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Con la llegada de obras de gran porte, la industria de la construcción mostró ciertas carencias en trabajos que requerían cierto grado de especialización por lo que, en algunos casos, se debió recurrir a trabajadores extranjeros.

El tema de la falta de capacitación, que está ligado a la productividad y a la competitividad,  sigue en el tapete, por lo que Del Constructor entrevistó al ingeniero Jorge Pazos, presidente del Fondo de Capacitación de la Construcción (FOCAP), quien además es Director Ejecutivo de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), para que explicara cuál es la situación en el sector. Desde los cursos tradicionales de albañilería hasta simuladores virtuales de Soldadura y Torres Grúa, Pazos explicó cómo se preparan los trabajadores ante los nuevos sistemas constructivos y los avances tecnológicos.

 

¿Cuándo fue instrumentado el Fondo de Capacitación y cómo funciona? 

El Fondo de Capacitación para obreros y empresarios de la Construcción (FOCAP), fue acordado en el Convenio Colectivo de 1997, refrendado por el Decreto del Poder Ejecutivo  227/97. Debido a diferentes circunstancias, administrativas en cuanto a la forma legal y a las crisis económicas, su concreción se vio postergada hasta la segunda mitad de la primera década del 2000. En el 2009 se comenzó con un Plan Piloto de capacitación y, desde entonces, unos 1.300 trabajadores se capacitan al año. La financiación del FOCAP, que es una asociación civil sin fines de lucro, se realiza a través de aportes de los empresarios (cada empresa aporta 0,8575%)  y de los trabajadores (un 0,3925%.) existiendo en los últimos años convenios específicos donde se logran importantes apoyos económicos. Su dirección bipartita contando con un Consejo Directivo formado por representantes de las gremiales empresariales y del  SUNCA.

 

Usted ya lleva tres presidencias en el FOCAP.

Es cierto, es mi tercera presidencia en el FOCAP, que tiene una Comisión Directiva integrada por seis representantes, tres del sector empresarial y tres del sindicato. El hecho de ser presidente, diría que es más nominativo que otra cosa. En la comisión se discute todo y las decisiones son tomadas por consenso. O sea, mi rol es más de representación hacia afuera. De hecho, el SUNCA tiene la Secretaría y discutimos, como decía, todos los temas. A los efectos del trabajo, es indistinto ser presidente o ser uno de los vocales, porque el FOCAP se creó como una institución para la capacitación de obreros, pero en la realidad los objetivos son más amplios. La  última evaluación de tarea y definición de perfiles del sector fue financiada por el FOCAP, porque nos da, además de todos los perfiles, las potencialidades para poder generar las curriculas necesarias para poder capacitar en todas las áreas del sector. Ese fue un trabajo que llevó dos años, donde trabajamos con Cintefor y OIT. También hacemos trabajos de investigación. Ahora estamos por hacer una  investigación sobre salud ocupacional, por ejemplo.  Si bien el foco es la capacitación, cuando aparece un estudio de este tipo, que el sector necesita, el FOCAP es el instrumento idóneo para poder trabajar en esos estudios. Obviamente que nosotros no generamos una estructura específica  para dichos trabajos, sino que nos apoyamos en estructura ya existentes.  En el caso de la investigación sobre salud ocupacional posiblemente lo hagamos con el Instituto Cuesta Duarte y la Facultad de Medicina.  El FOCAP lo que hace es tratar de conseguir los instrumentos y los apoyos para lograr los objetivos planteados, y a los efectos de no generar una súper estructura que después genere mayores costos y no se pueda mantener en el tiempo. Apuntamos a conseguir socios estratégicos para cada uno de sus estudios.  Por eso decía, que si bien la capacitación es el corazón, hemos venido haciendo otros tipos de estudios que le sirven, no sólo al FOCAP, sino a todo el sector. 

 

¿Cuántas personas acceden a dicho fondo?

Vale aclarar que para ser beneficiario de los Fondos de la Construcción es necesario ser aportantes a los mismos. Desde el 2009 hasta el momento se han capacitado casi 10.000 trabajadores en todo el país, lo que nos indica que entre 1100 y 1300 trabajadores se han capacitado por año. En los últimos años, hemos firmado convenios de apoyo con INEFOP donde se recibe por parte de este Instituto un apoyo económico importante lo que nos permite poder capacitar a un número mayor de trabajadores al año. Tenemos unos 60 docentes en todo el país y se imparten entre 70 a 90 cursos anuales. Además, por la ley 18721, y ante el pedido de los actores sociales, es decir gremiales empresariales y el SUNCA, INEFOP contrató y contrata como instructores a jubilados del Sector, los cuales se encuentran desarrollando capacitación en Programas Sociales para lo cual se apoya entre otros al Instituto Nacional de Rehabilitación, Mides y Plan Juntos.

 

¿Y cuáles son los objetivos de dicho fondo?

El FOCAP tiene como objetivo principal establecer las bases de un sistema sectorial de formación profesional que exprese la concreción de políticas de formación para la capacitación de los trabajadores y empresarios del sector. Es decir, posicionar a la formación como eje central, establecer los programas que desarrollen la transferencia de conocimiento y  la actualización tecnológica, así como los estudios y proyectos sectoriales que ayuden a concretar estos objetivos.

 

Capacitación y tecnología

 

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos en la industria de la construcción, ¿qué cursos se imparten para acompañar estos cambios?

En los comienzos,  para poder comenzar con el Plan Piloto, se diseñaron y se impartieron los cursos de Oficial Albañil, Herrero y Carpintero por ser los oficios tradicionales del sector. En la actualidad, se imparten Taller de Ingreso a la Industria, para aquellas personas que no tienen experiencia en el Sector, además de Medio Oficial Albañil, Medio Oficial Herrero y Medio Oficial Carpintero. También capacitación en: Pintura, Electricidad, Sanitaria y Soldadura. No obstante, hemos capacitado trabajadores para grandes emprendimientos como el de UPM, Montes del Plata y la de Hyundai, en Punta del Tigre, en lo que refiere a soldadores y andamistas. Esa capacitación la hacemos a requerimiento de esos emprendimientos que necesitaban gente calificada y en Uruguay y, si bien había, no en la cantidad que se necesitaban. También, a través de un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional y el Batallón de Ingenieros, venimos realizando cursos de maquinistas. Con respecto a la pregunta sobre la capacitación en nuevos sistemas constructivos, capacitamos en yeso y en Steel Framing. En los últimos cuatro años hemos implementado un curso de lectura de planos, que, además de la lectura tradicional de planos para que el trabajador pueda  trabajar con un croquis en obra, le incorporamos lectura de planos en CAD. Esto consiste en una primera parte de lectura de planos tradicional y después, en la segunda fase, es el trabajo con laptop donde el trabajador ve ese plano diseñado en una pantalla. De esta manera, si en algún momento se trabaja con una tablet en la obra, que él pueda ver el plano, manejarlo e identificar todo lo que tiene que hacer en una computadora.  Es un paso muy importante y ya tenemos tres equipos  de computadoras portátiles en todo el país. Esto ha funcionado muy bien. Hemos tratado de implementar, cada vez más, las nuevas tecnologías y tratar que el trabajador las vaya incorporando.   

 

Los grandes inversores se quejan de que no hay, o escasea, la mano de obra calificada.

La realidad a julio de 2017 es un poco diferente. En el 2013 teníamos 73.000 trabajadores en la industria y era evidente que había un número muy importante de gente que no era del sector. Hoy estamos en unos 45.000, lo que significa que hubo una depuración. No nos gusta que haya quedado gente sin trabajo, pero fue una depuración hasta lógica si se quiere. Y ha quedado mucho más personal de la industria, por lo cual hoy la capacitación va más al perfeccionamiento del trabajador y a tener una visión teórica más aplicada. Hay trabajadores, que si uno le sigue la curricula, han hecho tres o cuatro cursos. Además el FOCAP tiene una didáctica donde cada curso tiene su propio manual. El trabajador que realiza el curso que sea luego se lleva ese manual a su casa, lo que le permite rever y refrescar conocimientos, y seguir  chequeando con lo que hace cotidianamente.  Creo que la capacitación es importante a nivel nacional y no sólo en la industria de la construcción.  La capacitación técnica hoy en Uruguay es una carencia y no sólo en el sector de la construcción. Tal vez sea más visible en nuestro sector porque lo hacemos más público que necesitamos esa capacitación, pero lo cierto es que debería ser un tema de capacitación continua en todos los trabajadores de todas las áreas.  En el FOCAP tenemos dos metas en este sentido. Que el trabajador se forme por propia satisfacción y para que mejore, en segundo lugar, con el ingreso de nuevas tecnologías, la necesidad de que sigue aggiornándose a los tiempos que corren. Por ejemplo, el año pasado se desarrolló el Programa del Cursos para Delegados de Seguridad con el apoyo de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del MTSS, pero, además, creamos el área de aprendizaje mediante simuladores, para lo cual hemos incorporado dos simuladores de Soldadura y un simulador de Torre Grúa. Lo trajimos como plan piloto porque no sabíamos cómo iba a impactar en el trabajador, en el sentido si se iba a adaptar.  Y es otro mundo. Es una realidad virtual, donde el trabajador se pone ese casco y este en un taller virtual donde está soldando. Y tienen una ventaja no menor. En un área donde todos quieren hacer el curso de soldadura porque hay una demanda muy grande, no necesariamente todos tienen la habilidad manual para ser soldador. Este sistema detecta todas las fallas cometidas y si se tiene o no habilidades  para ese oficio, sin mayores costos. Se le da la tranquilidad al trabajador que puede practicar y cometer errores sin riesgo para él o terceros. Está un tiempo en una capacitación teórica práctica con simuladores y después pasa a la realidad de un taller físico y comienza a soldar.  Genera algo que para mí es fantástico: poner a los trabajadores en otro nivel  de formación.  Lo mismo ocurre con el simulador de Torre Grúa, donde generás el ambiente de trabajo que querés, con viento, lluvia, y en qué intensidad.  Todas las variantes que se pueden ocurrir. Y, otro detalle no menor, ninguno de los dos programas deja avanzar al trabajador sino cumple con todas las normas de seguridad. Se crea una alarma y no puede pasar al otro nivel. Esto va creando en el trabajador un hábito de cumplir con todas las normas de seguridad. Ahora estamos analizando la formación a distancia, ver qué cursos podemos adaptar y qué sistema podemos utilizar para crear un aula virtual y capacitar a trabajadores que está, por ejemplo, en Quebracho.  El teórico por aula virtual y que el docente solo se traslade para las prácticas.  La idea es llegar a todos lados en el momento que exista la demanda. 

 

Productividad

 

Hablemos de la relación entre capacitación y productividad, otro de los temas que está en la agenda del sector.

Independientemente del sector, Uruguay tiene problemas de productividad y competitividad. La solución de la productividad no pasa técnicamente por una sola solución. El que piense así está equivocado, porque es una cuestión multicausal. Hay varios componentes. Uno de ellos es si se necesita mejorar la gestión de una obra o incorporar equipamiento y tecnología, hay que tener capacitación. Hace diez años la productividad era una palabra prohibida en Uruguay, porque se asociaba a un régimen de trabajo esclavo. Se hablaba de mejorar los niveles de producción y no de productividad.  Yo viví esa discusión. Y la productividad no necesariamente implica un esfuerzo mayor del trabajador. Se puede hacer lo mismo, trabajar lo mismo, si mejoro los procedimientos y la gestión. Hay muchos factores. Obviamente que en un proceso donde está involucrado el trabajador, este tiene que poner parte de sí, pero todo va enrabado. Hay que tener en claro que debemos mejorar ese aspecto. Después nos quejamos si vienen trabajadores extranjeros.

 

Hace poco un documento del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción daba cuenta que la productividad había caído un 20% en comparación a 1995.

Sí, es ponerle un número a algo que todos sabemos que pasa. El tema es cómo seguimos para adelante y qué tenemos que hacer para que eso mejore. El salario en la construcción fue el que más creció por encima de los salarios reales y las condiciones de trabajo mejoraron sustancialmente, entonces ¿por qué cayó la productividad? Mi visión es que, y aclaro que la caída de la productividad no es exclusividad de la construcción, se perdió lo que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, ha denominado `la cultura del trabajo´.  Es decir, la preocupación de hacer las cosas bien, sea en el trabajo que sea. Es un tema más profundo y hay que sentare a pensar soluciones para revertir esta situación en todos los ámbitos. Pero en lo que compete al sector de la construcción, y ahora que nombramos el estudio del CEEIC, acá se hace estudios sin poder acceder a toda la información que posee el Estado. Los organismos que tiene la información para poder hacer un análisis real de la situación no la brindan. Si no quieren dar nombres de empresas o de trabajadores, en el caso del BPS, está bien. No identifiquemos, ni empresas ni trabajadores, procesemos los datos y que se brinden los números, los resultados. Eso sacaría de arriba de la mesa cualquier discusión sobre si el porcentaje de caída está bien o está mal, o si tal o cual  hipótesis es la correcta. Es un tema que va más allá del gobierno de turno, es un tema de Estado. Si se libera, si se comparte esa información, se demuestra como país que se está trabajando con seriedad sobre el tema.

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A casi tres años de la creación del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC), Del Constructor entrevistó a su presidente, el economista Gabriel Oddone, integrante de CPA-Ferrere, quien, acompañado por el economista  Santiago Rego, también integrante del CEEIC y de CPA-Ferrere, analizaron algunos de los documentos elaborados por el instituto sobre las diferentes situaciones, a veces coyunturales, otras estructurales, que atraviesa la industria de la construcción.

¿Qué problemas detectaron en el sector a partir de los documentos elaborados por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción?

En realidad hemos trabajado en varios capítulos, pero le diría que si tuviéramos que listar los puntos que identificamos como relevantes, esencialmente son tres. El primero tiene que ver con el rezago en inversión vial en Uruguay, donde se acumularon en los últimos años niveles de inversión que fueron importantes y elevados, pero que no lograron compensar el crecimiento de la actividad económica y, sobre todo, el aumento de los costos de la reposición de las obras. Esto quiere decir que, si bien el país siguió invirtiendo en obra vial, el ritmo al que lo hizo fue inferior al que demandó el aumento del tráfico y lo que demandaba como aumento de los costos de mantenimiento de la infraestructura. Eso supuso una conclusión importante en nuestro primer trabajo. La conclusión fue que se abrió un gap (distancia) respecto de cuál es el nivel de inversión efectivamente realizada con respecto a la que debería haberse realizado para poder mantener la calidad de la vialidad. Eso supuso, en un trabajo hecho en el 2014, que había un gap de inversión de 4.5 puntos del PIB, en términos del espacio de inversión que no se hizo respecto a lo que se debería haber hecho. Por otro lado, detectamos que la inversión anual estaba un punto del PIB por debajo anual respecto a lo que debería haberse realizado. Ese fue el primer trabajo que hicimos y el diagnóstico fue que la inversión en vialidad fue insuficiente a lo largo de los últimos años para poder mantener la calidad de la vialidad respecto a lo que el país demandaba.

Esto obviamente creó un desfasaje que se transformó en un boomerang.

Lo que hay es que, frente a un país que creció mucho hasta el 2014, ese gap que se abrió en materia de vialidad, fue una restricción ya que la capacidad en transporte, en términos de eficacia, fue severamente afectada. Luego la economía se desaceleró y, probablemente, ese gap no se siguió abriendo a la misma velocidad que se abrió en los diez años previos, pero seguro que todavía no está cerrado. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo importante en materia de inversión en vialidad.  Este fue un trabajo que marcó un poco el inicio de nuestra tarea.

También realizaron un trabajo sobre los proyectos de Participación Público Privada (PPP).

Ese fue el segundo trabajo en el 2015 y trato sobre los temas que tienen que ver con la modalidad de financiamiento para las obras públicas en general, pero en particular para las obras de vialidad. Precisamente porque había que cubrir el gap del que hablaba. Entonces formulamos la pregunta al revés: si hay que invertir 4.5 puntos del PIB para cerrar la brecha y, por otro lado, hay que incrementar el nivel de inversión corriente para poder hacer un mantenimiento  más eficaz, lo que hace falta es decir de dónde van a salir esos recursos en un país que tiene una restricción fiscal importante. El gobierno había decidido el camino de las PPP y nosotros el trabajo que hicimos fue poner sobre la mesa distintas modalidades que el gobierno tenía a su disposición para poder acometer esas inversiones buscando financiamiento. Algunas de ellas eran concesiones de obra pública, pura y llana, aplicando el marco legislativo que ya existía.  Por otro lado, quisimos mostrar que las PPP eran un camino alternativo y, sobre todo, haciendo visibles algunas dificultades que ya en el 2015 nosotros creíamos que el régimen de PPP iba a enfrentar en un país como el Uruguay, por el tipo de legislación que había y por las dificultades intrínsecas al modelo de PPP. Ahí identificamos que había problemas que tenían que ver con la naturaleza institucional de los agentes involucrados en las PPP, como el ministerio incumbente , que podía ser el MTOP, el Ministerio del Interior, el MEC, la ANEP, la OPP o el Ministerio de Economía y Finanzas. Desde nuestra perspectiva había un exceso de complejidad en la conformación institucional para gestionar el régimen de PPP. El segundo problema era el tamaño de las compañías locales que hacían que sus espaldas patrimoniales pudieran ser no lo suficientemente grandes como para cometer proyectos de cierta envergadura, sobre todo si requerían de un acceso a financiamiento, a endeudamiento, elevado con el sector privado. Ese no era un problema determinante, pero sí estaba sobre la mesa. Otro problema bien identificado, y ahora parcialmente superado, tenía que ver con el tipo de riesgos que es necesario mitigar en los procesos PPP.  Cuando una hace un proceso PPP le transfiere a un privado la construcción y la gestión de una operación durante determinado período. Ahí hay involucrado dos tipos de riesgo. Uno que es el riesgo construcción  de la obra, que pueda llegar a tener algún tipo de dificultad, y el otro es el riesgo performer, el riesgo de la gestión a lo largo del proyecto.  Nosotros veíamos que los agentes financieros adicionales, como Fondo de Pensión o Fondo de Inversión,  generalmente tienen capacidades para asumir, mitigar y gestionar, los riesgos performer, pero hay más dificultades para gestionar los riesgos asociados a la primera fase, que es la constructiva.  Básicamente, esto sucede porque la información que hay para un Fondo de Inversiones o un Fondo de Pensiones, sobre cuáles son los riesgos asociados a un proyecto constructivo, son mucho más difíciles de evaluar que el riesgo performer. Nos parecía que ese iba a ser un problema y que había que buscar un mecanismo financiero que permitiera mitigar estos riesgos. La CAF, un fondo creado por el Banco de Desarrollo de América Latina, junto con la OPP, desarrollaron un fondo en el 2015 precisamente dirigido a mitigar esto. Por lo cual, nuestro trabajo lo que hizo fue poner sobre la mesa los tres o cuatro problemas que las PPP en nuestra opinión iban a enfrentar, cosa que finalmente terminó ocurriendo.

Con las PPP había muchas expectativas, pero no se cumplieron. De hecho, el ministro Víctor Rossi dijo hace unos días a la bancada de legisladores del Frente Amplio que “ni una carretilla de tierra hemos podido mover con la ley de Participación Público Privada”.

Se vienen desarrollando a una velocidad lenta. De hecho, las primeras licitaciones adjudicadas son de finales del año pasado. Este año se están adjudicando otras. Lo que nosotros decíamos en aquel momento es que se le están atribuyendo expectativas de logro de muy corto plazo, cuando es un proceso que va a madurar más lentamente.

 

Productividad

Otro de los temas que ustedes abordaron fue la productividad, que suele estar en el tapete cada vez que el sector negocia en los Consejos de Salarios. ¿A qué conclusiones arribaron?

Hicimos una estimación en base a lo que se conoce como un cálculo de productividad aparente, que básicamente es relacionar una unidad de volumen físico con una unidad de quantum de insumos incorporados. En este caso, una productividad aparente fue calculada como el volumen físico de la industria de la construcción general contra las horas trabajadas, efectivas, en un período determinado, del 1995 al 2015,  y lo que muestra efectivamente ese índice es que la productividad, medida  de esa manera, registra una caída. Demuestra que el volumen físico producido requiere más horas trabajadas que hace veinte años. Vimos que en estas dos décadas la economía aumentó su productividad en un 45%, pero la actividad de la construcción cayó un 10%.  Hubo sectores como el transporte y comunicaciones que crecieron mucho, y otros sectores como la construcción que cayeron. Este trabajo fue hecho porque la percepción de los empresarios era que se estaba asistiendo a un proceso continuo de caída de la productividad. La idea del trabajo fue ponerle números a esta precepción que tienen los empresarios. Cuando hicimos esta apreciación global, en base a información público que divulga el Banco Central y el INE, encontramos que la industria de la construcción tiene una performance peor que el resto de los sectores de la economía, y en particular, comparado con el año 95 tenemos una caída de la productividad.

Llama la atención esa caída porque coincide con el boom de la construcción y con la accesibilidad a nuevos sistemas constructivos y nuevas maquinarias que, en teoría, deberían mejorar la productividad.

Ese es un buen punto. El paso siguiente fue preguntar cuáles son las posibles explicaciones de esta caída. ¿Se trata de un fenómeno de escasa inversión? ¿De escasa inversión en tecnología? ¿Un problema de capital humano incorporado en un volumen menor y de alguna manera impacta? ¿O se trata de un problema de organización del trabajo? Eso fue lo que intentamos responder, y no necesariamente tenemos respuestas para todo, pero si para algunos puntos. Por ejemplo, una cosa que estimamos fue la incorporación de maquinar y equipo. Armamos un índice de importación de maquinaria y equipo del sector de la construcción durante ese período referido y vimos que la industria incorporó  de manera creciente maquinaria y equipo. O sea que no podríamos decir que la razón por la cual cayó la productividad haya sido por la escasa incorporación de tecnología.  O sea que esta hipótesis quedó descartada. La segunda hipótesis tenía que ver con que -como el fenómeno está medido después de la crisis del 2002- mucha mano de obra especializada hubiera tenido que emigrar, con lo cual, cuando se produce el inicio de la recuperación de la actividad en el sector por el 2004, se hizo con un capital humano de menor calidad. Eso no lo pudimos medir con la estadística pública, aunque ahora estamos haciendo un trabajo sobre las características del sector de la construcción. Lo que hicimos fue descartar el problema de incorporación de tecnología, tenemos dudas si puede ser un problema de capital humano, que se corroborará o no con el trabajo en paralelo que estamos haciendo. La tercera interrogante era si es un problema asociado a los procesos organizativos de trabajo asociados a las obras. Para tener una respuesta más precisa sobre esta última hipótesis, lo que precisaríamos era acceder a una información que no está disponible a nivel público. Lo ideal acá hubiera sido poder acceder a los jornales que el BPS tiene estadísticamente asociados a distintos tipos de obras. Esto no fue posible porque es información que está protegida por secreto tributario. Esto nos llevó a recorrer un camino alternativo, más complejo, que fue tomar un conjunto de obras tipo para lo cual le pedimos información a las empresas constructoras sobre metros cuadrados construidos  y jornales afectados a la construcción de esos metros cuadrados construidos.  No es una mirada global, pero sí una muestra que entendemos es medianamente representativa. Los resultados, que representan al 20% de las obras construidas en Montevideo, señalan que si partimos la muestra en dos, o sea si comparamos los primeros cincuenta metros cuadrados construidos versus los últimos, hay una caída en los requerimientos de obra por metro cuadrado de un 20%. Es una caída importante y significativa. La conclusión más importante es que efectivamente la información disponible, tanto por el cálculo de productividad aparente como por el cálculo que hicimos a partir de la muestra de obras, confirman la hipótesis de que hay una caída de la productividad en la industria de la construcción del Uruguay.

 

¿Y cuáles serían las causas de esta caída?

Es imposible saberlo a ciencia cierta con la información que tenemos disponible. Lo que sí podemos decir es que no se trata de un problema de baja incorporación de tecnología. Por lo tanto la respuesta está en el capital humano, esto es la cantidad de metros cuadrados que está en condiciones de incorporar el capital humano nuevo, o bien en problemas organizacionales. Cuál de los factores pesa más, es difícil saberlo. Probablemente sea una combinación de ambas. Es decir, una incorporación masiva de mano de obra al sector, porque hubo un crecimiento importante, con muchas personas no calificadas que tuvieron que ser calificadas durante el proceso constructivo, lo que hizo que el metro cuadrado cayera. Y segundo, en la medida que el proceso fue muy grande y hubo mucha obra en el período, probablemente los procesos operativos de las obras no se fueron organizando a la velocidad necesaria. Por lo tanto, constituye un desafío para la industria de la construcción  capacitar mejor a sus recursos humanos, como organizarlos mejor en el proceso de trabajo.                     

Las cámaras empresariales del sector y el Sunca hablan de productividad pero parece, a juzgar por los resultados hasta el momento, que ambos la entienden de forma diferente.

No diría que se entienda diferente. En realidad hay un grave problema que es el acceso a la información. Todos sabemos que la productividad al final del día alude a un concepto que es una relación técnica entre una unidad física producida, un output, versus una unidad física de insumo, o sea de input. En este caso, el volumen de metros cuadrados construidos con horas hombre, o cantidad de jornales. Esta es una definición estándar de la productividad que nadie controvierte desde el punto de vista conceptual. El problema está en cómo lo medimos. Ese es un primer elemento. Y en la medida que la información pública que hay es muy agregada, que es esta información de productividad aparente, que es volumen físico del sector versus horas trabajadas, y dentro de esto hay mucha heterogeneidad.  Me refiero a obras muy diferentes, tipos de mano de obra muy diferentes, con categorías laborales muy dispersas, que se utilizan en el sector vial, en vivienda o en el sector ingenieril. Por eso, hablar de la productividad en base a la productividad aparente es algo muy grosero. Estamos de acuerdo que la productividad aparente da una pista, pero para discutir temas como los salarios, necesitamos dar un click adicional. El tema es que cuando queremos darlo, no hay información pública. Tampoco la tienen las empresas, ya que generalmente su organización interna no está concebida para evaluar este tipo de indicadores. Más bien, la información de las empresas tiene que ver con temas de gestión operativa o temas contables. No hay información que permita precisar de manera transparente la discusión entre las dos partes enfrentadas, o con intereses dispersos, sobre la productividad.

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El anuncio lo hizo el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien expresó su agradecimiento por la confianza demostrada por el gobierno uruguayo hacia las empresas gallegas, tras la adjudicación de un contrato de infraestructuras que supondrá una inversión de 400 millones de dólares a dos empresas constructoras de Galicia.

Núñez Feijóo se reunió, en compañía del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, con una delegación uruguaya encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, José Carlos Mahía.

Durante el encuentro, ambos han analizado la cooperación existente entre Galicia y Uruguay, así como las oportunidades que el país americano supone para Galicia en materia de infraestructuras.

Así, el presidente ha destacado que dos empresas gallegas del ámbito de la construcción han sido adjudicatarias provisionales de la construcción de la ruta 14, una autovía uruguaya que supondrá una “potente inversión” de 400 millones de dólares para su construcción y su mantenimiento durante los próximos años.

Con esta información, que Feijóo confía en que se haga firme próximamente, el jefe del Ejecutivo gallego ha expresado su “satisfacción” y el “agradecimiento” al Gobierno uruguayo por su “confianza” en las empresas de construcción gallegas.

Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Infraestructuras del país, presentado por el presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, durante su visita el pasado mes de noviembre a Galicia.

 

Colaboración

En la reunión, Núñez Feijóo ha incidido en la disposición de Galicia para seguir colaborando e “invirtiendo” en Uruguay, además de en el campo de las infraestructuras, en sectores como las energías renovables, la consultoría, el naval, la biotecnología o la alimentación.

Del mismo modo, y como contrapartida, también ha confiado en la inversión uruguaya en Galicia, destacando que “la estabilidad política” de la Comunidad es “una garantía para las empresas uruguayas”.

Finalmente, ha querido mandar un saludo tanto a la colectividad de 40.000 gallegos que residen en nuestro país como a los 12.000 compatriotas afincados en Galicia, dos colectividades “hermanas” y que están “perfectamente integradas”, expresó.

 

Estabilidad

Por su parte, el diputado José Carlos Mahía ha hecho hincapié durante su intervención en la “estabilidad política” del país hacia las empresas que pretenden invertir en él, a las que “está aportando certeza desde el punto de vista jurídico y de calidad”.

El legislador expresó su confianza en que pueda continuar la senda de relaciones económicas y “humanas” entre ambos lugares y ha destacado de forma especial el “vínculo” que une Galicia y Uruguay.

“Tenemos una historia común”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, que ha querido “agradecer el aporte cultural” que Galicia ha hecho a su país y ha apostado por trabajar conjuntamente para “mejorar la posibilidad de desarrollo” de la Comunidad gallega en Uruguay y de los uruguayos que se “encuentran insertos” en Galicia, “sin perder el vínculo en ninguno de los dos lados”

En este contexto, consultado el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, aseguró que el país está haciendo un “gran esfuerzo” por aumentar la inversión en infraestructura y que en la actualidad hay más de cien contratos viales en ejecución a lo largo del territorio.

“Hoy hay más de cien obras en las rutas nacionales al mismo tiempo. Se está trabajando en más de 100 puntos del país”, señaló el titular del MTOP.

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En el marco del Plan Nacional de Eficiencia Energética, se presentó un programa de financiación de mejoras en viviendas y edificios cuyo objetivo es la mejora en el consumo. El monto total disponible es de cinco millones de pesos.

Entre las mejoras que se pueden financiar se encuentran: impermeabilización de azoteas, incorporación de aislantes térmicos, recambio de vidrios de ventanas o claraboyas, colocación de doble ventanas, sellado de filtraciones, incorporación de tecnologías de control de iluminación, colectores solares para el calentamiento de agua y bancos de condensadores para compensación de energía reactiva.

La directora de Energía, Olga Otegui, explicó que el programa se desarrolla en conjunto entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, UTE y la Intendencia de Montevideo.

Para solicitar el préstamo, la persona interesada deberá solicitar un diagnóstico energético, que será subsidiado por el Ministerio de Industria y que desarrollará un equipo de arquitectos y técnicos de UTE, quienes identificarán las medidas de eficiencia energética por implementar y el potencial de ahorro de cada una de ellas.

Por otra parte, la Intendencia de Montevideo podrá conceder un subsidio para obras de fachadas que quedará a criterio del equipo técnico responsable de la Oficina de Rehabilitación. Luego del diagnóstico energético, los proyectos de mejora deberán presentar dos presupuestos detallados de las obras según lo acordado con los técnicos.

Pueden solicitar el préstamo propietarios, promitentes compradores con promesas inscriptas y poseedores de derechos sucesorios de viviendas de propiedad común o edificios de propiedad horizontal. Los ingresos familiares líquidos estipulados por el programa rondan entre 30 unidades reajustables (29.640 pesos) y 100 unidades reajustables (98.800 pesos). Usufructuarios o arrendatarios también podrán gestionar el préstamo.

El monto máximo para viviendas de propiedad común es de 145.000 pesos reembolsables, a pagar en un máximo de 60 cuotas, sin intereses, reajustables por inflación. En el caso de edificios de propiedad horizontal podrán solicitar un monto máximo de 848.000 pesos, con un máximo de 113.000 pesos por unidad de vivienda.

 

Llamado de la ANV

En otro orden, la Agencia Nacional de Vivienda realizó un nuevo llamado para ciudadanos sin propiedad de inmuebles que comprende la comercialización de 16 unidades usadas, de uno y dos dormitorios. Esas propiedades están reacondicionadas y ubicadas en los conjuntos habitacionales CH 38, de las calles Juan Acosta y Cotopaxi, y 84, en Aparicio Saravia y San Martín, del barrio Casavalle de Montevideo. Los lugares de inscripciones para este llamado fueron el Centro Cívico Luisa Cuesta, ubicado en la avenida Gustavo Volpe 4060, y la Casa Central de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) ubicada en Cerrito 400. Entre los requisitos para inscribirse, los ciudadanos deben ser mayores de edad, no ser propietarios de ninguna vivienda y tener menos de 75 años de edad al momento del vencimiento del préstamo. Los ingresos exigidos para los postulantes a viviendas de un dormitorio ubicados en el complejo habitacional CH 84 de 15 a 75 unidades reajustables (entre 14.821 y 74.102 pesos), mientras que para los postulantes a las de dos dormitorios, ubicados en CH 38, los ingresos deberán totalizar entre 24 a 75 UR, mientras que para los postulantes de dos dormitorios del CH 84 las condiciones de ingresos están entre 22 y 75 UR.

En un comunicado emitido por la ANV se explica que la inscripción estará sujeta a una precalificación que validará la documentación presentada y posterior al sorteo la calificación como sujeto de crédito. Las viviendas se entregarán refaccionadas, para lo cual se dispone de un plazo de 180 días con una prórroga de 90 días.

Las unidades a comercializar en los complejos habitacionales 38 y 84 de un dormitorio tendrán una cuota aproximada de 3.400 pesos y las de dos dormitorios en el complejo 84 serán de una cuota mensual de 5.200 pesos, mientras que las de dos dormitorios en el CH 38 será aproximada de 5.800 pesos.

En el caso de salir sorteado y elegir vivienda, el adjudicatario deberá abonar el 1% del valor del inmueble por concepto de reserva de su futuro crédito, el resto se abonará con un crédito en dos tramos en unidades indexadas (UI) y con una tasa anual de 6%, un primer tramo sobre el 60% del valor de la vivienda a 15 años y el segundo del resto a 10 años. Si hay buen comportamiento de pago en los primeros 15 años, se exonerará el segundo tramo y se cancela así el crédito.

Luego de terminado el período de inscripciones, se realizará un sorteo público en función de la cantidad de dormitorios de las viviendas en oferta. El sorteo determinará el orden para elegir entre las viviendas disponibles que se correspondan con los ingresos declarados.

La participación en el sorteo no asegura la adjudicación de una vivienda específica ya que la misma puede haber sido elegida antes. Entre los ciudadanos que cumplan con los requerimientos de inscripción se generará una lista de prelación que quedará abierta por dos años o hasta que la Agencia Nacional de Vivienda realice otro llamado que incluya las unidades definidas en el marco de este proyecto.

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El pasado miércoles 3 de mayo, el ministro Víctor Rossi convocó a todo su equipo técnico en la sede del ministerio frente a la Plaza Matriz. La agenda tenía un solo tema: UPM. Es que en la tarde de ese mismo día, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y todo el gabinete de gobierno, recibieron la confirmación de la empresa finlandesa para avanzar en la instalación de su segunda planta de celulosa.

Ahora, el gobierno está obligado a acelerar al máximo las obras de infraestructura necesarias para permitir el funcionamiento de la fábrica. "Para nosotros,  lo que hubo  a partir de este día (por el 3 de mayo) fue un timbre de alarma", explicó un integrante del Poder Ejecutivo a los medios de prensa.

Por su parte, Rossi dijo que ordenó a todos sus equipos "ponerse en guardia". "Ahora se entra en la etapa de la concreción. Todo lo que estuvo en la discusión hay que hacerlo, hay que llevarlo a la cancha", remarcó.

Los programas para arreglar las carreteras, el reforzamiento de los puentes por los que va a transitar el tren, la refacción total del sistema ferroviario entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo, el acondicionamiento de la rambla portuaria y la creación de dos viaductos para facilitar el tránsito, son algunos de los temas en los que ahora el gobierno tiene que apretar el acelerador a fondo para cumplir con los plazos.

"Ya les transmití a cada uno de los equipos del ministerio que desempolven, si tenían alguna carpeta empolvándose", afirmó el ministro Rossi, dejando en el claro su decisión de acelerar todo lo que se pueda los trámites y definiciones.

 

Infraestructura

En este contexto, el titular del MTOP informó que el trazado del ferrocarril está prácticamente definido, y que las obras de refacción de todo el sistema ferroviario llevarán un plazo no menor a tres años para su culminación.

La refacción de todo el sistema ferroviario es clave para permitir la instalación de la segunda planta de UPM. Las negociaciones que realizó el gobierno para garantizar un transporte que permita sacar la carga de UPM por el Puerto de Montevideo fueron avaladas por la empresa en la última reunión que una delegación finlandesa mantuvo con el presidente Tabaré Vázquez, según consignó el diario El País. Asimismo, trascendió que el gobierno se dispone a expropiar terrenos por donde pase el nuevo trazado ferroviario.

El nuevo tren, no solo modificará la fisonomía de todo el tramo, sino que también permitirá un nuevo medio de transporte para otras cargas que se dirijan al Puerto.

“El tren será del Estado, no se trata del tren de UPM”, aclaró a El País un técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que trabaja en el tema. El ferrocarril será utilizado por varios agentes que pagarán al Estado uruguayo una tarifa determinada por su uso, comentó la fuente.

Ahora el gobierno prepara los pliegos de licitación para hacer el lanzamiento internacional. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo que se realizarán varias reuniones con las empresas interesadas para afinar los detalles y atender los requerimientos específicos que puedan presentar las mismas.

El trazado de la vía será anunciado en los próximos días. Las obras de refacción de todo el sistema ferroviario llevarán un plazo no menor a tres años para su culminación. Uno de los planos donde trabajarán los técnicos que diseñan el pliego es en el área de seguridad. El nuevo tren viajará a una velocidad inédita para el país: 80 kilómetros por hora promedio.

 

Expropiación

Por otra parte, trascendió que el gobierno expropiará terrenos que coincidan con el nuevo trazado de la vía férrea. En un artículo de los periodistas Juan Pablo Correa y Pablo Fernández, publicado por el diario El País, se consigna que el gobierno uruguayo apuesta a una revitalización de todo el trazado ferroviario que conecta al puerto de Montevideo con Paso de los Toros, en Tacuarembó.

Según la referida nota, a lo largo de todo el tramo se construirán túneles soterrados, nuevo sistema de señalamiento, un moderno sistema de iluminación en cruces terrestres, puentes, y cambios en el trayecto. Esto implicará una serie de expropiaciones de terrenos para permitir la “nueva geometría ferroviaria”. Varios técnicos que trabajan en el tema explicaron que la apuesta es “muy grande” y permitirá no solo a UPM el traslado de su producción, sino también el uso a otros emprendimientos industriales ubicados en la zona.

El trazado va a ser básicamente igual entre Paso de los Toros y Santa Lucía. Los grandes cambios se inician a partir de allí, cuando se ingresa a los mayores centros poblados. El proyecto del gobierno (que fue coordinado con las autoridades de UPM) prevé dos “enterramientos de vías”, en una especie de túnel bajo tierra, para permitir el tránsito de vehículos por la superficie encima de la vía.

Uno de los soterramientos -que consistirán en la vía bajo tierra, a sus costados dos paredes y un techo de hormigón, mientras que por encima de este se dará la circulación de vehículos-  va a ser entre Colón y Sayago, en Montevideo.  El otro será en Canelones en las inmediaciones de la zona comprendida por las localidades de La Paz, Las Piedras y Progreso.

El tramo prevé un by pass en Santa Lucía para evitar que la vía atraviese la ciudad; y reducir el impacto urbano. El otro será en la ciudad de Florida, donde también se evitará el casco urbano. Una de las alternativas estudiadas fue la de realizar un viaducto en Las Piedras y en los accesos al puerto de Montevideo. Sin embargo, ese plan fue descartado por ser muy costoso.

 

El proyecto

El trayecto del nuevo tren se basa casi en la antigua línea de ferrocarril. Sin embargo, ya se autorizó una serie de cambios en el tramo para permitir hacer más ágil su tránsito. El cambio busca ajustarse a las normas internacionales en materia de seguridad, y eficiencia. Por tal motivo el gobierno ya prevé la autorización de una serie de expropiaciones en los terrenos donde se requiere el cambio en el tramo ferroviario. “Ya hubo comunicación con la gerencia de Inmuebles de AFE para avanzar en el análisis de las expropiaciones que habría que hacer”, comentó una de las fuentes a El País.

En total se evitarán tres curvas pronunciadas que hoy existen. Actualmente esta línea de tren tiene solo “doble vía” entre Estación Central y Sayago. Unos siete kilómetros. El plan es generar al menos tres tramos más de doble vía para agilizar el tránsito del tren.

A su vez, se prevé la construcción de varios puentes para facilitar el cruce peatonal. Incluso el sistema optimizará los tiempos de espera vehicular en los cruces ya que el sistema de seguridad será cambiado y ajustado a las nuevas normas internacionales. Hoy, muchas habilitaciones de los cruces se realizan en forma manual.

Antes de lanzar la licitación internacional, el gobierno tiene resuelto hacer un data room y distintos contactos mano a mano con las empresas para intercambiar información y recibir devoluciones de los inversores interesados en participar.

Parte del trabajo es cambiar todos los durmientes de las vías férreas. Actualmente son de madera, y requieren durmientes de materiales especiales para que soporten el peso del ferrocarril y su carga. Según el proyecto requerido por UPM, la velocidad del tren tiene que estar entre 60 y 90 kilómetros por hora, algo inédito en Uruguay.

En las próximas semanas llegará desde Finlandia una batería de documentos para comenzar a redactar el acuerdo de inversión final. El proceso llevará unos meses, dado que requiere acordar una serie de puntos técnicos en los que se tienen que terminar de poner de acuerdo las partes.

Rossi también dijo que el pedido de UPM para que exonere a la fábrica del Impuesto al Patrimonio quedó descartado ante la negativa del gobierno. "Hay cosas que no son un tema de buena o mala voluntad. No es un tema de negociación. Era un tema que no se podía resolver por el impedimento legal”, afirmó el ministro.

"El anuncio de un resultado favorable que fue la opinión que UPM hizo pública, incluye el total de la negociación. Ahora lo que se está procurando es resumir en un documento que va a ser firmado por las partes", agregó. En el documento estarán todos los puntos de la negociación. Rossi agregó que la exoneración al Impuesto al Patrimonio no estará incluida. "Una vez que se firmen los documentos, que están elaborándose, empiezan a correr los plazos", aclaró. Ahora el gobierno definirá una nueva agenda de trabajo entre los ministerios involucrados.

 

El comunicado del gobierno

Según informó Presidencia de la República en su página web (www.presidencia.gub) las conversaciones con la empresa finlandesa UPM, con la perspectiva de instalar la tercera fábrica de celulosa en el país, se encuentran en la etapa final de su primera fase. “Como consecuencia de esta negociación, que está aún en proceso, se han logrado importantes avances”, señala la misiva.

El comunicado agrega que “existe acuerdo respecto de los principales temas de la agenda de negociación sobre el desarrollo de la infraestructura y otros requisitos, así como el impulso a la concreción de los beneficios derivados del proyecto en términos del desarrollo nacional y local”.

Asimismo, se señala que esta primera fase tiene como objetivo “establecer las premisas básicas y compromisos de las partes hacia la concreción de la que sería la mayor inversión de la historia de nuestro país. Esta primera fase culminará con la firma de un Acuerdo de Inversión, en el que ya se ha empezado a trabajar, y permitirá entrar en una segunda fase de avances en materia de la construcción y adaptación de la infraestructura necesaria”, sostiene el comunicado.

 

El comunicado de UPM

Por su parte, la empresa finlandesa también emitió un comunicado donde se expresa que “las negociaciones entre el gobierno de Uruguay y UPM sobre el desarrollo de la infraestructura y otros requisitos para el crecimiento industrial a largo plazo en el país han logrado importantes avances. Estamos de acuerdo respecto de la mayoría de los principales temas de la agenda”, dice el comunicado firmado por Jaakko Sarantola, vicepresidente de la Plataforma de Desarrollo de Negocios en Uruguay de la firma finlandesa.

 “Algunos aspectos, aún,  necesitan ser resueltos mientras se comienza a trabajar en la redacción del acuerdo que especificará las responsabilidades de cada parte. Nuestro enfoque se centra en gran medida en resolver esos aspectos", sostuvo Sarantola.

 

Estudio de impacto ambiental

Cabe recordar que en julio de 2016, UPM inició conversaciones con el gobierno de Uruguay sobre los requerimientos para su crecimiento industrial a largo plazo, incluyendo el desarrollo de la infraestructura.

“El objetivo, de estas durante la primera etapa de preparación, fue alcanzar un entendimiento mutuo sobre un acuerdo de inversión que defina las condiciones previas para la inversión industrial, así como las obras para el desarrollo de la infraestructura. Posteriormente, la segunda etapa de preparación consistiría en estudios de preingeniería y procesos de autorización, así como lograr importantes avances en la implementación de las obras de infraestructura acordadas en la primera etapa. Se estima que esta segunda etapa dure entre un año y medio a dos años. Si estas dos etapas de preparación concluyen satisfactoriamente, UPM iniciará el proceso regular de análisis y preparación de una decisión de inversión respecto a una potencial fábrica de celulosa”, concluye el comunicado de la empresa finlandesa.

La empresa finlandesa UPM reactivó el llamado para realizar un estudio de impacto ambiental sobre la instalación del ferrocarril que transportará la producción de su segunda planta desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo.

Como se recordará, en marzo, una decisión del sindicato ferroviario evitó que una delegación de la multinacional nórdica pudiese analizar el estado de situación de las vías de tren. En ese momento UPM había realizado un llamado a licitación para iniciar el estudio del impacto ambiental, pero sus autoridades decidieron postergar entonces el llamado.

Tras una reunión con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, las autoridades decidieron retomar el tema y convocar a las empresas que habían ofertado para reactivar el llamado.

El estudio de impacto ambiental se iniciará después de junio cuando quede sellado el acuerdo entre la empresa y el gobierno, mientras se aguarda la llegada de una delegación desde Finlandia para empezar a redactar el documento final, que consta de 72 puntos.

En este contexto, la ministra Eneida De León,dijo que la cuenca del río “está contaminada” y que es algo a “mejorar” si la empresa finlandesa se instala en Paso de los Toros.

La ministra indicó que al igual que “en cualquier otra industria” le preocupa “el nivel de eutrofización” que pueda producirse en el agua.

“Toda la cuenca (del río Negro) está contaminada, por eso hay que trabajar para mejorarlo y si se llega a instalar UPM allí vamos a trabajar en conjunto para mejorar todo el sistema”, señaló.

Tanto el gobierno, como UPM, manejan estudios de impacto ambiental en diferentes planos. Uno es un estudio preliminar sobre el impacto de la planta de celulosa, pero también manejan análisis de impacto ambiental y urbano sobre el nuevo sistema de ferrocarril que unirá a la fábrica con el puerto de Montevideo.

La nueva planta de UPM, según surgió en conversaciones de las que participó la Dirección Nacional de Medio Ambiente, aportará una carga de fósforo de entre 2% y 3% de los niveles actuales que tiene el río Negro, lo que no sería de impacto negativo en términos ambientales.

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