uruguayos. Los compatriotas que van a Punta del Este son la minoría. Punta del Este funciona así porque  tiene una afluencia de turistas argentinos, que además son propietarios, que es altísima. Debe haber cuatro argentinos por cada uruguayo. Esa es una lógica que hay que entenderla. Y esto no es de ahora, viene de la década del 50. Creo que las medidas que ha adoptado el gobierno argentino podrán tener en algún momento un resultado no favorable para Punta del Este, pero en la medida que haya venta de apartamentos, empiece de vuelta a haber negocios y se rompa el circuito de los buenos negocios en otros lados, como se está rompiendo en Estados Unidos, comenzará a funcionar.  Hoy, aunque no cueste decirlo, es más caro construir en Estados Unidos que en Uruguay. Claro, sigue siendo más barato construir en Asunción, donde han captado capitales uruguayos y argentinos

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Domingo, 25 Septiembre 2016 21:00

Construcción e inversión continúan cayendo

Según los datos divulgados por el BCU, la actividad de la Construcción cayó 5,1% en el segundo trimestre de 2016 respecto al mismo período de 2015, resultando en línea a lo que había anticipado el Índice Líder de la Industria de la Construcción (ILIC) que elabora el ceeic. Cabe señalar que la Construcción ya acumula seis trimestres consecutivos de contracción interanual de su actividad.

 

La contracción tuvo lugar tanto en el sector privado como en el sector público. En cuanto al primero, el BCU explica en su comunicado que, se debe al fin de las obras de la planta de pulpa de celulosa en el departamento de Colonia y a la menor actividad vinculada a la instalación de parques de generación de energía eólica. Mientras que en el segundo, la caída se asocia a menores obras vinculadas a la instalación de fibra óptica y de vialidad.

 

Por su parte, la inversión, medida como Formación Bruta de Capital Fijo, creció 16,7% respecto al segundo trimestre de 2015. Tanto el sector público (58,8%) como el sector privado (6.1%) presentaron un incremento en sus inversiones con respecto al segundo trimestre de 2015. En ambos casos, el desempeño se explicó por aumentos en inversiones en maquinaria y equipos, y reducciones en obras de construcción.

En definitiva, la Construcción registró nuevamente una contracción interanual en el segundo trimestre el año. Esta caída está asociada a la culminación de obras, y a una menor actividad como resultado de los factores climáticos, en especial en obras viales.

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El Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (Fonavi), con una dotación anual de 200 millones de dólares, lo cual implica concretar la meta de 88.000 intervenciones diversas en el sistema urbano nacional, tiene como objetivo construir 23.500 viviendas con inversión pública, de las cuales casi 50 % se realizará por el sistema cooperativo, según dijo el director nacional de Vivienda,  Salvador Schelotto.

En este contexto, Schelotto afirmó que la política nacional de vivienda y hábitat que se reconfiguró a partir de 2005 fue sobre la base de recuperar algunas de las definiciones conceptuales que estaban contenidas en la Ley Nacional de Vivienda de diciembre de 1968.

“En la década del 90 habían sido dejadas a un lado las pautas de esa ley 13.728 y se crearon estándares diferenciales desde el punto de vista de la calidad de la vivienda y de las superficies y se abandonó, en los hechos, el concepto de vivienda adecuada”, agregó el director nacional de Vivienda. También se refirió al rediseño institucional del Sistema Público de Vivienda y a un rol más activo del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). “Ese proceso de reconfiguración de la política de vivienda implicó un rediseño institucional del Sistema Público de Vivienda con la creación en 2008 de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), una de las grandes innovaciones del período, que supuso la recuperación del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que estaba literalmente fundido y ya no otorgaba créditos, lo cual es precisamente su misión”, añadió el jerarca.

Este proceso de reorganización estructural de todo el sistema público implicó la participación de otros organismos, y que el Ministerio de Vivienda, se constituyera en el órgano rector y la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) en un actor especializado que funciona en una lógica sistémica que se expresa en un Plan Quinquenal de Vivienda.

El primer Plan Quinquenal se implementó en el período 2005-2010; el segundo entre 2010 - 2015; y el tercero se está aplicando en este período de Gobierno hasta 2020. “El mismo recoge los aprendizajes e incorpora algunos elementos nuevos que permiten ir adecuando y perfeccionando algunas de las diversas líneas de trabajo”, dijo el funcionario.

El Plan Quinquenal de Vivienda supuso un crecimiento de la inversión en términos absolutos y relativos. “La Dinavi es la unidad ejecutora de la Administración Central que tiene el mayor volumen de ejecución de rubros de inversión”, precisó.

Schelotto también hizo referencia al Fonavi, que se ocupa de la construcción y el desarrollo de infraestructura necesaria como el saneamiento, drenajes urbanos, vialidad interna y externa de los complejos, alimentación de agua y energía eléctrica.

 

Cooperativismo 

El Fonavi tiene una dotación anual de, aproximadamente 200 millones de dólares, y de 1.000 millones de dólares en el quinquenio, con crecimiento en 2015, 2016 y 2017, y con una actualización desde el punto de vista de la recuperación de dineros por el repago de los créditos otorgados.

“Estos volúmenes de dinero son importantes para el Uruguay, para el presupuesto nacional y para los gastos del Estado, pero son relativamente irrisorios en relación a las demandas y a las necesidades, y los costos de estas intervenciones”, indicó. Precisó asimismo que la meta es de alcanzar aproximadamente las 88.000 intervenciones diversas en el sistema urbano habitacional.

Explicó que dentro de ese conjunto de intervenciones, la construcción de vivienda nueva, con inversión pública, está establecida en 23.500 unidades en el período, de las cuales casi el 50% serán  producidas por el sistema cooperativo. Consideró que este sistema, tanto en su modalidad de ayuda mutua como de ahorro previo, multiplica los recursos que se aplican a la vivienda.  La inversión pública representa 85% y el esfuerzo propio ayuda mutua o ahorro es el restante 15%, que es realizado por las cooperativas.

El director de Vivienda subrayó que “el cooperativismo es un sistema muy eficiente que se despliega en todos los departamentos del país y que tiene, además, una distribución y alcance territorial que muchas veces no es cubierto por el sistema empresarial debido a los costos que implica el desplazarse a puntos muy alejados del territorio”, dijo Schelotto.

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