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En entrevista con Del Constructor, el dirigente gremial del Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA), Óscar Andrade, se refirió al actual nivel de empleo en el sector y señaló que se espera un repunte moderado para el segundo semestre del próximo año. Otro de los puntos abordados fue el acuerdo alcanzado de la primera fase entre el gobierno y UPM para la instalación de una segunda planta de la empresa. Para el sindicalista se trata de una inversión importante y que, por ende, genera un impacto positivo en el sector, aunque, advirtió “no es la salvación para el Uruguay”.

Se mostró crítico, además, en algunos beneficios otorgados por el gobierno a la empresa finlandesa y fustigó el acuerdo bipartito alcanzado en puntos donde el PIT-CNT había demostrado su disconformidad, especialmente en lo que refiere al porcentaje de mano de obra nacional que debe ser contratada para la mega obra. Esto, afirmó, podría llevar a obstaculizar un futuro acuerdo en la segunda fase del proyecto. Por último, expuso su posición con respecto a la denuncia elevada por las cámaras empresariales del Uruguay a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

¿Qué balance hacen desde el SUNCA de este 2017?

Para la industria de la construcción este es un año meseta. De hecho, podemos hablar de dieciocho meses de meseta en términos del empleo, en un nivel de actividad que no es malo comparado con niveles históricos. O sea, hoy la industria está entre 44.000 y 46.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social y esta relación podría ser hasta positiva si la comparamos con el período de la década del 90 donde había entre 30.000 y 35.000 trabajadores y llegando a 40.000 trabajadores entre el 2005 y el 2008. El momento más dramático fue la crisis del 2002 con 15.000 trabajadores registrados.  Pero decimos que estamos en una meseta si comparamos la actualidad de esos 46.000 trabajadores actuales, cuando tuvimos en el período 2011 al 2014 entre 65.000 y 70.000 trabajadores.

 

Pero eso fue un pico histórico. 

De acuerdo, pero la percepción que nos queda es la de ese pico histórico. El trabajador que estaba en la industria, en ese período,  hoy no tiene trabajo.  Hoy tenemos la misma cantidad de trabajadores que había en el 2010, pero no es la misma percepción que en ese año. En el 2010 veníamos avanzando en cantidad de trabajo, de puestos de trabajo, y sufrimos un cimbronazo. Escuché que hay preocupación por el tema del empleo –Uruguay está entre el 7% y 8% de desempleo- y creemos que la industria de la construcción es un tema clave para atender el empleo, porque es el sector que más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte.  Pero además porque tiene otras características como un fuerte encadenamiento productivo, un impacto muy fuerte en el mercado interno y la posibilidad de colocarse fácilmente en cualquier parte del país. Es una industria, además, que tiene la lógica de que lo que se produce se necesita, tanto para vivienda, infraestructura productiva y turística. Entonces, parece sensato que ubiquemos en un lugar de privilegio la industria de la construcción en el próximo presupuesto nacional. Y no porque la inversión pública puede resolver  lo que la inversión privada no aporta. De hecho, la inversión privada son dos tercios del total de la industria en el país, pero la inversión pública puede hacer fuerza. A la vez que Uruguay se prepara para una temporada turística que parece ser una de las más grandes de la historia  y este componente siempre ayuda a que la inversión en la costa tome más impulso.  Ahora, las perspectiva del sector, sabiendo que es muy difícil hacer cualquier pronóstico, porque cualquier situación que se de en Argentina, en Brasil, e incluso en el mundo con el grado de transnacionalización que tiene la economía, puede impactar de manera negativa, es que esta meseta se mantendría y habría la posibilidad de pensar en un crecimiento moderado en la cantidad de puestos de trabajo, para el segundo semestre del 2018.

 

El impacto de UPM

¿Cómo impacta en el sector la posibilidad de instalación de esta segunda planta de UPM?

Si se concreta la inversión, es una inversión importante porque genera un impacto para la construcción indiscutible por, al menos, dos años y medio, y además por todas las obras conexas que tienen que ver con la planta.  No hay duda que para la industria de la construcción es un componente importante. Cualquier obra que se instale, y que ocupe a cien, ciento cincuenta trabajadores, ya es importante. Y una obra que ocuparía algunos miles de trabajadores, en su pico puede rondar los cinco mil trabajadores cuando coincida el montaje electromecánico con la obra civil, tiene evidentemente un impacto fuerte. Tampoco es la salvación del Uruguay. En esto hay que matizar en el sentido de decir `¿es positivo? Sí es positivo. ¿Potencialmente puede dejar cosas para el Uruguay? Sí, pero depende también de cómo se discutan´. Me refiero a qué paso tendrá la mano de obra nacional en esta obra.

 

El porcentaje de mano de obra nacional es uno de los temas que está en discusión ante la eventual instalación de esta segunda planta.

Claro, hay que ver cómo se puede especificar para que la red de proveedores nacionales sea la más intensa, de cómo planificar la formación nacional para que la mano de obra local sea importante en el proyecto, o de como los contratos internos ayudan al desarrollo nacional. Hay empresas que han participado en este tipo de proyectos y han logrado resultados muy importantes, y hay empresas que pueden quedar tecleando en obras de este tipo porque son, en general, contratos muy exigentes. Potencialmente hay un conjunto de posibilidades que habría que desarrollar, y hay que tener en claro que del otro lado de la empresa, no tenés una organización de caridad que tienen como objetivo el desarrollo del Uruguay. Tenés una empresa capitalista que cuanto más ganancias pueda sacar, mejor. Tiene una lógica que todo lo que pueda tensionar desde el punto de vista tributario lo va a hacer. Esto es parte de la lógica. El problema ahí es cómo nos paramos en esa negociación. Creo que si nos paramos en esa negociación es pensando que la salvación mundial es que venga UPM, es una forma que te deja poco margen para luego poner exigencias.

 

Malestar por acuerdo bilateral 

¿Y cómo cree que se paró el gobierno en esta negociación?

No he hecho un análisis fino de todo el convenio. Lo leí, pero no ahondé aún en la parte fiscal y tributaria y en comparación con otros proyectos de otras plantas.  Pareciera que ahí no está el gran problema, más allá de que no me da ninguna gracia que haya que hacer un montón de renuncias fiscales para que puedan venir. Esa es un poco la regla del capitalismo que impone esa lógica en toda América Latina.  La CEPAL explica con mucha claridad que en esta relación entre estas empresas que aportan muy poco  y se llevan mucho desde el punto de vista del producto, está una de las explicaciones de por qué América Latina es uno de los continentes más desigual. Sin entrar es esto, sí nos parece que se han dado señales que son negativas. Somos de la idea que haber avanzado en forma bipartita en aspectos que en el tripartismo, en la negociación en la que participó el PIT-CNT se entendía como inconvenientes, va a dificultar una segunda etapa de la negociación, porque delimita la cancha de manera innecesaria.

 

¿Cuáles serían esos aspectos de la negociación?

Voy a poner algunos ejemplos. En nuestra opinión no hay razones para que la forma en que se mide la presencia de mano de obra  nacional, cambia lo que han sido experiencias en la plantas anteriores, donde cada empresa que se instalaba se les exigía, como mínimo, como contrapartida que está en la ley de Zonas Francas que el 75% de los trabajadores sea mano de obra nacional.  Acá hay un cambio en el acuerdo que hace el gobierno con UPM, donde se dice que se va a medir globalmente ese 75% y no a cada empresa que se instale.

Esto genera una dificultad, porque todos sabemos que las plantas de este tipo tienen un primer momento donde el 100% es mano de obra nacional durante el primer año y medio, cuando se hace toda la obra civil. Cuando empieza el montaje electromecánico, la condición de participación de mano de obra nacional podría ser nula, porque ya se viene con un año y medio o dos de participación al 100% de mano de obra nacional. Pero este no fue el criterio tomado en cuenta para las plantas anteriores y además ese punto estuvo en la negociación y lo rechazamos. ¿Con qué criterio se adopta una forma de medir la mano de obra nacional que el movimiento nacional la rechazó en la negociación? Se puede decir que sobre este tema hay diferencias y que lo seguiremos discutiendo, pero no llegar a un acuerdo con una de las partes, el gobierno, y dejar a la otra parte, el PIT-CNT, afuera, eso claramente va a entorpecer  la negociación. Es evidente que las partes que negociaron esto, gobierno y UPM, sabe cuál es la postura del movimiento sindical.  Y después hay cosas muy confusas. Sigo sin entender cuál es la ley que hay que cambiar para que los factores meteorológicos afecten la productividad. ¿Cuál es la norma que entorpece o favorece que los factores meteorológicos afecten la productividad de la empresa? Hasta ahora nadie nos ha explicado a qué refiere esto. Además, puesto así, da para muchos tipos de especulaciones en un contrato laboral que tiene que dar previsibilidad y cosas muy claras.

Lo mismo con respecto a la prevención de conflictos. Las partes tienen que trabajar en acordar la prevención de conflictos. Nos parece bien. Ahora, si vamos a poner qué cosas hay que regular, mucho más hay que regular los despidos arbitrarios, el aporte a la Seguridad Social, a la violación de los derechos laborales de las empresas y a la represión sindical. No se puede hablar de piquetes y ocupaciones como lo único que cuenta en prevención de conflictos. Si se quiere discutir seriamente  este tema, discutamos porqué se originan los conflictos.  Y los conflictos no se originan porque un día se despertó de mal humor un dirigente sindical y se le ocurrió ocupar una planta. Los conflictos se originan en situaciones donde mayoritariamente  tienen las violaciones laborales como elemento principal.

Esta redacción fue propuesta al movimiento sindical y fue rechazada. Luego aparece, esta misma redacción,  en el acuerdo bilateral. Entonces. Como método, nos parece equivocado.                         

 

El enfrentamiento con la OIT

Hablando de negociaciones bipartitas y tripartitas, sigue el litigio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) luego de la denuncia de las cámaras empresariales.

Increíblemente la OIT, en el mismo momento que coloca información acerca de que Uruguay es el país de la región donde más se ha mejorado la calidad de puestos de trabajo en los últimos doce años, cede a las presiones de las empresariales globales de AIM  y asume que el caso uruguayo merece ser considerado por el Comité de Libertades Sindicales, con la posibilidad de ubicar a Uruguay en una lista negra de países que violan derechos y libertades. Creo, además, que es la primera vez en la historia que son las empresas que llevan este tema a la OIT. Los que siempre colocan las denuncias son  los sindicatos. En este caso, es una denuncia contra el gobierno, pero claramente es contra los derechos sociales y laborales. Pero, además, con un segundo aspecto en la recomendación que sería una catástrofe para el Uruguay en su ingeniería de relaciones laborales. Y me refiero a la retroactividad de los convenios.

Un sindicato, cualquier sindicato de la industria que, por ejemplo, en el 2005  logró un 1% de presentismo y en el 2007 logró un 2% que se le pague por antigüedad, y después en el 2009 logró 50 pesos de viático,  en el concepto que está colocada la retroactividad, en el momento que termina el convenio, caen todos estos beneficios. Cae todo lo que se haya conquistado en los últimos cincuenta años y hasta que no exista un nuevo convenio que refrende todo esas conquistas, inexorablemente caen. Para los sindicatos fuertes esto capaz que no es demasiado problema, porque tienen cierta capacidad para reafirmar todos los beneficios anteriores, pero para los sindicatos débiles, esto es veneno. Termina la negociación y a los quince días ya dejaste de cobrar cinco o seis cosas que estaban en el recibo y van a negociar en una condición de mucha debilidad. Mantener los beneficios pasará a ser una tortura.

Claramente trastoca la relación entre las partes y deja en una condición de muchísima debilidad a los trabajadores. Hay, diríamos, viento en la camiseta por parte de las cámaras empresariales por las reformas laborales en curso en Brasil y Argentina, que son más duras, aún, en condiciones de trabajo y de derechos  que las que existieron en la propia dictadura y el neoliberalismo, con un intento de volver a las condiciones laborales del siglo XIX. Nadie piensa que en Uruguay  se va a aplicar una norma de este tipo sin un conflicto de mucha intensidad en el país.

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El acuerdo entre el gobierno y UPM establece la inversión en capacitación por 1,5 millones de dólares por parte de la empresa finlandesa y una cifra similar por parte del Estado, destacó el director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Eduardo Pereyra. Agregó que los cursos se formarán según los perfiles necesarios y que habrá un registro para los interesados en la plataforma Vía Trabajo.

 “En materia de capacitación, se acordó una participación activa del Inefop y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en lo que tiene que ver con el registro de personas interesadas en trabajar en la recepción de perfiles profesionales que demandará la empresa y en el financiamiento del 50% de la capacitación”, detalló Pereyra, en declaraciones a la prensa.

Explicó que se invertirán anualmente 1,5 millones de dólares por cada parte, o sea Estado y empresa. Manifestó, además, que “la empresa dará un listado de oficios, profesiones y perfiles profesionales que necesite para que Inefop brinde las capacitaciones”. Eduardo Pereyra destacó que “el Inefop y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social instalarán aulas móviles y otros dispositivos y llevarán adelante la coordinación entre la empresa, la Universidad Tecnológica (UTEC), la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) y entidades de formación privadas”.

En este contexto, señaló que los interesados en ofrecer sus servicios deberán inscribirse en la plataforma Vía Trabajo, para que las empresas que provean a UPM acudan a este recurso. También  explicó que durante el proceso “las personas tendrán facilidad para inscribirse, para que luego las empresas seleccionen según los perfiles que necesiten”.

También la  ministra Carolina Cosse, tras comparecer en la Comisión General del Senado para informar sobre el acuerdo entre el gobierno y UPM el pasado 28 de noviembre, hizo referencia los puestos de trabajo que podría generar la segunda planta.  “Este emprendimiento industrial puede generar un promedio de 3.000 puestos de trabajo en la fase de construcción de la planta, con picos de hasta 5.000. Mientras que cuando esté en operación se alcanzarían a 4.000 lugares de labor directos e indirectos, más unos 3.500 a 4.000 inducidos”.

La ministra aseguró que esos empleos generados serán de calidad asegurada y requerirán capacitación permanente, lo cual se reflejaría en remuneraciones sensiblemente superiores al promedio. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se aguarda la inmigración hacia esa zona de unas 10.000 personas.

Cosse afirmó que el gobierno convocará a un ámbito de negociación multipartita para la instrumentación de un procedimiento de prevención y solución de conflictos, así como la regulación de piquetes y ocupaciones. En tanto, la empresa será responsable de proporcionar viviendas a los trabajadores de la construcción, al menos 60 casas, las que finalizado el proceso serán transferidas al Estado uruguayo.

Por otra parte, estimó que el producto interno bruto por persona de los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó crecería entre 10 y 15 %. Asimismo, informó que en el escenario más probable, UPM pagará siete millones de dólares anuales durante los primeros 20 años, 10 veces el canon que abonan hoy las demás plantas en zona franca.

En materia ambiental, la ministra indicó que la empresa finlandesa deberá cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa uruguaya.

En lo que refiere al proyecto del ferrocarril central, aclaró que será llevado adelante por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, independientemente de la puesta en marcha de la planta de celulosa, y que se hará a través de una licitación pública internacional. En tanto, para el proyecto portuario la empresa presentará una iniciativa privada por una inversión estimada de 200 millones de dólares.

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La situación general de las empresas uruguayas sigue “de atrás” la mejora del contexto macroeconómico que comienza a estabilizarse en la región. Un nuevo repunte en la evaluación del desempeño económico reciente marca este escenario, aunque no se vio enteramente reflejado en la valoración respecto al clima de inversiones en el último año.

El porcentaje de empresarios que cree que la situación económica del país mejoró en el último año creció casi diez puntos porcentuales (32%), mientras que bajó de 26% a 14% la proporción que la evaluó peor a un año atrás. Esto significó que por primera vez en seis años el saldo neto de respuestas (“mejor” contra “peor”) se ubicó en terreno positivo, según los resultados de la 16° Encuesta de Expectativas Empresariales realizada por Deloitte a 335 gerentes y altos ejecutivos de compañías que operan en el país a principios de octubre.

Sin embargo, la mejora del contexto macroeconómico no se vio reflejada en una evaluación más favorable respecto a la situación general de las empresas. De hecho, es la primera vez desde 2011 que se observó que la evolución de la situación general de la empresa se ubicó por debajo de la situación económica.

Por otra parte, la evaluación del clima de inversiones en el último año subió de 10% a 13% en relación a la edición pasada (abril 2017) y mantiene un saldo de respuestas negativo. Por lo que la evaluación absoluta del clima de negocios sigue siendo “pobre” desde una perspectiva histórica, con solo 32% de los empresarios considerándola “bueno” o “muy bueno”, mientras que en 2011 y 2012 esa proporción ascendía a más de 60%.

 

Para el 2018

Las expectativas económicas para 2018 se mantuvieron relativamente estables frente al relevamiento de abril de este año. En particular, la proporción de consultados que prevé una mejoría de la situación para el próximo año se mantuvo en 30%, mientras que el 15% espera un peor panorama y el 55% espera que el contexto económico se mantenga igual.

Con respecto al PIB, los empresarios corrigieron al alza sus expectativas de crecimiento económico para este año. De hecho, dos de cada tres encuestados espera una suba del PIB mayor a 2%, mientras que un 14% esperaba ese crecimiento en la edición pasada. Igualmente, los empresarios prevén una expansión muy moderada (de 2,3% en promedio), menor a la que en general manejan los analistas en Uruguay.

Luego de varios meses de caída de la inflación, las expectativas inflacionarias volvieron a moderarse en esta edición. Los empresarios esperan, en promedio, que la inflación cierre este año en 6,7% y aguardan una inflación de 7,1% para 2018.

Finalmente, en relación al valor del dólar, en promedio, los empresarios esperan que el tipo de cambio se ubique en casi $ 31 dentro de un año.

 

Menor rentabilidad pero mayor producción

Las respuestas vinculadas con las principales variables de las empresas reflejaron situaciones notoriamente dispares. La valoración de la evolución de la rentabilidad en el último año pautó un deterioro frente al relevamiento  anterior, aunque el saldo neto de respuestas respecto a las perspectivas en esa materia se tornó positivo. En concreto, el 25% aguarda una mayor rentabilidad y el 18% espera una disminución.

En cambio, y consistente con un panorama de sostenido crecimiento económico en 2018, sí se profundizó la expectativa de mayor producción en las empresas respecto a lo observado en relevamientos anteriores. Como consecuencia, el saldo neto de respuestas positivas fue de 34%, lo que significó la cifra más alta en los últimos seis años. Las perspectivas para la inversión de las empresas también mejoraron, pero de forma menos pronunciada.

A pesar de las expectativas de mayor producción y mejora de la rentabilidad, las empresas se mantienen reticentes a expandir el empleo, solo el 11% de los empresarios aguarda un aumento y apenas el 5% de los empresarios manifestó estar revisando al alza sus planes de contratación para el próximo año. Por el contrario, varias empresas están introduciendo tecnología con el fin de ahorrar en mano de obra (20% significativamente y 45% moderadamente).

En este contexto de repunte de la producción acompañado de un estancamiento del empleo se vio también reflejado en las respuestas respecto a los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas. De hecho, en las últimas mediciones se advirtió una menor preocupación de los empresarios por la escasez de la demanda y una mayor orientación hacia el rediseño de procesos e incorporación de tecnología. No obstante, “incrementos de costos” y “competencia creciente” siguieron liderando el ranking de principales desafíos.

 

Gestión del gobierno

La evaluación de la gestión de gobierno se mantuvo prácticamente estable en relación a abril de este año y permaneció en torno a los valores más bajos desde 2010. En concreto, el porcentaje de juicios desfavorables se mantuvo en 58%, al tiempo que subió de 4% a 6% la proporción de valoraciones favorables y cayó de 37% a 36% el porcentaje de opiniones neutras.

A nivel de áreas, el manejo de la inflación pasó a tener la mejor calificación por parte de los empresarios al alcanzar un porcentaje de aprobación del 67%, desplazando a la promoción de la inversión, que en los últimos dos años se había mantenido como el área mejor valorada. Los empresarios también calificaron de forma más favorable el crecimiento económico mientras por el contrario los empresarios revisaron sensiblemente sus juicios respecto a la gestión del gobierno en materia de inserción externa; el saldo neto negativo pasó de 8% a 24%. Mientras que la situación fiscal continuó mostrando una mala calificación, al ser desaprobada por el 68% de las empresas.

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El pasado martes 7 de noviembre, el Poder Ejecutivo y UPM rubricaron el contrato que finalizó la fase uno de negociaciones para instalar la segunda planta. Un crecimiento de 2 % del PBI, 8.000 puestos de trabajo, 120 millones de dólares en tributos, aumento del 10 % en la producción de energía renovable y el impulso de la zona centro y noroeste del país son algunos de los beneficios de concretarse el proyecto, el cual sería la mayor inversión privada en la historia del país.

Ese mismo día, en conferencia de prensa, se presentaron los términos sobre la firma de contrato entre UPM y el Estado para la posible inversión de una planta de celulosa ubicada a cuatro kilómetros de Paso de los Toros y la localidad Centenario. La inversión de la empresa generaría un crecimiento permanente del 2 % del producto bruto interno al país.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, subrayó en conferencia de prensa que esta inversión, “que sería la mayor inversión privada en la historia del Uruguay”, impactará de forma significativa en el desarrollo del país, con un crecimiento permanente de más del 2% del producto bruto interno, un incremento de las exportaciones del orden de los 1.000 millones de dólares anuales y una recaudación de unos 120 millones de dólares anuales en tributos.

 

Impacto social y económico

De concretarse la mega obra, se estarían generando unos 8.000 puestos de empleos directos e indirectos, tanto por la planta como por toda la cadena de valor. Esto implicará unos 200 millones de dólares anuales en salarios. Asimismo, creará oportunidades para más de 600 pequeñas y medianas empresas locales. Se estima que el producto per cápita en las zonas de influencia crecerá entre un 10% y un 15%. García sostuvo que el impacto en la zona centro y noreste del país fue un elemento fundamental del proceso de análisis de las negociaciones. Esa zona tiene un menor desarrollo relativo que el resto del territorio.

Por otra parte, con la instalación de la planta aumentaría 10% la producción de energía renovable del país. El complejo forestal nacional se vería consolidado y se abrirían las puertas a investigaciones científicas para diferentes usos de la celulosa, no exclusivamente de papel, sino en otras innovaciones.

Además, el desarrollo de este proyecto implica el cumplimiento de altos entandares en protección, resguardo y recuperación  del medio ambiente, desarrollo económico, descentralización e innovación en el sector productivo, mejoramiento en la infraestructura y creación de oportunidades de empleo.

En relación a las contribuciones directas de UPM que recibiría Uruguay, en caso de que se concrete la obra, se encuentra la creación de un grupo de negociación para hacer sinergia con las políticas públicas que asegure el derrame en la sociedad. Asimismo, se encuentra el aporte de 1,5 millones de dólares anuales por 23 años a partir de 2020, para el financiamiento de un fondo de innovación sectorial para procesos de centros tecnológicos, el desarrollo de proveedores e iniciativas para la mejora del Río Negro.

También incluye el aporte para asegurar la calidad del agua del Río Negro con 3 millones de dólares por ser aportados en los primeros cuatro años. En la misma línea, la empresa compromete una contribución para la capacitación de funcionarios para la fase de construcción de hasta 1,5 millones de dólares, acompañado por aportes de las agencias estatales.

 

Infraestructura 

Se plantea una contribución de 6 millones de dólares anuales durante diez años para la mejora de la infraestructura vial del país, una contribución al financiamiento de la infraestructura eléctrica, aportando 2 millones de dólares anuales durante cinco años, el financiamiento para el tratamiento de efluentes de Paso de los Toros y Centenario por 7,5 millones de dólares.

En relación a la zona franca para operar, la capacidad de planta probable será de entre 1.900.000  y 2.400.000 toneladas, implicará un canon de 3,5 millones dólares durante toda la vida de la planta, siempre que la producción supere los 2 millones de toneladas, con un canon adicional por el mismo monto durante los primeros 20 años de producción de la planta.

Este canon supera 10 veces los ingresos para el país por la operación de las otras dos zonas francas de las plantas de celulosa ya existentes. Como agregado, desde la autorización de la zona franca hasta el comienzo de las operaciones, se pagará un canon de 1.5 millón de dólares, hasta el comienzo de las operaciones.

La empresa venderá energía al país, con un precio de 72,5 dólares por MVW hora hasta un volumen de 1 terawatt de energía; y superado ese terawatt la empresa podrá vender energía al precio del mercado, con la posibilidad de pedir autorización para exportar energía.

 

Transparencia y estabilidad

Por su parte, Jaakko Sarantola, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la empresa finlandesa, destacó que la transparencia, estabilidad, tradición democrática, reglas claras y políticas de Estado de Uruguay atraen inversores forestales. Y agregó que ahora comienza la segunda fase, que se espera insuma dos años, aproximadamente.

Resaltó  además que la primera inversión de UPM en Uruguay “fue un éxito” y puntualizó que el país “es reconocido por su política transparente, estabilidad, tradición democrática y disponibilidad en cuanto a las reglas claras”. Asimismo, destacó la legislación nacional de promoción de la madera como sector productivo, y el desarrollo de zonas francas que permiten obtener competitividad.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo que  “la instalación en esa zona ayudará a mejorar el equilibrio y las diferencias que aún existen en el desarrollo territorial en el país”, destacando demás, que “se ratifica la vigencia de la actual Ley de Zonas Francas, que establece que habrá 75% de trabajadores uruguayos y hasta 25% de extranjeros, medido a lo largo de toda la obra”. Aseguró que eso se controlará diariamente en el propio molinete de ingreso a la planta y con un seguimiento de parte del Ministerio de Trabajo, que asesorará a la cartera de Economía”.

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Con la probable construcción de la segunda pastera de UPM en Paso de los Toros más lejos en el horizonte, y un segmento de la vivienda que no termina de despegar, la industria de la construcción tiene un panorama incierto sobre su esperada reactivación.

Cabe recordar que en los últimos cuatro años, la industria de la construcción perdió  casi 26 mil puestos de trabajo. De hecho, la industria de la construcción cerró junio con 45.453 cotizantes registrados ante el BPS, bastante lejos del récord de 72.302 trabajadores de octubre de 2012. Pero además, el último dato confirmó un descenso de unos 3 mil registrados respecto a junio de 2016. Durante el primer semestre la mano de obra formal cayó 10,7% interanual.

La actividad de la construcción descendió de forma ininterrumpida desde el inicio de 2015 hasta el dato del primer trimestre de este año que pautó un quiebre con una recuperación interanual de 0,7% que encendió una luz de esperanza. Sin embargo, ello se derrumbó rápidamente cuando se conoció el dato de crecimiento de 2,8% de la economía en el período abril-junio. Uno de los datos negativos del informe de Cuentas Nacionales que divulgó el Banco Central fue una fuerte contracción en la construcción, que cayó 5,5% en la comparación interanual.

 

Caída trimestral

La actividad acusó el impacto de una segunda caída trimestral consecutiva en la inversión pública –cayó 0,6% en el primer tercio del año respecto a 2016 y 1,4% en el segundo trimestre–. La inversión privada, en tanto, bajó 25% y 52% en igual comparación.

En tanto, el último Índice Líder del Centro de Estudio Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC) –divulgado a principios de octubre– mostró que se espera una variación negativa de la actividad para este año. La proyección va en línea con el último dato de Cuentas Nacionales divulgado por el Banco Central (BCU). Tomando como base esos datos, el CEEIC señaló que la retracción estuvo asociada a la menor actividad en construcción de edificios y en obras vinculadas a la generación de energía eólica, las cuales no fueron compensadas por el incremento en la actividad en obras viales y puertos.

En informe del Centro de Estudio Económicos de la Industria de la Construcción señala que la actividad de la Construcción  cayó  5,5%  en  el  segundo  trimestre  de  2017 respecto al mismo período de 2016.  Esto se encuentra en línea con  lo  anticipado  por  el  Índice  Líder  de  la  Industria  de  la Construcción (ILIC) que elabora el CEEIC. Cabe  destacar  que  esta  caída  está  influida  por  un  efecto calendario relacionado con la semana de Turismo.  Dado que la actividad  de  la  Construcción  tiene  vacaciones  durante  esa semana, el segundo trimestre de 2017 tuvo una semana menos de  actividad  que  el  mismo  período  de  2016,  influyendo negativamente en el desempeño interanual.

Según el informe publicado por el BCU, la contracción  está asociada a “descensos en la construcción de edificios y en obras de infraestructura  vinculadas a la generación de energía eléctrica, cuyas caídas no fueron compensadas por los aumentos registrados en obras de vialidad y puertos”.

Por su parte, la inversión en activos fijos registró por su parte un descenso  de  19,1%  respecto  al  segundo  trimestre  de  2016, confirmando la fragilidad del crecimiento reciente.  Según surge de la  información publicada  por  el  BCU,  esta contracción  se explica  por una disminución tanto  de la inversión pública  como la del sector privado. El descenso en la inversión del sector privado  fue de   6,7%  en términos interanuales mientras que en el sector público esta caída fue de 51,8%,  con “fuerte incidencia de la caída en la inversión en infraestructura para la generación eólica de energía”.  

Por su parte, desde el punto de vista del tipo de activo, la contracción de la inversión es generalizada: se observa una  fuerte  caída  de  las  inversiones en  maquinaria  y  equipos (asociada a la menor importación de molinos eólicos , pero también a otros bienes de capital)  y al mismo tiempo se mantiene la retracción en la inversión en obras de construcción.

“En definitiva, la industria de la construcción  se contrajo en términos interanuales en el segundo trimestre del año. Esta caída está  asociada a  la menor actividad en construcción de edificios y en obras vinculadas a la generación de energía eólica, las cuales no fueron compensadas por el incremento de la actividad en obras de vialidad y puertos”, concluye el informe de la CEEIC.

 

Promotores cuestionan criterio

Por su parte, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) tiene una visión "pesimista", en líneas generales sobre el futuro del segmento de vivienda social producto de los cambios en las reglas de juego que se introdujeron a mediados de 2014 y a principios de este año con la fijación de topes en los precios de venta.

El promotor privado y asesor financiero de APPCU, Alfredo Kaplan, informó a El Observador que durante el quinquenio 2012 a 2016 ingresaron a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) un promedio de 300 unidades por mes para su aprobación. Sin embargo, ese escenario cambió por completo en 2017, cuando entre abril y setiembre apenas ingresaron 54 viviendas por mes en promedio.

Por otro lado, Kaplan cuestionó la "poca uniformidad de criterios" que tuvo el Poder Ejecutivo en 2016 a la hora de ofrecer estímulos para reactivar la construcción, ya que ofreció exoneraciones del impuesto a la renta, Patrimonio y el IVA del costo de construcción a megaproyectos que superaran los US$ 15 millones. "Es un tema de selectividad de políticas, en lo particular, hubiese preferido muchos proyectos medianos y no pocos grandes", afirmó el asesor de la APPCU.

El empresario sostiene que en el futuro no ve "grandes cambios" en la dinámica de la vivienda social (concentrada en pocos jugadores), mientras que en la vivienda tradicional de la franja costera la salida de nuevos proyectos "es inferior al ritmo de hace un par de años". Por ello, no se esperan grandes cambios en la contratación de mano de obra a futuro en este segmento.

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