El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, Daniel Diverio, recibió a Del Constructor en la sede del gremio para analizar la situación del sector frente a un nuevo gobierno, las perspectivas para este 2020 y la necesidad de atraer inversores, pero sin flexibilización ni desregularización laboral. Al contrario, Diverio cree que mantener las reglas claras y profundizar las conquistas de los trabajadores es un sesgo de seriedad por parte del país.

 

¿Qué balance hace el SUNCA del 2019?

Hace poco juntamos el Ejecutivo de nuestro sindicato e intentamos hacer un balance de lo que ha sido el año. En lo que tiene que ver en lo laboral ha sido un año donde no hemos tenido muchos altibajos. O sea, venimos de una baja importante de trabajadores de la industria de la construcción a partir del 2014 a la fecha y a partir del 2017, 2018, estamos en un meseta con un promedio entre 40 mil y 45 mil trabajadores.

Sí es cierto que hace muchos años que venimos manteniendo ese nivel, hay una realidad que es que en el 2013 llegamos a tener más de 70 mil trabajadores que fue un hecho muy puntual. Pero la realidad es que la preocupación que tenemos, si pensamos en esa cifra, que fue la industria que perdió más fuentes de trabajo.

Si se habla que en el Uruguay en los últimos años se perdió un promedio de 50 mil, 60 mil puestos de trabajo, hay que ver que el 50% de esos puestos de trabajo pertenecen a la construcción.

 

Evidente que eso preocupa.

Claro, es un balance que hacemos con mucha preocupación, porque entendemos que la mejor forma para generar y dinamizar la economía es fundamentalmente a partir del mercado interno y, por ende, generando, puestos de trabajo.

Y creemos que la construcción juega un papel fundamental en eso. Este año que comienza hay  una serie de proyectos que son interesantes, como la inversión extranjera para la instalación de la segunda planta de UPM, como el desarrollo de algunas inversiones en la modalidad Proyecto Público Privado para la construcción de algunos Caif, liceos y escuelas, que permitirían oxigenar un poco la industria.

Pero está claro que la preocupación mayor es la inversión privada directa, donde hemos tenido una caída muy importante, y eso depende mucho también del escenario regional e internacional. Es un año que en lo laboral tuvimos algunas dificultades, pero puntualmente, en lo referido al sindicato, colmó las expectativas de lo que veníamos planteando, ya que en los años más complicados es cuando necesitamos tener más organización sindical.

No solamente para defender las conquistas que tenemos, sino para tener perspectivas hacia el futuro. Este año en particular no solamente hicimos una gran campaña de afiliación, pero fundamentalmente de sindicalización y logramos, en los diecinueve departamentos del país, reafirmar las departamentales que tenemos electas y que el conjunto de obras existentes estén organizadas como sindicatos.

Eso permitió, entre otras cosas, que realizáramos un encuentro programático (N. de Redacción: ver documento adjunto) con la participación de más de mil delegados de todo el país, donde pusimos sobre la mesa alguno temas que para nosotros son centrales para discutir es un nuevo escenario político.

 

Reglas claras

Usted se refiere a la inversión privada que se necesita para recuperar el sector. El gobierno saliente adoptó una serie de medidas como fue la exoneración de algunos tributos a las megas obras, por citar un ejemplo. ¿Eso fue suficiente para frenar en algo la caída del desempleo?

Según como se mire. Estamos en esa meseta que te decía desde hace algunos años y eso es, de alguna forma alentador, porque  dejó de caer el desempleo. También somos conscientes que es imposible el boom histórico de ocupación que tuvimos.

Por eso es que apostamos a la inversión pública, fundamentalmente como generadora de empleo. Por eso creemos que el proceso de inversión que se hizo fuertemente en las empresas públicas, con Ancap, UTE, OSE o Antel, permitió fortalecer el sector de la construcción.

Lo mismo de la mano de lo que han sido las PPP. Es cierto que están más retrasadas si las comparamos con la inversión directa, extranjera y privada, fundamentalmente en el sector inmobiliario, ante la coyuntura que se vive en la región. Sobre todo, Argentina que era la que más invertía en el sector inmobiliario, especialmente en Maldonado y en el sector de la costa.

Si bien es cierto que se tomaron algunas medias, también es cierto que aún esas medidas no se vieron con la profundidad que esperábamos.

Ahora, creo que la garantía mayor que tiene el país para poder atraer inversiones extranjeras tiene que ver justamente con las reglas de juego que tiene el país. Uruguay tiene una fuerte reglamentación, con muy buenas normativas en seguridad e higiene, en materia de leyes laborales y muy fuerte en lo que tiene que ver con los convenios colectivos, los laudos y las condiciones de trabajo.

Hay que seguir fortaleciendo estos aspectos. Eso hace que quien mira el país para invertir tiene en claro cuáles son las reglas de juego.

Y eso permite, también, poder generar condiciones de mayor inversión.

Creo que apostar a la flexibilización laboral y la desregulación para generar inversiones, puede llevar al efecto contrario.

A que exista desconfianza en la firmeza de lo que son las reglas de juego en nuestro país.

 

¿Cuáles son las perspectivas del SUNCA para el 2020?

Cuanto tuvimos el mayor nivel de desregulación, los salarios más bajos y menos incidencia del Estado en los controles de las relaciones laborales existieron los niveles de desocupación más altos.

Me refiero al 2002 cuando llegamos a un 20% de desocupación. Por eso hablamos de que las perspectivas, ya no solo para el gremio o el sector, sino para el país, tienen que estar sobre las bases de lo conquistado hasta el momento. Ver la incidencia de los salarios en los costos de la construcción como un tema central no es cierto.

Hoy, los salarios en los costos de la construcción son muchos menores a lo que eran en otras décadas. A partir del avance que tuvimos en inversiones tecnológicas y nuevas formas de construcción que hicieron las empresas y que, por tanto, aceleran los procesos de producción, demuestran que el jornal del trabajador tiene mucho menos incidencia en el costo final de la obra.

En la actualidad, los procesos de producción son mucho más acelerados y con menos trabajadores y en menos tiempo se construye la misma obra que se hacía veinte años atrás.

La productividad es un tema que podemos discutirlo porque hay mayor productividad con menos cantidad de jornales. Otro gran avance fue bajar la carga horaria de 48 horas a 44 horas.

Y sin embargo, bajando esa carga horario los niveles de productividad no cayeron. Nosotros, como sindicato, creemos que está bueno discutir la productividad, pero también discutir como se distribuyen los beneficios de la productividad en el conjunto del sector.

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La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande invirtió en los últimos cinco años 30 millones de dólares en infraestructura, equipamiento y profesionalización. El proyecto de renovación y modernización previsto para los próximos 30 años comenzó su primera etapa con la aprobación por parte de los Gobiernos de Uruguay y Argentina de 80 millones de dólares. Desde 2005 la inversión total fue de 95 millones de dólares

 “La delegación de Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande continua con los lineamientos estratégicos iniciados en 2005, gestión, inversión y cooperación”, sostuvo su presidente, Gabriel Rodríguez, durante la presentación del informe de gestión del período 2014-2019.

La inversión realizada por Uruguay y Argentina sumó 30 millones de dólares en los últimos cinco años, aseguró Rodríguez. Destacó el aporte en equipamiento, profesionalización y tecnologías, así como el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

El jerarca recordó que desde 2005 la inversión total sumó 95 millones de dólares, con énfasis en equipamiento, infraestructura y obras de mantenimiento. También hizo referencia al proyecto de renovación de Salto Grande, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al respecto, valoró los avances concretados.

Rodríguez explicó que se trata de un plan a 30 años con una inversión que alcanzaría los 1.000 millones de dólares, cuya primera etapa (cinco años) está aprobada por ambos países y requerirá una inversión de 80 millones de dólares. “El objetivo es continuar el proceso de renovación y concretar más obras en menos tiempo”, aclaró.

Por otra parte, señaló que existe una política estricta en cuanto al ingreso de trabajadores por concurso, así como en relación con las vacantes que se generan. “Desde 2007 se retiraron 170 empleados uruguayos e ingresaron 135”, informó.

“El avance tecnológico, los cambios en los sistemas de gestionar el mantenimiento, obligan a que no se repita la cobertura tal cual se realizaba años atrás”, dijo. “De eso se trata la mejora de la gestión”, aclaró. “La renovación de personal no repercutió de forma negativa y no hubo conflictos”, insistió.

 

Energimundo

Energimundo es un proyecto museístico, científico-tecnológico, que la delegación uruguaya deja iniciado, a pocos meses de finalizar la gestión, y que está previsto se concrete en agosto de 2020. “Es un proyecto muy ambicioso que permitirá el acceso a la ciencia y la tecnología en la zona norte del país, sin necesidad de llegar a Montevideo o ir a Buenos Aires”, sostuvo. 

Energimundo, que estará ubicado en un predio lindero a la Comisión Técnica Mixta, es además una apuesta al desarrollo local, que, entre otras cosas, demandará estudiantes de carreras científicas para que conformen los equipos de soporte de los visitantes. “Es un proyecto que nos enorgullece”, concluyó Rodríguez.

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El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) recibió a Del Constructor para analizar la situación del sector en el 2019 y qué se espera para el próximo año. O´Neill señaló que la industria lleva un lustro sostenido en la caída de la actividad, aunque afirmó que para las perspectivas son mejores para el 2020. También se refirió a la ley N° 18.795 de Vivienda Promovida (antes de Interés Social) y a la necesidad de bajar los costos para lograr competitividad y una rentabilidad razonable que acerque inversores al país.

 

¿Qué opinión, a nivel de actividad en el sector, le merece este 2019?

Hace unos días, salieron unos datos de actividad del primer semestre que publica el Banco Central  y ahí el guarismo da una caída en el primer semestre de 4.1 respecto al mismo período del año anterior.

Nosotros estimamos que con ese dato y con un segundo semestre que va hacer un poco mejor, quizá terminemos el año 2019 con una caída cercana al 2%. Es una estimación, pero puede andar por ahí.

Así que estaríamos completando cinco años consecutivos de la caída de la actividad, desde el 2015 al 2019. Esa es la realidad de la industria.

A pesar de estas cifras y de esta caída continuada de la actividad que acumula más de un 15%, la construcción  sigue representando cerca del 10% del Producto Bruto de la economía, explicando en el entorno del 8% de la ocupación en la población económicamente activa. Y es una industria con fuertes encadenamientos  hacia otros sectores, arrastra mucha actividad, eso que intuitivamente la gente piensa que si anda la construcción, anda el almacén, el supermercado…

 

El efecto cascada.

Exactamente. Hay un informe del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción  que muestra que por cada dólar de facturación  en la construcción, se facturan otros cuatro  dólares en otros sectores de actividad. Entonces la industria es un sector de arrastre importante de la actividad.

 

¿Se esperaba una caída tan sostenida en el tiempo como estos cinco años, teniendo en cuenta que se venía de un record histórico de actividad y de puestos de empleo?

En el 2013 tuvimos un pico de setenta mil trabajadores cotizantes y ahora estamos en 44 mil, es decir que estamos en 25 mil puestos de trabajo menos. Este año la ocupación se mantuvo bastante parecida al 2018  y si uno analiza cómo se compone la actividad en los últimos diez años de la industria se puede ver que la inversión pública es de un 30%, la inversión en vivienda cerca del 20% y algo más del 50%  es inversión privada en otros tipos de obras, distintas a la vivienda, como son agroindustria, logística, parques de energía renovable, plantas de celulosa. Y ahí es donde se ha sentido más la caída en estos años. La inversión pública, en este quinquenio, la verdad que se mantuvo bastante dinámica en ese guarismo del 30%. La inversión en vivienda ahora ha caído un poco, pero también como las Viviendas Promovidas se mantuvo bastante sostenida, pero lo que más se ha sentido es la caída de la inversión privada en obras más vinculadas a la producción o a los servicios, y no a la vivienda.   

 

Contexto nacional y regional

¿La situación regional afectó a la inversión privada o fue solo el contexto nacional?

Puede haber algo de contexto regional, pero probablemente hay razones internas. Los países compiten por la inversión, entonces cuando un país recibe inversiones es porque hay un paquete de condiciones que aseguran, entre otras cosas, la rentabilidad esperada. Creo que Uruguay tiene algunas ventajas comparativas que son indudables como el marco regulatorio, certezas jurídicas, una cantidad de cosas; pero, desde el punto de vista económico, lo que hace a la rentabilidad, altos costos y competitividad, quizás no tanto.

 

Ahí entra a jugar fuerte Paraguay.

Sí, es un destino que está captando mucha inversión.

 

El costo de la masa salarial, ¿cuánto incide?

Incide, en general como país estamos caros. Hay costos altos y evidentemente incide y nos genera dificultad de competitividad.

 

¿Y desde la Cámara de la Construcción del Uruguay como cree que será el 2020?

Para nuestro sector las perspectivas son bastantes mejores. Por una lado porque está confirmada la inversión de UPM. Ya empezaron con los trabajos preparatorios: movimientos de suelos, cercados de la zona que será la zona franca donde se levantará la planta, trabajo de acceso y acometidas de energía y servicios.

Empezaron ya algunas obras de alojamiento para el personal y ese tipo de cosas, pero ya se estima que a partir de febrero o marzo, tal vez se vaya hasta abril,  comience la construcción de la planta y eso indudablemente va a ser un impulso para el sector.

A esto se le suma,  también de UPM, la terminal portuaria para la celulosa y un paquete grande de proyectos de participación público privada que, por un lado el Ferrocarril Central también vinculado a UPM que es una inversión en el orden de los mil millones de dólares, pero también se vienen firmado los contratos de algunos llamados que ya tenían 2, 3 y 4 años de antigüedad, tanto en el sector vial como en el área educativa.

Son todas obras que se están iniciando y que van a estar a pleno, en auge el año que viene y el 2021.

 

Se esperaba que los proyectos en modalidad PPP fueran más rápidos en su ejecución. 

Sí, se esperaba. Indudablemente ha habido una curva de aprendizaje que ha llevado mucho más tiempo del previsto. Seguramente hay ajustes que hacer en el futuro para que estas cosas salgan más rápido. Hay muchos actores, está el Estado,  están los organismos financiadores, las propias empresas adjudicatarias, por lo que son procesos que en general, a nivel global, llevan tiempo, pero es cierto que no se esperaba que demoraran tanto. La buena noticia es que ahora se empezaron a concretar y para la próxima administración se encuentre un paquete de mil ochocientos millones de dólares de obras en curso, sin hacer ningún desembolso, porque el Estado comienza a pagar  una vez que las obras están disponibles. 

 

Viviendas promovidas 

¿Qué opinión tiene de los cambios realizados en la normativa de las Viviendas Promovidas, antes llamadas Viviendas de Interés Social?

La evaluación que nosotros hacemos de la ley es muy buena. Se construyeron en el orden de las 16 mil viviendas, algunos no están terminadas, en un período de siete u ochos años. Que además se hizo en barrios donde desde hacía décadas no había prácticamente inversión, donde no había obras nuevas, como Cordón, La Blanqueada y Centro, por ejemplo. Con estas inversiones se mejoran, se ponen en valor y es una forma de construir ciudad que creemos que fue muy buena. Se generó un stock interesante de viviendas que, básicamente, han ido al mercado de alquileres. Es cierto que la mayoría han ido al mercado de alquileres porque es cierto que no es fácil para el público la compra. En muchos casos los compradores son los inversores y las vuelcan al mercado del arrendamiento. Entonces  esto ha permitido mantener un nivel de precio en los arrendamientos razonables, sin que se dispararan, al volcarlas al mercado. También es cierto que las modificaciones a la reglamentación,  primero en el 2014 y después del 2017, introdujeron topes, introdujeron limitaciones, que afectaron el negocio y bajó la cantidad de proyectos promovidos. Más allá de eso, nosotros entendemos que hacia adelante esta ley debería complementarse con algunos instrumentos.

 

¿Por ejemplo?

Instrumentos para poder llegar a otros barrios, a otros valores menores de costo final. Instrumentos que faciliten la demanda, que financien al comprador. Pensamos, por ejemplo, en inversores institucionales, fondo de pensión o fideicomisos que puedan ser un instrumento que haga viable que los inversores desarrollan proyectos, porque estos fondos después serán en definitiva los compradores que los vuelquen al mercado de arrendamiento  o a la venta. 

 

Mucha gente no pudo acceder a este tipo de vivienda.

Sé a lo que se refiere. Capaz que el error fue el primer nombre que se le dio a ley (de interés social), pero estaba bien diseñada. Probablemente el nombre llamaba a confusión. Por eso en esta administración se cambió y se empezó a hablar de la ley de Vivienda Promovida.

 

 ¿Qué  debería hacer Uruguay en materia de políticas de Estado para atraer inversores? 

Creo que el país debe corregir los desequilibrios macro económicos que tiene -el déficit fiscal, por ejemplo-,  y poder trabajar para reducir el gasto como el peso del Estado sobre la economía y sobre la actividad privada. Además,  poder reducir tarifas de combustible, de energía eléctrica. Medidas que vayan hacia un abaratamiento de los costos que nos haga más competitivos y, por lo tanto, con una expectativa de rentabilidad razonable para los inversores.

 

¿El gobierno argentino saliente anunció un “cepo”  por lo cual se puede comprar sólo 200 dólares. ¿Cómo afectará a Uruguay, en el sector inmobiliario y de cara a la temporada por ejemplo, esta media? 

Hay que ver cómo sigue esto luego de la asunción del nuevo presidente argentino el 10 de diciembre y qué medidas adopta. Es muy pronto para analizarlo y saberlo, pero el efecto inmediato es lo que usted está comentando de cancelación de alquiler de temporada. No obstante, creo que los argentinos tienen una predilección por invertir en Uruguay y ellos siempre le encuentran la vuelta para llegar a invertir.

 

¿Cómo están las obras en Punta del Este?

Hay una serie de proyectos grandes en curso, amparados en la extensión de los beneficios de la COMAP. Son unos cuantos proyectos realmente grandes que están en curso, pero después de eso no hay muchas obras más. Son proyectos grandes, puntuales, pero el nivel de ocupación en Maldonado no ha subido mucho. Sigue estando todavía en niveles bajos.

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OSE cumplirá con el compromiso asumido a comienzos de 2015 de invertir cerca de 550 millones de dólares en infraestructura, de los cuales la mitad corresponde a saneamiento, aseguró su titular, Milton Machado. Actualmente el porcentaje de hogares con conexión se aproxima al 97%, entre saneamiento por redes y estancos, y las nuevas plantas cumplen con los mayores estándares de cuidado medioambiental, agregó.

 “Al hablar de saneamiento, no solo hablamos de plantas de tratamiento, sino también de redes y conexiones, y, mediante los convenios que hacemos con las intendencias y los vecinos, hemos extendido el sistema de saneamiento a nuevos barrios y localidades, alcanzamos una cobertura total del 97%”, dijo Machado.

En ese sentido, destacó las obras más importantes realizadas durante estos años, como la de Ciudad de la Costa, en la cual se lleva más de una década trabajando y que insumió unos 160 millones de dólares; la de Maldonado, que costó más de 80 millones de dólares, y la planta de Salto, recientemente inaugurada, en la cual se invirtieron 32 millones de dólares.

A través de más de 329.758 conexiones, hoy el 45% de la población accede al servicio por redes; en el interior del país hay más de 40 plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, correspondientes a localidades de mediano y gran porte, y más de 100 pequeños sistemas, a programas habitacionales de Mevir y otros gestores públicos de programas de vivienda.

El sistema de saneamiento, compuesto por redes de colectores, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de efluentes y sitios de disposición final, cumple los estándares que establece la normativa nacional y colabora con uno de los principales cometidos de la empresa, que es proteger las fuentes agua y el cuidado del medio ambiente.

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Como obra unitaria es uno de los apoyos económicos más grandes en infraestructura deportiva y cuando esté funcionando, en 2022, será una seña más del litoral del país”, afirmó el director de OPP, Pedro Apezteguía, en la apertura de las seis ofertas de la licitación para la construcción del complejo deportivo Arenas Soriano. El gobierno nacional invertirá 5,6 millones de dólares de los 8 que requiere su construcción.

“El gobierno continúa construyendo infraestructura deportiva de la misma manera que construye infraestructura educativa”, expresó el director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, en la apertura de seis sobres de la licitación para la construcción del complejo deportivo Arenas Soriano, realizada este jueves 31 en la intendencia departamental.

El jerarca informó, en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional, que la inversión alcanzará a 8 millones de dólares, de los cuales 3,6 provienen de la OPP, 2 son aportados por la Secretaría Nacional de Deportes y el resto por la Intendencia.

El complejo estará emplazado en el mismo predio donde funciona el estadio Luis Köster, referencia reconocida para los habitantes de Mercedes. Constará, entre otras instalaciones, con un gimnasio cerrado para 2.000 espectadores para deportes a nivel profesional, como básquetbol, handbol y fútbol sala, y dos piscinas cerradas climatizadas, una semiolímpica y otra menor para adultos mayores y niños.

Apezteguía destacó que las ofertas comenzarán a analizarse detalladamente este jueves y que durante el período de ejecución de la obra se generarán 32.000 jornales y una oportunidad de empleo fija para el departamento cuando quede finalizada, en los primeros meses de 2022.

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