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En el tercer trimestre del 2017 la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) recomendó 105 proyectos para que reciban exoneraciones fiscales por un monto de inversión asociado de US$ 167 millones, según informó la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Estas cifras representan una baja de 7% en el número de proyectos que accedieron a beneficios fiscales respecto a igual período de 2016, y una caída de 59% en el monto a invertir en la misma comparación.

Igualmente, los emprendimientos recomendados en el tercer trimestre son superiores a los registros previos de 2017 y a la vez la cifra más baja para dicho período del año desde 2008. Los mismos resultados se repiten para los montos asociados a los proyectos. De hecho, en este último ítem hay únicamente dos registros trimestrales menores en 10 años sin considerar las cifras de 2017.

Mientras que en el acumulado del año, se llegó a 263 inversiones recomendadas (una caída de 16% respecto al mismo período del 2016) por un monto de US$ 394 millones (44% menos que el año pasado). En ambos casos se trata de los menores números desde 2009 para el segmento enero-septiembre.

 

Localizaciones 

El diario El País difundió parte del informe de la Unasep, donde se explica que “parte de la variación negativa responde a los montos de pocos proyectos de gran porte de energías renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa) que en el período enero-septiembre de 2016 alcanzaron US$ 187 millones, mientras que en igual lapso de 2017 alcanzaron US$ 7 millones”.

Acerca de la localización, la Unasep detalló que 59% de los proyectos recomendados en el trimestre se instalarán en el interior y 32% en Montevideo, con un 9% restante que se situarán en varios departamentos. “En los últimos años se observa una mayor participación de los proyectos a localizarse en el interior, superando el umbral del 50% del total para los últimos cinco años, acorde con el objetivo de descentralización del régimen de promoción”, destacó el informe.

Por otra parte, la inversión que tiene como fin la incorporación de maquinaria y equipos en el trimestre alcanzó los US$ 73,7 millones, mientras que la destinada a obra civil se ubicó en US$ 93,6 millones (44% y 56% del total respectivamente). Los proyectos recomendados en el trimestre se comprometieron a generar 480 nuevos puestos de trabajo, mientras que si se toma todo el año la creación de empleos llega a 1.459.

A su vez, entre julio y septiembre de 2017, las empresas nuevas (aquellas que en el ejercicio anterior a la presentación no tuvieron ingresos gravados) que presentaron proyectos para acceder a exoneraciones fueron 12% del total, y representaron el 50% del monto asociado a la inversión (US$ 83 millones).

En tanto, de los emprendimientos presentados en el trimestre, el 70% corresponde a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el restante 30% a empresas grandes, y en términos de inversión asociada la correspondiente a Pymes representa el 72% de la inversión total. La Unasep destacó “una tendencia creciente en los últimos cuatro años” de participación de este tipo de empresas en el total de proyectos presentado, señala el informe.

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Finalizando el 2017, Del Constructor dialogó con el asesor y experto inmobiliario Julio Villamide para realizar un balance de cómo se comportó el sector este año. Villamide señaló que este año cerrará mejor que el 2016 y que, de hecho, el 2017 es el mejor año, sin ser excepcional, de los últimos tres años.

La charla devino en otros temas vinculados directamente con el sector como los incentivos aprobados por el Poder Ejecutivo para obras cuya inversión superen los 15 millones de dólares, los incentivos propuestos por la Intendencia de Maldonado y la situación actual de la Viviendas Promovidas, antes denominadas Viviendas de Interés Social. En este punto, el entrevistado fue crítico con la actual situación y los cambios introducidos por el Ministerio de Vivienda, lo que catalogó como un “nocaut” a la referida ley 18.795 promulgada a fines del 2011. Pese a la actual situación –la puesta en marcha del tope del 25% redujo a la mitad la construcción de viviendas- el experto señaló cierta “esperanza” en que la situación se pueda revertir. 

 

¿Qué comportamiento tuvo el mercado inmobiliario en este 2017?

El mercado inmobiliario en el 2017 va a cerrar mejor que en el 2016, porque el año pasado tuvo un primer semestre que podemos incluirlo entre los cuatro muy negativos, casi recesivos, que vivió el mercado inmobiliario entre el segundo semestre del 2014 y primer semestre del 2016. Esos dos años fueron realmente muy malos, con algunos indicadores que, incluso, estuvieron, en materia de compra venta registrada, casi al nivel del 2002. Pero, a partir del segundo semestre del 2016,  las cosas cambiaron y empezaron a mejorar, junto con la mejora de la economía. Y en el 2017 esta tendencia se está consolidando. Es decir, va a terminar siendo un mejor año, porque el primer tramo del 2016 fue muy malo. Igual, debo aclarar que este 2017 no es un año excepcional, ni para tirar manteca al techo, pero ha sido mejor.

 

Mejora económica

 

¿Este reapunte al que refiere se debió solo a la mejora de la economía del país o también incidieron factores externos? 

No, fundamentalmente a la mejora económica. No es casualidad de que esos cuatro semestres negativos de los que hablábamos coinciden con que Uruguay vivió un virtual estancamiento económico, con una fuerte desaceleración de su crecimiento económico. Si bien no entró en recesión, se mantuvo con tasas de crecimiento muy bajas. Cuando a partir del segundo semestre del 2016 las cosas empiezan a cambiar y las tasas de crecimiento ya se acercan más al 3% ahí se percibe una reactivación, que va  asociada a fenómenos que también están vinculados con lo económico como el empleo, el ingreso de los hogares, que mejoró bastante debido a la baja de la inflación, y fundamentalmente a la mejora en las expectativas de los consumidores. Este es un factor que no podemos descuidar a la hora de hacer un balance.

La expectativa de los consumidores, este índice, se basa en la confianza de los consumidores, un relevamiento que elaboran Equipos Consultores y la Cátedra Sura de Confianza Económica de la Universidad Católica. En esos semestres francamente malos, estábamos en una zona de pesimismo moderado y ahora se ha pasado a una zona de optimismo moderado. El 2017 fue el mejor año, ya que el 2014, 2015 y 2016 fueron años regulares para el sector.

 

¿Cómo impactó, si es que impactó, la ley de blanqueo promovida por el actual gobierno argentino en el mercado inmobiliario uruguayo? 

No tuvo casi impacto desde el punto de vista de los niveles de actividad.  Sí tuvo un impacto muy fuerte con respecto a las tasaciones hechas por inmobiliarias, porque muchos argentinos blanquearon propiedades que tenían en el Uruguay, entonces necesitaban dos tasaciones de agentes inmobiliarios uruguayos. Se hicieron miles y miles de tasaciones  tanto en Montevideo como en Maldonado para regular esa situación. Pero desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de capitales, de que hayan estado vendiendo propiedades en Uruguay para comprar en Buenos Aires o a la inversa, sacado capitales de Argentina para comprar acá, no ocurrió.

Ese tipo de movimientos de capitales no sucedió definitivamente. Y si bien el número de compradores argentinos es muy bajo respecto al que existía hace algunos años atrás, todavía  sigue habiendo una presencia de inversores argentinos en Montevideo.

 

En una entrevista anterior, usted me dijo que muchos argentinos, jubilados por ejemplo, compraban una propiedad en Uruguay, ya no como segunda residencia, sino para quedarse. ¿Sigue ocurriendo esto?

Es un fenómeno que se sigue manteniendo en Montevideo, Maldonado y Colonia. Esa presencia constante de argentinos que están obteniendo la radicación en Uruguay, que a veces tiene razones fiscales, pero en otros casos razones de residencia real, se sigue dando, de hecho, los argentinos siguen siendo unos de los más activos a la hora de los trámites en migraciones para obtener residencia en Uruguay.  Y una parte de ellos son residentes permanentes en esos tres departamentos que nombramos.

 

Viviendas Promovidas

 

¿En qué situación está en el tema de Viviendas Promovidas, antes denominadas Viviendas de Interés Social?

Se trabajó durante buena parte del 2016, a instancias del Ministerio de Economía y con el Ministerio de Vivienda,  para lograr mejorar las condiciones y lograr recuperar inversión y mano de obra en el sector de la construcción. Eso eran los dos objetivos del Ministerio de Economía. Se trabajó conjuntamente  y los privados presentaron una serie de propuestas  para destrabar situaciones. Pasado el tiempo, nos encontramos con una sorpresa muy desagradable que fue que no se había aceptado ninguna de las propuestas que habíamos realizado los privados. La única propuesta que se nos aceptó fue cambiarles el nombre a Viviendas Promovidas, porque Vivienda de Interés Social era un nombre equívoco que llevaba a la confusión, incluso a muchos periodistas. Viviendas promovidas se ajusta más a la realidad. Porque estas viviendas, en definitiva, no es otra cosa que las que antes construía el Banco Hipotecario del Uruguay y vendía a precios similares a los que hoy se venden las Viviendas Promovidas. Ese cambio de nombre fue el único elemento que se aceptó del punteo de temas y propuestas que se habían presentado desde el sector privado. Los otros planteos no solamente no se aceptaron, sino que se introdujeron  otros puntos, otros elementos, negativos, que complicaron mucho la situación.

Nosotros teníamos, en su momento cuando todo esto salió y estaba con todo el viento de cola, mil, mil quinientas viviendas anuales que llegaban a presentarse. Eso después creció, llegaron a dos mil, tres mil viviendas anuales, con un entorno de doscientas, doscientas cincuenta viviendas por mes. A partir del 2014, cuando se introdujeron los topes del 25%, comenzaron a bajar. Y desde marzo de este año hasta principios de octubre, hemos bajado a cuarenta viviendas por mes.  El ritmo ha descendido estrepitosamente. Hay un tope de los alquileres, entre otra serie de cambios, todos negativos, que se introdujeron por parte del Ministerio de Vivienda. Por lo que, tal como se los habíamos advertido antes, la consecuencia de todo esto es que no solo no va a haber más inversiones y más puestos de trabajo, sino que lo que está habiendo es menos inversiones.

 

A su juicio, ¿a qué obedecen estos cambios negativos?

Creo que es un tema estrictamente ideológico.  Hay sectores dentro del partido de gobierno que se llevan muy bien con el mercado, con la oferta y la demanda y con las razones por las que los inversores invierten, y hay sectores que se llevan muy mal con la inversión privada, con la ganancia, con los valores de mercado y con la oferta y la demanda. 

Entonces creo que primó esa línea de pensamiento más hostil hacia la inversión, pensando de buena fe que con esos cambios efectivamente iban a lograr bajar los alquileres y bajar los precios de las viviendas. Y esto no ocurrió,  no va a ocurrir, y lo que va  a pasar es exactamente lo contrario. Es sencillo, si uno provoca cambios que disminuyen la oferta, ya sea de viviendas en venta o compradas por inversores, que se colocan en  alquiler, el resultado es que tienen menos ofertas de alquileres, la demanda sigue siendo muy alta y por lo tanto, los precios, lejos de bajar, van a volver a subir.

 

Propuestas

 

En esas reuniones que mantuvieron con autoridades de Economía y del MVOTMA, ¿qué plantearon ustedes para revertir esta situación? 

Básicamente, era destrabar algunas cosas administrativas que había ido introduciendo la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) de forma unilateral, como por ejemplo que la Intendencia de Montevideo no acepta edificios de tres pisos que tienen ascensor. Pero para la Agencia Nacional de Vivienda  si tienen ascensor sí son Viviendas Promovidas. Eso es un contra sentido. Lo mismo ocurre con los garajes. La Intendencia de Montevideo exige que haya la mitad de lugares para garaje por unidades. Si el edificio tiene cuarenta viviendas, debe tener por lo menos veinte garajes. Si tiene 18 o 19 garajes no aprueban el permiso de construcción. En esos meses de interregno, a la ANV se le ocurrió que esos veinte garajes, estaba bueno que fuera el mínimo pero también el máximo. Vuelvo al ejemplo, un edificio de cuarenta apartamentos podía tener solo veinte cocheras, ni diecinueve ni veintiuno. Y eso para los proyectistas, sobre todo construyendo edificios sobre medianeras, que ya de por sí es complicado, porque hacer un subsuelo es costoso y sino se logra desquitar los precios de venta de los garajes, se le agrega una dificultad adicional. La Intendencia está tratando de promover que existan más lugares de garajes y no exige más para no poner en compromiso financiero a los promotores. Ahora, si ellos quieren construir más de veinte cocheras lo pueden hacer. Pero, siguiendo este ejemplo, la Agencia Nacional de Vivienda, por el contrario dice  ´no, el máximo es veinte´. Esto es una contradicción y crean dificultades. Y cosas de ese tipo había varias. Nosotros pedimos también que se eliminaran los topes en el interior del país, cosa que no se logró. Queríamos que se volviera al proyecto original, son los topes al 25%, y tampoco se logró. Cuando pusieron los topes, la producción de las viviendas cayó a la mitad.

 

Usted, cómo uno de los promotores de las Viviendas de Interés Social, ¿qué sensación tienen con este, llamémosle desencuentro con las autoridades?

Nosotros tenemos la expectativa de que una vez liquidado estos temas de Rendición de Cuentas y de UPM que, básicamente, han llevado al equipo económico a poner todas la pilas ahí, y visto los resultados reales, lo que dijimos nosotros, los privados, que iba a pasar, es muy probable que el Ministerio de Economía pueda  pedirle al Ministerio de Vivienda que haga un replanteo sobre el tema. Esa es nuestra esperanza, que no la teníamos en los últimos meses porque veíamos al Ministerio de Economía muy enfocado en los temas que le nombré. Más allá de la esperanza que hoy tenemos, toda esta situación la vivimos con frustración. Porque algo que nos parecía tan obvio que iba a pasar, resultó pasando y, sobre todo, porque nosotros, particularmente los primeros meses del año pasado, asesoramos al gobierno de Macri porque estaban interesados en utilizar el modelo uruguayo, en la experiencia uruguaya de la ley de Viviendas de Interés Social, para tratar de fomentar la construcción de viviendas de clase media en Argentina. Ellos tienen una institucionalidad de peor calidad que la nuestra, porque no tienen Ministerio de Vivienda ni Agencia Nacional de Vivienda, estaban interesados en nuestra iniciativa. Y aquí, la llenamos de obstáculos y dificultades. Nos duele ver que nosotros le pasamos la receta y ellos lo hacen bien, y nosotros vamos involucionando de aquello que funciona muy bien al principio. Creo que los cambios que se introdujeron en marzo del 2017 a través del MVOTMA es un golpe mortal, una especie de nocaut para la ley.      

 

Incentivos e inversiones

 

¿Y qué piensa del incentivo adoptado por el gobierno para obras cuya inversión supere los 15 millones de dólares? ¿Y cómo podría impactar en el mercado uruguayo?

Son obras muy singulares y le diría que mayoritariamente refiere a obras en Punta del Este. Creo que ya lograron el objetivo. Entre ese incentivo del Poder ejecutivo y los incentivos que votó la Intendencia de Maldonado para proyectos que sean presentados este año y empezaran las obras antes del fines del 2017, me parece que el mercado de Punta del este se comenzará a reactivar, aunque  muy lentamente porque no hay demanda. Lo que sí estamos viendo es que los promotores, frente a beneficios tan importantes, presentaron permisos de construcción, que no tuvieron costos para ellos, porque ese era uno de los beneficios que dió la Intendencia de Maldonado, además de pisos adicionales de altura, están respondiendo. Han comenzado las obras con cerrado del predio y movimiento de tierra. Nada espectacular todavía, pero les permite cumplir con la reglamentación de que, efectivamente, presentaron el permiso e iniciaron las obras en el 2017. Creo que la reactivación de la construcción va a venir a partir del 2018.  

 

¿Cómo está situado Uruguay en materia de inversión en construcción en comparación con otros mercados de la región?

Lo que tiene Uruguay es un mercado muy pequeño. Tiene reglas claras y tiene transparencia, cosas que son muy apreciadas por el inversor extranjero, pero no tenemos un mercado grande. Acá construimos dos mil viviendas y se destruye el mercado.  

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La situación general de las empresas uruguayas sigue “de atrás” la mejora del contexto macroeconómico que comienza a estabilizarse en la región. Un nuevo repunte en la evaluación del desempeño económico reciente marca este escenario, aunque no se vio enteramente reflejado en la valoración respecto al clima de inversiones en el último año.

El porcentaje de empresarios que cree que la situación económica del país mejoró en el último año creció casi diez puntos porcentuales (32%), mientras que bajó de 26% a 14% la proporción que la evaluó peor a un año atrás. Esto significó que por primera vez en seis años el saldo neto de respuestas (“mejor” contra “peor”) se ubicó en terreno positivo, según los resultados de la 16° Encuesta de Expectativas Empresariales realizada por Deloitte a 335 gerentes y altos ejecutivos de compañías que operan en el país a principios de octubre.

Sin embargo, la mejora del contexto macroeconómico no se vio reflejada en una evaluación más favorable respecto a la situación general de las empresas. De hecho, es la primera vez desde 2011 que se observó que la evolución de la situación general de la empresa se ubicó por debajo de la situación económica.

Por otra parte, la evaluación del clima de inversiones en el último año subió de 10% a 13% en relación a la edición pasada (abril 2017) y mantiene un saldo de respuestas negativo. Por lo que la evaluación absoluta del clima de negocios sigue siendo “pobre” desde una perspectiva histórica, con solo 32% de los empresarios considerándola “bueno” o “muy bueno”, mientras que en 2011 y 2012 esa proporción ascendía a más de 60%.

 

Para el 2018

Las expectativas económicas para 2018 se mantuvieron relativamente estables frente al relevamiento de abril de este año. En particular, la proporción de consultados que prevé una mejoría de la situación para el próximo año se mantuvo en 30%, mientras que el 15% espera un peor panorama y el 55% espera que el contexto económico se mantenga igual.

Con respecto al PIB, los empresarios corrigieron al alza sus expectativas de crecimiento económico para este año. De hecho, dos de cada tres encuestados espera una suba del PIB mayor a 2%, mientras que un 14% esperaba ese crecimiento en la edición pasada. Igualmente, los empresarios prevén una expansión muy moderada (de 2,3% en promedio), menor a la que en general manejan los analistas en Uruguay.

Luego de varios meses de caída de la inflación, las expectativas inflacionarias volvieron a moderarse en esta edición. Los empresarios esperan, en promedio, que la inflación cierre este año en 6,7% y aguardan una inflación de 7,1% para 2018.

Finalmente, en relación al valor del dólar, en promedio, los empresarios esperan que el tipo de cambio se ubique en casi $ 31 dentro de un año.

 

Menor rentabilidad pero mayor producción

Las respuestas vinculadas con las principales variables de las empresas reflejaron situaciones notoriamente dispares. La valoración de la evolución de la rentabilidad en el último año pautó un deterioro frente al relevamiento  anterior, aunque el saldo neto de respuestas respecto a las perspectivas en esa materia se tornó positivo. En concreto, el 25% aguarda una mayor rentabilidad y el 18% espera una disminución.

En cambio, y consistente con un panorama de sostenido crecimiento económico en 2018, sí se profundizó la expectativa de mayor producción en las empresas respecto a lo observado en relevamientos anteriores. Como consecuencia, el saldo neto de respuestas positivas fue de 34%, lo que significó la cifra más alta en los últimos seis años. Las perspectivas para la inversión de las empresas también mejoraron, pero de forma menos pronunciada.

A pesar de las expectativas de mayor producción y mejora de la rentabilidad, las empresas se mantienen reticentes a expandir el empleo, solo el 11% de los empresarios aguarda un aumento y apenas el 5% de los empresarios manifestó estar revisando al alza sus planes de contratación para el próximo año. Por el contrario, varias empresas están introduciendo tecnología con el fin de ahorrar en mano de obra (20% significativamente y 45% moderadamente).

En este contexto de repunte de la producción acompañado de un estancamiento del empleo se vio también reflejado en las respuestas respecto a los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas. De hecho, en las últimas mediciones se advirtió una menor preocupación de los empresarios por la escasez de la demanda y una mayor orientación hacia el rediseño de procesos e incorporación de tecnología. No obstante, “incrementos de costos” y “competencia creciente” siguieron liderando el ranking de principales desafíos.

 

Gestión del gobierno

La evaluación de la gestión de gobierno se mantuvo prácticamente estable en relación a abril de este año y permaneció en torno a los valores más bajos desde 2010. En concreto, el porcentaje de juicios desfavorables se mantuvo en 58%, al tiempo que subió de 4% a 6% la proporción de valoraciones favorables y cayó de 37% a 36% el porcentaje de opiniones neutras.

A nivel de áreas, el manejo de la inflación pasó a tener la mejor calificación por parte de los empresarios al alcanzar un porcentaje de aprobación del 67%, desplazando a la promoción de la inversión, que en los últimos dos años se había mantenido como el área mejor valorada. Los empresarios también calificaron de forma más favorable el crecimiento económico mientras por el contrario los empresarios revisaron sensiblemente sus juicios respecto a la gestión del gobierno en materia de inserción externa; el saldo neto negativo pasó de 8% a 24%. Mientras que la situación fiscal continuó mostrando una mala calificación, al ser desaprobada por el 68% de las empresas.

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Martes, 21 Noviembre 2017 16:56

Carga impositiva, el mayor problema

El World Economic Forum publicó su informe anual “The Global Competitiveness Report 2017-2018”. De los 137 países estudiados, Uruguay se ubica en el puesto 76, deteriorando su posición frente a la medición del año anterior donde ocupaba el puesto 73 de 138 países rankeados.

En una visión de largo plazo, comparado con diez años atrás donde se medía una similar cantidad de países, Uruguay mantiene su posición relativa, a “mitad” de tabla. Sin embargo, entre 2008 y 2012 el país mejoró su lugar y se registró un deterioro posterior, por mayores caídas relativas en el indicador “macroeconomía” y en el de “eficiencia del mercado laboral”.

En sentido contrario, en los pilares de “Tecnología” y de “Infraestructura” es donde se percibe un mayor avance respecto a diez años atrás. 

 

Carga impositiva, el mayor problema

Dentro de los mayores problemas identificados para hacer negocios en nuestro país se mantiene la carga impositiva, la burocracia, las regulaciones laborales, una inadecuada educación de la fuerza laboral y una inadecuada infraestructura.

Los cambios impositivos del último año se reflejan en una modificación del orden de los factores que se consideran más problemáticos: en la medición del año anterior las regulaciones laborales restrictivas ocupaban el primer lugar, y fueron relegadas este año por la carga impositiva, ubicándose en segundo lugar la burocracia gubernamental.

En la región, el ranking de competitividad sigue liderado por Chile, aunque su indicador de macroeconómica dejó de ser una fortaleza del país por el deterioro de las cuentas fiscales.

Países como Perú y Colombia  bajaron en el ranking en el último año, mientras que Brasil quebró la tendencia a la baja y presentó un aumento, en tanto que Argentina mostró una mejora más relevante avanzando 12 puestos. En comparación con el promedio América Latina y el Caribe, Uruguay se encuentra mejor en la mayoría de los indicadores, a excepción del pilar tecnología, tamaño de mercado e innovación.

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“El gobierno nacional vuelve a proponer más impuestos y más gasto, lo que no funciona para reactivar el empleo, ni para reducir el déficit fiscal. Hay que adoptar una regla fiscal, políticas  de  contención  del  gasto  que  no afectan  la  calidad  de  los  servicios  públicos,  y la profesionalización  de  la  gestión  de  las empresas públicas para liberar 1.700 millones de dólares en los próximos seis años que permitan equilibrar las cuentas”. Estos fueron algunos de los conceptos vertidos por Ernesto Talvi, director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), en una disertación realizada en Kibón, donde analizó la economía global, regional y del Uruguay.

Talvi consideró que luego de dos ajustes que no consiguieron reducir la brecha fiscal, lo que se propone en la Rendición de Cuentas es “solo más de lo que ya no funcionó: aumentos de  gastos  y nuevos impuestos para un  nivel de gasto  público imposible de  financiar en momentos de dificultades económicas”. Asimismo, señaló que Uruguay “está en el límite de su capacidad recaudatoria”, por lo que propuso adoptar  medidas  “con  impacto  de  mediano  plazo  que  restablezcan  la  solvencia  de  las cuentas  públicas”. 

 

Problema fiscal

El  expositor  señaló que el  problema  que  enfrenta  el  país  es  fiscal  porque  está persiguiendo  un  blanco  móvil.  “Si  bien  aumentamos  los  impuestos,  cobramos sobreprecios en las tarifas públicas y comprimimos el gasto de inversión de las empresas del  Estado,  los  gastos  del  resto  de  la  administración  pública  siguen  subiendo  y  no  los estamos  pudiendo  controlar.  Algunos  no  se  pueden  controlar  porque  se  ajustan  de manera  automática,  pero  los  que  no  se  ajustan  de  manera  automática  también  siguen subiendo”, agregó.

Además sostuvo que  UTE  y ANCAP están  brindando  sus  servicios  con  un  sobreprecio  implícito equivalente  a  450  millones  de  dólares  al  año,  por  los  requerimientos  del  Ministerio  de Economía de realizar aportes al fisco que van a la cuenta de los usuarios. “Si no tuvieran que hacer dicha contribución al Tesoro para atacar el déficit, se podrían reducir tanto las tarifas  eléctricas, un 15%  en  promedio,  como  el  precio  de  los  combustibles  en  el  surtidor,  un 10% en promedio”, señaló.

“De hecho”, continuó,  “algunos sectores productivos, como el agropecuario  y  el  industrial,  recibieron  un  triple  golpe:  la  baja  de  los  precios  de  las materias  primas, entre  un  40%  y  un  60%,  el  atraso  cambiario, precios  y  costos  en dólares  un  20%  por  encima  de  los  históricos,   y  el  aumento  de  impuestos  y  tarifas originalmente dispuestos para atacar el déficit.

Según el economista, se le está pidiendo al sector productivo y a las familias que le transfieran una enorme  cantidad  de  recursos  al  Estado  para  mantener  en  orden  sus  finanzas, en lugar de que sea el Estado el que se enmiende la plana a sí mismo y mejore su gestión.

El  Director  Académico  de  CERES  consideró  que  “lo  propuesto  para  la  Rendición  de Cuentas es más de lo mismo: más gastos con más impuestos. La Rendición de Cuentas prevé  mayores  ingresos  por  312  millones  de  dólares  para  el  año  2018, 200  por  un crecimiento  de  la  economía mayor al  previsto  y  112  mediante  nuevos  impuestos,  pero estos recursos no van a financiar la rebaja de la tasa de otros impuestos existentes, ni a reducir las tarifas públicas, ni a abatir el  déficit fiscal, ni a aumentar la inversión, sino a financiar  aumentos  de  gasto  público”.  Por esto, consideró  que  algunos  de  los  gastos previstos  pueden  justificarse  y  otros  no  pueden  evitarse,  “pero  lo  cierto  es  que  no  se compensan con reducciones de otros gastos, sino con una nueva suba de impuestos”.

 

Conclusión final

Al finalizar su exposición, Talvi planteó que Uruguay no está en crisis porque no hay una corrida contra los bancos ni un Banco Central desprovisto de reservas  internacionales o liquidez. “Tampoco  estamos  en  la  necesidad  de  reestructurar  nuestra deuda. Y aunque la economía enfrenta dificultades, sigue creciendo. Lo que tenemos es un `problema fiscal de libro de texto´, con sus efectos secundarios: atraso  cambiario  y  un  crecimiento  insostenible  del  endeudamiento  público.  Si  bien siempre  es  políticamente  difícil  resolver  los  problemas  fiscales,  económicamente  es inevitable tener que hacerlo”, sostuvo. El economista afirmó que el país está a tiempo de revertir la situación, aunque advirtió que si lo que se va a hacer es lo que se ha venido haciendo, tal como se plantea en la Rendición de Cuentas 2017, el país “va a quedar a merced de un golpe de suerte”. “Esto significa que Argentina y Brasil resuelvan sus problemas y nos levanten, o como ya pareciera que está ocurriendo,  que  los  capitales  golondrina  vuelvan  a  nuestras  costas  en  busca  de oportunidades y nos den esa falsa sensación de mejoría. Nosotros no creemos que sea prudente tentar a la suerte, ni quedar a merced de ella”, afirmó Talvi.

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